Diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de la República, han confirmado que pese a que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les ordenó reanudar labores el día de hoy, ellos continuarán en paro, sin importar las consecuencias.
De acuerdo con el magistrado Juan Carlos Guzmán Rosas, secretario de la CJF, por mayoría se decidió regresar a actividades normales, sin embargo algunos trabajadores se niegan a regesar a sus labores debido a que no “cuentan con las condiciones adecuadas para su regreso”.
“No podemos regresar en libertad. No se han escuchado nuestras solicitudes, ni hay una resolución clara sobre como se respetarán nuestros derechos laborales”, afirmaron los funcionarios judiciales.
Ante esta situación, el CJF advirtió que como consecuencia podría haber descuentos salariales para aquellos que decidan no regresar a sus labores. Sin embargo los trabajadores del PJ aseguraron que a pesar de las implicaciones continuarán con su decisión firme. Esta postura fue tomada por los legisladores de San Lázaro, sin embargo cada sede tomará la decisión de regresar a sus labores o no.
Hasta ahora las sedes del PJ en Tlaxcala, Naucalpan y Tijuana han decidido continuar con el paro de labores de forma indefinida, asegurando que “no existe ni certeza ni garantía de que con la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, los derechos laborales de los trabajadores sean respetados”.
Durante una reciente intervención en el programa de Ciro Gómez Leyva, la jueza Juana Fuentes abordó la incertidumbre que rodea la reanudación de actividades en los tribunales tras el prolongado paro de labores del Poder Judicial. La jueza explicó que aunque se ha continuado con ciertas actividades urgentes, la normalización completa de las funciones dependerá en gran medida de las decisiones de los trabajadores.
“No será un día normal”, señaló Fuentes, quien destacó que, aunque algunos empleados han permanecido activos en órganos jurisdiccionales, no todas las audiencias y trámites se han reactivado. Al ser cuestionada por Ciro Gómez Leyva sobre si comenzarán a reprogramarse las audiencias suspendidas en los últimos dos meses, la jueza confirmó que “sí, también sabemos que hay asuntos en oficinas de correspondencia que serán turnados a cada órgano jurisdiccional”. Esto significa que, aunque los tribunales abrirán, aún queda un largo camino para ponerse al día con los casos pendientes.
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La jueza también subrayó la naturaleza impredecible del regreso a las actividades. Aunque los titulares de los tribunales se presentarán a sus oficinas, la capacidad de operación estará en manos de los trabajadores. “Habrá que ver en las modalidades que ellos mismos determinen. Finalmente es un derecho que están ejerciendo”, añadió Fuentes, haciendo referencia al movimiento sindical que ha sido respetado por los jueces.
La jueza Juana Fuentes también comentó sobre la posición de los jueces durante el paro, señalando que “nos sumamos a ese movimiento también, aunque por objetivos distintos”, lo que refuerza la idea de que los jueces han mostrado solidaridad con las demandas de los trabajadores, aunque persiguen distintas metas. Ahora, con la intención de cambiar la estrategia hacia una “resistencia” distinta, Fuentes dejó claro que la reactivación de los tribunales aún depende de cómo evolucionen las negociaciones entre las partes involucradas.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha compartido en sus redes sociales una contundente imagen que refleja el daño económico ocasionado por el paro de labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Según la ministra, en los 56 días de paro se ha generado un impacto negativo de 10,573 millones 607,184 pesos al erario público. Este costo es atribuido a la interrupción de las actividades judiciales, que se sostiene por la disputa en torno a la reforma del Poder Judicial.
El gráfico difundido también muestra el presupuesto anual destinado a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, que asciende a 68,917 millones de pesos, lo que implica un gasto diario de 188,814,414 pesos. Con esta información, la ministra del pueblo, como se le ha conocido popularmente, subraya la importancia de resolver el conflicto cuanto antes para evitar un mayor perjuicio económico y social para el país.
Batres ha sido enfática en su compromiso con la voz popular dentro de la SCJN, abogando por que la justicia y los intereses del pueblo no se vean comprometidos por cuestiones burocráticas. Su mensaje es claro: el país no puede permitirse seguir asumiendo este tipo de costos cuando hay tantas necesidades que deben ser atendidas. La ministra ha utilizado esta imagen para destacar cómo los paros afectan no solo el funcionamiento de las instituciones, sino también el bolsillo de los mexicanos.
La publicación de Lenia Batre demuestra su intención parece ser la de sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias financieras que conlleva la paralización de los órganos judiciales. En su papel como ministra, ha luchado por una reforma que refleje los verdaderos intereses de la población y que, al mismo tiempo, preserve la estabilidad económica del país.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado en el que rechaza de manera contundente la reforma judicial aprobada por el Congreso, la cual contempla la elección directa de jueces y magistrados, un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial en México.
En el comunicado, fechado el 14 de octubre de 2024, los magistrados y jueces advirtieron sobre lo que consideran un “grave retroceso democrático” y denunciaron que la reforma “compromete seriamente el cumplimiento de tratados internacionales”, como el T-MEC. La asociación argumenta que la medida pone en riesgo la independencia judicial y afecta la estabilidad jurídica del país, señalando que los jueces deben mantenerse al margen de influencias políticas para garantizar una impartición de justicia imparcial.
🟡#COMUNICADO La #JUFED denuncia, ante la comunidad nacional e internacional, el grave retroceso democrático y jurídico que representa la reciente reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y su mayoría legislativa en el Congreso. pic.twitter.com/mpdXHLYUlV
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 14, 2024
Un cambio en pro de la democracia
La reforma, impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, busca abrir el proceso de selección de jueces y magistrados a la participación ciudadana, a través del voto popular, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza pública en las instituciones judiciales. La medida ha sido ampliamente respaldada por la sociedad civil, que ha demandado mayor rendición de cuentas en el Poder Judicial.
El punto más controvertido de la reforma es el proceso de elección de jueces y magistrados, conocido como la “tómbola judicial”, en el cual, a través de un sorteo público, se definieron los primeros cargos a elegir en el año 2025. A pesar de que este mecanismo ha sido criticado por jueces como una “función de circo”, lo cierto es que responde a una necesidad de implementar reformas profundas y eliminar la percepción de favoritismo y corrupción en el proceso de designación de los altos cargos judiciales.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
La JUFED insiste en que la eliminación del actual sistema de designación pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales, argumentando que el nuevo proceso podría estar influenciado por el poder político de turno. “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y a un Poder Judicial independiente”, señalaron en el comunicado, haciendo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, para intervenir y detener el proceso.
No obstante, este cambio es un paso en la dirección correcta para eliminar décadas de privilegios y opacidad en el sistema judicial, y que los temores expresados por los jueces son infundados. En lugar de politizar la justicia, la democratización del proceso de selección permitirá a los ciudadanos ser parte activa en la elección de los jueces que impartirán justicia en sus casos, acercando el sistema judicial a las demandas reales de la sociedad.
El proceso de insaculación llevado a cabo en el Senado el pasado fin de semana concluyó con la selección de los primeros 850 cargos de jueces y magistrados que se someterán a votación en 2025 y 2027. Con ello, el gobierno busca garantizar un Poder Judicial más cercano a los intereses del pueblo y menos a los intereses de las élites judiciales.
A través de sus redes sociales la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, Lenia Batres compartió una infografía en donde se menciona que por los paros de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) hay un daño económico de 9 mil millones de pesos.
En la tabla podemos leer “Presupuesto de tribunales de circuito y juzgados de distrito”, en donde por año se señala un presupuesto de 69 mil 917 millones 261 mil 195 pesos; por día188 millones 814 mil 414 pesos y el monto final por los 51 días de paro de labores son 9 mil 629 millones 535 mil 114 pesos.
La semana pasada, por mayoría de votos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinaron extender el paro de labores hasta el próximo viernes 11 de octubre, cuando este debía terminar el pasado 3 de octubre.
Este paro de labores se lleva a cabo desde el 19 de septiembre en protesta contra la reforma judicial.
La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), liderada por la ministra Norma Piña, ha rechazado los intentos de última hora del personal judicial para frenar la reciente reforma constitucional que establece la elección de jueces mediante voto popular. Esta reforma, aprobada esta semana, representa un paso decisivo en la democratización del sistema judicial mexicano y ha sido respaldada por amplios sectores de la sociedad.
El poder popular se impone
A pesar de la intensa presión por parte de jueces, magistrados y otros empleados del Poder Judicial Federal (PJF), quienes solicitaron acciones urgentes para detener la reforma, Norma Piña cedió a la transformación La ministra presidenta reconoció la improcedencia de estas intervenciones y optó por respetar la voluntad popular expresada a través de los mecanismos legislativos.
En días anteriores, la SCJN recibió múltiples escritos del personal judicial que pedían a la Corte ejercer medidas basadas en tratados internacionales para detener la reforma. Sin embargo, Piña determinó que la Corte no podía intervenir directamente, ya que la jueza Martha Magaña, encargada de la suspensión en amparo, se declaró incompetente para continuar con el trámite de los recursos interpuestos.
Levantamiento del paro laboral
Tras una semana de paro, la SCJN decidió en sesión privada levantar la suspensión de labores. Las primeras versiones indican que los 11 ministros votaron a favor de regresar a la normalidad, reconociendo el mandato constitucional que establece la elección de jueces por voto popular.
Esta decisión de la Corte, que retoma sus actividades tras la aprobación de la reforma en el Congreso y su inminente declaración de constitucionalidad, muestra que Norma Piña se ha bodaldo a a los cambios impulsados por la ciudadanía y las instituciones democráticas. La reforma, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar la justicia en México, acercando el poder judicial a los ciudadanos y aumentando su responsabilidad ante la sociedad.
El paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que ha generado controversia, no está vinculado a un conflicto laboral, según lo afirmó la ministra Lenia Batres. En una declaración contundente, la ministra aclaró que este movimiento no surge de violaciones a los derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, ni se demanda el cumplimiento de alguna prestación laboral.
Batres subrayó que el verdadero propósito de la movilización es detener la posible reforma constitucional que el Congreso de la Unión y los congresos locales, en su rol de “constituyente permanente”, podrían llevar a cabo para modificar la estructura y funciones del Poder Judicial. La ministra enfatizó que la protesta está dirigida a influir en decisiones legislativas que podrían alterar de manera positiva la administración de justicia en el país.
El paro de labores realizado por trabajadores del Poder Judicial de la Federación no responde a un conflicto laboral. No se reclaman violaciones generales y sistemáticas de derechos consagrados en el artículo 123 constitucional. Es más, no se demanda el cumplimiento de ninguna… pic.twitter.com/n8YoHOGQew
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado a sus agremiados en el que advierte sobre las posibles consecuencias de participar en esta suspensión de labores. Según el documento, el sindicato recomienda a aquellos que no estén de acuerdo con la medida, abstenerse de participar para evitar sanciones por parte de la autoridad patronal.
El comunicado también ofrece apoyo legal y orientación a los trabajadores que, aunque no deseen participar en el paro, se vean obligados a cubrir jornadas adicionales o a realizar guardias bajo amenaza de descuentos salariales. Se les insta a comunicar su situación al sindicato para recibir la asesoría correspondiente.
En conclusión, la ministra Batres calificó el paro como un acto de naturaleza política, dejando claro que no tiene relación alguna con un conflicto laboral. Este señalamiento pone de relieve las tensiones actuales entre el Poder Judicial y los legisladores, en un contexto donde el futuro de la justicia en México podría verse profundamente afectado por decisiones constitucionales.
