Un tribunal colegiado negó la solicitud de prisión domiciliaria a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR. Ramírez buscaba cambiar su medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Este fallo se basa en acusaciones de desaparición forzada y tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo. Rodríguez es mencionado como uno de los capos de Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque Ramírez fue absuelto de esos cargos.
Los magistrados Yoalli Montes, Omar Jaime Benítez y Carlos López Cruz confirmaron la decisión de un juez de distrito. Este juez había rechazado previamente la solicitud de Ramírez para cambiar su situación legal.
El ex funcionario presentó un recurso de amparo el 16 de julio ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal. En este recurso, reclamó la decisión tomada el 25 de junio, que ratificó su prisión preventiva.
La jueza María del Carmen Sánchez Cisneros no le concedió la suspensión provisional. Ante esto, Ramírez interpuso un recurso de queja, pero su solicitud fue nuevamente desestimada. La situación legal de Gualberto Ramírez continúa en desarrollo.
La magistrada Nadia Villanueva Vázquez, quien acusó, sin pruebas, a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser corrupta, ahora es señalada de haber liberado a “El Menchito” en el 2015.
En su participación, en el quinto foro de los “Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial”, la magistrada trató de maquillar los actos de corrupción de dicho poder y decidió lanzarse en contra del presidente López Obrador y calumniar a la familia del mandatario mexicano.
Las declaraciones de la juzgadora no pasaron desapercibidas, el diputado federal Fernández Nororña le exigió que presente las pruebas que sustenten sus afirmaciones o que ofreciera una disculpa al presidente López Obrador, por su señalamientos temerarios.
Sin embargo, de acuerdo con notas periodísticas en el Excelsior, El Financiero, entre otros medios, la magistrada fue señalada de haber liberado a Rubén Oseguera González, alias “El Menchito” detenido en 2015 en Zapopan, Jalisco, quien fue señaladopor la autoridades de ser el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En aquellas epoca, la entonces jueza Villanueva Vázquez, consideró que la en Procuraduría Federal de la República (PGR) no aportó los suficientes elementos para probar los presuntos crímenes, así como determinó que hubo una violación al debido proceso.
Asimismo, se señala de presuntamente haber desplazado a trabajadores del Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Tlaxcala, para asignar a personas de su confianza en mejores espacios y con buenos salarios.
Un juez federal negó el otorgamiento de un amparo al ex fiscal antisecuestros de la entonces Procuraduría Federal de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, en contra del proceso por su probable participación la tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo”.
Rubén Dario Noguera, juez Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, negó el amparo para cancelar el proceso en contra por los delitos de desaparición forzada y tortura, por los que fue vinculado el pasado mes junio en 2023.
El juzgador consideró que la prisión preventiva impuesta en contra de Ramírez Gutiérrez, misma que tiene un plazo de hasta dos años, no viola los derechos fundamentales del imputado y que cumple con los requisitos.
Cabe recordar que, Gualberto Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, cuando iniciaron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También Ramirez Gutiérrez estuvo presente en el interrogatorio que realizó Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra prófugo de la justicia, en el que se torturó a “El Cepillo”, identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos.
Asimismo, el pasado 25 de junio de 2023, Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México y trasladado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
Marco Antonio Mejía López, también conocido como “El Puma”, quien se desempeñó como subdirector de Seguridad y Logística de López Obrador entre el 2000 y 2005, explicó para Carmen Aristegui, que fue detenido con falsas acusaciones en 2009, cuando era el director de la cárcel municipal de Cancún en Quintana Roo.
“Fui objeto de una injusticia. Fui preso por una situación política. Me acusaban de haber participado en el asesinato del General (Mauro Enrique Tello) y delincuencia organizada”.
Acusó
“El Puma” menciona que existían ocho declaraciones de dos testigos protegidos sobre el asesinato de Tello Quiñones, ocurrido en 2008, sin embargo en ninguna de estas aparece su nombre ni se le señala de manera directa.
Agregó que una vez detenido y traslado a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en el entonces Distrito Federal, Marisela Morales Ibáñez, entonces Procuradora General de la República, e Irving Barrios Mojica, en ese momento titular de la SIEDO, lo amenazaron con que no recuperaría su libertad si no declaraba en contra del ahora Presidente de la República.
Antonio Mejía acusó que Morales Ibañez y Barrios Mojica le mostraron una declaración de “Jennifer”, nombre clave del abogado Roberto López Nájera, quien fuera ex colaborador del conocido capo Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’, donde ‘Jennifer afirmaba que lo conocía.
Mejía Ibáñez acusa que su detención fue por órdenes de arriba, en referencia a Felipe Calderón Hinojosa, además de que fue presionado para declarar en contra de Andrés Manuel López Obrador, de Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, y en caso de negarse, pasaría todo el periodo de Calderón en la cárcel.
Poco más tarde, las amenazas se cumplieron, y Antonio Mejía fue acusado de homicidio, delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, los tres ilícitos relacionados con el asesinato del general Tello y un presunto vínculos con el grupo delictivo “Los Zetas”.
Por su parte, la PGR de ese entonces no judicializó nunca los señalamientos de ‘Jennifer” en su contra, en los cuales se le acusaba de estar vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva, en ese momento rival de “Los Zetas”.
“Es contradictorio e ilógico que pudiera estar trabajando para dos cárteles”, sostuvo. Ibañez pasó un periodo de cuatro años y seis mese en la cárcel de máxima seguridad de “El Rincón” en Tepic, Nayarit.
Ahí mismo, lo enviaron a una zona donde estaban otros ex servidores públicos acusados de supuestos vínculos con el narcotráfico como el ex titular de Interpol, Rodolfo de la Guardia; el ex titular de SIEDO, Noé Ramírez Mandujano; y el ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Javier Herrera Valles. Todos fueron absueltos por jueces y magistrados de las acusaciones en su contra.
El 13 de julio del 20013 una jueza federal lo absolvió de todos los cargos al considerar que no había pruebas en su contra, por lo que el tribunal federal confirmó la resolución tras una fallida apelación de la PGR, además de que el Ministerio Público nunca pudo acreditar ninguna de las presuntas pruebas en su contra.
Con estas acusaciones, se genera la duda de por qué Tim Golden, creador del más reciente montaje contra AMLO, no contempló este delicado y fuerte caso en su “reportaje”, que además de no tener evidencia de ninguna acusación, se reveló el enorme despliegue de recursos de la derecha para impulsar este ataque contra el Presidente y la 4T.
Por su parte el Gobierno de México y López Obrador ya desmintieron las mentiras, mientras la opinión pública parece no haber tomado en serio el golpe que los conservadores mexicanos crearon con evidente ayuda de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que desean el regreso de la mafia neoliberal para saquear nuevamente a México.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, cumplimentó una tercera orden de aprehensión contra Gualberto Ramírez Gutiérrez, el primer funcionario en encargarse de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Esta nueva orden de aprehensión liberada por un juez de control de la Ciudad de México es por los delitos de falsificación de documento agravado, contra la administración de la justicia y asociación delictuosa, de acuerdo con información obtenida de La Jornada.
Las otras dos órdenes de aprehensión, una tiene que ver con la presunta manipulación de indicios para acusar a Ana Patricia Moller Vuilleumier de narcotráfico y perjudicarla en su proceso de divorsio. La segunda orden tiene que ver con el caso de tortura de Felipe Rodriguez Salgado.
Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas manifestándose en la CDMX. Foto: El Economista/ Eric Lugo.
Gualberto Ramírez Gutiérrez se desempeñaba como titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), cuando iniciaron las investigaciones sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y uno de los principales creadores de la ya desmentida Verdad Histórica.
También Ramirez Gutiérrez estuvo presente en el interrogatorio que realizó Tomás Zerón de Lucio, en el que se torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alías “El Cepillo” identificado como presunto integrante de los Guerreros Unidos.
El pasado 25 de junio, Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue detenido en el municipio de Tecámac, Estado de México y trasladado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), rechazó los señalamientos y acusaciones realizadas por Isabel Miranda de Wallace, quien afirmó que la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra, realiza recomendaciones a “modo y sin sustento jurídico”.
El pasado 20 de octubre, Isabel Miranda de Wallace publicó un video en su cuenta de X, en el que acusa a la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra de “deteriorar y denigrar a la institución”.
Esto luego de que la CNDH emitiera la recomendación 127 VG/2023, en la que se acreditó que Brenda Quevedo, presuntamente implicada en el secuestro del hijo de Isabel Miranda, fue victima de tortura.
Asimismo, la CNDH indicó que Brenda Quevedo realizó entre 2006 y 2016, 15 quejas por diversos agravios que sufrió por parte de autoridades como: “agresiones durante su internamiento, presiones a sus familiares, incomunicación durante su reclusión y el cierre de expedientes relacionados con las quejas realizadas”.
El organismo autónomo señaló que la recomendación 127VG/2023 se logró después que la víctima presentara una nueva queja el pasado 26 de abril, atendiendo en tiempo y forma, debido a que los delitos de tortura no prescriben.
Explicó que, la actuación de los servidos públicos de laProcuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) causó daños físicos y psicológicos no sólo a Brenda Quevedo, sino también a sus familiares, además de la CNDH indicó que las autoridades investigadas no lograron refutar las acusaciones de la víctima.
Un Tribunal Federal busca conocer un amparo de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, quien busca revocar la orden de aprehensión en su contra por la presunta tortura al supuesto operador y sicario del grupo criminal, de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo. La petición se realizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitaron que el tribunal recupere su competencia para que pueda decidir por primera vez si el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) “viola o no los principios de seguridad jurídica y legalidad en su aspecto de taxividad”.
Es decir, el procedimiento que se debe seguir al presentar a un imputado ante un juez de control, independientemente de que el delito requiera prisión preventiva oficiosa.
La orden de aprehensión habría sido emitida por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Penal Sur de la Ciudad de México porque consideró que cumplía con todos los requisitos constitucionales y legales.
Ante esta situación, el ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió un amparo donde alegó que nunca recibió un citatorio u orden para comparecer y conocer los hechos que se le imputan.
En su demanda afirmó que el citado artículo del CNPP no establecía el requisito de que la Fiscalía General de la República (FGR) agotara todas las demás opciones antes de solicitar una orden de aprehensión, incluyendo la citación a la audiencia preliminar y la orden de comparecencia. Sin embargo, no se le concedió protección.
Ante esta circunstancia interpuso un recurso de revisión y ahora el tribunal solicita que se pronuncie sobre la constitucionalidad de ese artículo en particular.
Tomás Zerón iba a ser detenido por este caso luego de que un juez de control dictaminara que probablemente había cometido delitos relacionados con torturas, desapariciones forzadas y grupo de empleados públicos.
Lo anterior se debe a un video que fue compartido en redes sociales, en el que se puede ver a El Cepillo sentado, esposado y encapuchado durante un interrogatorio que está siendo conducido y dirigido por Tomás Zerón y en el que se escucha que presuntamente está siendo amenazado e intimidado.
Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la ex Procuraduría General de la República (PGR), quien está acusado de torturar y obligar a desaparecer a 43 normalistas de Ayotzinapa, en un entrevista desde Israel declaró que ha sido objeto de persecución política en México.
Zerón, exfuncionario de la administración del expresidente del PRI Enrique Peña Nieto,refutó las afirmaciones de que su viaje a Israel se realizó en violación del hecho de que Israel y México no comparten un tratado de extradición en una entrevista realizada por el medio de comunicación israelí, N12 desde Tel Aviv.
Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, escribió dos cartas aBenjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, solicitando el apoyo de su administración en la extradición de Tomás Zerón, quien está acusado de tortura y presuntamente ser uno de los perpetradores de la creación de la “verdad histórica” en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Incluso se presentó un video que muestra a Tomás Zerón en un interrogatorio irregular al que fue sometido Felipe Rodríguez Salgado, ‘El Cepillo’, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quien Zerón de Lucio amenaza hasta con matar si no le dice lo que sabe.
Además, la Fiscalía General República lo acusa por su probable responsabilidad en la compra del software de espionaje Pegasus a la compañía NS Group, también es acusaso de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa. Aunque no fue el único servidor involucrado.
Sin embargo, en la entrevista de N12, Tomás Zerón de Lucio rechazó que haya tenido algún contacto con la empresa NSO Group, quien es propietaria del software espía Pegasus. “No hay forma, yo no conozco a nadie de NSO, yo no tengo relación, yo nunca me senté con ellos. No hay una prueba, que presenten una sola prueba”.
Una jueza federal admitió a trámite la demanda de amparo que el exjefe antisecuestros de la extinta PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, tramitó contra la vinculación a proceso que se le dictó en julio por los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.
A finales del mes pasado, Ramírez Gutiérrez impugnó la determinación del juez de control del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, ante la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien admitió a trámite la demanda y programó para el 30 de agosto la audiencia constitucional en la que resolverá si otorga o no la protección de la justicia federal al exservidor público.
Sin embargo, la jueza de amparo desechó la impugnación de Ramírez Gutiérrez respecto a la autorización que un juez concedió para la extracción de datos del 4 de julio de 2020, ya que ese acto debió reclamarse dentro de los 15 días siguientes a que se emitió la autorización.
El extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue el primero en conocer que entre los 43 normalistas desaparecidos había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, entre ellos, Julio César López Patolzin.
Se ha informado que la madrugada del 25 de junio se logró la detención de Gualberto Ramúrez Gutiérrez, ex jefe antisecuestro de la SEIDO durante el periodos en que se cometió el crimen de estado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
“La madrugada del 25 de junio @FGRMexico detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO durante la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa, acusado de Desaparición forzada de personas, Tortura y Coalición de servidores públicos”, señaló en su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.
Registros del centro nacional de detenciones dejan ver que elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron la aprehensión a las 11:15 de la mañana en la zona conocida como Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, de donde fue trasladado al Reclusorio Sur.
La madrugada del 25 de junio @FGRMexico detuvo a Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Antisecuestros de la SEIDO durante la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa, acusado de Desaparición forzada de personas, Tortura y Coalición de servidores públicos.
Gualberto Ramírez Gutiérrez contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de desaparición forzada derivado del caso Ayotzinapa y en julio de 2020, un juez federal ordenó la aprehensión Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los 43 normalistas.
Cabe mencionar que ahora Ramírez Gutiérrez es señalado de los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura y la orden de aprehensión la otorgó un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
