La imagen del campesino pobre que ingresaba al narcotráfico para sobrevivir ha quedado atrás. En cambio, hoy en día los jóvenes millonarios, bilingües y con formación académica son quienes encabezan las organizaciones criminales más poderosas del país.
Un reportaje multimedia de Milenio ha revelado que este cambio comenzó en la década de los 70 con tres nombres que marcaron el antes y el después: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, pupilos del “León de la Sierra” y fundadores del Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal mexicana con alcance internacional.
Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, tejió alianzas con cárteles colombianos y autoridades mexicanas para traficar mariguana y cocaína a EE.UU. Fue arrestado en 1989 tras el asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena, y actualmente permanece preso. Caro Quintero industrializó el cultivo de mariguana, huyó tras el crimen de Camarena y, tras años prófugo, fue extraditado a EE.UU. en 2025.
En paralelo, en el noreste, Juan García Ábrego heredó la red de contrabando de su tío Juan Nepomuceno Guerra, incorporando el tráfico de cocaína, y de esta manera consolidó el Cártel del Golfo. Sus vínculos con el Cártel de Cali lo colocaron en la lista de los más buscados del FBI hasta su captura en 1996.
Entre 1970 y 1990 los cárteles mexicanos consolidaron su transformación de redes locales a imperios transnacionales, y destinaron ganancias del narcotráfico a la construcción de escuelas, iglesias y obras públicas, ganando así aceptación social. No obstante, la cocaína dominó el mercado, la violencia incrementó, estableciendo de esta manera la cultura del narco: armas de alto calibre, lujos ostentosos y narcocorridos que glorifican sus hazañas.
La guerra interna del Cártel de Sinaloa se intensifica en el histórico bastión de El Chapo Guzmán. La familia Zambada ha ingresado a Badiraguato y comenzó una purga para tomar el control, de acuerdo con una investigación de El País.
Mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguraba que el cártel está debilitado, en el terreno grupos armados realizan retenes, bloqueos y disputas violentas en carreteras y comunidades del llamado Triángulo Dorado.
El 25 de julio fue detenido Ismael Zambada García, “El Mayo”, tras un secuestro ordenado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, lo que desató una confrontación sangrienta con más de 1,600 asesinatos y casi 2,000 desapariciones.
El conflicto enfrenta a los hijos de El Chapo, Iván y Alfredo Guzmán Salazar, contra el hijo del Mayo, Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, extendiéndose a más de 20 municipios de Sinaloa.
En Badiraguato, los nuevos grupos imponen prohibiciones, controlan con violencia y marcan territorios con grafitis con las siglas MF en referencia a Mayito Flaco.
Este municipio es cuna del narcotráfico mexicano, hogar de familias y capos históricos como Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, la familia Beltrán Leyva, Juan José Esparragoza Moreno y la familia Guzmán.
Aunque varios líderes están presos o muertos, la violencia y la disputa por el control persisten, afectando la seguridad en la región y complicando la lucha contra el crimen organizado.
Desde la condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019, Estados Unidos ha sentenciado a cadena perpetua a 210 mexicanos ligados al crimen organizado, incluyendo a Rubén Oseguera “El Menchito”. Entre los delitos destacan narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reporta que más de 50 connacionales están en riesgo de recibir esta pena, entre ellos 29 líderes del narcotráfico entregados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en febrero pasado. Para 26 de ellos, el Departamento de Justicia ha solicitado cadena perpetua, incluidos los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas.
También está en juego la sentencia de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, preso en Nueva York, quien podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
Expertos destacan que para los narcotraficantes, pasar la vida en prisiones estadounidenses representa un castigo severo, en contraste con las “microciudades” que controlan en cárceles mexicanas. El confinamiento solitario, limitado acceso a comunicaciones y estricta vigilancia generan condiciones extremas que afectan su salud mental.
Entre los sentenciados a cadena perpetua hay 15 mujeres vinculadas al tráfico de drogas y personas. Juan García Abrego, jefe del Cártel del Golfo, fue uno de los primeros mexicanos en recibir esta pena, con 11 cadenas perpetuas consecutivas y multas millonarias.
Los casos más recientes son los de Héctor Apodaca Álvarez y Mark Roque Bustamante, condenados por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína. Ambos, junto a “El Menchito”, cumplen su sentencia en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos, al igual que “El Chapo” Guzmán.
Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declaró culpable ante una corte en Illinois por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa, como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que incluye su cooperación total a cambio de una posible reducción de sentencia.
El líder de “Los Chapitos” aceptó entregar 80 millones de dólares y proporcionar información veraz que podría impactar en juicios criminales, civiles o administrativos. También renunció a apelar cualquier parte del proceso y reconoce que su condena podría conllevar la deportación inmediata si no es ciudadano estadounidense.
El pacto detalla que Ovidio operaba como colíder del Cártel de Sinaloa entre 2008 y 2023, supervisando el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos y Canadá. Las drogas eran transportadas por medios aéreos, marítimos y subterráneos, incluso mediante túneles transfronterizos.
La acusación también lo vincula con el uso de violencia y corrupción: secuestros, asesinatos, sobornos y ataques armados contra fuerzas del orden y rivales. Se le atribuyen los homicidios de tres personas entre 2018 y 2021. Coordinaba además con sus hermanos y otros colaboradores la producción y distribución de drogas.
El acuerdo contempla una posible cadena perpetua, aunque la cooperación podría reducir su sentencia. La Fiscalía evalúa su historial criminal como bajo, pero debido a la gravedad de los delitos, el nivel de sentencia se ubica en el máximo.
La declaración de culpabilidad de Ovidio podría convertirse en un golpe estructural contra el Cártel de Sinaloa, al abrir rutas de información clave sobre el tráfico de fentanilo y sus vínculos financieros y políticos.
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable ante una corte federal en EE.UU. por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas, como parte de un acuerdo con fiscales estadounidenses.
El también conocido como “Chapito” admitió haber liderado el envío masivo de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana desde México, lo que ha contribuido a la crisis de sobredosis en EE.UU. Los detalles del acuerdo, incluyendo una posible sentencia o cooperación con autoridades, no fueron revelados. Es el primer hijo de “El Chapo” en declararse culpable.
Ovidio fue detenido en México en 2023 y extraditado meses después. Su hermano Joaquín Guzmán López y el líder histórico del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, también fueron capturados en Texas en julio y enfrentan cargos similares.
La declaración de Ovidio llega en medio de tensiones internas en el Cártel de Sinaloa, que ha visto una ola de violencia tras los arrestos.
Sinaloa se convirtió en el estado más violento del país, superando a Guanajuato, tras el recrudecimiento del conflicto entre “Los Chapitos” e integrantes de “La Mayiza”, dos facciones del Cártel de Sinaloa. En junio, se registraron 207 homicidios en la entidad, el nivel más alto desde abril de 2011.
De acuerdo con el Gobierno federal, el repunte en la violencia comenzó tras la polémica detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, quien fue entregado en secreto a autoridades de EE.UU. Una carta posterior del capo denunció que fue llevado “contra su voluntad” y traicionado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A partir de entonces, Sinaloa vivió una escalada de asesinatos, secuestros, toques de queda informales y terror social. En septiembre de 2024 se rompió la tregua: los enfrentamientos entre ambas facciones se extendieron por todo el estado.
El conflicto también disparó otros delitos como robos y lesiones dolosas. En junio se contabilizaron 295 delitos de alto impacto, la cifra más alta en más de una década. Solo en los primeros días de julio, ya se reportan 65 homicidios, con un posible nuevo récord al cierre del mes.
La Secretaría de Seguridad asegura que hay coordinación federal y estatal para contener la violencia, con operativos, decomisos, detenciones y el despliegue de miles de efectivos. A pesar de ello, Sinaloa sigue siendo hoy el foco rojo del país.
Frida Sofía Guzmán, nieta del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, expresó su respaldo a su padrastro, el boxeador Julio César Chávez Jr., detenido el 2 de julio en Los Ángeles por problemas con su visa y una orden de aprehensión en México.
La joven de 19 años publicó en sus historias de Instagram una foto con una banda roja en la cabeza bordada con el nombre de Chávez Jr., símbolo tradicional de apoyo en las peleas del boxeador, sin hacer comentarios sobre el proceso legal.
Frida Sofía, hija de Frida Muñoz y Édgar Guzmán López —hijo del ‘Chapo’ fallecido en 2008—, vive en Estados Unidos con su familia y mantiene una buena relación con su padrastro, a quien acompañó recientemente a una pelea contra Jake Paul.
En 2022, Chávez Jr. confirmó conocer a Ovidio Guzmán, otro hijo de ‘El Chapo’, a quien describió como “una buena persona” y mostró respeto hacia él, separando sus relaciones personales de rumores externos.
Desde abril, en la administración Trump se baraja la posibilidad de lanzar ataques aéreos contra cárteles mexicanos. La propuesta —que había quedado en segundo plano— ha retomado fuerza en las últimas semanas, alimentando el debate sobre la soberanía de México y las medidas unilaterales de Estados Unidos.
Seis funcionarios estadounidenses, entre ellos Tom Homan, revelaron que el plan incluye operativos con drones contra objetivos estratégicos del narco, como líderes, vehículos o almacenes, y que aunque aún no hay decisión oficial, no se descartan acciones encubiertas sin el consentimiento del gobierno mexicano.
Estados Unidos ha incrementado sus vuelos de vigilancia sobre territorio mexicano, con autorización del actual gobierno. Según exfuncionarios, la Casa Blanca busca crear una plataforma de inteligencia para una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado, al que califica como amenaza para la seguridad nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado que “se rechaza cualquier forma de intervención o injerencia. México colabora, pero no se subordina”. Ha aclarado que el enfoque debe estar en las causas estructurales, la inteligencia y la coordinación, no en bombardeos desde el extranjero.
Traficaron drogas, lavaron dinero, ejecutaron y armaron al crimen organizado en México, pero hoy varios de ellos caminan libres en Estados Unidos. Son al menos 23 criminales confesos que, a cambio de colaborar con la justicia estadounidense, han obtenido beneficios procesales que incluyen la libertad, pese a haber pertenecido a cárteles que Washington ha clasificado como organizaciones terroristas.
Entre ellos hay seis ex miembros del Cártel de Sinaloa, como Sergio Villarreal “El Grande”, Jesús Zambada “El Rey”, Vicente Zambada “El Vicentillo“, Pedro Flores, Tirso Martínez “El Futbolista” y Harold Poveda “El Conejo“, quienes han testificado en juicios clave contra Genaro García Luna y Joaquín “El Chapo ” Guzmán. Muchos de ellos ya están libres, con la condición de seguir disponibles como testigos.
Otros nombres son Óscar Nava Valencia “El Lobo” y su contador Elpidio Mojarro Pilo, testigos contra El Menchito, hijo del líder del CJNG. Ambos fueron líderes del Cártel del Milenio, parte de la Federación de Sinaloa, y lograron su libertad tras pactar con autoridades estadounidenses.
También hay colombianos en la lista, como Chupeta Ramírez y Jorge Cifuentes, socios directos del Chapo, así como operadores menos visibles, como Christian Rodríguez (exinformático del Chapo),Héctor Villarreal (extesorero de Coahuila), y El Jaguar, exjefe de sicarios del Cártel de Sinaloa en Chihuahua.
Algunos, como Pedro y Margarito Flores, construyeron redes de narcotráfico desde Chicago; uno de ellos incluso vive bajo nueva identidad como “consultor en seguridad”.
La lista cobra relevancia por estar integrada por miembros de cárteles señalados por la administración de Donald Trump como grupos terroristas: Sinaloa, CJNG y Los Zetas.
En contraste, otros personajes como Emma Coronel, Jessica Johanna Oseguera y Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo“, se declararon culpables pero no colaboraron. Sus sentencias fueron reducidas por evitar ir a juicio, pero sin beneficios adicionales.
Washington ha convertido la figura del testigo colaborador en una de sus herramientas más efectivas para desmantelar redes criminales, aunque eso implique dejar libres a quienes un día fueron piezas clave del narco mexicano.
La presencia del Cártel de Sinaloa en Topilejo, al sur de CDMX, es una historia que se cuenta desde hace más de 12 años en Tlalpan, así lo dio a conocer Oscar Balmen, periodista especializado en crimen, quien además asegura que los habitantes más longevos del Pueblo de San Miguel Topilejo aún recuerdan cómo el Ejército Mexicano entró a su colonia en diciembre de 2010.
“Entró el ejército hasta un terreno donde encontraron varios muertos, algunos decapitados, era raro ver al Ejército en las calles en ese entonces. Total que fue un chamaco el matón”, recordó Ramiro, habitante de Topilejo desde hace más de 50 años.
En ese entonces, Edgar, “El Ponchis”, fue detenido y procesado como responsable de la muerte de varias personas, “El ponchis” declaró en su momento qué había sido reclutado por una organización delictiva ligada al Cártel de Sinaloa.
Doce años después del hallazgo y la detección de “El Ponchis”, Topilejo vuelve a estar asociado al Cártel de Sinaloa.
La Fiscalía General de Justicia capitalina inició una carpeta de investigación permitiendo que en entradas y salidas al predio se colocaran sellos de resguardo.
Cabe destacar que la “guerra contra el narco” declarada por el entonces presidente, Felipe Calderon, iba por su cuarto año, pero no era común ver soldados en la capital mexicana. Desde el todavía D.F. se veía a la milicia muy lejos en lugares recónditos de Michoacán, Chihuahua o Baja California. Por eso, la presencia de los soldados resultaba extraña en Tlalpan, más aún cuando llegaron desde la 24 Zona Militar en Morelos. Hasta ellos parecían extrañados por la misión: confirmar si un niño de 14 años había llenado dos fosas clandestinas con tres cadáveres degollados.
Al final las instrucciones eran correctas,el niño apodado “Ponchis” era el autor de ese crimen horrible. De inmediato, se volvió noticia internacional y nos enteramos que él, Édgar J., había sido reclutado forzosamente a los 12 años por el crimen organizado. El hombre que lo había reclutado a la fuerza era un jefe criminal en Morelos que pertenecía al Cártel de Sinaloa. Sus víctimas y cómplices lo conocían como “El Negro” Hernández Radilla, un militar desertor que juró lealtad a la familia Guzmán Loera.
La historia se repite
La tarde del pasado martes 12 de julio se registró un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) y un grupo criminal de Sinaloa a la altura del kilómetro 28.5 de la carretera federal México-Cuernavaca, en la localidad de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan.
Como resultado del operativo implementado por las autoridades, se logró la detención de 14 personas y el rescate de cuatro más que se encontraban secuestradas en el inmueble de la colonia San Andrés Totoltepec.
Asimismo, elementos de la secretaría aseguraron 10 armas largas, entre ellas un fusil tipo Barret calibre 50, una ametralladora de alto poder 7.62 por 51, 12 granadas calibre 40 mm., más de 70 cartuchos útiles, chalecos antibalas, tres armas cortas y droga en cantidades no especificadas.
Después de que la SSCCDMX informara la detención de los integrantes del grupo criminal, circularon algunas fotografías en las que se puede observar que algunos de los sujetos portaban placas con la imagen de un roedor, lo que hace alusión a Ovidio Guzmán López (hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera), a quien apodan como “El Ratón”.
Otro de los detenidos, por su parte, usaba una placa con el rostro del Chapo. En todos los distintivos se puede leer la leyenda “Fuerzas Especiales”, así como el cargo de “Comandante”. De igual manera, son perceptibles las siglas “CDS” y “ JGL”. Esto confirmaría la pertenencia de los sujetos a Los Chapitos, célula del Cártel de Sinaloa y herederos del narcoimperio de Guzmán Loera.
Bajo esta misma narrativa, el titular de la SSCCDMX, Omar García Harfuch, confirmó durante una conferencia de prensa que los detenidos son originarios del estado de Sinaloa y que son miembros de un grupo criminal de dicha entidad.
“En las primeras entrevistas ya sabemos que algunos de ellos son del estado de Sinaloa, lo cual quiere decir que vienen de un grupo de este estado. Se descarta la versión [de que operan para el cártel de Los Rojos] todo indica al momento que son de un grupo proveniente de Sinaloa”.
El operativo desplegado por las autoridades este martes 12 de julio surgió a raíz de varias denuncias ciudadanas sobre la presencia de personas armadas, así como reportes por las privaciones ilegales de la libertad en la zona de Topilejo.
De manera adicional, García Harfuch reportó que cuatro oficiales resultaron heridos, uno de ellos de gravedad y dos que, hasta el momento de la conferencia de prensa, se encontraban fuera de peligro. Del último elemento no ofreció detalles.
El enfrentamiento inició luego de que elementos de inteligencia de la capital se trasladaran al domicilio, previamente identificado como una posible casa de seguridad, para verificar qué ocurría.
Vecinos aprueban reacción de las autoridades y reforzamiento de seguridad
Que bueno que las autoridades reaccionaron rápido en la balacera y hoy en las calles, vivimos entre drogas y asaltos, aquí en Topilejo” compartió una de las vecinas de manera anónima.
Que bueno que están aquí los policías, pero que sea permanente, no nada más de unos días”, solicitó Alejandro, otro de los habitantes de San Miguel Topilejo.
Este miércoles el predio en obra negra ubicado en el kilómetro 28 de la carretera federal a Cuernavaca, continuó resguardado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Comerciantes y vecinos en la zona donde se ubica el predio informaron a Excélsior que el lugar de la balacera fue invadido hace aproximadamente dos meses.
Se metieron forzando la entrada de arriba, la de abajo ya tenía tiempo abierta. Entraba la gente a robar o hacer del baño, hasta personas de la calle se metían, pero desde hace dos meses ellos se metieron, llegaban o salían más de noche”, compartió otro de los habitantes de la zona.
Salían todos mugrosos a comprar comida o refrescos, por la noche llegaban camionetas, tenían facha de policías de pueblo con ropa vieja y zapatos rotos, algunos tenían radios de comunicación” comentó uno de los comerciantes de la zona.
