La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso como nominada a María del Carmen Bonilla Rodríguez, para ocupar el cargo de subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, vacante desde hace cinco meses tras la salida de Édgar Amador.
Junto con Bonilla, también fue propuesto Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en sustitución de Pablo Gómez. La Tercera Comisión de la Permanente tiene previsto llamar a ambos para comparecer el próximo 13 de agosto, día en el que podrían ser ratificados.
Estos nombramientos llegan a un mes de que la Secretaría de Hacienda presente el Paquete Económico 2026, el cual será el primero elaborado íntegramente bajo la administración de Sheinbaum.
Egresada de la Universidad Anáhuac del Sur, Bonilla suma más de una década en el sector financiero, con experiencia en HSBC, Santander y Remate BGC México, especialmente en derivados y finanzas internacionales. Es actual titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales desde 2021, ha gestionado la deuda pública federal y ha impulsado operaciones premiadas internacionalmente por su refinanciamiento.
De ser ratificada, sería la segunda mujer en la historia en ocupar la subsecretaría de Hacienda, después de Vanessa Rubio (2016-2018).
La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó este lunes el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, con el objetivo de abrir un proceso de consulta y análisis ciudadano para proponer cambios al sistema electoral en México.
A través de un mensaje en “X”, la mandataria detalló que la Comisión organizará foros, debates y audiencias públicas en todo el país, además de consultas presenciales y en línea, encuestas de opinión y elaboración de propuestas. Entre los temas a discutir están: financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, voto electrónico, representación proporcional, libertad de expresión y regulación de la propaganda gubernamental.
Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia. pic.twitter.com/JiWfgUeWjK
Sheinbaum aclaró que no habrá recursos extraordinarios para su operación: “Si acaso, cuando se realicen los foros, vamos a pedir apoyo a gobiernos estatales y municipales”. También afirmó que la participación estará abierta a legisladores, partidos, consejeros del INE, organizaciones y ciudadanos.
En la reunión que tuvo la Presidenta estuvieron Pablo Gómez, coordinador general; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores Presidenciales; y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno.
La Comisión deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles y entregará sus conclusiones a la Presidencia en enero de 2026.
Durante la Conferencia Mañanera del lunes 11 de agosto, Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, detalló la iniciativa propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, publicada el 4 de agosto. El decreto tiene como eje central fomentar la participación ciudadana en la transformación del marco electoral.
Gómez destacó que la comisión convocará a la población a expresar su opinión sobre las reformas necesarias y realizará análisis técnicos para guiar los cambios. Para ello, se integrarán grupos de trabajo especializados y se expedirá un reglamento interno que regule la operación del organismo.
La comisión está vinculada a diversas dependencias del Ejecutivo federal, con la coordinación directa de:
Pablo Gómez, coordinador general.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Ernestina Godoy Ramos, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia.
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores Presidenciales.
Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno.
Según Pablo Gómez, México atraviesa una etapa de cambios que busca consolidar el bienestar social y ampliar los derechos, con reformas constitucionales que transforman las instituciones para fortalecer la democracia.
La comisión promoverá un diálogo permanente abierto a toda la ciudadanía, no solo a políticos, para construir una reforma electoral incluyente. El plan de trabajo contempla consultas públicas y debates sobre temas clave como libertades políticas, representación popular, sistema de partidos y financiamiento.
Cualquier persona podrá participar a través del portal web oficial de la comisión, donde se publicarán las consultas y se convocará a debates públicos en la sede de la Secretaría de Gobernación. El programa de actividades se dará a conocer con anticipación para garantizar la cobertura de medios.
Las conclusiones de este proceso serán entregadas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2026, marcando un paso fundamental en la transformación electoral de México.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, confirmó su disposición para colaborar con la comisión gubernamental que prepara la iniciativa de reforma electoral, liderada por Pablo Gómez. Destacó que esta participación no afectará la autonomía del INE.
“¿Buscaremos a Pablo Gómez? Por supuesto. Queremos conocer su programa y aportar desde nuestro carácter técnico para incidir en el proceso”, afirmó Taddei, subrayando que el diálogo respeta la institucionalidad y autonomía del órgano electoral.
Sobre el presupuesto, la consejera defendió la solicitud del INE para 2025, cercana a 20 mil millones de pesos, necesaria para organizar elecciones, emitir credenciales y proteger datos del padrón electoral. Además, recordó que este año se entregaron casi 8 mil millones en prerrogativas a partidos políticos.
Respecto a la posible reforma, Taddei pidió cautela y prudencia, ya que aún no se conoce el proyecto completo. Destacó que, aunque se habla de temas como la eliminación de plurinominales, reducción del financiamiento a partidos y supresión de organismos locales electorales, aún faltan detalles sobre la metodología y temario.
Finalmente, propuso que para las elecciones de 2027 los comicios ordinarios y los del Poder Judicial no se celebren el mismo día, sugiriendo aplazar los segundos tres meses para evitar complicaciones logísticas y presupuestales.
El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, alertó que los líderes de partidos controlan 200 asientos plurinominales en San Lázaro y 32 en el Senado, monopolizando así la representación política.
Durante un pódcast de Morena, Gómez propuso diseñar un nuevo sistema de partidos, más responsable y conectado con sus afiliados, que responda a las necesidades actuales de México y elimine los vicios del modelo vigente.
El funcionario destacó que la reforma no se centra solo en las plurinominales, sino en garantizar una representación popular más auténtica en todos los órganos del país. Aseguró que con la mayoría en el Congreso, se han logrado avances significativos, como la elección de jueces, un objetivo histórico plasmado en la Constitución de Apatzingán.
Gómez explicó que la reforma electoral debe evitar los errores de la reforma de 1977, la cual con el tiempo acumuló distorsiones como el exceso de prerrogativas y la mala comunicación entre partidos y ciudadanos.
Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y sectores sociales a participar activamente en el proceso, dejando atrás temores infundados sobre una supuesta regresión autoritaria, y a debatir abiertamente sobre el futuro del sistema electoral mexicano.
Con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez —figura histórica de la izquierda mexicana— ha sido designado para encabezar la transformación del sistema político-electoral del país. Asegura que esta propuesta no repetirá el “Plan A” de López Obrador y que la ciudadanía será consultada directamente para definir el rumbo de los cambios.
“Vamos a ejercer nuestra fuerza política, no será un pacto de cúpulas”, declaró Gómez en una entrevista para El País, dejando claro que se buscará escuchar todas las voces, pero sin que ello impida que la mayoría gobernante avance con firmeza. El objetivo, dijo, es claro: una reforma de Estado, que transforme la representación popular, el financiamiento de partidos y la estructura de las autoridades electorales.
Entre los puntos clave que se analizan están la posible desaparición de los plurinominales, la eliminación del fuero constitucional, la reducción del gasto público en partidos y hasta la elección popular de consejeros del INE. Además, Gómez propone implementar primarias obligatorias para definir candidaturas, como ya ocurre en otros países.
Respecto a las críticas de la oposición y partidos aliados, Gómez fue enfático: “No habrá encerronas de cuatro personas que decidan por todo México. Todos serán invitados al debate, pero la decisión final la tomará la mayoría con base en lo que el pueblo diga”.
Aunque aún no hay un borrador oficial, el diseño de la iniciativa ya está en marcha. La comisión que coordina Pablo Gómez presentará su plan de trabajo la próxima semana. El consenso con partidos como el PVEM y PT será clave, pero Gómez confía en convencerlos de que el país necesita una transformación real del sistema electoral.
“No se va a tocar la autonomía del INE, pero sí se va a discutir cómo funciona. Esta reforma no es un retroceso democrático; es una exigencia del pueblo”, concluyó. Así, México se encamina a una de las reformas más profundas de los últimos tiempos.
Consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieron ser incluidas y escuchadas en la elaboración de la próxima reforma electoral, subrayando que el organismo cuenta con la experiencia y elementos técnicos clave para mejorar el sistema electoral.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, la creación de una comisión presidencial, encabezada por Pablo Gómez, fue bien recibida, aunque la consejera Carla Humphrey insistió en que la reforma no debe imponerse desde un escritorio, sino construirse con la participación de partidos, academia y el propio INE.
Humphrey destacó la importancia de analizar temas como la regulación de campañas digitales, el voto electrónico, padrones digitales y la incorporación de la CURP con datos biométricos, asuntos que requieren diálogo con expertos y recursos adecuados para el árbitro electoral.
La consejera Norma de la Cruz hizo un llamado a la ciudadanía para exigir a sus representantes una reforma que responda a sus demandas y no a intereses políticos. Por su parte, Claudia Zavala insistió en que la reforma debe ser consensuada con la sociedad civil y no solo con actores políticos, para garantizar reglas claras sobre la transición del poder y los pesos y contrapesos.
En cuanto a la posible reducción o eliminación de candidaturas plurinominales, Zavala defendió el pluralismo político como base para la inclusión de partidos minoritarios, fundamentales para representar diversas voces y garantizar la equidad política.
Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Reemplazará a Pablo Gómez, quien asumió la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el nombramiento y destacó la trayectoria de Reyes Colmenares. Mencionó que es un hombre inteligente y con un excelente perfil en temas de inteligencia.
Omar Reyes fue parte del equipo de Sheinbaum cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se acompañará como titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum comentó que Reyes Colmenares debe pasar por la Comisión Permanente para su aprobación. La mandataria confía en su experiencia y capacidades en el nuevo cargo.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclaró esta mañana, durante la Mañanera del Pueblo de este viernes 23 de mayo, que la sentencia que le dictaron ayer a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y a su esposa Cristina Pereyra, son de carácter individual. O sea que cada quién va a pagar lo que debe al gobierno de México.
Esta pareja de delincuentes deberán pagar 727 millones 925 mil 523 dólares y 585 millones 26 mil 666 pesos al gobierno mexicano, que representa la devolución de lo que ellos mismos robaron a través de su esquema de contrataciones ilegales.
Y por si esto no fuera suficiente, Pablo Gómez detalló que la pareja aún deberá enfrentar otro proceso más en su contra. Lo que muy probablemente, significará otra sentencia para García Luna y Cristina Pereyra.
El titular de la UIF, destacó que la transición de nuestro país vino hasta 2018 y es por esa razón que el día de hoy se está abordando el tema, porque de no ser así, de seguir bajo gobiernos neoliberales, no se habría sabido nada.
También destacó Pablo Gómez que la jueza Lisa Walsh, que fue quien dictó sentencia a la pareja en Florida, Estados Unidos, fue elegida en una votación popular.
Así es como García Luna está pasando por su segunda sentencia en los Estados Unidos; principalmente condenado a 39 años de prisión por sus nexos con el “Cártel de Sinaloa” y llenarse las manos con sobornos. Ahora, en la segunda, deberá regresar lo que robó al gobierno de nuestro país a través de sus contrataciones ilegales y demás movimientos ilícitos y como ya lo adelantó Pablo Gómez, no ha terminado aquí sus deudas con la justicia.
Durante la mañanera del pueblo de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, exhibió la corrupción del expresidente Ernesto Zedillo, a quien señaló de haber mentido al asegurar que la auditoría del Fobaproa fue transparente y sus resultados fueron entregados. “Miente feo”, dijo sin rodeos.
El funcionario reveló que lo único que se entregó en su momento fue “un disco encriptado” con cinco llaves distribuidas entre los partidos políticos, pero que “el PAN entregó una llave distinta”, impidiendo el acceso total a la información. Además, leyó en vivo la leyenda de confidencialidad contenida en el documento, que evidencia el carácter reservado y la voluntad explícita de ocultamiento:
“Al momento en que usted tenga acceso a la información confidencial mediante el uso de las claves o contraseñas […] se obliga a: 1) preservar la confidencialidad de la información confidencial, 2) utilizar la información confidencial exclusivamente para los fines previstos en los artículos 5° y 7° transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 3) abstenerse de divulgar por cualquier medio dicha información. En caso de que llegara al dominio público, las instituciones de crédito y sus clientes podrían sufrir daños irreparables”.
Con este testimonio, Gómez Álvarez desmontó la narrativa del PRIAN que ha intentado justificar la deuda del Fobaproa durante casi tres décadas. Recalcó que la decisión del gobierno de Zedillo no fue abrir los datos a la ciudadanía, sino “que no se supiera nada”.
El Fobaproa: fraude legalizado contra el pueblo
Gómez detalló que la operación del Fobaproa consistió en fondear a los bancos que enfrentaban dificultades por cartera vencida, pero terminó por convertir deudas privadas en deuda pública, lo cual “no era su función”, ya que el fideicomiso se diseñó como un seguro para proteger el ahorro bancario, no para rescatar banqueros ni empresarios morosos.
“No se informó nada a la Cámara de Diputados, estaban simplemente regalando dinero”, sentenció. Dijo que existían alternativas viables, como adquirir acciones de los bancos quebrados, pero se eligió la vía más onerosa para el erario: socializar las pérdidas.
La deuda del Fobaproa, subrayó, “se paga todos los días en México”, y su aceptación fue inconstitucional, producto de una red de complicidades entre el gobierno de Zedillo, el PRI y el PAN.
Documentos entregados a la Presidencia
En un gesto simbólico pero contundente, Pablo Gómez entregó a la Presidenta Claudia Sheinbaum los documentos que prueban cómo se intentó ocultar la información del Fobaproa. Afirmó que fueron las y los legisladores de izquierda quienes sacaron a la luz parte del contenido, mientras que el PRI y el PAN actuaron para ocultarlo deliberadamente.
Incluso reveló que el 23 de marzo del año 2000, el Pleno de la Cámara de Diputados recibió una propuesta para deslindarse de toda responsabilidad sobre la publicación de las operaciones reprobables, declarando que únicamente el IPAB podía hacer uso de la información confidencial.
Gómez mostró un reporte oficial con el registro de las carpetas de investigación abiertas en torno al Fobaproa, de las cuales muchas fueron cerradas por amparos, desistimientos del Ministerio Público o simplemente declaradas como “no delito”.
Negó que la auditoría se hubiera realizado con transparencia, como sostiene Zedillo: “La decisión no fue que fuera transparente, sino que no lo fuera”. Además, denunció que el PAN fue cómplice al reconocer la deuda del Fobaproa y negar el contenido del documento encriptado, pese a que lo tenían en su poder.
“Proteger a los ricos y poderosos”
Cerró su intervención con una sentencia firme: “Se lo volvemos a presentar al pueblo de México, a través de su Presidenta, como testimonio de lo que hicieron innecesariamente para proteger los intereses de los grandes ricos y poderosos de este país”.
