Adrián “El Gallero”, Elier Jassiel y Javier Alonzo “N”, reos del penal de Goros II, fueron asesinados este jueves en el módulo 5, donde se encuentran internos con procesos federales. Los tres estaban implicados en el histórico decomiso de fentanilo en Los Mochis, ocurrido en diciembre pasado.
Según autoridades federales, los sujetos estaban vinculados a una célula criminal dedicada a la producción del opioide en el norte de Sinaloa. Su captura derivó de operativos en Guasave y Los Mochis, donde se aseguraron más de mil 100 kilos de fentanilo y armas de fuego.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, había identificado, en diciembre pasado, a “El Gallero” como el principal químico de la organización, pieza clave en los laboratorios clandestinos de la región. Su detención fue considerada un golpe estratégico contra el tráfico de drogas sintéticas.
Los internos murieron por heridas con arma punzocortante. Otro reo, Aarón Israel “N”, resultó gravemente herido. Hasta el momento no se ha determinado cómo inició la presunta riña ni quiénes fueron los agresores.
Un centenar de jóvenes internados en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) en Hermosillo, Sonora, se amotinó este jueves para exigir mejores condiciones de reclusión. Los internos se subieron a los techos, causaron destrozos y agredieron a un comandante estatal, quien fue hospitalizado.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública intentó minimizar el incidente al señalar un “conato de riña entre dos internos”, fuentes confirmaron que se trató de un motín, con riesgo de fuga y personal evacuado. El operativo movilizó decenas de patrullas y cerró la circulación en el bulevar Ganaderos.
Según el último censo del INEGI, el centro cuenta con 238 camas y espacios básicos como aulas y talleres, pero carece de instalaciones esenciales como gimnasio, jardines, área de culto o sala de desintoxicación, a pesar del alto número de jóvenes detenidos por delitos relacionados con drogas.
La situación volvió a poner sobre la mesa las condiciones precarias en los centros de internamiento juvenil y la falta de infraestructura para una reinserción efectiva.
Culiacán vive un nuevo capítulo de violencia. Un enfrentamiento entre custodios y reos en el penal de Aguaruto dejó en evidencia la incapacidad del gobernador Rubén Rocha Moya para controlar la situación violenta del estado.
Este caos se desató poco antes del mediodía, cuando se escucharon disparos dentro del penal. Las autoridades estatales y federales respondieron, cerrando la carretera a Navolato y evacuando a visitantes y empleados.
Versiones de testigos indican que las detonaciones provinieron del módulo 14. Este hecho alarmante resalta la falta de control dentro del penal, conocido por sus problemas de autogobierno. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado la situación crítica de este centro de reclusión.
A lo largo de los años, el penal ha sido objeto de múltiples revisiones. Durante estas inspecciones, se han encontrado armas, drogas y hasta equipos de internet proporcionados por Starlink, la empresa de Elon Musk. Estos hallazgos subrayan la gravedad del problema.
La incapacidad de Rubén Rocha Moya para mantener el orden y la seguridad en su estado deja a la población en un constante estado de temor. La violencia se ha vuelto una rutina incesante, en la que falta de control en el penal es solo un reflejo del deterioro de la seguridad en Culiacán.
Un Tribunal Colegiado negó otorgar un amparo al empresario Teofilo Zaga Tawil, quien enfrenta un proceso por el delito de fraude en contra del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmaron el fallo del juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien determinó la vinculación a proceso del empresario en octubre de 2022.
El empresario Zaga Tawil pretendía echar abajo un auto de vinculación a proceso en su contra, que fue dictado en octubre de 2022, por la defraudación fiscal por más de 5 mil 88 millones de pesos en contra del Infonavit, derivado de la firma de un convenio entre la dependencia federal y la empresa Telra Realty en el 2014.
Sin embargo, en el año 2017 el Infonavit tuvo que realizar un pago económico a la empresa de Teófilo Zaga Tawil, por daños y perjuicios derivado de la terminación anticipada del contrato, con el que se habían prometido a llevar un programa de movilidad hipotecaria.
Aunque, tras la realización de una auditoría se mostró que la indemnización, autorizada por el entonces director del Infonavit, fue de manera ilegal ya que la empresa de Zaga Tawil no podía cumplir con el contrato pactado pues no tenía ni la experiencia y ni los medios necesarios.
Cabe mencionar que, en abril de 2021, Teófilo Zaga fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) y fue ingresado al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, aunque en diciembre del mismo años salió de prisión, para continuar su proceso en libertad.
La diputada federal priista, Monserrat Arcos, presentará una denuncia penal en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por actos de corrupción y violencia política de género.
Durante una entrevista con el periodista Juan Becerra en Radio Fórmula, señaló que desde el momento en que se negó a formar parte de un esquema de corrupción y moche ha sido víctima de represalias en el interior de su partido, por parte de “Alito” Moreno y Hugo Gutiérrez Arroyo.
La legisladora explicó que le plantearon simular uso de alrededor de 32 millones de pesos etiquetado en 2023,para la capacitación de las mujeres, con el objetivo de que el recursos retornará a ellos el dinero.
He recibido distintos tipos de intimidaciones, amenazas, por ese motivo hice pública la denuncia que presenté, pues, porque básicamente temo por mi vida.
Indicó la legisladora.
📹 #Vídeo | Le sigue sacando sus trapitos al sol: La diputada Monserrat Arcos anunció que presentó una denuncia penal en contra de @alitomorenoc , señaló que ha recibido amenazas de muerte por revelar que el dirigente nacional robó dinero del PRI.
En ese sentido, la todavía diputada del PRI aseguró que tiene las pruebas para acreditar que Alejandro Morenono solamente es un corrupto sino un violentador. Abundó que logró documentar muchas de las conversaciones que tuvo con el dirigente priista.
Creo y estoy convencida de que el PRI es un gran partido que está en manos de una persona corrupta, pero además es un violentador y hay manera de comprobarlo.
Sostuvo Monserrat Arcos.
Asimismo, sostuvo que es consciente que es una lucha como la de “David contra Goliat”, pero seguirá luchando para que se le haga justicia. Cabe mencionar que, anteriormente, la legisladora federal había interpuesto una queja por violencia política de género ante el INE.
La noche del pasado martes 5 de septiembre, el exfiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue trasladado a un penal de máxima seguridad del altiplano.
Luego de su dictamen de prisión preventiva, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), atendieron la solicitud de enviar al morelense al Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, en Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El martes, Carmona Gándara dejó el Reclusorio Sur y fue trasladado por agentes de la FGJ y del sistema penitenciario federal, al no haberle avisado previamente, los abogados del exfiscal consideraron a su proceso como “irregular”. Cabe destacar que minutos antes de que se realizara el traslado del morelense, se había ordenado su libertad el pasado viernes, pero la FGJ ordenó una segunda orden de aprehensión en su contra.
El día de hoy se encontraba programada su audiencia para considerar si Carmona sería o no vinculado a proceso, sin embargo, debido al traslado esa audiencia ya no tendrá lugar.
Uriel Carmona, el exfiscal de Morelos, se encuentra acusado de múltiples delitos, principalmente por haber encubierto el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, además de tener nexos con grupos criminales y un enriquecimiento ilícito, a pesar de que fue defendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la impunidad ya no tiene cabida.
Angélica Sánchez Hernández, jueza de Veracruz, recibió una prohibición total de visitar el Centro de Readaptación Social Pacho, Viejo, donde aún permanece presa, por parte de un juez federal lo que la protege de cualquier posible acto de tortura o maltrato allí.
Hernández aseguró que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, la perseguía por su condición de jueza y que su vida corría peligro dentro del penal.
Al respecto, Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control, informó que ordenó a las autoridades del penal respetar los derechos humanos e integridad de la impartidora de justicia, resguardarla en lugar separado de la población de internos y abstenerse de proferir cualquier tipo de maltrato.
Por otra parte, el director del centro penitenciario afirmó que cumplió a cabalidad con la suspensión, por lo que Angélica Sánchez no había sufrido ningún tipo de tortura, maltrato o aislamiento, y que había estado en contacto con su familia, amigos y abogados para proteger su derechos humanos.
Desde que el fiscal estatal ha imputado a Sánchez Hernández por tráfico de influencias y delito contra la fe pública, ella ha abogado por un juicio de amparo contra la prisión preventiva del 16 de junio que le fue impuesta.
En su demanda, la juez apeló la determinación del juez de control de realizar la audiencia inicial de forma privada, lo que aseguró, “constituye un acto de imposible reparación, en el sentido de que se afecta uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio sin una justificación válida”.
Incluso mencionó que cuando fue detenida en la Ciudad de México, miembros de la Guardia Nacional (GN) no le mostraron la orden de aprehensión, la cual aseguró no era válida porque fue emitida por una autoridad incompetente por cuestiones territoriales y porque tenía suspensión provisional.
No obstante, dos jueces de distrito se declararon incompetentes para resolver el juicio de amparo. Fabiola Viridiana Ramos Castillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en materia Penal, explicó que la demanda debe ser resulta por Daniela María León Linarte, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito, toda vez que fue quien le otorgó la suspensión contra la orden de aprehensión.
León Linarte rechazó asumir la competencia, debido a que los actos reclamados en los dos juicios de amparo no guardan relación entre sí, al no derivar de la misma carpeta de investigación o causa penal. El caso se podría turnar a un tribunal colegiado para que resuelva el conflicto competencial.
¿De que se le acusa a la jueza Angélica Sánchez?
La Fiscalía General del Estado de Veracruz imputó a Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público.
Ante esto, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante un año.
