Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló este martes que una auditoría al Fobaproa expuso omisiones del expresidente Ernesto Zedillo por 80 mil millones de pesos. Según Gómez, el exmandatario “regaló” 100 mil millones de dólares a grupos adinerados durante la crisis bancaria de los noventa.
“El Fobaproa transformó deuda privada en pública. Zedillo protegió intereses de banqueros, no de ciudadanos. Seguimos pagando ese costo”, denunció el funcionario en redes sociales. Los señalamientos reviven el debate sobre el rescate financiero más polémico de México, que en 1998 convirtió pérdidas de instituciones en deuda estatal.
Para Zedillo no debería ser una historia antigua: cada peso que falta en hospitales o escuelas tiene origen en esos saqueos. La polémica resurge mientras el gobierno actual promete “justicia fiscal”.
En un operativo conjunto entre autoridades federales y capitalinas, fueron aseguradas alrededor de 40 toneladas de autopartes de procedencia ilícita dentro de un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La acción fue resultado de investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), derivadas de diversos reportes relacionados con el robo de vehículos y autopartes. Con base en dichas indagatorias, se identificó una propiedad en el barrio San Lucas que, presuntamente, era utilizada para almacenar piezas y accesorios automotrices obtenidos de manera ilegal.
En seguimiento al robo de las piezas de un vehículo estacionado en Ciudad Universitaria y la detención de dos hombres presuntamente relacionados con dicho evento, el pasado 24 de marzo, luego de realizar trabajos de investigación, compañeros de @SSC_CDMX y @PDI_FGJCDMX ejecutaron… pic.twitter.com/Le5it2nGzC
Una vez librada la orden de cateo por parte de la autoridad judicial, elementos de la SSC y agentes federales se movilizaron al inmueble señalado. Al interior, fueron halladas placas de circulación del estado de Oaxaca con reporte de robo, así como numerosas autopartes con los números de serie borrados, lo que refuerza la sospecha de que el sitio operaba como un centro de acopio de componentes robados.
“El predio fue asegurado y quedó bajo resguardo policial, mientras que los objetos confiscados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias”, informó la SSC mediante un comunicado oficial.
Durante la mañanera del pueblo de este martes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó sobre la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que ratificó el amparo otorgado por la Jueza Décima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México a Inés Gómez Mont Arena y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, ordenando eliminarlos de la Lista de Personas Bloqueadas.
El fallo permite a ambos utilizar nuevamente el sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión vigentes por parte del Ministerio Público.
El 4 de marzo de 2025, la UIF acató la resolución judicial y giró instrucciones para reanudar todos los servicios financieros de los involucrados.
“La orden del Poder Judicial de eliminar de la lista de personas bloqueadas a Inés Gómez Mont Arena y a Víctor Manuel Álvarez Puga les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el Ministerio Público cuenta con orden de aprehensión en contra de ambas personas”, señaló Pablo Gómez.
El titular de la UIF recordó que la Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento preventivo, cuya función es frenar la circulación de recursos de presunta procedencia ilícita dentro de la economía nacional. Desde el inicio del sexenio y hasta marzo de 2025:
Se han incorporado a la Lista un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 morales.
Han sido desincorporados 910 personas físicas y 360 morales.
Actualmente, se mantienen 6,545 sujetos bloqueados.
Se han bloqueado recursos por 32,500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros.
Asimismo, se han desbloqueado:
23,575 millones de pesos por resolución judicial
82.4 millones de pesos por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo
5,061 millones de pesos por resolución directa de la UIF
Respecto a los antecedentes del caso, Gómez Álvarez explicó que tanto Gómez Mont como Álvarez Puga están acusados “de una serie de fraudes en el sistema de prisiones, [pues] se cometieron una serie de falsas obras, ganaron mucho dinero […] de tal manera que la justicia los empezó a perseguir […] y entonces se fueron a vivir a Estados Unidos”. Añadió que ambos han logrado evadir su extradición hasta el momento, aunque el Estado mexicano continúa con los esfuerzos para que enfrenten la justicia.
De manera contundente, el funcionario aseguró que “el Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México, eso no es justo”, subrayando la necesidad de reformas legales que fortalezcan la lucha contra el lavado de dinero.
La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó lo dicho por el titular de la UIF, al asegurar que “cuando hay evidencia en la UIF de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta”, pero lamentó que “las personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en los juicios de fondo, les liberan las cuentas los jueces”. Detalló que, por instrucciones del Poder Judicial, se han liberado más de 35 mil millones de pesos, lo que ha debilitado las acciones preventivas.
Finalmente, la mandataria adelantó que “además de lo que va a ocurrir el 1 de junio”, su administración ya trabaja en modificaciones legales para evitar que los recursos de cuentas congeladas puedan ser liberados sin una resolución de juicio definitiva, reforzando así el sistema de inteligencia financiera frente al crimen organizado.
El Gobierno de la Ciudad de México, presentó el informe de seguridad correspondiente a los dos meses de administración de la jefa Clara Brugada.
En el evento, Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detalló que del 5 de octubre al 15 de diciembre se registraron 16 feminicidios de los cuales se han detenido a 18 personas.
El fiscal explicó qué estos datos muestran una reducción del 30 por ciento.
En el caso de robo a transportistas la incidencia delictiva disminuyó 86.8 por ciento, en comparación con lo denunciado en 2019; el secuestro disminuyó 84.1 por ciento y el robo a repartidor bajó en un 79.6 por ciento.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que estos resultados son producto de la atención a las causas y detalló qué no solo se ve reflejado en la disminución de la incidencia, si no, en el aumento de la percepción de seguridad.
En 2019, 9 de 10 ciudadanos se sentían inseguros, gracias al trabajo que se ha hecho la percepción de seguridad mejoró. Hoy 40 de 100 ciudadanos se siente seguro, es decir aumento un 50 por ciento”, detalló la mandataria capitalina.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vazquez, relato que del 5 de octubre al 8 de diciembre fueron detenidas mil 121 con 891 remisiones y se han efectuado 92 acciones operativas, de las cuales 31 fueron en compañía de otras instancias de seguridad del Gobierno de México.
La actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciada en 2020, en la que están implicados el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y su entorno cercano, incluidos familiares y socios empresariales.
La investigación, ahora encabezada por Pablo Gómez, titular de la UIF, explora presuntos fraudes y desvíos de fondos públicos relacionados con las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, periodos en los que gobernaron Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez. La UIF examina operaciones sospechosas que habrían desviado al menos 724 millones de pesos a empresas médicas como Clínica Wong y Axioma, propiedad de la familia Gallardo.
Recientemente, se detectaron movimientos en la Secretaría de Salud del estado, donde Ymuri Vaca y Juan Carlos Negrete, quienes ocupaban puestos clave y estaban relacionados con las empresas investigadas, fueron destituidos abruptamente, presuntamente al descubrirse la reactivación de la investigación.
Además, el Ministerio Público federal envió una solicitud a la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí para que informe sobre propiedades y bienes de la familia Gallardo, incluidos domicilios, antecedentes penales y registros de propiedades. Los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez también recibieron solicitudes de información respecto a estos presuntos casos de corrupción.
El gobierno federal ha extendido la investigación a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y es señalado como uno de los responsables de la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz, quien lo había denunciado por intentos de extorsión. Torres, además, acumula propiedades y bienes de lujo en su localidad natal, Tierra Nueva.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, recordó el movimiento estudiantil de 1968, destacando que se trató de un “movimiento nacional […] por las libertades democráticas, en contra del régimen de represión política que existía”.
Desde la primera mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, hizo alusión a los movimientos previos de ferrocarrileros, maestros, telefonistas y telegrafistas, los cuales “fueron reprimidos violentamente por la fuerza pública” y cuyos líderes fueron encarcelados bajo acusaciones de disolución social.
Gómez Álvarez subrayó que el movimiento de 1968 exigía “diálogo público” y denunció las diversas narrativas que los adversarios del movimiento han promovido. Entre ellas, mencionó la idea de que fue “una provocación”, una “conspiración internacional fraguada en La Habana”, o una “manipulación de políticos”. Para Gómez Álvarez, “los enemigos del 68 eran los que no son demócratas”, quienes veían en las libertades democráticas una amenaza de ingobernabilidad, una creencia que él calificó de “gran mentira”.
#MañaneraDelPueblo | "La vigencia del movimiento estudiantil de 1968 ha sido en estos 56 años totalmente legitima. Muchos recogieron el mensaje y el objetivo del movimiento, las libertades democráticas. Parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese… pic.twitter.com/Ad5X4mauhJ
En referencia a la matanza del 2 de octubre, señaló que “fue ordenada obviamente por el jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República”, y denunció que los presos políticos de 1968 fueron presentados como responsables de la tragedia. “De ese tamaño era la perversidad del poder político de entonces”, afirmó, recordando además que el Poder Judicial los sentenció a 16 años de prisión, aunque posteriormente el Congreso les otorgó una amnistía.
Finalmente, Gómez Álvarez destacó la importancia y legitimidad del movimiento estudiantil en los últimos 56 años, vinculándolo con el surgimiento de la Cuarta Transformación (4T), afirmando que “la 4T proviene en gran medida del mensaje, de la acción, de la práctica y de la continuidad del movimiento estudiantil de 1968”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, este domingo por la mañana, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue dado de alta del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.
Además la dependencia federal sostuvo que Gómez Álvarez “se encuentra bien y en su casa”, luego de su ingreso al nosocomio, este pasado 6 de julio, que se ubica en la Ciudad de México, por una taquicardia provocada por deshidratación.
Esta mañana, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, egresó del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Gómez Álvarez se encuentra bien y en su casa.
Indica el comunicado del SHCP.
La misma SHCP desmintió que Pablo Gómez Álvarez sufrió un “infarto”, sino que ingresó por una taquicardia y se abundó que permanecería en el hospital para monitorear su salud, aunque el funcionario federal se mantenía estable.
Este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en Palacio Nacional para informar sobre una investigación que se realiza en contra de Latinus por presunta operación con recursos de procedencia ilícita y de la corrupción, y en la cual se revela que el experto en montajes, Carlos Loret de Mola, cobró más de 11 millones menos de 4 años.
Una tabla presentada por el Presidente López Obrador y previamente revelada por Pablo Gómez, da muestra que del año 2020 a enero del 2024, Carlos Loret de Mola recibió la cantidad de 11 millones 927 mil 364 pesos por parte de Latinus.
Sin embargo, Loret de Mola no es el único vocero de la derecha que recibió fuertes cantidades de dinero por parte de Latinus, y que se investiga, son producto de millonarios desvíos de dinero de gobiernos estatales que debieron ser invertidos en salud y medicinas para el pueblo.
En la lista también aparecen nombres de personajes como Víctor Trujillo “Brozo”, que en el mismo periodo de tiempo cobró 220 mil pesos; Lorenzo Córdova, que recibió la cantidad de 952 mil pesos y Denise Dresser, que fue acreedora de 604 mil pesos.
Pablo Gómez revela que Latinus presuntamente es financiado con triangulaciones de recursos publicos destinados a la salud
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”. Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, en donde desmintió que haya alguna investigación en contra de Carlos Loret de Mola o de Víctor Trujillo, intérprete del payaso “Brozo”.
“La UIF tiene acceso a todos los reportes y a todos los avisos que se producen. En este marco, obviamente, que la UIF recibe, ha recibido y recibirá inevitablemente información de Carlos Loret de Mola y de la persona que es su socia en su propia empresa”.
Mencionó
Sin embargo, el titular de la UIF mencionó que sí hay una investigación contra Latinus desde hace varios años por los presuntos delitos de corrupción y delitos con recursos de procedencia ilícita que presuntamente ha realizado el consorcio.
#ConferenciaPresidente | La #UIF no realiza persecuciones. El artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos… pic.twitter.com/UXbzWR9W27
“Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la UIF, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, es otra cosa”.
Señaló
Como parte de la información presentada sobre LatinUs, se indicó que está compuesto por cinco empresas. LatinUs Media Group, constituido en 2020 y que tiene como representante a Christian González Guadarrama. Además, hay otras empresas, dos de las cuales son utilizadas como “instrumentales” para cobrar a través de entidades públicas.
“El dinero proviene, de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud de estados de México, Michoacán e Hidalgo” y cuyas sumas ascienden a más de 2 mil 400 millones de pesos.
Ingresos de los colaboradores y empresas a quienes paga @latinus_us mediante triangulaciones de dinero proveniente de varios presupuestos estatales que deberían de destinaron a servicios de salud y medicamentos, y termina siendo utilizado en pagarle a @CarlosLoret a… pic.twitter.com/1r5VC3k8wP
Pablo Gómez mencionó también que la denuncia contra Latinus es por presunto lavado de dinero y vinculado a la corrupción y data del 20 de mayo de 2021, por lo que no es un asunto reciente, como acusan los conservadores que siguel la tónica de la “persecusión”.
Finalmente el funcionario mencionó que no hay persecuciones, ya que el artículo 6° y 7° de la Constitución es aplicable para todos. El Gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia mediante medios judiciales. El nivel de respeto para difundir ideas en este país, ¡nunca lo habíamos tenido!
“La generación que luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ante las personas que se dedican a la calumnia y hacen de ello un negocio”.
Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró una vez más que su administración no persigue ni a periodistas ni a nadie en general, por lo que mencionó que el comunicador Carlos Lorer de Mola no debería tener preocupación alguna.
Cabe mencionar que desde hace algunas semanas, el presentador de Latinus acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó una serie de investigaciones contra él, su esposa, Berenice Yaber y Víctor Trujillo, conocido como el payaso “Brozo”.
AMLO mencionó que si su gobierno cometiera esas prácticas, serían incongruentes e indignos, además de que se traicionaría a ellos mismos, pues recordó que varios dirigentes de la 4T fueron espiados en el pasado.
En el mismo sentido mencionó que el día miércoles 3 de julio se presentará en Palacio Nacional Pablo Gómez, para explicar que no hay investigación contra ninguno de los personajes de Latinus.
“Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias. ¿Vamos a hacer eso, lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estiramos traicionando a nosotros mismos y eso nunca, jamás, claro no es que se les esté investigando, nada de eso”.
