Etiqueta: Pablo Quintero

  • Migrar para sobrevivir

    Migrar para sobrevivir

    El cambio climático ya no es solo un problema ambiental: es una crisis humana. Las sequías, los huracanes, los incendios y el aumento del nivel del mar están transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero más allá de los daños materiales, esta crisis está empujando a comunidades enteras a dejar atrás sus hogares en busca de un lugar donde puedan sobrevivir.

    Como explican Magaly Sánchez-R y Fernando Riosmena, el cambio climático afecta con más fuerza a quienes dependen directamente de la naturaleza para vivir: campesinos, pescadores y pobladores de zonas rurales y costeras. En América Latina, donde muchas comunidades viven del campo o del mar, la pérdida de tierras fértiles, el agotamiento del agua y la degradación de los ecosistemas están provocando una creciente ola de desplazamientos.

    Migrar se ha vuelto, para muchos, una forma de adaptación ante un entorno cada vez más hostil. Sin embargo, no todos pueden hacerlo. La pobreza, la falta de recursos o la violencia hacen que muchas personas queden atrapadas en lugares donde los riesgos climáticos son cada vez mayores. Este fenómeno revela una dura realidad: el cambio climático no afecta a todos por igual, y quienes menos han contribuido a generarlo son los que más sufren sus consecuencias.

    Los estudios reunidos en la Revista de Estudios Sociales muestran esta relación entre clima y migración en distintos contextos. En Centroamérica, el calor extremo y la falta de lluvias han reducido la producción de café, obligando a muchas familias a emigrar. En las periferias de Buenos Aires, los migrantes que llegan buscando un nuevo comienzo se enfrentan a la contaminación y la precariedad. En Honduras y el Caribe colombiano, los proyectos extractivos y ganaderos han despojado a comunidades de sus tierras, forzándolas a desplazarse.

    A esta crisis se suma un vacío legal preocupante: los llamados “migrantes climáticos” todavía no cuentan con protección internacional. Millones de personas desplazadas por el clima quedan fuera de las leyes de asilo y refugio, lo que las deja en una situación de enorme vulnerabilidad.

    Frente a esta realidad, los autores llaman a una acción conjunta. No basta con reducir las emisiones de carbono; es necesario fortalecer la resiliencia de las comunidades, proteger la biodiversidad y garantizar los derechos de quienes se ven obligados a migrar. También es urgente una educación ecológica que ayude a entender que lo que ocurre en una región repercute en todo el planeta.

    La pandemia de COVID-19 demostró cuán frágil puede ser nuestro equilibrio con la naturaleza. De la misma forma, el cambio climático nos recuerda que las fronteras no detienen el calor, las sequías ni las tormentas. Migrar, en este contexto, es mucho más que moverse: es resistir, adaptarse y buscar un futuro posible en medio de un mundo que cambia demasiado rápido.

  • La nueva reforma del agua en México: ponerle rostro humano a un recurso que se agota

    La nueva reforma del agua en México: ponerle rostro humano a un recurso que se agota

    En muchas colonias de la Ciudad de México, abrir la llave no garantiza que salga agua.

    A veces hay que esperar días, o incluso semanas, para llenar un tinaco. En comunidades rurales, el problema es aún más grave:
    el agua llega en pipas o no llega nunca. Mientras tanto, grandes industrias y desarrollos urbanos continúan extrayendo miles de litros diarios con permisos que pocas veces se revisan.


    Este es el escenario que motivó al gobierno federal a impulsar una nueva reforma del agua en México, una iniciativa que busca cambiar de raíz la manera en que se gestiona, se reparte y se cuida el recurso más vital que tenemos.

    La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pretende reemplazar la Ley de Aguas Nacionales de 1992, una norma que permitió la compraventa de concesiones y, con ello, el nacimiento de un mercado del agua que hoy muchos consideran injusto.

    “El agua no puede ser negocio. El agua es vida, y debe garantizarse como un derecho humano, no como una mercancía”, dijo Sheinbaum al anunciar la iniciativa durante los foros Transformando el régimen del agua en México.

    Lo que cambia

    La nueva Ley General de Aguas busca devolverle al Estado la rectoría sobre el recurso. Ya no se permitirá que las concesiones se vendan o se hereden entre particulares; si alguien cambia el uso del agua —por ejemplo, de agrícola a industrial— el permiso deberá regresar a manos del gobierno, que decidirá cómo reasignarlo.

    Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá más poder para supervisar y sancionar a quienes abusen del recurso. Según datos de la propia dependencia, existen más de 58 mil concesiones con irregularidades: pozos ilegales, permisos falsos o sobreexplotación de acuíferos que hoy se encuentran al borde del colapso.

    La reforma también propone castigos más severos para quienes roben o desperdicien agua, y la creación de nuevos delitos hídricos, algo inédito en la legislación mexicana.

    Reúso, transparencia y justicia

    Otro punto clave es el reúso obligatorio del agua tratada en actividades industriales y agrícolas. La idea es liberar agua potable para los hogares, especialmente en regiones donde el suministro es irregular. En ciudades como Mexicali, este modelo ya funciona: el 70% del agua residual se reutiliza con éxito.

    La reforma también plantea crear consejos ciudadanos y regionales de cuenca, donde las comunidades puedan tener voz en la gestión del recurso. En ellos participarían pueblos originarios, gobiernos locales, especialistas y organizaciones sociales, para que las decisiones no se tomen sólo desde los escritorios.

    El reto: convertir la ley en realidad

    El país enfrenta una crisis hídrica que ya no se puede ignorar. Más de 80 acuíferos están sobreexplotados, y en muchas ciudades se pierde hasta el 40% del agua por fugas.
    El cambio climático agrava la situación: menos lluvias, más sequías, más calor.

    Expertas como Elena Burns, exdirectora de Conagua, advierten que la nueva ley será apenas el primer paso:
    “No basta con escribirlo en el papel. Se necesita infraestructura, transparencia y una nueva cultura del agua. Si no, seguiremos parchando el mismo problema”.

    La reforma llegará al Congreso en las próximas semanas. Si se aprueba, será la transformación más profunda en 30 años sobre cómo México entiende el agua: no como un privilegio, sino como un derecho que debe fluir para todas y todos.

    Porque al final, el agua no pertenece a nadie… pero la falta de ella nos afecta a todos.

  • Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    Vasos reguladores: infraestructura clave para garantizar el derecho al agua en la Ciudad de México

    La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica: mientras millones de personas padecen escasez y cortes en el suministro, cada temporada de lluvias grandes cantidades de agua se pierden o generan inundaciones. En este contexto, los vasos reguladores se han convertido en un eje central para el manejo del recurso, al captar y almacenar temporalmente agua pluvial, reduciendo riesgos y aportando a la recarga de acuíferos.

    Más allá de su dimensión técnica, estas infraestructuras tienen hoy un respaldo jurídico sólido. Con la reforma de 2023 a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), los vasos reguladores fueron reconocidos como de utilidad pública y vinculados de manera directa al derecho humano al agua. Esto significa que su construcción y operación ya no dependen de decisiones administrativas aisladas, sino que constituyen un mandato legal para los tres niveles de gobierno.

    El marco jurídico parte del artículo 27 constitucional, que reconoce el agua como bien de la Nación, y del artículo 4, que consagra el acceso al agua como derecho humano. La LAN reformada refuerza estos principios con tres innovaciones: prioridad al uso humano y doméstico, declaratoria de utilidad pública para la conservación de cuencas y vasos, y reconocimiento del uso ambiental del agua, es decir, la obligación de garantizar caudales mínimos para ecosistemas.

    En la práctica, la capital ha desarrollado un sistema de vasos reguladores con ejemplos notables. El Vaso de Santa Catarina, en Iztapalapa, puede almacenar 400 mil metros cúbicos, mitigando riesgos en zonas vulnerables y funcionando también como espacio recreativo. En Magdalena Contreras y Álvaro Obregón se han construido microvasos que combinan control pluvial con áreas verdes, mientras que en Tlalpan se aprovechan suelos de conservación para captar lluvia y recargar acuíferos.

    Sin embargo, los retos no son menores. Muchos terrenos con potencial para albergar vasos reguladores son ejidales o de conservación, lo que exige respetar la Ley Agraria y garantizar consulta previa, libre e informada a las comunidades. Además, la participación social en la gestión hídrica sigue siendo un desafío.

    Las implicaciones de la reforma son profundas. Por un lado, fortalecen la potestad estatal para adquirir terrenos y destinar recursos; por otro, ofrecen seguridad jurídica al regular el destino del agua captada y obligan a considerar impactos ambientales más estrictos. También impulsan un modelo de gobernanza participativa que reconoce a las comunidades como actores centrales.

    En conclusión, los vasos reguladores representan más que una obra de ingeniería: son un símbolo de justicia socioambiental. Su adecuada implementación puede reducir desigualdades en el acceso al agua, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y consolidar el compromiso del Estado mexicano con la sostenibilidad urbana. El futuro del agua en la Ciudad de México dependerá de que estas infraestructuras se integren en una política hídrica de largo plazo, transparente, participativa y ambientalmente responsable.

  • La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La importancia de la movilidad sustentable e integrada en la Ciudad de México

    La movilidad urbana es un elemento clave para la calidad de vida en las ciudades. En la Ciudad de México, donde convergen más de 9 millones de habitantes y millones más de la zona metropolitana, garantizar un sistema de transporte eficiente y equitativo es un desafío urgente. El tiempo que las personas invierten en trasladarse —hasta tres horas diarias en algunos casos— no solo reduce productividad, sino que impacta directamente en la salud y en la cohesión social.

    El uso intensivo del automóvil privado acentúa este problema: aunque solo una minoría lo utiliza, ocupa la mayor parte del espacio vial y genera congestión, contaminación y desigualdad en el acceso al espacio público. En contraste, peatones, ciclistas y usuarios de transporte público —la mayoría de la población— dependen de sistemas fragmentados y en condiciones desiguales.

    La movilidad sustentable e integrada no se reduce a contar con más autobuses o ciclovías. Su esencia radica en articular los distintos modos de transporte en una red interconectada que facilite traslados rápidos, seguros y accesibles. La intermodalidad, entendida como la posibilidad de combinar bicicleta, metro, autobús o trolebús en un mismo viaje, constituye una herramienta central para reducir tiempos y costos. La expansión de ciclovías, el Metrobús, el Cablebús y el fortalecimiento del Trolebús representan avances importantes, pero aún falta una verdadera integración tarifaria y tecnológica que simplifique la experiencia del usuario.

    Los beneficios de un sistema de movilidad sustentable son amplios. En el plano ambiental, la transición hacia transporte eléctrico y modos no motorizados contribuye a disminuir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. En términos sociales, se amplía el derecho a la ciudad, ya que los sectores de menores ingresos pueden acceder a oportunidades laborales y educativas con menos tiempo y gasto. Desde la perspectiva económica, una movilidad eficiente incrementa la productividad y reduce las pérdidas derivadas del congestionamiento.

    No obstante, alcanzar este modelo implica superar diversos retos. En primer lugar, se requiere inversión sostenida para mantener y modernizar infraestructura, como el Metro y las redes de transporte eléctrico. En segundo lugar, es necesario transformar la cultura de la movilidad: mientras el automóvil continúe asociado al estatus y la comodidad, será difícil consolidar alternativas sustentables. Políticas como el cobro por congestión, la limitación de estacionamientos o la promoción de ciclovías deben acompañarse de educación vial y campañas de concientización. Finalmente, la movilidad debe planearse desde una visión metropolitana, pues millones de viajes diarios provienen del Estado de México y otras entidades; sin coordinación regional, las estrategias resultan incompletas.

    La movilidad sustentable e integrada no es solo un asunto técnico, sino un derecho ciudadano y una apuesta por la equidad. Garantizar traslados accesibles, seguros y ambientalmente responsables implica transformar la vida cotidiana, reducir desigualdades y proyectar una ciudad más resiliente frente a los retos del cambio climático. La Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse como referente latinoamericano si impulsa políticas públicas de largo plazo, basadas en inversión, innovación y participación social.

    En última instancia, la movilidad no debe entenderse únicamente como transporte, sino como un componente central del futuro urbano: un espacio donde convergen justicia social, sustentabilidad y competitividad.

  • Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    Aprender a reutilizar: la nueva lección que el planeta exige

    En medio de una crisis ambiental global, la economía circular surge como una alternativa necesaria frente al modelo lineal de producción y consumo basado en “usar y desechar”. Esta propuesta busca alargar la vida útil de los materiales, reducir residuos y fomentar la innovación. Sin embargo, para que esta transformación ocurra, es indispensable un elemento clave: la educación.

    México: transformar la cultura del desecho

    En México se generan más de 120 mil toneladas de basura cada día, pero menos del 10% se recicla formalmente. La falta de infraestructura es un problema, pero el mayor desafío está en la cultura ciudadana. Incluir contenidos de economía circular en la educación básica y superior permitiría crear generaciones más conscientes, capaces de diseñar proyectos sostenibles y participar activamente en la transición ecológica.

    Universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey ya han comenzado a impulsar programas y proyectos de innovación circular, aunque aún de manera limitada.

    América Latina: una región con oportunidades

    La riqueza natural de América Latina contrasta con la vulnerabilidad ambiental y la desigualdad social. Países como Chile, Brasil y Colombia han dado pasos en políticas de economía circular, pero los resultados dependen de que las comunidades reciban formación y acompañamiento.

    La educación en este campo no solo enseña técnicas de reciclaje, sino también valores de justicia ambiental, cooperación comunitaria y responsabilidad social. Jóvenes preparados en este modelo pueden convertirse en emprendedores verdes y en líderes comunitarios capaces de generar soluciones locales frente a los retos globales.

    El mundo: cerrar la brecha educativa

    En Europa, la economía circular ya forma parte de la agenda industrial, mientras que en Asia se apuesta por tecnologías de reciclaje y rediseño de procesos. Sin embargo, en gran parte del Sur Global los programas educativos siguen siendo incipientes.
    Esta brecha amenaza con profundizar desigualdades: los países que formen talento circular tendrán ventajas competitivas, mientras que los que no lo hagan quedarán rezagados. De ahí la urgencia de democratizar la educación en sostenibilidad como un derecho universal.

    Del aula a la vida diaria

    La enseñanza de la economía circular no debe limitarse a lo académico. Su verdadero impacto está en la vida diaria: aprender a consumir con responsabilidad, diseñar productos duraderos, aprovechar recursos locales y crear empleos verdes. Según la CEPAL, se trata de un cambio cultural de largo plazo, que exige tanto políticas públicas como la participación activa de la ciudadanía.

    Conclusión: la educación como motor del cambio

    México, América Latina y el mundo comparten un reto: cambiar la manera en que entendemos el desarrollo y el consumo. La economía circular no es solo un modelo económico, sino una nueva forma de pensar y vivir.

    En definitiva, aprender a reutilizar no es una opción, sino la lección más urgente que el planeta nos exige para garantizar un futuro sostenible.

  • Derechos en llamas

    Derechos en llamas

    La crisis climática ya no es una amenaza del futuro, sino una realidad que golpea con fuerza a nuestro continente. Sequías prolongadas, huracanes devastadores, olas de calor letales e incendios que consumen selvas y bosques son parte de un escenario que amenaza no solo a la naturaleza, sino también a los derechos humanos más básicos.

    El deterioro ambiental ha roto los equilibrios que sostienen la vida en el planeta. Los sistemas biofísicos —como el clima y la biodiversidad— han superado límites seguros, poniendo en riesgo la salud de los ecosistemas y, con ello, el bienestar y la dignidad de las personas. Si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, la temperatura global podría superar los 2°C, exponiendo a millones de personas a inseguridad alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados y muertes evitables.

    Los impactos de la crisis climática no son iguales para todos. Los sectores más golpeados son precisamente los más vulnerables: mujeres, niños, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, migrantes y quienes viven en asentamientos precarios. A pesar de haber contribuido muy poco a las emisiones contaminantes, son ellos quienes cargan con la peor parte de esta crisis. Ejemplos recientes, como los incendios en la Amazonía y el Chaco, mostraron cómo comunidades enteras sufrieron pérdidas irreparables en sus territorios, medios de vida y cultura.

    Frente a este panorama, los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar con decisión: reducir las emisiones con la mayor ambición posible, garantizar la participación de la sociedad en las políticas ambientales y proteger a quienes defienden la tierra y la naturaleza, muchas veces perseguidos o incluso asesinados por su labor. El derecho a un ambiente sano debe ser entendido como un derecho humano fundamental, indivisible de otros como la salud, la vida y la integridad.

    El sector privado también tiene un papel crucial. Las empresas, en especial aquellas vinculadas a los combustibles fósiles y la ganadería industrial, deben transformar sus operaciones, reducir sus emisiones, transparentar sus impactos y reparar los daños ocasionados. La sostenibilidad no puede quedarse en discursos: requiere compromisos reales y verificables.

    Además, resulta urgente replantear la economía hacia una transición justa: reducir subsidios a los combustibles fósiles, invertir en energías renovables, generar empleos verdes que respeten los derechos laborales y crear programas sociales que protejan a quienes se vean más afectados por los cambios productivos.

    La conclusión es clara: defender los derechos humanos y enfrentar la crisis climática son luchas inseparables. Sin un entorno sano no existe posibilidad de vida digna. El futuro depende de que gobiernos, empresas y ciudadanía actúen con solidaridad y responsabilidad, poniendo en el centro la justicia ambiental y la dignidad humana.

    El mensaje es simple y profundo: cuidar del planeta es cuidar de nosotros mismos. El mañana de nuestras sociedades dependerá de lo que decidamos hacer hoy.

  • AGIR: La Nueva Era del Manejo de Basura en la CDMX

    AGIR: La Nueva Era del Manejo de Basura en la CDMX

    La Ciudad de México enfrenta uno de sus mayores retos: gestionar las más de 12,000 toneladas de basura que genera cada día. Durante años, las responsabilidades estuvieron divididas entre distintas dependencias, dificultando la eficiencia. Para revertir esta situación, en noviembre de 2024 se creó la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), un organismo público descentralizado que busca transformar la forma en que la capital maneja sus desechos.

    La AGIR nace con el objetivo de reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios, aprovechar materiales reciclables, modernizar la infraestructura y promover la economía circular. Para lograrlo, concentra funciones que antes estaban dispersas, integrando la planeación, recolección, separación y valorización de residuos.

    Entre sus principales metas destacan:

    • Renovar el 50 % de la flota de camiones recolectores para mejorar tiempos y reducir emisiones.
    • Lograr que al menos la mitad de los residuos orgánicos se separen correctamente.
    • Impulsar plantas de reciclaje y valorización para producir composta, biogás y materiales de construcción.
    • Implementar campañas de educación ambiental que fomenten la separación desde los hogares.

    El desafío es también cultural: hoy, solo 2 de cada 10 capitalinos separan su basura. Por ello, la AGIR busca involucrar a la ciudadanía y reconocer el papel de los recolectores y pepenadores, quienes son clave en la cadena de reciclaje.

    Más que un proyecto ambiental, la AGIR representa una apuesta social y económica: busca reducir emisiones, mejorar la salud pública, generar empleos verdes y colocar a la CDMX como referente regional en gestión de residuos. Sin embargo, su éxito dependerá tanto de la infraestructura como de la participación ciudadana.

    Si sociedad y gobierno avanzan juntos, la meta de una Ciudad de México más limpia, sustentable y consciente puede convertirse en realidad.

  • Bosque de Agua

    Bosque de Agua

    El Bosque de Agua, localizado en la zona sur de la Zona Metropolitana del Valle de México, constituye uno de los ecosistemas más estratégicos para la seguridad hídrica, climática y ecológica del país. Sin embargo, enfrenta crecientes amenazas derivadas de la expansión urbana, la tala ilegal y la presión sobre sus recursos. Protegerlo no solo es una cuestión ambiental: es una necesidad vital para millones de habitantes.

    Importancia ecológica e hídrica

    El Bosque de Agua se extiende entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, conformando un corredor biológico de alrededor de 250 mil hectáreas. Su papel central es la captación y filtración del agua de lluvia hacia los mantos acuíferos, proceso que abastece hasta al 70% del consumo de agua subterránea de la Zona Metropolitana del Valle de México.

    La capacidad de infiltración de sus suelos volcánicos y la cobertura forestal permiten mantener el equilibrio hídrico de una región que ya enfrenta problemas severos de sobreexplotación de acuíferos y hundimientos del suelo. La degradación del bosque comprometería directamente el acceso al agua potable, intensificando una crisis que ya es tangible.

    Biodiversidad y patrimonio natural

    El Bosque de Agua es también un refugio de biodiversidad única. Aloja especies de flora como el oyamel, el pino y el encino, además de fauna característica como el venado cola blanca, el coyote, el lince y el conejo de los volcanes, especie endémica en peligro de extinción.

    Su importancia trasciende la escala local: funciona como un corredor biológico que conecta los ecosistemas de los volcanes Iztaccíhuatl-Popocatépetl con la Sierra del Ajusco-Chichinautzin. Esta conectividad garantiza la movilidad genética de las especies y la resiliencia ecológica frente a perturbaciones externas.

    Regulación climática y protección ambiental

    Además de su rol hídrico y biológico, el Bosque de Agua actúa como regulador climático y escudo natural para la ciudad. Su vegetación contribuye a la captura de carbono, la mitigación de contaminantes atmosféricos y la regulación de la temperatura.

    Asimismo, reduce la vulnerabilidad de la metrópoli ante fenómenos extremos: amortigua inundaciones, previene deslaves y mitiga las olas de calor que, debido al cambio climático, son cada vez más frecuentes. La pérdida del bosque significaría una disminución crítica en la capacidad de adaptación de la ciudad frente a estos riesgos.

    Amenazas actuales

    La presión sobre este ecosistema es múltiple. La expansión urbana, con asentamientos irregulares en zonas de conservación, genera fragmentación y pérdida de cobertura forestal. La tala ilegal y los incendios forestales, algunos de ellos provocados, agravan la deforestación. A ello se suman prácticas agrícolas y ganaderas que no siempre son compatibles con la sustentabilidad del territorio.

    En la medida en que el bosque se reduce, los servicios ambientales que provee se ven comprometidos. Es importante subrayar que la recuperación de estos ecosistemas es un proceso de largo plazo, mientras que su destrucción ocurre con gran rapidez.

    Justificación para su protección

    La protección del Bosque de Agua debe plantearse como una prioridad estratégica de política pública por varias razones:

    – Seguridad hídrica: sin este bosque, la recarga natural de los acuíferos sería insuficiente para sostener a la población metropolitana.
    – Salud pública: al regular el aire y la temperatura, reduce riesgos sanitarios asociados a la contaminación y el calor extremo.
    – Resiliencia climática: fortalece la capacidad de adaptación de la ciudad frente al cambio climático.
    – Valor ecológico y cultural: es un patrimonio natural irremplazable para la región central del país.
    – Desarrollo sustentable: su conservación favorece actividades económicas como el ecoturismo y la agricultura de bajo impacto.

    Lineamientos de acción

    La conservación del Bosque de Agua requiere un enfoque integral que involucre a los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil y las comunidades locales. Entre los mecanismos más relevantes destacan:

    – Implementar una vigilancia estricta contra la tala ilegal y los cambios de uso de suelo.
    – Promover programas de restauración ecológica con especies nativas.
    – Establecer incentivos económicos como los pagos por servicios ambientales.
    – Reconocer el papel de las comunidades campesinas y ejidales como actores clave en la conservación.
    – Impulsar la educación ambiental para sensibilizar a la ciudadanía sobre su valor estratégico.

    Conclusiones

    El Bosque de Agua es un elemento esencial para la sostenibilidad del Valle de México. Su función en la captación de agua, la regulación climática y la conservación de la biodiversidad lo convierten en un activo natural de primer orden.

    Protegerlo no es solo una cuestión ambiental, sino una estrategia de seguridad y supervivencia para una de las metrópolis más grandes del mundo. La omisión en su cuidado podría acarrear consecuencias irreversibles, desde la agudización de la crisis hídrica hasta la pérdida de especies y el aumento de riesgos climáticos.

    En suma, el Bosque de Agua representa un ejemplo claro de cómo la conservación ambiental está directamente vinculada al bienestar humano. Asegurar su preservación equivale a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para las generaciones presentes y futuras.

  • Vasos reguladores: el agua como justicia social en la Ciudad de México

    Vasos reguladores: el agua como justicia social en la Ciudad de México

    Introducción

    La Ciudad de México enfrenta una paradoja hídrica que se ha convertido en uno de los mayores desafíos urbanos del siglo XXI: mientras millones de habitantes sufren desabasto de agua potable, cada temporada de lluvias la metrópoli vive episodios de inundaciones que paralizan colonias enteras. Esta contradicción es producto de una historia de desecamiento de lagos, urbanización acelerada y desigualdades sociales que han profundizado la vulnerabilidad de las zonas populares.

    En este contexto, la construcción de nuevos vasos reguladores hídricos aparece como una estrategia fundamental para reducir riesgos y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de repensar la relación entre agua, ciudad y justicia social.

    Los vasos reguladores: más que infraestructura hidráulica

    Los vasos reguladores son espacios naturales o artificiales que permiten almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua pluvial y escurrimientos, reduciendo la presión sobre ríos, canales y drenajes. Su objetivo central es evitar inundaciones, pero su potencial trasciende lo técnico.

    En la Ciudad de México, los vasos reguladores han sido históricamente una forma de contener el agua en un valle cerrado, donde los ecosistemas lacustres fueron transformados en concreto. La apuesta por su expansión implica también reconocer que el agua debe dejar de entenderse como amenaza y comenzar a concebirse como recurso común y bien público.

    Proyectos en marcha

    El Gobierno de la Ciudad de México, a través de SEGIAGUA y la Secretaría de Obras y Servicios, ha proyectado la construcción y rehabilitación de al menos seis nuevos vasos reguladores. Estos estarán ubicados principalmente en alcaldías con alta vulnerabilidad hidrológica: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

    Uno de los más relevantes se localizará en Santa Catarina, Iztapalapa, con capacidad de retener 400 mil metros cúbicos de agua. Esta obra busca reducir el riesgo de inundaciones en colonias como Ejército de Oriente, pero también funcionará como un espacio de recarga del acuífero.

    En Tlalpan, un vaso en la zona del Ajusco Medio permitirá captar escurrimientos de zonas boscosas y aliviar la presión sobre áreas urbanas. En Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, se proyectan microvasos en barrancas que, además de controlar el agua, tendrán un componente ambiental y comunitario.

    En total, la ciudad espera aumentar su capacidad de regulación pluvial en más de 2 millones de metros cúbicos, lo que representa un paso significativo hacia la prevención de desastres y la adaptación climática.

    Un enfoque social y medioambiental

    Desde una perspectiva de izquierda ambientalista, los vasos reguladores no deben concebirse únicamente como grandes obras hidráulicas, sino como infraestructura social y ecológica. Esto implica diseñarlos como espacios que integren áreas verdes, corredores ecológicos y zonas de convivencia comunitaria.

    El agua, lejos de ser vista solo como un problema a contener, puede convertirse en el eje de proyectos de regeneración urbana y en un derecho garantizado colectivamente. Además, en zonas históricamente marginadas como Iztapalapa, estos proyectos tienen un fuerte componente de justicia ambiental, pues reducen la desigualdad en la exposición a riesgos de inundación.

    Retos y tensiones

    La viabilidad de estos proyectos enfrenta tres desafíos principales:

    1. Financiamiento: cada vaso de gran escala puede costar entre 500 y 900 millones de pesos. La inversión requiere coordinación entre gobierno local, federación y, en algunos casos, alianzas con organismos internacionales.
    2. Uso de suelo: varios de los predios previstos son terrenos ejidales o de conservación ecológica, lo que puede generar tensiones con comunidades locales y riesgos de desplazamiento si no se respetan los derechos de propiedad social.
    3. Carácter paliativo: aunque necesarios, los vasos reguladores no solucionan la crisis hídrica de fondo. La reducción de fugas en la red, la captación pluvial domiciliaria, la reforestación de áreas de recarga y la gestión equitativa del recurso son medidas indispensables para un cambio estructural.

    Hacia un modelo de ciudad resiliente

    Los nuevos vasos reguladores deben entenderse como parte de una estrategia de resiliencia climática y social. En una metrópoli marcada por la desigualdad, garantizar que las comunidades más vulnerables cuenten con protección frente a inundaciones es un acto profundamente político.

    Estos proyectos representan también la oportunidad de reconciliar a la ciudad con su memoria lacustre: reconocer que el agua fue, y sigue siendo, el pulso vital del Valle de México. Construir vasos reguladores es, en cierta forma, recuperar un fragmento de esa relación perdida.

    Conclusión

    La creación de nuevos vasos reguladores en la Ciudad de México constituye una apuesta urgente para enfrentar las lluvias intensas, el cambio climático y la desigualdad en la gestión del agua. Sin embargo, su verdadero valor radicará en que no sean solo obras de ingeniería, sino espacios de comunidad, naturaleza y justicia ambiental.

    El desafío es enorme: no basta con construir depósitos de agua, se requiere construir un proyecto de ciudad donde el agua sea un derecho y no un privilegio. En ese horizonte, los vasos reguladores son un paso hacia la dignidad urbana y la resiliencia popular.

  • Nada que Perder

    Nada que Perder

    Imagina despertar una mañana y darte cuenta de que ya no hay tierra firme bajo tus pies: la sequía ha consumido tu pozo, las lluvias nunca llegaron y tu comunidad ya no puede sembrar ni cosechar. O cómo el mar, implacable, avanzó lentamente hasta que tu hogar quedó bajo agua. No es una novela; es la realidad diaria que viven millones hoy. La migración climática ya es presente, y sus cifras nos llaman a actuar urgente.

    Crisis en números

    • 216 millones de personas podrían desplazarse dentro de sus países para el año 2050, impulsadas por la degradación ambiental, la escasez de agua, el hambre y el aumento del nivel del mar.
    • En América Latina, se estima que 17 millones estarían en esta situación hacia esa fecha.
    • 60,000 personas huyen cada día de sus hogares por efectos del cambio climático; las cifras se han duplicado en la última década.
    • Solo en 2023, 7.7 millones de personas quedaron desplazadas dentro de sus propios países por desastres climáticos repentinos como tormentas, inundaciones o incendios.
    • El nivel del mar también amenaza: 1.23 mil millones de personas viven actualmente en zonas a menos de 10 m sobre el nivel del mar, lo que las vuelve especialmente vulnerables.
    • En México, se proyecta que entre 1.4 y 6.7 millones de adultos podrían emigrar hacia EE.UU. para 2080 debido al deterioro de la productividad agrícola provocado por el cambio climático.

    ¿Cómo respondemos?

    1. Mitigación del cambio climático
    – Transición rápida hacia energías renovables (solar, eólica, geotérmica).
    – Reforestación y restauración de ecosistemas como manglares y humedales, que actúan como escudos naturales contra tormentas y erosión.
    – Reducción urgente de emisiones conforme a los objetivos del Acuerdo de París.

    2. Adaptación comunitaria
    – Implementar sistemas de riego eficiente, captación de agua de lluvia y cultivos resistentes a la sequía o salinidad.
    – Crear redes de alerta temprana, refugios seguros y programas de seguros agropecuarios ajustados al clima.
    – Apoyo a economías locales: turismo sostenible, producción comunitaria, cooperativas energéticas.

    3. Legislación con mirada humana
    – Reconocer jurídicamente a los migrantes climáticos internos, garantizando acceso a salud, educación, vivienda y empleo.
    – Desarrollar un Plan Nacional de Adaptación Climática que identifique zonas vulnerables, delimite estrategias con participación de comunidades y coordine recursos.
    – Establecer incentivos verdes: subsidios, microcréditos, fondos para tecnologías sostenibles en zonas rurales.
    – Promover un ordenamiento territorial con justicia social, donde la relocalización de poblaciones se realice con dignidad, servicios, empleo y participación comunitaria.
    – Incluir en la educación pública contenidos sobre cambio climático, migración y resiliencia.

    Un último llamado

    Estas cifras no están grabadas en piedra: con políticas decididas y justicia social, se podría reducir la migración climática en hasta un 80%. Pero sin acción, los desplazamientos seguirán en aumento, forzando a comunidades enteras a dejar atrás sus raíces.

    El título “Nada que Perder” resume esta tragedia y nuestra invitación: actuar antes de que no quede ningún hogar que salvar.