Como parte de las estrategias de seguridad impulsadas, por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y respaldadas por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum aplicadas por las autoridades estatales y federales lograron la detención de Oscar Daniel “N”, exsubdirector de Seguridad Pública de Chicoloapan, vinculado al delito de extorsión agravada.
La captura, realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y policías de Ecatepec en Ejidos de Santa María Chiconautla, forma parte de los resultados de la Operación Enjambre, iniciativa prioritaria de la administración de Delfina para desarticular redes criminales y combatir la corrupción al interior de instituciones públicas.
El gobierno estatal destacó que este caso —donde el implicado habría usado su cargo para ejercer violencia e intimidación— refuerza el compromiso de “depurar las filas de seguridad y garantizar justicia para las víctimas”, en línea con las políticas anticorrupción promovidas por Sheinbaum a nivel nacional.
La detención ocurre meses después de que la misma operación permitiera arrestar, en noviembre de 2024, a presidentes municipales y funcionarios mexiquenses por presuntos delitos. El inculpado fue trasladado al penal de Texcoco, donde se definirá su situación legal.
Con estas acciones, ambas mandatarias reafirman la coordinación entre instituciones para fortalecer la seguridad en la entidad, uno de los ejes centrales de la gobernadora Delfina Gómez desde su llegada al cargo en 2023.
María del Rosario “N”, quien se desempeñó como presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, fue detenida por autoridades del Estado de México el pasado jueves por la noche en el municipio de Metepec.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la aprehensión de la exfuncionaria fue resultado de las acciones de la Operación Enjambre, en la cual colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad estatal. “
A la detenida le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión y será ingresada a un penal estatal a disposición de la Autoridad Judicial quien resolverá su situación jurídica”, detalló la Fiscalía a través de sus redes sociales.
Además, en el marco de este operativo fue localizada la hija de la exalcaldesa, quien había sido reportada como desaparecida por su padre, agregando un desenlace positivo a la intervención de las autoridades.
De acuerdo con la FGJEM, María del Rosario “N” también es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. Su detención se suma a las acciones de la Operación Enjambre, estrategia implementada por el Gobierno federal para desarticular redes de corrupción y nexos entre el crimen organizado y miembros de gobiernos locales en el Estado de México.
Como resultado de las acciones de la Operación Enjambre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció la detención de Adrián Mauricio N., exdirector de Seguridad Pública de Nicolás Romero. Es investigado por su probable participación en delitos de secuestro exprés con fines de extorsión en el Estado de México.
Según informó la FGJEM a través de X, la aprehensión se realizó en el estado de Michoacán, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). La captura tuvo lugar en la zona Centro de Zamora, y se notificó a las autoridades mexiquenses para proceder con el traslado de Adrián Mauricio N. y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente.
#Resultados. Como resultado de acciones operativas en el marco de la continuación de “Operación Enjambre”, autoridades de la @FiscaliaMich y de la #FiscaliaEdoméx, detuvieron en el estado de Michoacán a Adrián Mauricio “N”, ex director de la Dirección de Seguridad Pública de… pic.twitter.com/C7uxWJOyKo
La orden de aprehensión destaca que el delito de secuestro exprés se cometió bajo la hipótesis de privar de la libertad a personas con el fin de ejecutar robos, con la agravante de haberse cometido por miembros de una institución de Seguridad Pública.
Operación Enjambre inicia en Nicolás Romero
La Operación Enjambre, iniciada a finales de noviembre de 2024, ha resultado en la detención de cerca de 40 personas, en su mayoría funcionarios municipales con cargos de mando. Los detenidos están siendo investigados por delitos de alto impacto y presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Este operativo tuvo su origen en abril de 2024, tras el hallazgo de 10 cuerpos en dos fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero. Las investigaciones revelaron que una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se había infiltrado en la policía municipal, involucrando a los elementos en secuestros y homicidios.
Entre las víctimas de estas fosas clandestinas se encontraban choferes de plataformas como Uber y DiDi, así como comerciantes reportados como desaparecidos desde principios de año. Las autoridades determinaron que las víctimas presentaban huellas de tortura y que algunas incluso fueron arrojadas vivas a las fosas.
12 Municipios han sido intervenidos
En los meses de mayo y junio de 2024, los primeros despliegues operativos permitieron confirmar que policías de Nicolás Romero estaban al servicio del CJNG. Como resultado, 11 elementos de la corporación fueron arrestados y vinculados a proceso por homicidio y secuestro exprés.
La Operación Enjambre ha sido extendida a 12 municipios mexiquenses, incluyendo Nicolás Romero, Ecatepec, Naucalpan e Ixtapaluca, entre otros, como parte de las acciones coordinadas entre fuerzas estatales y federales para desarticular redes criminales infiltradas en las instituciones de seguridad.
Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, informó que en el caso de la huida del alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, ya hay 3 policías municipales detenidos, quienes habrían impedido a agentes ministeriales dar cumplimiento a la orden de captura en contra Pedro Luis Hernández de Paz.
El secretario detalló que además de que continúan con la búsqueda de Hernández de Paz, quien sigue prófugo, pero además también seguirán las investigaciones para detener a toda aquella persona que haya apoyado al alcalde electo a ejecutar su huida de la justicia. En los siguientes días la Fiscalía dará mayores detalles sobre todas las indagatorias que se llevan a cabo desde el pasado martes, cuando ocurrieron los hechos.
Otro punto que destacó Castañeda Camarillo, fue que durante el operativo de captura decidieron no usar armas pues en la plaza donde ocurría la toma de protesta de Hernández de Paz, había muchas mujeres y niños, por lo que pusieron como prioridad la seguridad e integridad de la población.
Recordó que por instrucciones de la Gobernadora Delfina GómezÁlvarez, no habrá impunidad para todos aquellos o todas aquellas funcionarias, que se aferren a las viejas prácticas corruptas o fuera de la ley. Servidoras y servidores públicos, estatales y municipales están bajo la lupa. Muestra de ello ha sido el Operación Enjambre, una advertencia que debe quedar clara.
Se debe entender que ya no habrá permisividad de ningún tipo. (En Santo Tomás) no queríamos buscar una confrontación con la población, había mucho riesgo y por eso no quisimos llevar el operativo a más”, detalló el secretario Castañeda Camarillo.
Hay colaboración con las entidades vecinas al Estado de México en las labores de búsqueda y detención de todas aquellas personas que hayan evadido al cumplimiento de la justicia, indicó el secretario Cristóbal Castañeda Camarillo.
40 alcaldes electos han aceptado que la Secretaría de Seguridad estatal los ayude a elegir a sus comandantes, como parte de la estrategia regional de transformación de la seguridad y la impartición de justicia.
El 1 de enero todos los directores de seguridad municipal que entren en nuevas administraciones, serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza, sus expedientes serán analizados en totalidad, por el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. El objetivo es cerciorarse de que ninguno de ellos tenga antecedentes delictivos o vínculos con criminales.
En el primer año de la administración de la Gobernadora Delfina GómezÁlvarez, el Estado de México ha sido testigo de una estrategia de seguridad que busca marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen.
El Operativo Enjambre, junto con iniciativas recientes como Atarraya, no solo han expuesto redes de corrupción y colusión entre funcionarios y grupos criminales, sino que también han cimentado el camino hacia una gobernabilidad más sólida y efectiva.
El pasado 22 de noviembre, este esfuerzo alcanzó un hito importante con la detención de 24 funcionarios, incluida una alcaldesa, y el desmantelamiento de estructuras delictivas en municipios clave como Naucalpan, Coacalco, Amanalco e Ixtapaluca.
Estas acciones no solo representan golpes certeros al crimen organizado, sino también un mensaje claro, la seguridad de los mexiquenses es una prioridad innegociable para la actual administración.
El Operativo Enjambre no es solo una intervención puntual; es una estrategia integral que combina la colaboración entre fuerzas estatales y federales, el uso de inteligencia operativa y un enfoque preventivo.
Al involucrar a la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía estatal y otras instituciones, este operativo ha permitido desarticular redes de corrupción que operaban con total impunidad en varias localidades.
Por años, el crimen organizado encontró en la corrupción gubernamental un terreno fértil para sus operaciones. Ahora, bajo la dirección de Delfina Gómez, se busca erradicar esa complicidad desde sus raíces.
Como han señalado expertos en seguridad, el éxito a largo plazo de estrategias como Enjambre radica en su capacidad para transformar las estructuras sociales y administrativas que permiten que estas redes resurjan.
Es aquí donde se conecta la seguridad con la gobernabilidad: desarticular redes delictivas no solo protege a las comunidades, sino que también fortalece las instituciones y el tejido social.
Los operativos Enjambre y Atarraya han sido bien recibidos por ciudadanos y analistas. En Atarraya, por ejemplo, la inspección de bares y establecimientos permitió cerrar espacios utilizados por el crimen para actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta la trata de personas.
Además, este operativo evidenció la colusión de autoridades municipales con grupos criminales, una realidad que ahora está en proceso de ser enfrentada con rigor.
La Gobernadora Delfina Gómez ha planteado una visión ambiciosa para el Estado de México, no sólo combatir la inseguridad, sino transformar las condiciones que la alimentan.
Su administración ha apostado por la coordinación interinstitucional, la transparencia y la participación ciudadana como pilares para devolver la confianza a los mexiquenses.
El Operativo Enjambre, al igual que Atarraya, no solo es una muestra del compromiso gubernamental, sino también un llamado a los municipios para que trabajen en conjunto con el estado y la federación.
La gobernabilidad no puede ser responsabilidad de un solo nivel de gobierno; requiere un esfuerzo coordinado y sostenido, así como decisiones valientes para tomar acciones contundentes cuando las instituciones locales fallan.
Por supuesto que los grupos criminales que destinan una buena parte de su capacidad operativa a la actividad política vieron en MORENA la oportunidad de adentrarse en esa esfera para delinquir a sus anchas o, cuando menos, para tener cierto grado de cobertura que les permitiera operar, ya sea con la complicidad de las autoridades (especialmente municipales) o, a través de ejercer medidas de presión sumamente violentas. Quizá el cálculo haya sido primero las posibilidades de MORENA de arrasar en la elección como sucedió y segundo, que El pertenecer a ese partido podría desviar la atención con aquello de que todos se dicen ser “diferentes” gracias a la premisa del “no mentir, no robar y no traicionar”
Como sea, nadie puede llamarse a sorpresa con las detenciones que arrojó el operativo enjambre que tuvo como destinatarios a diversos servidores públicos del estado de México, pues los índices de inseguridad y el tipo de crímenes, mostraban con toda claridad que existía algún tipo de protección o contubernio que explicaría por qué se actuaba con tal grado de impunidad. Lo que sí causa sorpresa (para bien) es el hecho de que, a tan solo días de haber asumido la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum ponga énfasis en lo que será su gobierno en materia de seguridad: abrazos no balazos sí, pero para nada complacencia. Efectivamente es poco el tiempo que lleva esta administración, pero el operativo evidentemente no se orquestó de la noche a la mañana, es notorio que se llevaron varios meses de investigación y de servicios de inteligencia para asestar este durísimo golpe a la delincuencia que apenas es la punta del iceberg.
Pero así como señalamos apenas iniciado este gobierno, lo necesario era atacar frontalmente a las organizaciones criminales por todos los flancos posibles, el financiero por ejemplo es fundamental pues se les corta los recursos que a parte de las ganancias ilícitas, les otorga poder para adquirir armamento y sobre todo conciencias; así que estamos por ver cómo pronto el operativo se irá ampliando y quien sabe cuantos mas caerán en esta trama de contubernio. La cuestión es que siendo de la filiación partidista que sea, el mensaje es más que claro: no se va a tolerar ningún acto de esta naturaleza en este gobierno por mucho que militen en el partido que hoy ejerce el poder.
Como muchos mexicanos que tiene identidad con la Cuarta Transformación, creo que la mayor exigencia debe ser hacia quienes forman parte de este proyecto, por eso este espacio lanza duras críticas, regularmente tomadas a mal por los destinatarios pero son siempre con la idea de que lo primero que se debe hacer para que este país alcance su máximo potencial es limpiar la casa desde dentro y si eso implica evidenciar a los que están coludidos con la delincuencia pues no queda de otra, así que muy bien por la presidenta y por Harfuch. Hay que mantener esa línea sin abandonar la otra que insistimos es primordial, las causas.
Aprovechando, Donald Trump es un verdadero bravucón, ¿a poco no lo conocen? Lo destacable aquí no es su amago ya hasta desgastado, lo que destaca es que parece que se topó con la horma de su zapato. Ahí nomás para que quede constancia de que Claudia Sheinbaum no va a ser una perita en dulce en aquello de la relación bilateral con los Estados Unidos, échese un vistazo a la carta que envía al próximo presidente de esa nación. En pocas palabras y con la diplomacia haciendo gala, advierte que, o se lleva la fiesta en paz o le apostamos al a ver quien pierde más. En una de esas hasta se preocupan más los empresarios de allá que los de acá. Bien por Claudia.
Rafael “N”, jefe de la célula anti extorsión de Ecatepec, y quien era su escolta, Vianey Analleli “N”, cayeron en la trampa del ya legendario Operativo Enjambre, iniciativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch.
Este operativo ha tenido logros impactantes en el Estado de México, y en muy poco tiempo. Se trata de detenciones sorpresa dirigidas contra elementos de seguridad pública que han sido corrompidos por el crimen organizado.
Según indica la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un juez de control en línea especializado en órdenes de cateo y órdenes de aprehensión encontró elementos suficientes para inculpar a Rafael “N” y Vianey Analleli “N” en el delito de homicidio, por eso otorgó las órdenes de aprehensión correspondientes.
Rafael “N” es señalado por homicidio, durante un linchamiento contra un hombre de 33 años de edad. Tanto Rafael como Analleli ya fueron ingresados en el Penal de Chiconautla, precisamente en el municipio de Ecatepec.
La detención se tuvo lugar en la calle Temascaltepec, de la colonia Luis Donaldo Colosio. En el traslado de ambos presuntos criminales, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
#Resultados. Como resultado de despliegue dentro de una operación conjunta elementos de la #FiscalíaEdoméx, con fuerzas de seguridad federales y del estado, detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Rafael “N”, Jefe de la célula de combate a la extorsión de la… pic.twitter.com/XUKjLOMtQT
Durante el periodo de transición, en las conferencias de prensa matutinas que la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum ofrecía en su casa de transición, recuerdo que le pregunté sobre su estrategia de seguridad y si tenía previsto implementar algo similar a lo que hizo en la Ciudad de México, estableciendo un mando único. Esto, debido a las evidencias de que muchas policías municipales son fácilmente corrompibles y están al servicio de los presidentes municipales en turno.
En esa ocasión, la presidenta Sheinbaum me respondió que, si existían pruebas de que las policías municipales fueran corruptas, se deberían presentar las denuncias correspondientes. No obstante, parece que no fue necesario, ya que la mandataria ya tenía claro lo que se debía hacer.
No pasaron ni dos meses para demostrar que en este gobierno no habrá impunidad. Hace unos días, el operativo Enjambre sorprendió a propios y extraños, cuando, por primera vez y bajo el mando del secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, se detuvo a siete servidores públicos municipales del Estado de México, entre ellos presidentes municipales y secretarios de seguridad.
El operativo Enjambre estuvo principalmente vinculado a municipios del Estado de México como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán. No es un secreto que, en esta entidad, una de las más grandes del país, la impunidad y el abuso de poder por parte de las autoridades locales han sido moneda corriente.
Municipios como Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, son un claro ejemplo de la influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, en esta zona, gobernada por el priista Marco Antonio Rodríguez Hurtado, la incidencia de ocho delitos de alto impacto creció durante su administración. El robo a casa habitación fue el que más aumentó en los últimos tres años, con un incremento de hasta el 53%. Sin embargo, también se registró un aumento considerable en otros delitos como robo con violencia, robo de vehículos, robo a negocios, extorsión y robo a transeúntes.
Otro ejemplo claro de cómo el crimen organizado ha permeado la política mexiquense es el caso de Ecatepec de Morelos. La presidenta municipal electa para el periodo 2025-2028, Azucena Cisneros, ha sido señalada en diversas ocasiones por los habitantes del municipio debido a sus vínculos con grupos delictivos. Cisneros, quien fue respaldada por grupos criminales ligados a la extorsión, como el sindicato 25 de marzo y la organización La Chokiza, tuvo a estos grupos acompañándola en sus actos de campaña.
El caso de Ecatepec no es un hecho aislado. En el Estado de México, como en muchas otras partes del país, la presencia del crimen organizado en la política local ha sido un fenómeno constante. La relación entre ciertos políticos y grupos delictivos no es solo un rumor, sino una realidad que afecta la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es urgente que el gobierno federal, en colaboración con las autoridades locales, logre erradicar estas prácticas para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Un aspecto crucial de este proceso es la implementación de políticas que fortalezcan las instituciones de seguridad y promuevan la rendición de cuentas. Para ello, es indispensable no solo sancionar a quienes se coluden con el crimen, sino también garantizar que los cuerpos policiacos se encuentren bien entrenados, sean profesionalizados y no estén al servicio de intereses personales o criminales. La estrategia debe ser integral y a largo plazo, comenzando con la depuración de las fuerzas de seguridad.
La ciudadanía ha mostrado su hartazgo ante la impunidad y la violencia que azotan a muchas regiones del país. En este contexto, acciones como el operativo Enjambre son un paso importante, pero no suficientes por sí solas. Se requiere un cambio profundo en el sistema de justicia y en la forma en que los gobiernos municipales operan. Solo con un combate decidido y sostenido a la corrupción y el crimen organizado podremos aspirar a un país más seguro y justo para todos.
La lucha contra la corrupción y el crimen organizado no puede ser selectiva ni superficial. El reciente operativo Enjambre demuestra que hay voluntad para enfrentar este flagelo, pero la verdadera prueba de fuego será la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para mantener esta línea de acción, erradicar la impunidad en todos los niveles de gobierno y transformar la seguridad pública en un pilar fundamental para el desarrollo del país. Si esto no se logra, estaremos condenados a seguir viviendo bajo el yugo de la criminalidad que ha permeado hasta las instituciones más básicas de nuestra democracia.
