La orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, fue frenada en seco, ya que un Tribunal Federal la declaró improcedente pues “carecía de legitimación jurídica para presentar el recurso de queja”.
Silvano Aureoles enfrenta cargos por presunta corrupción en la compra de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, incluyendo acusaciones de malversación de fondos, abuso de poder, asociación delictiva y manejo de recursos ilícitos.
El secretario Winyber Jiménez Navarrete del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) presentaba una queja infundada y carente de legitimación jurídica, por lo que mantiene la suspensión del ex gobernador y lo protege de la detención, así sea dictaminada prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de la República ha indicado que Aureoles y cuatro excolaboradores suyos están implicados en un presunto daño financiero al Estado por más de 3.400 millones de pesos, debido a la compra sobrevalorada de cuarteles en varias localidades, como Apatzingán, Jiquilpan, Uruapan, entre otras. En marzo pasado, fueron vinculados a proceso los cuatro exfuncionarios, por su presunta culpabilidad en estos temas de corrupción.
Aún con ello, Aureoles Conejo deberá comparecer voluntariamente ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Oriente, en un plazo de tres días hábiles, no sin antes haber pagado una garantía de 52 mil pesos que, en caso de no realizarse, dicha suspensión sería revocada.
