La candidata a Ministra de la SCJN, Dra. Loretta Ortiz, advirtió que quienes llamen a no participar en la elección del Poder Judicial están siendo desleales con México. En un contexto en el que algunos sectores han instado a la ciudadanía a no votar, Ortiz calificó estos actos como “patadas de ahogado”.
Durante su declaración, señaló que no participar en la elección del primero de junio afecta el bienestar de todos los mexicanos. “El desinformar y el llamar a no votar son decisiones que impactan a la nación”, afirmó.
Ortiz destacó que la participación ciudadana es crucial para lograr un Poder Judicial envidiable a nivel internacional. “Si la ciudadanía sale a votar, tendremos una justicia más cercana al pueblo”, expresó.
La funcionaria explicó que hay grupos que se resisten a aceptar los problemas del pasado, como el acoso y la corrupción en el sistema judicial. “Algunos se beneficiaron de esos vicios y ahora están molestos por el cambio”, comentó.
A pesar de la oposición, Loretta Ortiz celebró el momento histórico que vive México. “Estamos ante una campaña histórica, por primera vez se elegirán a los representantes del Poder Judicial”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se involucre en el proceso electoral. “Es de suma importancia que participen en esta transformación del Poder Judicial”, concluyó.
En un importante fallo que resuena con fuerza en la lucha por la justicia fiscal en México, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que la ministra Lenia Batres Guadarrama es plenamente competente para resolver el amparo interpuesto por el magnate de la usura y la evasión fiscal, Ricardo Salinas Pliego.
Esta resolución no solo refuerza la independencia del poder judicial, sino que también sienta un precedente en la defensa del estado de derecho frente a las prácticas de evasión fiscal.
Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas, ha sido señalado por sus prácticas de usura y evasión fiscal, cuestionamientos que han llevado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar acceso a su información bancaria desde 2012.
En un intento de eludir esta revisión que podría revelar delitos financieros, el empresario argumentó que su derecho al secreto bancario estaba siendo vulnerado. Sin embargo, la decisión de la SCJN deja claro que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en una sociedad democrática.
La ministra Lenia Batres, con su firmeza y compromiso con la justicia, se ha convertido en un baluarte contra las artimañas legales de quienes buscan protegerse detrás de la opacidad, en la que no permitirá que el poder económico influya en la justicia.
El juez Décimosexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México ya había declarado inconstitucionales los artículos que permitían a la UIF acceder a información bancaria sin autorización judicial.
La decisión de la SCJN de retomar este caso y desestimar el impedimento planteado por Salinas Pliego resalta la importancia de que la UIF cuente con las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de supervisión y control financiero.
La decisión unánime de la Primera Sala de la SCJN refuerza la lucha contra la evasión fiscal y la usura en el país
La SCJN, con el respaldo de la ministra Lenia Batres, está enviando un mensaje claro: la justicia debe prevalecer sobre los intereses de aquellos que, a través de la usura y el abuso, buscan evadir su responsabilidad ante la sociedad.
La unanimidad de sus colegas en la Primera Sala es un testimonio del respaldo institucional a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
La lucha contra la evasión fiscal y la usura debe continuar, y la SCJN, bajo el liderazgo de figuras como Lenia Batres, está demostrando que la justicia no tiene precio y que la ley se aplica por igual a todos, sin importar su fortuna o poder.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y ampliamente señalado por prácticas de usura y evasión fiscal, ha vuelto a protagonizar un escándalo al denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Ahlf.
En una estrategia intimidatoria, la denuncia del empresario ocurre en medio de litigios millonarios que sus empresas mantienen contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el pago de impuestos, y refleja un patrón recurrente del empresario: utilizar su poder económico para eludir responsabilidades y presionar a instituciones públicas.
Usura y explotación financiera
Salinas Pliego ha construido su fortuna en sectores como la televisión, la banca (a través de Banco Azteca) y el comercio minorista. Sus empresas ofrecen créditos con tasas de interés que superan el 100% anual a sectores vulnerables, lo que ha endeudado a miles de familias. Elektra, por ejemplo, promueve préstamos con intereses muy elevados, una práctica que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha señalado como “abusiva”.
Evasión fiscal: Un historial controvertido
El conflicto actual surgió tras declaraciones de la ministra Ortiz, quien reveló que, antes de asumir su cargo en 2021, personas vinculadas a Salinas Pliego le ofrecieron manejar su imagen pública a cambio de favorecer a sus empresas en juicios fiscales. La Corte actualmente analiza si las compañías del magnate deben pagar más de 70 mil millones de pesos en adeudos al SAT.
La denuncia contra Ortiz es un intento de desacreditar a una ministra que podría votar en su contra. Cabe subrayar que el empresario ya había impulsado recursos legales para excluir a Ortiz de los debates fiscales en la Corte, lo que fue rechazado por la propia SCJN.
Frente a las acusaciones de la ministra, Salinas Pliego se limitó a tacharla de “mentirosa” y “sin escrúpulos”, sin presentar pruebas que refuten sus dichos. Tampoco ha explicado por qué sus empresas acumulan décadas de controversias fiscales o cómo justifica las tasas de interés de sus créditos.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, reafirmó su apoyo a la reforma al Poder Judicial, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones del Senado de la República y se espera que sea discutido por el Pleno esta semana.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la juzgadora aclaró su posicionamiento sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las versiones que señalan un cambio de opinión sobre la reforma que busca elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros.
Ante los recientes cuestionamientos sobre mi presunto cambio de postura frente a la #ReformaJudicial, principalmente dentro de esta red, quiero aclarar lo siguiente.
Como he señalado en distintos espacios —y desde las primeras reflexiones públicas sobre una eventual reforma—…
En ese sentido, Ortiz Alf sostuvo que la Reforma Judicial “contribuirá decididamente a garantizar el acceso a la justicia que las y los mexicanos merecemos”, puesto que con los foros ha fortalecido a la iniciativa porque se garantiza que el acceso a estos cargos sea con estándares objetivos, en los que se contemple “el mérito personal y la capacidad profesional de las personas candidatas”.
Además, destacó que la actual reforma contempla la conformación de comités técnicos y la posibilidad de que las actuales personas juzgadoras participen en el proceso electoral. Además, señaló que en la legislación secundaria se tendrá que profundizar y ampliar dichos objetivos.
Asimismo, aseguró que “los estándares internacionales no prevén un modelo ideal o inequívoco para seleccionar a las personas juzgadoras”, además reiteró que corresponde “al pueblo mexicano” decidir sobre la forma de elegir los ministros, magistrados y jueces.
Este 29 de noviembre, las tres mujeres candidatas a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que integran la terna para sustituir al ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, comparecieron ante el pleno del Senado.
Tras la comparecencia de las tres candidatas: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, el Senado aprobó el dictamen para que de dicha terna se elija a la próxima ministra de la SCJN.
Bertha Alcalde Luján fue la primera en comparecer y explicó que el país exige una justicia más humana, una justicia moderna y transformadora que edifique nuevos paradigmas para colocarla al servicio del pueblo. Y enfatizó que “para que nadie se quede afuera y nadie se quede atrás”.
Asimismo, detalló que las y los mexicanos no conocen sus medios de defensa legal y no tienen condiciones para acceder a la justica, por lo que la Suprema Corte de Justicia tiene la posibilidad de incidir ante esta realidad.
Por su parte, Lenia Batres Guadarrama enfatizó que no cabe duda de que los tiempos están cambiando, pues en esta ocasión una mujer sustituirá a un hombre en el cargo de magistrado de la SCJN, la cual se convertirá en la décimo quinta mujer en ocupar el puesto de ministra, en los 200 años de historia que tiene la SCJN.
Aseguró que al designarse a una mujer como ministra de la SCJN se estará dando cumplimiento al mandato aprobado por el constituyente permanente en 2019 en el sentido de que, en la integración de los órganos jurisdiccionales, también se debe de observar el principio de paridad de género.
Sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, a través del voto popular, la candidata indicó que hay países como Bolivia y Suiza, en los cuales las personas juzgadoras son elegidas por el sufragio universal. También ejemplificó el caso de Chile, donde se conforman tribunales con personas provenientes del Poder Judicial, como de personas ajenas a este poder.
Por último, María Estela Ríos González, tercera aspirante a ocupar el lugar vacante en la Corte, señaló la necesidad de privilegiar modelos alternativos para la resolución de conflictos judiciales; destacando la conciliación y la justicia restaurativa.
Adicionalmente, Ríos González expuso ante el pleno de la Cámara Alta la importancia de integrar la realidad política, económica y social del país en las resoluciones del máximo órgano judicial:
“Me importa mucho que las resoluciones que se dicten en la Suprema Corte deban hacerse tomando en cuenta la realidad política, económica y social (…) para que esos valiosos principios que emanan de los mandatos constitucionales realmente se hagan efectivos”, manifestó la aspirante a ministra.
