La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó ante la suspensión de 90 días impuesta a la jueza Nancy Juárez Salas, quien en su momento ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma Judicial. La mandataria enfatizó que la sanción no se derivó de la queja presentada por la Presidencia, sino de denuncias previas contra la juzgadora.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Presidencia presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de Juárez Salas debido a diversas irregularidades. Entre ellas, destacó la orden de eliminar una publicación oficial del DOF, algo que calificó como un acto “absurdo e ilegal”, además de señalar que la jueza violó la Ley de Amparo en el proceso.
“La sanción por lo que hizo en 2022, bueno, pues ahí está, ni siquiera es por la queja que presentamos. La presentamos porque ella resolvió eliminar una publicación del DOF, cosa que es imposible (…) es absurdo pedir la eliminación de una publicación; y además estaba violando en ese momento la Ley de Amparo”, declaró Sheinbaum.
La Presidenta también subrayó que Juárez Salas amenazó con iniciar un proceso penal en su contra, así como con destituirla y encarcelarla. Sin embargo, aclaró que la suspensión de la jueza se debe a señalamientos presentados hace dos años, relacionados con desempeño deficiente, acoso laboral, nepotismo y la violación de derechos de los trabajadores.
Finalmente, Sheinbaum celebró que la Reforma Judicial ya sea constitucional y adelantó que el próximo 1 de junio se llevará a cabo la primera elección popular de personas juzgadoras en México. “Afortunadamente es ya constitucional la reforma al Poder Judicial, va muy bien y el 1 de junio vamos a poder elegir entre todas y todos los mexicanos a los jueces, juezas, magistradas, magistrados y ministras y ministros”, puntualizó.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.
Choque de competencias: jueza versus constituyente
La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.
La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.
Consecuencias institucionales
En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.
Peligros del precedente judicial
Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.
Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.
El Magistrado Juan José Olvera López desató polémica al sugerir que Claudia Sheinbaum puede acudir personalmente al tribunal para recoger la notificación relacionada con la orden judicial que anula la Reforma Judicial.
A pesar de que la Consejería Jurídica de la Presidencia recibió un documento sin información clave, Olvera calificó este error como un simple detalle “operativo”, restando importancia a la omisión de datos en el código QR enviado.
El magistrado, conocido por su participación en casos de alto perfil, afirmó que, aunque la notificación oficial no se haya entregado correctamente, Sheinbaum ya está enterada del fallo. “Hay muchas formas de enterarse”, comentó, señalando que la presidenta fue informada a través de los medios de comunicación, lo que él consideró suficiente para cumplir con el proceso.
Sin embargo, Olvera también argumentó que la mandataria o su equipo jurídico podrían acudir al tribunal si desean acceder al expediente completo. Este comentario ha sido percibido como una manera de evadir su responsabilidad de garantizar que el proceso de notificación se realice de forma adecuada y conforme a la ley.
El magistrado defendió su postura, afirmando que la notificación formal es solo un aspecto técnico, e insistió en que lo importante es que Sheinbaum ya tiene conocimiento del fallo, aunque no haya recibido el documento como corresponde.
Con estas declaraciones, Olvera parece minimizar la importancia de cumplir con los protocolos judiciales establecidos, dejando abierta la posibilidad de que la notificación oficial sea tratada como un mero trámite sin mayor relevancia.
Duarnte su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió este miércoles con firmeza a la notificación emitida por la jueza Nancy Juárez, quien pidió que se retirara del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al Poder Judicial que impulsa la democratización de esta institución. En su intervención, Sheinbaum calificó la notificación de la jueza como carente de fundamento legal y sin efectos, señalando que el documento incluía un código QR inservible que no lleva a ningún lado.
“Sí, fíjense, esto está muy bueno también, buenísimo. Fíjense, llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y dice: véase la notificación en este QR. ‘El QR ha sido eliminado’”, dijo.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein denunció que Consejería Jurídica de Presidencia recibió como notificación para eliminar la Reforma al Poder Judicial del #DOF un código QR que no funciona. La presidenta agregó que se pidió a un notario público certificará que el… pic.twitter.com/gkvwnIZCop
Con tono irónico, Sheinbaum comentó: “A ver, que Harvard nos diga por qué el QR no se abrió”, lo cual desató risas entre los presentes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. La referencia hizo alusión a un reciente evento en la Universidad de Harvard, donde el ministro de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, abordó las reformas judiciales y los requisitos para los futuros jueces y magistrados.
Notificaciones sin respaldo legal y con irregularidades
Sheinbaum explicó que, al intentar validar la notificación, su equipo descubrió que el código QR proporcionado en el documento estaba desactivado, evidenciando un intento fallido de la jueza por obstaculizar las reformas impulsadas para hacer más democrático al Poder Judicial. “Sí viene un texto y dice ‘véase la notificación en este QR’, pero el QR ha sido eliminado. O sea, no hay notificación”, subrayó la mandataria.
En este sentido, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, solicitó que el Notario Público No. 176 certificara esta irregularidad, confirmando que la notificación no tenía validez alguna. Sheinbaum enfatizó que su gobierno está actuando conforme a la ley y amparado en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este tipo de medidas no aplican en el caso de reformas constitucionales.
Este lunes, la jueza Nancy Juárez Salas, titular del juzgado décimo noveno del estado de Veracruz, ofreció una entrevista para MVS, en donde aprovechó para volver a lanzarse en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la cual acusó de “despreciar” a la Constitución, a las instituciones y al pueblo de México, esto luego de que la mandataria desestimó los recursos presentados en contra de la ya promulgada Reforma al Poder Judicial.
Pese a que desde Palacio Nacional e infinidad de foros se ha discutido y explicado que la jueza Salas no tiene atribuciones para echar atrás una reforma ya aprobada y promulgada, la “impartidora de justicia” insistió en que “el Poder Judicial tiene la facultad de intervenir cuando se interponen amparos que alegan violaciones a los derechos humanos.”
“Nosotros somos quienes defendemos al pueblo de los actos arbitrarios de cualquier autoridad”, aseguró sin reparo la conservadora, a la par que lamentó que la Presidenta no le siga el juego y ésta no haya interpuesto ningún recurso de apelación según establece la Ley de Amparo.
“Efectivamente, si la presidenta o cualquier otra autoridad desde su particular apreciación considera que un juez federal no tiene atribución, como lo han venido manifestando, lo que tendrían que hacer es recurrir con los recursos previstos en la Ley de amparo”.
Finalmente, la jueza mencionó que el incumplimiento de la orden podría traer consecuencias legales a la Presidenta y cualquier otra autoridad que acate la suspensión judicial: “El artículo 107 de la Constitución establece sanciones penales, incluso la cárcel, para quienes desacaten una autoridad judicial”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reafirmado su postura en defensa de la reforma al Poder Judicial, luego de que una jueza de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenara retirar la iniciativa del Diario Oficial de la Federación (DOF). En un evento en Escárcega, Campeche, durante su gira política, Sheinbaum dejó claro que dicha medida no será acatada y acusó a la jueza de extralimitarse en sus funciones.
Sheinbaum, en medio de un multitudinario acto, señaló que la reforma busca garantizar la elección directa de jueces y magistrados, un proceso que, según la mandataria, es respaldado por el pueblo mexicano. “La jueza no tiene atribución jurídica para ordenar la eliminación de la reforma”, sostuvo tajante la presidenta, subrayando que la orden carece de sustento legal.
📹 #Vídeo | Firme en la defensa de la democratización, la Presidenta @Claudiashein le repite a los conservadores y a la jueza Nancy Juárez que no se va a bajar la #ReformaJudicial del #DOF y la transformación continuará. “Se está extralimitando”, señaló sobre Juárez Salas. pic.twitter.com/S7dih8KP7z
La controversia comenzó cuando Juárez Salas, desde Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una resolución ordenando bajar del DOF la publicación de la reforma, argumentando que se trataba de una suspensión derivada de un amparo y basada en el Artículo 262 de la Ley de Amparo y el artículo 107 Constitucional. La jueza advirtió que el desacato a su mandato podría implicar hasta siete años de prisión para los responsables.
Sin embargo, Sheinbaum respondió que el Artículo 61 de la misma Ley de Amparo establece que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de suspensión judicial. En este sentido, la mandataria reiteró que la decisión de elegir a los jueces es un mandato popular: “El pueblo eligió a sus gobernantes, diputados y senadores, y ahora también quiere elegir a jueces y ministros”.
El conflicto legal ha generado reacciones tanto a nivel judicial como político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación votó mayoritariamente a favor de continuar con el paro de labores en los juzgados y tribunales de todo el país. Con 809 votos a favor y 497 en contra, los jueces decidieron suspender parcialmente sus actividades, a partir del lunes 21 de octubre, en protesta por la reforma.
En un hecho que sienta un peligroso precedente, la jueza federal Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, ha dictado una resolución que podría interpretarse como un desafío directo a la Constitución mexicana y al proceso legislativo. La magistrada ordenó la eliminación de la publicación del Decreto de Reforma Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), alegando supuestas violaciones en el procedimiento de aprobación de dicha reforma.
Lo que llama la atención no es solo la medida en sí, sino el claro mensaje que envía: los jueces, una vez más, parecen posicionarse por encima de la ley y la Constitución, al dictar resoluciones que afectan el orden constitucional y democrático del país. Juárez Salas argumentó que el dictamen de la reforma no fue discutido ni votado en el plazo de 30 días naturales, un requisito que, paradójicamente, solo aplica a las iniciativas preferentes, y no a las reformas como la del Poder Judicial de la Federación (PJF), que no tiene esta categoría.
¿Quién está por encima de quién?
La decisión de la jueza, derivada de una solicitud de una trabajadora del PJF, plantea preguntas sobre los límites de la autoridad judicial y su respeto por los procedimientos constitucionales. A pesar de que la Constitución otorga facultades específicas al Congreso y al Ejecutivo para llevar a cabo reformas, la suspensión definitiva concedida por Juárez Salas pretende revertir un proceso ya completado, con la excusa de “restituir derechos” supuestamente vulnerados. Esto plantea una grave amenaza al principio de la división de poderes, ya que una decisión judicial, que debería actuar dentro del marco de la ley, ha invalidado un procedimiento que fue debatido y aprobado por representantes electos democráticamente.
En su resolución, la jueza indicó que la publicación del decreto de la Reforma Judicial debería ser eliminada, ordenando al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al Director del DOF, Alejandro López González, que acaten dicha instrucción. El fallo invoca de manera preocupante principios como la independencia judicial y la imparcialidad, pero termina convirtiéndose en un ejemplo claro de cómo el poder judicial puede interferir en los procesos legislativos que no le competen.
Un precedente peligroso para el orden constitucional
Este tipo de decisiones no es aislado. Previamente, otros jueces habían concedido suspensiones para frenar la aprobación de la reforma, aunque ninguna tuvo éxito hasta ahora. La constante intervención judicial en procesos legislativos aprobados democráticamente pone en jaque el equilibrio de los poderes en México. La jueza Juárez Salas parece estar estableciendo una peligrosa tendencia, en la cual los jueces se adjudican el papel de árbitros finales de las decisiones políticas y legislativas, aún cuando estas no violen la Constitución.
Más allá de los tecnicismos legales, el mensaje es claro: si los jueces pueden bloquear reformas basadas en interpretaciones dudosas de la ley, el poder legislativo y ejecutivo se convierten en actores secundarios en el proceso de transformación del país. Y mientras tanto, el pueblo queda a merced de resoluciones judiciales que no siempre parecen responder al interés colectivo.
¿Qué podemos esperar?
La resolución de la jueza Juárez Salas aún debe ser notificada oficialmente al Presidente de México y al Director del DOF. Sin embargo, es claro que este fallo no solo buscará modificar la publicación del DOF, sino que abre la puerta a una discusión más amplia sobre los límites del poder judicial y su capacidad para intervenir en las decisiones legislativas. Este tipo de actuaciones judiciales deberían alertarnos sobre el creciente poder de los jueces y su capacidad de interferir en procesos que, por su propia naturaleza, pertenecen a la esfera de la voluntad popular expresada en el Congreso.
El reciente fallo de la jueza Nancy Juárez Salas evidencia cómo algunos miembros del poder judicial se ven a sí mismos como árbitros supremos, incluso por encima de la Constitución. Estas acciones, lejos de proteger la legalidad, amenazan la estabilidad democrática y la división de poderes en México.
