Etiqueta: Pablo Quintero

  • Ciencia con Poder: El nuevo corazón del desarrollo mexicano

    Ciencia con Poder: El nuevo corazón del desarrollo mexicano

    En un país donde históricamente la ciencia ha sido vista como un complemento y no como un eje del desarrollo nacional, la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) representa un giro de timón profundo y estructural. No se trata solamente de un cambio de nombre o de jerarquía administrativa. Es, en esencia, un intento por transformar la forma en que México se concibe a sí mismo en el siglo XXI: no sólo como un país de manufactura, sino como una nación capaz de generar conocimiento, aplicarlo y compartirlo con dignidad y justicia social.

    Este avance no es fortuito. Surge en un contexto donde la figura presidencial ha sido ocupada por una científica: Claudia Sheinbaum, física de formación, con trayectoria académica reconocida, asume las riendas de un Estado históricamente rezagado en materia de ciencia y tecnología. Su visión se refleja en la apuesta por hacer de la ciencia una política de Estado, y no una política sectorial. En este marco, elevar al otrora Conahcyt al rango de secretaría de Estado no solo otorga autonomía operativa, sino visibilidad, legitimidad y peso político en la agenda pública nacional.

    Ciencia, política y justicia social

    La SECIHTI nace con una misión compleja pero urgente: democratizar el conocimiento, reducir las brechas tecnológicas entre regiones y sectores, y posicionar a la ciencia no como privilegio de élites, sino como herramienta de transformación social. Esta visión rompe con una tradición tecnocrática que colocaba la investigación y el desarrollo en un plano alejado de las comunidades, de las culturas originarias, de los retos cotidianos.

    En palabras de su titular, la doctora Rosaura Ruiz, “la ciencia debe estar al servicio del pueblo”. Este enfoque humanista implica reconocer que las grandes innovaciones no pueden prosperar en una nación donde la desigualdad es estructural, y donde buena parte del talento mexicano se ve obligado a migrar, subemplearse o desistir por falta de oportunidades.

    El reto, entonces, no es solo producir más conocimiento, sino articularlo con las necesidades reales del país: salud pública, soberanía alimentaria, energías limpias, educación inclusiva, desarrollo urbano sustentable y mitigación del cambio climático. La SECIHTI, en este sentido, no es un fin, sino un instrumento para alcanzar otros fines más amplios y colectivos.

    Institucionalización de la ciencia: ¿una utopía posible?

    Desde su fundación en 1970, el Conacyt operó como el principal órgano de promoción científica en México. Sin embargo, durante décadas se enfrentó a obstáculos estructurales: presupuestos limitados, políticas inestables, una creciente burocratización y una desconexión con los sectores productivos y sociales. A pesar de ello, sembró una red de investigadores, becarios, centros públicos y posgrados que, aunque dispersos, constituyen hoy la base del nuevo sistema que se propone consolidar la SECIHTI.

    Su creación representa, entonces, una institucionalización más profunda del proyecto científico nacional, al equiparar su relevancia con otras carteras clave como salud, educación o economía. Esta jerarquía abre la posibilidad de una planificación transversal, donde las políticas de ciencia estén presentes en cada decisión de gobierno, desde la atención de emergencias climáticas hasta el desarrollo de industrias de vanguardia como los semiconductores, los satélites o los autos eléctricos.

    Pero esta institucionalización también exige rendición de cuentas, planeación técnica y sensibilidad política. No basta con tener el rango de secretaría: se necesita asegurar que las becas se entreguen a tiempo, que las convocatorias lleguen a todas las regiones, que el talento femenino, indígena, rural o migrante tenga espacio y voz en la agenda científica.

    Financiar el futuro: un reto que no se puede postergar

    Uno de los dilemas centrales es el presupuesto. Mientras que países como Corea del Sur o Alemania invierten más del 2 % del PIB en ciencia y tecnología, México apenas supera el 0.3 %. Este dato no solo evidencia una desventaja competitiva, sino una visión reducida sobre el potencial transformador de la ciencia. Sin recursos, la nueva secretaría corre el riesgo de convertirse en un símbolo sin capacidad operativa.

    El desarrollo científico no puede verse como gasto, sino como inversión. Cada peso invertido en investigación aplicada, salud pública, educación tecnológica o desarrollo energético tiene un retorno económico, social y ambiental. Invertir en ciencia es, en última instancia, invertir en soberanía, resiliencia y equidad.

    Hacia un modelo mexicano de ciencia con rostro humano

    La SECIHTI tiene una tarea monumental: construir un modelo mexicano de ciencia que no copie esquemas extranjeros, sino que responda a la diversidad y complejidad del país. Esto implica fomentar la innovación industrial, sí, pero también rescatar el conocimiento comunitario, las prácticas agroecológicas, las lenguas originarias y la relación ancestral con la naturaleza.

    Se trata de entender que la ciencia no es neutral: refleja prioridades, ideologías y formas de entender el mundo. Por eso, ponerla al centro del desarrollo nacional es también un acto político, profundamente ético, profundamente humano.

  • Digitalización con Derechos: Una Ruta Progresista para el Gobierno en América Latina

    Digitalización con Derechos: Una Ruta Progresista para el Gobierno en América Latina

    Introducción

    La transformación digital del Estado representa uno de los desafíos más significativos y urgentes del siglo XXI para las democracias latinoamericanas. Frente a contextos marcados por desigualdades históricas, burocracias ineficientes y desconfianza ciudadana, el gobierno digital aparece no como una solución tecnocrática aislada, sino como una oportunidad política para democratizar el acceso a derechos, ampliar la participación y fortalecer el papel del Estado como garante del bienestar colectivo.

    Desde una perspectiva progresista, el gobierno digital no debe centrarse únicamente en la automatización de trámites o la eficiencia institucional, sino en la creación de condiciones para una ciudadanía empoderada, informada y protegida en el entorno digital. La digitalización, entendida como política pública estructural, debe estar orientada por los principios de equidad, transparencia, inclusión y justicia social.

    Este texto analiza el avance del gobierno digital en América Latina con énfasis en el caso mexicano, destacando sus transformaciones institucionales, sus principales logros y los dilemas que enfrenta una agenda digital comprometida con los derechos humanos.

    América Latina: Tecnología para el Pueblo, no para el Mercado

    En América Latina, el proceso de digitalización ha sido desigual, pero avanza con un objetivo común: acercar el Estado a las personas. Iniciativas como identidades digitales universales, ventanillas únicas electrónicas y plataformas públicas de datos abiertos han permitido que millones de ciudadanos accedan a servicios antes inaccesibles. Este fenómeno responde a la necesidad de construir Estados más presentes, eficaces y sensibles ante las demandas sociales.

    Uruguay, Colombia, Chile y Perú destacan por sus avances en interoperabilidad institucional, ética de la inteligencia artificial, y diseño centrado en el ciudadano. Estos logros son el resultado de políticas públicas deliberadas que han entendido la tecnología como un bien común y no como una mercancía al servicio del lucro privado.

    Sin embargo, los desafíos persisten. Las brechas digitales reflejan las mismas desigualdades que estructuran nuestros territorios: acceso limitado en zonas rurales, analfabetismo digital en poblaciones marginadas, y escasa participación ciudadana en el diseño de estas políticas. Frente a ello, una visión progresista exige que la transformación digital se convierta en una palanca de redistribución del poder y del conocimiento.

    México: Avances institucionales para un Estado más justo

    México ha iniciado una reconfiguración profunda en su política digital. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en 2024 representa una apuesta por fortalecer la rectoría del Estado en temas estratégicos: telecomunicaciones, ciberseguridad, infraestructura tecnológica e identidad digital.

    Lejos de delegar estos asuntos al sector privado, el gobierno federal ha recuperado su capacidad de planeación, regulación y ejecución tecnológica. Este proceso se acompaña de una política de soberanía digital basada en el desarrollo de software público, la integración de bases de datos interoperables y la producción nacional de herramientas tecnológicas al servicio de la ciudadanía.

    En el centro de esta estrategia está Llave MX, una plataforma que busca consolidar la identidad digital de cada persona mexicana, permitiendo acceder a servicios de salud, educación, justicia y seguridad sin intermediarios ni exclusiones. Esta iniciativa, que forma parte de una visión de Estado social, apunta a eliminar barreras burocráticas y a reducir los costos del acceso a derechos fundamentales.

    Asimismo, la implementación de la CURP biométrica, prevista para generalizarse en 2026, constituye un paso más hacia la consolidación de una ciudadanía digital universal. Esta herramienta integrará elementos biométricos con altos estándares de seguridad y permitirá garantizar, de forma más efectiva, la identidad de millones de personas en procesos como el voto, la afiliación a programas sociales o el acceso a servicios financieros públicos.

    Derechos, participación y vigilancia: dilemas necesarios

    Pese a estos avances, es imprescindible subrayar que toda transformación digital conlleva riesgos. Desde una óptica progresista, la defensa de los derechos digitales debe ocupar un lugar central. La recopilación masiva de datos biométricos, el cruce automatizado de información y la centralización de plataformas deben estar sujetas a principios de transparencia, control democrático y garantías de no discriminación.

    La desaparición de organismos autónomos como el INAI ha generado legítimas preocupaciones sobre la protección de los datos personales. La vigilancia tecnológica sin contrapesos institucionales puede convertirse en una herramienta de control, silenciamiento o exclusión, especialmente en contextos autoritarios. Por ello, resulta imprescindible diseñar políticas de protección de datos que estén alineadas con los estándares internacionales y, al mismo tiempo, que respondan a las particularidades de nuestros contextos.

    Un gobierno digital desde la izquierda debe garantizar que los avances tecnológicos no reproduzcan desigualdades ni excluyan a los más vulnerables. Esto implica también fomentar procesos de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las plataformas tecnológicas públicas, permitiendo que la sociedad civil, la academia y las comunidades organizadas tengan voz en la construcción del Estado digital.

    Conclusión: un Estado digital con vocación democrática

    La digitalización de la gestión pública no puede reducirse a un discurso de eficiencia o modernización administrativa. Desde una mirada progresista, el gobierno digital debe ser una herramienta para ampliar derechos, democratizar el acceso a los servicios públicos, y reducir las desigualdades estructurales que históricamente han limitado el desarrollo de nuestros pueblos.

    México, al igual que otros países de América Latina, se encuentra ante una oportunidad histórica: consolidar un Estado digital que no sea una copia tecnocrática del viejo aparato burocrático, sino una nueva forma de ejercer el poder público con justicia, participación e inclusión. Esto implica, necesariamente, gobernar la tecnología con principios democráticos, fortalecer la institucionalidad pública, y construir ciudadanía digital con enfoque de derechos.

    La digitalización con derechos no es solo un camino técnico, es una apuesta política por un futuro más justo.

  • Los gobiernos progresistas de América Latina frente al reto del cambio climático y la equidad social

    Los gobiernos progresistas de América Latina frente al reto del cambio climático y la equidad social

    La justicia climática no se reduce a una meta técnica de reducir emisiones o proteger bosques. En América Latina, representa una exigencia histórica: reconocer que el cambio climático no afecta a todos por igual. Las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, y en particular las mujeres rurales, han cargado durante décadas con los costos de un modelo de desarrollo que muchas veces las ha excluido y violentado. Por eso, hablar de justicia climática en nuestra región implica mucho más que hablar de medio ambiente; es hablar de derechos, de desigualdad, de dignidad.

    Uno de los pasos más importantes hacia este enfoque fue la firma del Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 2021. Este tratado busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones y, de forma muy significativa, la protección de las personas defensoras del territorio y el medio ambiente. México lo ratificó en 2020, sumándose a otros países que buscan abrir caminos más democráticos y transparentes en la gobernanza ambiental.

    Gobiernos progresistas frente al desafío climático

    México: entre la voluntad social y el modelo extractivo

    En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostó por políticas sociales con una narrativa transformadora. Programas como Sembrando Vida, que impulsó la reforestación y el empleo rural, fueron reconocidos incluso a nivel internacional. También se ampliaron las áreas naturales protegidas y se fortalecieron algunos sistemas de alerta temprana para enfrentar fenómenos extremos.

    Sin embargo, el mismo gobierno impulsó proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que generaron severas críticas por su impacto ambiental y social. Estas contradicciones reflejan los límites de un modelo que intenta, al mismo tiempo, aliviar la pobreza y mantener estructuras económicas dependientes de los combustibles fósiles.

    Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en 2024, muchos observadores vieron una oportunidad para reconciliar el desarrollo con una agenda ambiental más ambiciosa. Su discurso inicial apuntó hacia un México más verde, con metas concretas para incrementar el uso de energías renovables y una postura más crítica hacia la expansión petrolera. No obstante, el respaldo institucional a empresas como Pemex y CFE continúa generando tensiones entre el discurso ambiental y la realidad económica del país.

    Argentina: la apuesta por la educación y la participación

    En Argentina, el enfoque ambiental progresista se ha apoyado en la educación y la participación. Dos leyes emblemáticas —la Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral— establecen la formación ambiental obligatoria para funcionarios públicos y el acceso transversal al conocimiento ambiental desde las escuelas. Este tipo de iniciativas reflejan un entendimiento profundo: la justicia climática no se impone desde arriba, se construye desde la conciencia ciudadana y el compromiso colectivo.

    Colombia, Chile, Brasil: esperanzas en disputa

    En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha incorporado un discurso fuerte en defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades más afectadas por la crisis climática. Su propuesta de una transición energética justa ha sido bien recibida por sectores sociales, pero enfrenta resistencias estructurales y económicas difíciles de sortear.

    En Chile y Brasil, el progresismo también ha buscado posicionar la justicia climática como una prioridad. La ratificación del Acuerdo de Escazú, los planes de reforestación y la presión por una mayor equidad en el acceso al agua y la energía son señales de avance. Sin embargo, las tensiones entre la urgencia de financiamiento, la presión de las industrias extractivas y las expectativas de las bases sociales siguen siendo enormes.

    La sociedad civil marca el ritmo

    Mientras los gobiernos oscilan entre avances y contradicciones, la sociedad civil latinoamericana ha tomado un papel protagónico. De cara a la próxima Conferencia de las Partes (COP30), organizaciones de la región presentaron un llamado claro: exigir más ambición climática a los países desarrollados, pero también coherencia a los gobiernos propios. La transición energética, dicen, debe ser justa, inclusiva y basada en derechos. No puede construirse a costa de nuevos desplazamientos ni de falsas promesas verdes.

    Entre las principales demandas están el acceso real a financiamiento climático, la creación de empleos dignos, el reconocimiento a los pueblos originarios como actores clave, y la urgencia de abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Esta visión, nacida desde abajo, es la que realmente está empujando una justicia climática con rostro humano.

    Desafíos de una justicia climática progresista

    Los gobiernos progresistas de la región enfrentan desafíos complejos. El primero es de coherencia: ¿cómo impulsar energías limpias sin debilitar las instituciones públicas que aún dependen del modelo extractivo? Otro reto es financiero: aún faltan mecanismos sólidos que permitan a gobiernos locales y comunidades acceder a fondos climáticos internacionales sin depender de intermediarios o grandes consultoras.

    Además, el modelo de desarrollo continúa anclado en la idea de explotar los recursos naturales como fuente principal de riqueza, lo que muchas veces contradice las promesas de sostenibilidad. Por último, la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda. No basta con firmar tratados; hace falta voluntad política y estructura institucional para proteger, de verdad, a quienes defienden la vida y el territorio.

    Un camino en construcción

    La justicia climática en América Latina no es una meta lejana, sino un proceso en marcha, lleno de contradicciones, aprendizajes y esperanzas. Los gobiernos progresistas han avanzado en colocar este tema en el centro de la agenda pública, pero aún tienen mucho que demostrar. Mientras tanto, las comunidades, movimientos sociales y pueblos originarios continúan siendo los verdaderos guardianes de la vida en el continente.

    Solo si se escucha a quienes históricamente han sido silenciados, si se redistribuyen de manera justa los recursos y las responsabilidades, y si se pone la vida en el centro de las decisiones, podremos hablar, algún día, de una justicia climática verdadera. Una justicia que no sea solo ambiental, sino profundamente humana.

  • Pablo Quintero presenta libro sobre gentrificación en la Ciudad de México

    Pablo Quintero presenta libro sobre gentrificación en la Ciudad de México

    El diputado suplente Pablo Quintero presentó su libro Gentrificación en la Capital, en el cual expone uno de los problemas más graves que atraviesa la Ciudad de México: el desplazamiento de habitantes originarios.

    Desde una cafetería en la alcaldía Venustiano Carranza, Quintero explicó que este fenómeno, conforme avanza la mancha urbana y crecen las desigualdades, se ha ido agravando. Es, además, un tema que cobró mayor relevancia durante la pandemia.

    “Somos un país con historia y debemos mantenernos firmes en nuestras tradiciones y cultura. Somos de los países que más exportamos temas culturales, y eso es algo importante que no debe dejarse influenciar por modelos que no fueron creados en México. La gentrificación no solo daña la cultura, también genera pobreza”, aseguró Quintero durante la presentación.

    El libro explica que la gentrificación es un proceso de expulsión de los habitantes de un barrio o colonia, en su mayoría trabajadores del sector obrero. Con la llegada de personas con mayor poder adquisitivo, aumentan los costos de bienes y servicios, lo que vuelve insostenible la vida para quienes ya habitaban esas zonas.

    Quintero relató que algunas colonias tradicionales de la capital, como Moctezuma Segunda Sección o Jardín Balbuena, ya han sido afectadas por este fenómeno.

    “En la colonia Jardín Balbuena, por ejemplo, la llegada de constructoras ha provocado un cambio de uso de suelo para edificar condominios cuyos precios se elevan al doble o triple, lo que encarece los servicios”, detalló el autor.

    En Gentrificación en la Capital, también se expone cómo este fenómeno transforma el espacio público: parques vecinales se convierten en zonas comerciales. Un caso emblemático es el de la colonia Xoco, donde la construcción de la Torre Mítica por parte del Cartel Inmobiliario, provocó la expulsión de cientos de familias que habían crecido en la zona.

    Aunque la gentrificación es un fenómeno vinculado al modelo neoliberal, el diputado reconoció que la actual Jefa de Gobierno ha tomado medidas para contrarrestarlo, como las Utopías —espacios que fomentan el desarrollo cultural tradicional— o el nuevo programa de vivienda social.

    “La gentrificación va más allá de un tema de vivienda, también implica servicios como gimnasios, centros deportivos, etcétera. Por ejemplo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el alcalde Mauricio Tabe cobra por el acceso a deportivos, mientras que la Jefa de Gobierno ofrece esos servicios de forma gratuita”, puntualizó Quintero.