La Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federal de Toluca, Raquel Duarte Cedillo giró una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada en contra de los 8 militares que se encuentran bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
De acuerdo con El Financiero, el abogado de los soldados, Alejandro Robledo, les señaló que los militares ya se habían entregado para hacer frente a las acusaciones con esta nueva orden de aprehensión.
El pasado 21 de enero, se les había beneficiado con el cambio de la medida cautelar a los militares Gustavo Rodríguez, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares, Roberto de los Santos, Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo, para que pudieran enfrentar su proceso en libertad.
Esto en cumplimiento a una sentencia de amparo que determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no presenta la pruebas suficientes como para mantener la prisión preventiva oficiosa.
Cabe destacar que en ese momento la FGR y el Gobierno de México manifestaron su rechazo a la determinación judicial que otorgaba a los 8 militares libertad condicional, señalando que no se consideraron el derecho de la víctima y sus familiares.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México detuvo Sherlyn “N”, que es investigada por su presunta participación en la desaparición de 4 trabajadores de una bodega expendedora de pollo ubicada en el municipio de Toluca, el pasado 22 de diciembre.
A través de un operativo en conjunto entre elementos de laFiscalía Estatal con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron orden de aprehensión.
La Fiscalía informó que esta persona fue detenida en el municipio de Ixtapaluca y que tras su detención fue ingresada a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social estatal para que la Autoridad Judicial determine su situación legal.
Una vez más, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó la protección de la justicia federal ante cualquier posibilidad de que en los últimos días se haya librado una nueva orden de aprehensión o de detención en su contra.
El pasado 6 de diciembre, los representantes legales del ex funcionario presentaron un nuevo recurso de amparo, expediente que se encuentra en manos del juzgado séptimo de distrito en esa materia.
El juicio de amparo señala, de acuerdo con los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que existe la posibilidad que un juez con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hubiera girado una nueva orden de aprehensión en su contra en los últimos días.
Lo anterior, luego de que el pasado 11 de noviembre la juez federal Ana Lilia Osorno Arroyo determinó que “improcedente la acción de extinción de dominio” ejercida por la Fiscalía General de la república (FGR) respecto de la residencia que se localiza en la colonia Lomas de Bezares en la Ciudad de México, la cual se encuentra asegurada por el Ministerio Público federal como parte de los procesos que se siguen en contra de Lozoya Austin por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht y la compra que hizo Pemex de la empresa Agronitrogenados.
“El hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012 esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio”, señala la resolución de la juzgadora.
Respecto del amparo solicitado con número de expediente 1084/2023, el juzgado séptimo de distrito concedió al ex funcionario una suspensión provisional para el efecto de que de que no se ejecute algún mandato de detención que no merezca prisión preventiva oficiosa.
La medida cautelar prevalecerá hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, es decir, que se conozca si existe algún nuevo mandamiento en contra de Emilio Lozoya.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protegió, una vez más, al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya que una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión en su contra que se giró luego de que fuera señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La jueza del Octavo Distrito con sede en Tamaulipas, Adriana Yolanda Vega, concedió un amparo que ordena a un juez de control que cancele la orden de captura y emita una nueva determinación donde señale que no existen los delitos que se le imputan al ex mandatario estatal.
“Por ende, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México (Enrique Beltrán Santes), con residencia en Almoloya de Juárez, en la causa penal **** de su índice, deberá realizar lo siguiente:
“1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de 4 de octubre de 2022; y 2. Dicte una nueva resolución, en la que con sujeción a los argumentos expuestos, establezca que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que (Cabeza de Vaca) los cometió o participó en su comisión”, detalla la sentencia.
Cabe señalar que, en febrero pasado, el juez federal, Faustino Gutiérrez ordenó a Enrique Beltrán Santes, dejar sin efecto la orden de captura y que dictara una nueva resolución.
Ahora, la jueza compartió los mismos criterios del juzgador, tras asumir la titularidad de dicho juzgado.
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una segunda orden de aprehensión en contra del ex coordinador Simón Pedro de León Mojarro de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles.
El exfuncionario está acusado de cometer el delito de ejercicio indebido del servicio público, y durante la audiencia inicial solicitó la duplicidad del término para que el próximo domingo se determine su situación jurídica.
Por su parte, el Ministerio Público Federal lo imputó por firmar un contrato con una Universidad Autónoma de Zacatecas por un monto superior a 55 millones de pesos.
Presuntamente, el excoordinador de Sedesol ganó un amparo contra el cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita tras firmar un contrato con la Universidad Autónoma de Morelos por un monto superior a 22 millones de pesos.
Actualmente se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Sur por otra causa penal. La semana pasada un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.
Un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a León Mojarro en 2019 por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.
Por ello, en ese entonces la FGR lo acusó de ocasionar quebranto de 124 millones 100 mil pesos a la hacienda pública, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en noviembre de 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó qué el fiscal de Morelos, Uriel “N”se mantendrá en reclusión.
A través de redes sociales, la dependencia de Gobierno aclaró algunas notas periodísticas qué decían que el servidor público quedaría en total libertad.
La Fiscalía capitalina señaló que existió una confusión pues tras cumplimentarse una tercer orden de aprehensión en su contra, un Juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva por lo que fue que por la segunda orden este quedó en “libertad”.
“Con relación a versiones periodísticas que señalan que el servidor público de Morelos Uriel “N” quedará en inmediata libertad, la #FiscaliaCDMX informa que dicha persona permanecerá interna, ya que la resolución judicial a la que se hace alusión en diversos medios, fue dictada el pasado viernes y está relacionada al segundo proceso penal que se sigue en su contra. No obstante, ese mismo día se le cumplimentó una tercera orden de aprehensión y el sábado en audiencia inicial, un juez de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva”, se lee en un texto que escribieron en redes sociales.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó la detención de un servidor público de la Fiscalía de Morelos, debido a su presunta responsabilidad en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
Agentes de la Fiscalía capitalina culminaron la orden de aprehensión contra el servidor público en un operativo conjunto con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos.
Hasta el momento la Fiscalía capitalina no ha revelado el nombre del detenido, sin embargo, datos extraoficiales refieren que el servidor público pertenecería al Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos.
El funcionario, según trascendió, fue trasladado a la Ciudad de México y destinado al Reclusorio de Hombres de Oriente, donde ya se encuentra a disposición de las autoridades judiciales.
Feminicidio de Ariadna Fernanda
En noviembre de 2022, la joven Ariadna Fernanda, de 27 años, fue encontrada muerta en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos.
La mujer asesinada fue vista por última vez en un restaurante de la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, un día antes de ser hallada sin vida.
Por este caso, el ex fiscal de Morelos, Uriel “N”, enfrenta varias acusaciones ya que autoridades de la CDMX señalaron que el fiscal emitió declaraciones públicas falsas y maliciosas que contribuyeron a la discriminación de género y la revictimización de la familia al afirmar que la muerte se debió a una “grave intoxicación alcohólica y broncoaspiración”, excluyendo la posibilidad de causas externas, como concluyó el Ministerio Público.
El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara emitió un mensaje respecto a la investigación contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, la cual se dio luego de la muerte de la joven Ariadna Fernanda, pues no fue reconocida por la Fiscalía de esa entidad, como un feminicidio.
En ese sentido, esta tarde, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron, una nueva orden de aprehensión en contra de Uriel “N”, por su posible participación en la comisión del delito de feminicidio, en su calidad de auxiliador.
Lara informó que el servidor público de Morelos fue notificado del mandamiento judicial en su contra y le fueron leídos sus derechos constitucionales, con apego a los protocolos de actuación policial.
Del análisis de los datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, se desprendió que el imputado Uriel “N” ostentó diversos cargos públicos en esa entidad, como Notario Público y a últimas fechas como Fiscal General de Justicia del Estado. Y precisamente en esas funciones, firmó un protocolo de actuación para aquellos casos en que se tratara de una investigación por el delito de feminicidio.
No obstante, luego de conocer del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, este no aplicó el citado protocolo y, además, hizo diversas declaraciones en las que hizo patente que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio.
“Ese desvió de la información posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito, Rautel “N” y Vanessa “N”, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho”, señaló en su mensaje.
Por ello, fue notoria la ayuda a los posibles responsables, al no existir en el estado de Morelos, investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local, en lo que se conoce como auxiliar del delito.
Bajo esta figura de posibles auxiliadores, se encontró que servidoras y servidores públicos de aquella entidad, quienes posiblemente contribuyeron a desacreditar que se tratara de la comisión de un delito de feminicidio.
Lo anterior, luego de que posiblemente, el Informe Policial Homologado fue modificado, se emitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de la víctima y no se aplicó el citado protocolo interno, que su propio titular emitió, así como los tratados internacionales, los principios y el derecho positivo sobre esa materia.
Lara también puntualizó que la investigación obedece específicamente a la búsqueda de justicia y no tiene ningún tinte de otro tipo.
El amparo del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vacaserá revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, teniendo como presentador al juez Mauricio Fernández De la Mora, lo que reactivará la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con una ficha informativa, la Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas, revoca la sentencia que le había concedido amparo a García Cabeza de Vaca, y con el cual se había dejado insubsistente la orden de aprehensión en su contra.
El referido juicio de amparo deberá reiniciarse a la luz de este nuevo fallo, manteniendo la vigencia de la orden de aprehensión contra el citado exgobernador.
Fue el 27 de febrero pasado que el exgobernador de Acción Nacional obtuvo un amparo para cancelar la orden de aprehensión en su contra.
Cabe decir que contra García Cabeza de Vaca hay cuatro denuncias: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada.
La semana pasada comenzaron las audiencias para definir la situación legal que se está llevando en contra del exgobernador de Chihuahua , César Duarte, quien al trasladarse a la misma para continuar con su proceso legal fue recibido con una nueva orden de aprehensión girada en su contra, por el delito de peculado agravado, donde se presume que hubo un desvío de recursos públicos de por lo menos 120 millones de pesos.
Pese a que la defensa de Duarte argumentaba una serie de inconsistencias en la investigación, así como un tratamiento médico que debía llevar el exgobernador, las autoridades no permitieron que este llevará su proceso en libertad.
Cabe destacar que en las indagatorias de la investigación también se vería vinculado Antonio Tarín, quien se suicidó el pasado mes de abril.
Los delitos por los cuales se le acusan al ex gobernador serían peculado agravado y asociación delictuosa por desviar más de 96 millones de pesos entre el 2011 al 2014.
