El enfrentamiento entre Elon Musk y el gobierno español trasciende por el anuncio de restricciones a redes sociales para menores y nuevas sanciones contra contenidos ilegales.
La tensión entre el empresario Elon Musk y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sanchez, se intensificó luego de que el Ejecutivo anunciara una regulación contra las plataformas digitales y el acceso de menores a redes sociales y reforzar el control sobre contenidos ilegales en plataformas digitales, en un contexto de creciente preocupación por los riesgos del entorno virtual.
El dueño de X reaccionó con dureza a los anuncios realizados por el mandatario español durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, desde donde se impulsó una estrategia orientada a regular de forma más estricta el mundo digital, provocando una respuesta pública del magnate, quien acusó al gobierno español de actuar de forma autoritaria de de afectar libertades.
Entre los puntos principales de la propuesta, se encuentra la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, así como la obligación para las plataformas tecnológicas de retirar contenidos de odio o legales, bajo un nuevo esquema de sanciones que busca responsabilizar directamente a las empresas por el impacto social de lo que se difunde en línea.
El plan también contempla la creación de sistemas efectivos de verificación de edad y un mecanismo de rastreo que permita medir la propagación de discursos de división social, con la intención de generar registros que respalden acciones legales y económicas contra quienes incumplan las nuevas reglas.
Desde el gobierno se advierte que niñas, niños y adolescentes están cada vez más expuestos a dinámicas de adicción digital, violencia, pornografía y manipulación informativa, por lo que se plantea una intervención estatal que limite lo que se describe como un entorno sin reglas claras ni protección suficiente.
El mandatario español prevé coordinar con la Fiscalía investigaciones sobre posibles irregularidades cometidas por plataformas como Grok, TitkTok e Instagram, en una estrategia que busca reforzar la soberanía digital de España y establecer costos legales y económicos para las empresas que permitan la difusión de contenidos nocivos.
