Integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por el excanciller chileno, Heraldo Muñoz, se reunieron con Norma Piña, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestamente para “conocer su opinión” sobre las próximas elecciones judiciales del 1° de junio.
Y es que realmente ¿qué tendrían que hablar?, si se han encargado de oponerse abiertamente al ejercicio democrático del próximo domingo. Ahora, también es de considerarse el hecho de que esta organización ha respaldado golpes de estado al rededor de Latinoamérica.
Sospechoso que los representantes de la #OEA se reúnan con los ministros golpeadores, Norma Piña, Javier Laynez, etc. Es históricamente conocido que está Organización de Estados Americanos, son desestabilizadores y al servicio de los intereses de EU ¿Que estarán planeando? pic.twitter.com/XUILBjGzki
¿Por qué una organización desestabilizadora se reúne con abiertos opositores de la democracia?: Norma Piña, quién quizo mover la ley a su antojo para tratar de remover la reforma judicial; Potisek que utilizó medios de comunicación para desacreditar el movimiento diciendo que “el pueblo de México es ‘incapaz’ de elegir a sus juzgadores”.
Cabe destacar que la OEA también se reunió con Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y con Gerardo Fernández Noroña, titular del Senado, con el propósito de dialogar sobre el proceso electoral que está en puerta.
Un grupo de juzgadores, agrupados en el colectivo Artículo 41, busca revertir el envío de fideicomisos a la Tesorería de la Federación. Esta maniobra revela su intención de mantener el control sobre más de 10,000 millones de pesos que, en realidad, pertenecen al pueblo de México.
El colectivo, que se opone a la reforma judicial, ha anunciado la promoción de un juicio de amparo contra Nacional Financiera (Nafin) por la transferencia de estos recursos. Sin embargo, su argumento se basa en un juicio de amparo que, según ellos, congela el envío de dinero a la Tesorería. Este intento de congelar los fondos es, en esencia, un esfuerzo por robar recursos destinados a la ciudadanía.
Rodríguez, representante del colectivo, asegura que Nacional Financiera violó una suspensión otorgada a más de 850 personas. Este argumento es cuestionable, pues los fondos no son de los juzgadores, sino del pueblo. Al insistir en que no se deben extinguir los fideicomisos, el colectivo intenta aferrarse a recursos que deberían ser utilizados para el bienestar general.
Los juzgadores sostienen que Nafin transfirió los fondos bajo órdenes superiores y que la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dinero se destinaría a financiar al ISSSTE. Sin embargo, su protesta parece más un intento de proteger sus propios intereses que una defensa del interés público. La falta de recursos para indemnizar a los juzgadores que se han separado del cargo es una consecuencia de su propia resistencia al cambio.
Además, este colectivo planea solicitar una nueva audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que ellos consideran graves violaciones a sus derechos. Sin embargo, su enfoque en enjuiciar al Estado mexicano por estas supuestas violaciones es un intento de desviar la atención de su propia avaricia.
La realidad es clara: los juzgadores de Artículo 41 buscan mantener el control sobre recursos que deberían ser utilizados para el desarrollo del país. Su lucha no es por la justicia, sino por el poder y el dinero del pueblo de México.
El ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró frenar temporalmente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, tras obtener una suspensión provisional concedida por un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal.
Sobre el conservador pesan acusaciones graves por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el contexto de la adquisición de cuarteles para la Guardia Civil durante su administración, operaciones que según la Fiscalía General de la República (FGR) se realizaron a sobreprecio y con daño directo al erario federal y estatal.
La suspensión, otorgada bajo el argumento de mantener “las cosas en el estado que actualmente guardan”, impide de momento que la orden de captura sea ejecutada, y además protege al ex gobernador incluso si en el proceso penal se le llegara a imponer prisión preventiva justificada. La medida está condicionada a que Aureoles deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
La FGR estima que el perjuicio al erario público supera los 3 mil 400 millones de pesos, por la compra inflada de instalaciones de seguridad en municipios clave como Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en el periodo en que Silvano Aureoles estuvo al frente del gobierno estatal.
En marzo pasado, una jueza federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios de su administración, señalados como cómplices en esta red de contratos irregulares que habría beneficiado a empresas cercanas y violentado procedimientos de adquisición pública.
Pese a la gravedad de las imputaciones y al monto multimillonario del presunto desfalco, el ex gobernador ha evitado comparecer formalmente ante las autoridades, optando por estrategias legales para dilatar su proceso, como el amparo que ahora lo mantiene fuera del alcance de la justicia penal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.
De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.
El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.
La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, criticó duramente la maniobra de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien intenta adelantar la selección de los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) antes de que concluya su mandato en la Corte.
Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum calificó como un intento de “albazo” la jugada de Piña, señalando que los ministros actuales “ya se van”, pues su salida está programada para el 1 de septiembre, cuando entrará en funciones la nueva integración de la SCJN, cuyos miembros serán elegidos por voto popular.
“Es absurdo, ya se van los ministros y ministras de la Corte actual (…) ¿Qué quiere hacer la ministra presidenta? Pues es adelantarse, ellos ya se van, se van en agosto, ellos dejan ya su cargo. El 1 de septiembre entra la nueva Corte conformada por 9 personas (…) Quieren adelantarse, quieren dar un albazo, dejar ellos su propio órgano administrativo (…) Está muy mal”, declaró Sheinbaum.
El señalamiento de la mandataria respalda la denuncia hecha por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien alertó sobre este intento de “madruguete” encabezado por Norma Piña y otros ministros de la Corte. De acuerdo con Ortiz, la Constitución establece que la designación de los integrantes del OAJ corresponde a la nueva integración de la SCJN y no a los actuales ministros, quienes perderán su cargo en unos meses.
Sheinbaum explicó que para que este albazo se concrete, se necesitan al menos ocho votos en el Pleno de la Corte, algo que, según dijo, no sería posible, pues ministras como Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes sí participarán en la nueva elección judicial, probablemente votarán en contra del acuerdo impulsado por Norma Piña.
Finalmente, la presidenta recomendó a los ministros de la SCJN enfocarse en cumplir su trabajo en los meses que les quedan, en lugar de intentar tomar decisiones que no les corresponden.
“Que en estos 5 meses que les quedan, se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes, por ejemplo, ¿Por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno, a lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público, y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte que va a ser elegida por el pueblo de México”, concluyó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, denunció públicamente lo que calificó como un intento de usurpación por parte de un grupo de ministros del máximo tribunal del país. Según Batres, el propósito de estos ministros es designar anticipadamente a tres integrantes del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), lo que consideró como un acto “inmoral” y contrario a la Constitución.
El OAJ es un organismo que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal en la administración de finanzas y recursos del Poder Judicial de la Federación, conforme a la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. Este órgano contará con cinco integrantes: uno nombrado por el Ejecutivo Federal y cuatro designados por la SCJN.
Esta mañana, en la sesión del pleno de la SCJN estaba incluido en el orden del día la votación de un acuerdo para la elección de 3 de los 5 miembros del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de acuerdo con el cual se realizaría ¡mañana!
Según la reforma, los miembros del pleno del OAJ deben ser designados el próximo 10 de septiembre. Sin embargo, Batres advirtió que un grupo de ministros intenta adelantar el nombramiento, lo que contravendría el artículo 100 de la Constitución.
La ministra también señaló que este intento podría ser una estrategia para perpetuar el control de la SCJN sobre los recursos financieros del Poder Judicial de la Federación y evitar futuras auditorías. En su opinión, esto constituye una confesión de parte respecto a posibles irregularidades en la administración actual.
Además, Batres destacó que este lunes el intento de nombramiento anticipado no prosperó debido a la ausencia de uno de los ministros, lo que impidió alcanzar la votación calificada necesaria. No obstante, el acuerdo no ha sido retirado, lo que mantiene la preocupación en torno a un posible abuso de poder.
Finalmente, Lenia Batres hizo un llamado a respetar el cumplimiento de la Constitucióny advirtió que obstaculizar los procesos establecidos podría representar una grave violación a los principios democráticos y legales que rigen al Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
La visita de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a Madrid para participar en la XII Cumbre de Mujeres Juristas abre un amplio debate sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con el sistema judicial en México.
Foto: Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Mientras Piña aboga desde el extranjero por la defensa del Estado de Derecho, su presencia en una nación que se ha convertido en un refugio para exiliados políticos mexicanos plantea interrogantes sobre su autenticidad y la efectividad de su mensaje.
A pesar de su papel como líder del máximo tribunal en el país, Piña ha hecho de su misión pública una defensa constante de la independencia judicial, a menudo criticando la situación del sistema legal en México. Sin embargo, su participación en un foro internacional, en lugar de enfocarse en la problemática local, puede interpretarse como un intento de capitalizar su figura en el ámbito internacional mientras el país enfrenta una seria crisis seria judicial.
España un refugio para políticos mexicanos
La elección de España como destino no es trivial. Este país ha sido el hogar de varios políticos mexicanos que, tras enfrentarse a la justicia o a la opinión pública, han optado por el exilio. Figuras como Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, Felipe Calderón entre otros han encontrado en la península ibérica un refugio, lo que pone en tela de juicio la credibilidad de quienes buscan soluciones desde lejos.
La presencia de Piña en este contexto puede ser vista como una contradicción: ¿cómo puede abogar por la independencia judicial y el Estado de Derecho en México mientras se encuentra en una nación que simboliza la fuga de políticos que eluden la rendición de cuentas?
Además, su mensaje sobre la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, aunque relevante, se diluye en el contexto de su ausencia en la Corte y las decisiones críticas que enfrenta el sistema judicial mexicano.
Falta dde compromiso de la ministra presidenta
La ministra destaca que la defensa de la independencia judicial es responsabilidad de toda la sociedad, pero al parecer, su compromiso se manifiesta más en foros internacionales que en acciones concretas en el país.
Es fundamental cuestionar si la defensa de la independencia judicial de Piña es una genuina preocupación por el bienestar de la ciudadanía o si es simplemente una estrategia para posicionarse en el ámbito internacional, sin abordar las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema judicial en México.
La verdadera protección de los derechos fundamentales y la promoción de un Estado de Derecho sólido requieren no solo palabras, sino acciones decididas y un compromiso real desde el corazón del sistema judicial.
En un momento en que la confianza de la SCJN se encuentra en niveles críticos, la figura de Norma Piña debería ser un faro de esperanza y no una imagen que evoca la evasión. La independencia judicial debe defenderse en México, no desde España.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó su propuesta para revisar la anulación de un crédito fiscal por más de 4,306 millones de pesos en favor de un casino.
El caso, identificado como solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 1789/2024, se refiere a un adeudo impuesto en 2019 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Juegos del Bajío, S.A. de C.V., correspondiente a impuestos sobre la renta (ISR), valor agregado (IVA) y empresarial a tasa única (IETU), además de recargos y multas.
Hoy, la Segunda Sala de la SCJN le quitó al Estado la oportunidad de recuperar más de 4,306 millones de pesos de un adeudo fiscal de un casino que al parecer falsificó documentos. pic.twitter.com/Khy4Npnhjz
Lenia Batres explicó que el SAT intentó impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que había fallado a favor de la empresa al considerar que el fisco no actuó dentro de los plazos legales. Sin embargo, la SCJN rechazó la solicitud de revisión, manteniendo el fallo a favor del casino.
La ministra criticó la decisión, argumentando que esta postura limita la capacidad del SAT para defender sus resoluciones fiscales, lo que contraviene el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. También destacó que la SCJN sí ha admitido recursos similares en el pasado, específicamente en 2023, cuando se aceptaron los expedientes 146/2019, 147/2019 y 644/2019.
Batres señaló que este criterio afecta la capacidad de las autoridades para combatir irregularidades fiscales, ya que, en este caso, el crédito fue cancelado con base en documentos notariales que el magistrado calificó como apócrifos.
