Su comparecencia ante la justicia se retrasa otra vez, mientras familiares y socios del Cártel de Sinaloa ya enfrentan cargos en tribunales estadounidenses.
La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, programada para este jueves, fue pospuesta nuevamente. La juez Sharon Johnson Coleman, del Tribunal de Distrito del Norte de Illinois, reprogramó la cita para el lunes 1 de diciembre, informó la oficina del tribunal.
Este cambio se suma a una serie de aplazamientos previos: originalmente estaba prevista para el 15 de julio, luego se movió al 15 de septiembre, y posteriormente al 13 de noviembre, todos con el acuerdo de ambas partes involucradas, de acuerdo con documentos oficiales citados por EFE.
Mientras el “Chapito” retrasa su comparecencia ante el gran jurado, otros miembros de su familia ya enfrentaron la justicia estadounidense. En julio pasado, Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico en un tribunal de Chicago, como parte de un acuerdo con las autoridades.
El historial familiar también incluye a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado en enero de 2025 en Brooklyn por liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico, con 26 violaciones relacionadas con drogas y conspiración para homicidio, además de cargos por lavado de dinero y uso de armas.
Otro peso pesado del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se declaró culpable en agosto de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas en tribunales de Nueva York. La declaración siguió a su llegada a Estados Unidos en julio de 2024, en un vuelo privado acompañado de Joaquín Guzmán López, presuntamente parte de un acuerdo con la Fiscalía que aún no se esclarece.
Miguel Luciano“N”, ex director de la policía municipal de Jalapa, fue detenido junto a cinco elementos de la corporación por su presunta participación en actividades delictivas del grupo La Barredora, vinculado al CJNG.
Autoridades de Tabasco confirmaron la detención de Miguel Luciano “N”, ex director de la policía municipal de Jalapa, señalado por sus vínculos con La Barredora, grupo delictivo implicado en extorsión, secuestro, homicidio y venta de drogas.
La captura incluyó a cinco policías municipales, quienes también estarían relacionados con esta organización criminal, considerada la principal generadora de violencia en Tabasco durante 2025.
A lo largo del año, se han detenido a 14 personas presuntamente vinculadas con La Barredora, acusadas principalmente de cobro de piso y extorsión, evidenciando la penetración del grupo en distintas instituciones locales.
La Barredora, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ganó notoriedad tras la emisión de una ficha roja de Interpol contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Además, se ha señalado la participación de otros funcionarios en actividades ilícitas, como Iván García Sánchez, ex secretario del Ayuntamiento de Teapa, y Humberto Bermúdez, presunto operador financiero y jefe de plaza en La Chontalpa.
Recientemente, las autoridades capturaron a Guadalupe Luna “El Coyote”, presunto líder del brazo armado de La Barredora, consolidando un golpe al grupo que ya había perdido relevancia tras la detención de Norberto ‘N’ en 2024.
Cuatro hombres identificados entre las más de 60 víctimas de los ataques estadounidenses en Venezuela reflejan la compleja realidad de la región. Muchos eran obreros, no criminales.
Desde principios de septiembre, más de 60 personas han muerto en ataques de las fuerzas armadas estadounidenses, según reportes. Los ataques se han dirigido a embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, transportaban drogas. Sin embargo, un relato más profundo de las víctimas revela una trágica realidad: muchos eran obreros, no narcotraficantes.
Entre las víctimas se encuentran un pescador, un conductor de autobús y un excadete militar, todos habitantes de la península de Paria en la costa venezolana. La administración de Trump ha catalogado a estas embarcaciones como operadas por narcoterroristas, pero los testimonios de residentes y familiares cuentan otra historia. Muchos de estos hombres estaban en su primer o segundo viaje y buscaban mejorar su situación económica.
Los ataques y las muertes han desatado indignación en la comunidad. Los familiares de las víctimas señalan que no se les brindó un proceso justo. En el pasado, las autoridades estadounidenses habrían detenido a estos hombres, permitiéndoles enfrentar cargos ante un tribunal.
Las ejecuciones extrajudiciales han sido condenadas por funcionarios venezolanos, quienes afirman que no hay narcotraficantes en su país. A esta situación se suma la falta de información y transparencia sobre las muertes, dejando a las familias impotentes ante la tragedia.
Las condiciones de vida en la península de Paria son difíciles. La región, una de las más pobres de Venezuela, carece de servicios básicos y la mayoría de sus habitantes necesita trabajar arduamente para subsistir. Esto ha llevado a muchos hombres a aceptar arriesgadas ofertas de traficantes, con la esperanza de ganar dinero extra.
Robert Sánchez, un pescador conocido en su comunidad, era un padre de cuatro hijos que luchaba por llevar comida a su hogar. Su deseo de mejorar su vida lo llevó a aceptar un viaje de contrabando, un riesgo que terminó en tragedia. La noticia de su muerte llegó a su familia a través de rumores en redes sociales, dejando un vacío en su hogar.
Luis Che Martínez, un jefe criminal con un oscuro pasado, también fue víctima de los ataques. A pesar de su reputación, algunos en la comunidad lo recordaban por su generosidad en eventos locales. Su asesinato el 2 de septiembre marcó el inicio de una serie de ataques donde se anunciaron muertes sin especificaciones claras ni detalles sobre las circunstancias.
Otros hombres, como Juan Carlos Fuentes, se unieron al mundo del contrabando por necesidad. Con esta decisión, dejaron atrás sus vidas previas, buscando mantener a sus familias a pesar de tratarse de un camino peligroso y desconocido. Sin embargo, en su búsqueda desesperada por subsistir, se convirtieron en víctimas de un conflicto en el que no tuvieron voz ni oportunidad.
Las historias de estos hombres ilustran la complejidad del problema de las drogas y el contrabando en la región. A medida que la comunidad de Paria busca respuestas, prevalece la lucha entre la desesperación por un futuro mejor y los riesgos mortales que implica. (Con información de La Jornada).
El exboxeador asegura que Julio César Chávez Jr. cedió a una exigencia de los narcos para “salvar la vida” de la víctima; la FGR mantiene imputaciones por vínculos con grupos criminales.
En una entrevista, Julio César Chávez reconoció que su hijo, Julio César Chávez Jr., accedió en una ocasión a golpear a una persona tras una petición de integrantes del Cártel de Sinaloa, versión que atribuye a la presión y al riesgo de muerte que enfrentaba el joven. Chávez presentó el episodio como un acto forzado: “Si no vas, te llevan. ¿Qué quieres? ¿Que te maten?”, relató citando la explicación de su hijo.
El excampeón aseguró que la agresión fue mínima y con la intención de salvar la vida del agredido: “Le pegó un ganchito así, despacito”, aseguró, y rechazó que ese hecho pruebe una dedicación criminal permanente. Chávez defendió además que la convivencia con personajes del entorno narco en Culiacán es frecuente y no equivale a pertenencia al delito. “Amigo no quiere decir que estés dedicado a lo mismo”, afirmó.
La Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, mantiene en su expediente la hipótesis de que Chávez Jr. fue usado como “ajustador de cuentas” por grupos como Los Chapitos, y cita intervenciones telefónicas, testimonios y hallazgos de objetos firmados en propiedades vinculadas al cártel. Entre las pruebas que menciona la FGR figuran audios en los que se ordena castigos y donde supuestamente se contactaba a Chávez Jr. para golpear a las víctimas.
El proceso judicial contra Chávez Jr. sigue en curso en México; el boxeador padre calificó las evidencias como “endebles” y dijo que, de confirmarse la participación del joven en delitos, sería el primero en acudir a las autoridades. La mezcla de testimonios, audiosecuencias y presuntas vinculaciones sociales mantiene abierta la investigación sobre el alcance real de la relación entre el expugilista y el crimen organizado.
La presidenta Claudia Sheinbaum defiende su postura de pacificación con justicia social y critica a la oposición por proponer una nueva confrontación.
En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las solicitudes de la oposición sobre retomar la guerra contra el narco y aseguró que esta estrategia solo generó violencia y muerte.
Sheinbaum defendió su visión de un país en paz a través de la justicia social, no mediante la militarización. Además, aseguró que la estrategia impulsada por Felipe Calderón en su sexenio dejó una huella de violencia en la historia reciente del país.
“Lo que me preocupa es este llamado a la guerra”, enfatizó la mandataria en respuesta a las declaraciones de Lilly Téllez. La senadora panista ha señalado a Morena como responsable del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.
“Regresar a esa época no es opción”, declaró Sheinbaum, quien compartió la experiencia de una trabajadora de Uruapan durante el sexenio de Calderón. Esa época está marcada por episodios de extrema violencia que no se deben repetir.
La presidenta calificó la guerra contra el narco como un “permiso para matar sin juicio”. Por lo tanto, su administración busca alternativas que promuevan la paz y el bienestar de la ciudadanía.
Sheinbaum también acusó a los partidos de oposición de querer regresar a un modelo autoritario. “Ese es el verdadero autoritarismo: el regreso a la guerra contra el narco”, afirmó, resaltando la necesidad de un enfoque diferente en materia de seguridad.
Al cerrar su intervención, reafirmó que su gobierno representa la Cuarta Transformación, enfocada en soluciones pacíficas y en la construcción de un país más justo para todos.
Autoridades federales detuvieron a Armando “N” en una quinta donde se aseguraron armas, drogas, dinero en efectivo y objetos de lujo; su captura podría desarticular células locales del cártel.
En un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, fue detenido Armando “N”, alias “El Charro” o “El Chirris”, identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Aguascalientes y presunto hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La acción se llevó a cabo en una quinta sobre la calle Miguel Gerónimo No. 707, que funcionaba como punto de reunión y resguardo de objetos de alto valor. Durante el cateo, las autoridades aseguraron un rifle Kaltec calibre 5.56 con cargador, cerca de 200 cartuchos de distintos calibres, un uniforme táctico con siglas CJNG, un kilo de cristal, $720,000 pesos en efectivo, una esclava de oro y relojes Rolex y Hublot.
En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H
— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025
Junto a “El Charro” fueron detenidos José Manuel “N” y José “N”, presuntos colaboradores cercanos. El líder criminal fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación legal.
Fuentes extraoficiales indican que Armando “N” operaba como enlace directo entre el CJNG y células locales dedicadas al tráfico de drogas, extorsiones y otros delitos, y que su arresto podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.
La captura de este operador estratégico representa un golpe significativo a las operaciones del CJNG en Aguascalientes, con potencial para desmantelar parte de la estructura criminal en la entidad.
El enfrentamiento entre policías y el Comando Vermelho dejó 56 civiles y 4 agentes muertos, en la operación más letal registrada en la historia de Río de Janeiro.
Una operación antidrogas en las favelas de Río de Janeiro terminó en tragedia. Al menos 60 personas murieron y 81 resultaron heridas durante un despliegue masivo de 2 mil 500 policías contra el Comando Vermelho (CV), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
De acuerdo con la Policía Civil, el operativo comenzó la madrugada de este martes en los complejos de Penha y Alemão, zonas controladas por el narcotráfico. Los enfrentamientos se prolongaron por horas, lo que convirtió a la jornada en una de las más sangrientas de la historia reciente del país.
Según el reporte oficial, 56 de las víctimas son civiles y 4 policías, cifra que marca la operación más letal jamás registrada en Río de Janeiro. En tanto, 81 personas fueron detenidas e incautaron 50 armas de fuego, entre ellas 42 fusiles de asalto utilizados por los delincuentes.
El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, calificó el operativo como “la mayor acción contra el Comando Vermelho”, grupo que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) domina gran parte del tráfico de drogas y armas en Brasil.
Castro informó que la operación aún continúa, por lo que el número de víctimas podría seguir aumentando. Además, aseguró que los criminales utilizaron drones artillados para atacar a los policías, lo que evidencia el poder de fuego del grupo criminal.
La magnitud del enfrentamiento ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza policial en las favelas y la falta de estrategias de seguridad integrales en Brasil, donde los operativos de alto impacto suelen dejar un saldo devastador entre la población civil.
Es el undécimo operativo de la administración Trump contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, con un saldo cercano a 60 muertos.
El Ejército de Estados Unidos reportó este martes que 14 personas murieron tras ataques a cuatro embarcaciones que vinculó con el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, frente a Colombia. Los ataques fueron ordenados por el presidente Donald Trump, confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Hegseth detalló que ocho personas murieron en la primera embarcación, cuatro en la segunda y tres en la tercera, mientras que un único sobreviviente fue rescatado con apoyo de autoridades mexicanas de búsqueda y rescate. El funcionario aseguró que ningún soldado estadounidense resultó herido.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.
De acuerdo al Pentágono, las embarcaciones eran operadas por “organizaciones terroristas designadas” dedicadas al tráfico de drogas, que “han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda”, y por ello fueron tratadas con operaciones letales. Los ataques se realizaron con plena intención de minimizar riesgos para las fuerzas estadounidenses.
Este episodio marca el undécimo operativo contra embarcaciones ligadas al narcotráfico desde que comenzó la administración Trump, primero en el Caribe y ahora en el Pacífico, con un saldo acumulado cercano a 60 personas fallecidas. La operación refleja la creciente presencia militar estadounidense en la región, que incluye portaaviones, destructores, submarinos y aviones de combate.
El ataque aumenta la tensión con Colombia y Venezuela, cuyos gobiernos han sido señalados por Trump de permitir el narcotráfico. El Pentágono afirma que sus fuerzas cuentan con inteligencia precisa sobre las rutas de tránsito de drogas, y que todas las operaciones se realizan en aguas internacionales para evitar conflictos directos con países vecinos.
El fin de semana pasado, las Fuerzas Armadas de México llevaron a cabo operativos coordinados en diferentes estados. Los esfuerzos resultaron en detenciones, aseguramientos de drogas y armas, y la desarticulación de peligrosas redes criminales. La estrategia busca proteger a las comunidades y fortalecer la seguridad en todo México.
En un esfuerzo conjunto, las Fuerzas Armadas mexicanas lograron importantes avances en la lucha contra la delincuencia en varias regiones del país durante los días 24, 25 y 26 de octubre. Los operativos demostraron la coordinación y compromiso del Estado para mantener la paz y la seguridad de la población.
En Chiapas, en Amatenango de la Frontera, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano arrestaron a cinco personas, incluyendo a cuatro extranjeros. Durante la acción, aseguraron armas largas, una arma corta, varios cargadores y chalecos tácticos. La operación buscaba desmantelar grupos armados y prevenir la violencia en la zona.
En Chihuahua, en Ciudad Juárez, las fuerzas combinadas detuvieron a una mujer que llevaba 6.6 kilos de fentanilo y 5.27 kilos de metanfetamina. La droga, valuada en más de 50 millones de pesos, representa una amenaza significativa para la salud y seguridad de la comunidad.
En el Estado de México, en Tepotzotlán, la Marina, la Guardia Nacional y otras instituciones capturaron a un hombre con orden de extradición a Estados Unidos. La operación también incluyó el aseguramiento de 322 vehículos, 51 pozos y varias tomas clandestinas de agua, con el fin de frenar actividades ilícitas y delitos relacionados con recursos.
Jalisco vivió una jornada intensa en Ojuelos y Lagos de Moreno. En estos municipios, las fuerzas de seguridad incautaron armas largas, cargadores, municiones, y vehículos robados. Además, en Lagos de Moreno, cinco personas fueron arrestadas en una operación que también dejó prendas tácticas y drogas decomisadas.
En Michoacán, en Buenavista, Tangamandapio y Puruándiro, la policía logró la captura de varias personas que portaban armas largas, cargadores, municiones, chalecos y vehículos con reporte de robo. La operación en Puruándiro resultó en la incautación de casi dos kilos de metanfetamina, valorada en más de medio millón de pesos.
Nayarit, en Huajicori, participó en la lucha contra el tráfico de armas y drogas, al detener a cuatro personas que portaban armas largas, cargadores y equipo táctico. La acción buscaba reducir la violencia y el poder de las organizaciones criminales en la región.
En Sinaloa, en Culiacán y sus alrededores, las fuerzas lograron detener a varias personas y confiscar armamento pesado, incluyendo ametralladoras, lanzagranadas y vehículos con reporte de robo. Además, en la sindicatura Jesús María, una persona fue liberada tras un operativo que involucró a diferentes instituciones. En Loma Grande y Escuinapa, también se aseguraron armas y municiones, además de localizar armas ocultas y vehículos robados.
En Sonora, en San Luis Río Colorado, una inspección a un tráiler permitió decomisar más de 1,1 toneladas de metanfetamina, además de fentanilo y heroína. La droga, valorada en más de 340 millones de pesos, representa uno de los golpes más fuertes contra las organizaciones que trafican drogas en la región.
Por último, en Tabasco y Tamaulipas, las fuerzas arrestaron a varias personas vinculadas con delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. En Villahermosa, se aseguraron 300 kilos de marihuana, mientras que en Matamoros, se confiscaron armas y dinero en efectivo durante una operación contra el crimen organizado.
Estos operativos reflejan el compromiso del Gobierno mexicano para proteger a la ciudadanía. La estrategia continúa enfocada en desmantelar redes criminales, mantener la paz y fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad. La lucha contra el delito sigue siendo una prioridad para garantizar un México más seguro para todos.
Investigaciones de México y EUA detectaron firmas que facilitan precursores para drogas sintéticas usando negocios legales como fachada.
Autoridades de alto nivel de México y Estados Unidos han identificado a varias empresas del sector químico y agroindustrial en territorio mexicano como sospechosas de tener vínculos con grupos del crimen organizado para adquirir, importar y distribuir precursores químicos empleados en la fabricación de drogas sintéticas.
Fuentes de seguridad, bajo anonimato, señalaron que cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han establecido relaciones con estas compañías para obtener los componentes necesarios, camuflando las operaciones ilegales dentro de actividades agroindustriales legítimas.
Hasta ahora se han localizado al menos cuatro firmas involucradas: Agrícola Santa Fernanda S de RL de CV, Agropecuaria Alfa y Omega S de RL de CV, Grupo Pochteca SAB de CV y Globe Chemicals SA de CV. De ellas, Grupo Pochteca ya es investigado por posibles vínculos directos con el crimen organizado; las demás están bajo revisión para determinar si ameritan investigación formal.
Las investigaciones revelan que estas empresas facilitan la adquisición, transporte, almacenamiento y desvío de químicos que, aunque inocuos en la industria de perfumería, alimentos o farmacéutica, son reutilizados para producir drogas sintéticas. El modelo operativo permite a los cárteles ocultar actividades ilícitas dentro del comercio legal.
Como parte de los acuerdos de seguridad entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, éstas buscan no solo desarticular a los cárteles, sino sancionar a las empresas que colaboran con ellos. El Departamento del Tesoro de EUA ya aplicó sanciones a propietarios y directivos de compañías señaladas por mantener estas alianzas.
Grupo Pochteca, con 56 sucursales, tiene presencia en México, EUA, Centro y Sudamérica; Agrícola Santa Fernanda, radicada en Sinaloa, aparece como intermediaria de fertilizantes y pesticidas; Agropecuaria Alfa y Omega opera en Michoacán y Venezuela; mientras Globe Chemicals tiene filiales en Europa, Asia y América, consolidando un esquema de alcance internacional.
Con información de Emir Olivares y Gustavo Castillo para La Jornada
