Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza, y celebró una reducción histórica en los cruces irregulares de migrantes en la frontera sur durante los últimos meses.
“Estamos cerrando las fronteras y ahora respetan a este país otra vez… México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá también”, declaró el presidente republicano desde el Salón Oval tras firmar una orden ejecutiva sobre seguridad social.
Trump señaló que tanto la frontera norte como la sur “eran horribles” antes de sus medidas, pero ahora “todo el mundo entiende” que Estados Unidos está recuperando el control.
A inicios de agosto el Departamento de Seguridad Interna reportó que julio registró el nivel más bajo de cruces irregulares desde la década de 1960, hecho que Trump atribuye a su política migratoria estricta y a la cooperación de México.
La Administración de Donald Trump solicitó al Tribunal Supremo de Estados Unidos suspender la orden de Maame E. Frimpong, jueza de California, que busca cesar las detenciones del ICE. La jueza prohibió al servicio detener a personas por factores xenófobos y racistas: hablar español, trabajar en construcción o “parecer latino” principalmente.
Organizaciones de defensa de derechos civiles advierten que un fallo favorable al Gobierno aumentaría la inseguridad y el miedo entre latinos en ciudades como Los Ángeles, la cual ha sido el epicentro de las redadas masivas de este verano, según información recopilada por El País.
Frimpong concluyó que el ICE carece de fundamento legal para detener a la mayoría de los individuos arrestados, y calificó las operaciones como una “presencia amenazante” que genera temor de secuestro entre ciudadanos y residentes legales.
El Gobierno defiende su posición alegando que factores como hablar español o desempeñar ciertos trabajos pueden aumentar la probabilidad de que alguien sea indocumentado y justifica su uso para intensificar la aplicación de leyes migratorias. Por su parte, activistas denuncian las repercusiones del miedo: niños dejan de ir a la escuela, adultos evitan trabajar y toda la comunidad vive bajo constante tensión.
El tema ha generado polémica y protestas a nivel nacional, la decisión del Supremo será determinante, puesto que podría reescribir la política migratoria y el alcance de las detenciones basadas en perfil racial en Estados Unidos.
En sus primeros seis meses de regreso al poder, Donald Trump presume mano dura contra la migración: 300 mil inmigrantes indocumentados arrestados, de los cuales “casi el 70% eran delincuentes”, según su vocera Karoline Leavitt, sin presentar pruebas que respalden la cifra.
La Casa Blanca califica el dato como “un éxito total” al afirmar que las detenciones eliminan amenazas para la seguridad pública y facilitan la deportación de personas a sus países de origen. La estrategia ha reforzado el papel del ICE y busca cumplir la promesa de una campaña masiva de deportaciones.
Sin embargo, defensores de migrantes denuncian abusos: detenciones en centros como el polémico “Alligator Alcatraz”, deportación de madres con hijos enfermos y traslados a prisiones de alta seguridad sin cargos formales.
La Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) reporta que los cruces ilegales cayeron en julio a mínimos históricos, con 24 mil 628 encuentros fronterizos, un 92% menos que hace un año. Aun así, Trump impulsa miles de millones de dólares para el muro y más agentes, financiados con recortes a la ciencia y ayuda humanitaria.
Tres mujeres inmigrantes —originarias de Venezuela, Cuba y Haití— encabezan una demanda federal en contra de la administración de Donald Trump por la cancelación repentina de los programas de parole que otorgaban permiso legal para permanecer y trabajar en Estados Unidos.
De acuerdo con información de La Opinión, las demandantes, identificadas como Sileiri, Meryem y Olivia, aseguran que siguieron todos los procesos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de la aplicación CBP One. A pesar de ello, el gobierno de Trump revocó su estatus legal por medio de un correo electrónico, dejándolas en condición de indocumentadas y en riesgo de deportación.
La querella, presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts por la Asociación Venezolana de Massachusetts, el Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute, calificó la decisión como “repentina, ilegal y cruel”, acusando a la Casa Blanca de atacar a personas en situación vulnerable aun después de haber cumplido con todos los requisitos oficiales.
Creada durante el gobierno de Joe Biden, CBP One permitía a los migrantes programar citas para ingresar de manera regular al país. Sin embargo, Trump eliminó la aplicación el primer día de su segunda administración, reemplazándola por CBP Home, diseñada, por el contrario, para programar salidas voluntarias. El DHS participó por medio del envío de correos masivos con el mensaje: “Es hora de que dejes Estados Unidos”, que llegó incluso a algunos ciudadanos estadounidenses.
Este caso se suma a otra demanda contra la actual administración estadounidense, por la cancelación de visas humanitarias para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV), lo que ha incrementado la tensión legal y política en torno a las decisiones de Trump respecto a la migración.
El activista y defensor de derechos humanos migrantes, Luis García Villagrán, fue liberado del Centro de Reinserción Social No. 3 en Tapachula, Chiapas. Tras audiencia, el juez Jonathan Izquierdo dictaminó no vincularlo al proceso por el delito de delincuencia organizada en modalidad de tráfico de migrantes.
Los abogados de García Villagrán, José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera García, presentaron pruebas que demostraron al activista como beneficiario del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación a causa de su labor humanitaria, lo que fue clave para que el juez valorara su declaración y ordenara su libertad.
“El juez determinó que no hay elementos suficientes para acreditar responsabilidad y decidió no vincularlo a proceso, por lo que Luis García Villagrán queda libre sin medidas restrictivas ni sujeción judicial”, explicó Martínez Sánchez.
El activista fue detenido el 5 de agosto, momentos antes de la salida de la Caravana migrante “Éxodo de la Justicia”, evento que había promovido y planeaba acompañar. Familiares y colaboradores celebraron su liberación en las afueras del penal.
No obstante, aún con la dictaminación de su libertad, la Fiscalía General de la República puede todavía impugnar la decisión judicial y continuar con la investigación.
Activistas y familiares denuncian que las autoridades de Estados Unidos ocultan la lista completa de migrantes detenidos en el centro Alcatraz de Caimanes, ubicado cerca de Miami, Florida. Se teme que al menos 250 migrantes sin antecedentes penales estén desaparecidos al no estar en los registros oficiales.
De acuerdo con información recopilada por La Razón, Javier Calzada, de la asociación Migrant Heroes, alerta que muchos detenidos no figuran en las listas oficiales, por lo que sus familias no saben de su paradero. El senador demócrata Carlos Guillermo-Smith confirmó que la información proporcionada por el centro es parcial y que en sus instalaciones hay alrededor de 750 migrantes en condiciones precarias.
El centro, criticado por políticos afines a Trump, es señalado por organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) por violaciones a derechos humanos, incluyendo negligencia médica, falta de acceso a defensa legal y detención arbitraria. Además, enfrenta demandas legales por estos abusos.
Familiares de los detenidos denuncian que sus seres queridos son tratados como criminales, pese a no tener antecedentes penales, y temen por su seguridad dentro del centro.
Con más de 40 nacionalidades detenidas, principalmente de México, Guatemala y Cuba, la situación en Alcatraz de Caimanes genera alarma por la posible desaparición forzada y violaciones graves a derechos humanos que se viven en esta prisión temporal en Florida.
El gobierno de Donald Trump abrirá un centro de detención de migrantes en la base militar de Fort Bliss, cerca de la frontera con México.
Este centro tendrá capacidad para cinco mil personas. La construcción comenzará con una capacidad inicial para mil migrantes.
Trump considera la lucha contra la migración ilegal una prioridad absoluta. Desde su regreso al poder, ha prometido expulsar a millones de migrantes sin visa.
Los críticos expresan preocupación por las condiciones en los centros de detención. Informes destacan abusos y trato degradante en instalaciones de Florida.
Las acciones de la administración incluyen redadas, arrestos y deportaciones en aviones militares. La situación en la frontera sigue siendo tensa y conflictiva.
Activistas advierten que se criminaliza a la población mexicana en EE.UU. por el tráfico de fentanilo, a pesar de que el 81% de los acusados son estadounidenses.
De 400 mil reos por delitos de drogas, solo el 12% está encarcelado por fentanilo. Expertos señalan que el discurso contra migrantes ignora datos oficiales.
Francisco Zamarripa, abogado en migración, afirma que los datos muestran que el 80% de los condenados por narcotráfico son ciudadanos estadounidenses. Esto contradice la narrativa oficial.
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, considera que la prioridad del gobierno estadounidense es cumplir metas numéricas, no detener criminales.
Los migrantes trabajan y contribuyen a la economía, pero su estatus los hace vulnerables. La criminalización de los migrantes no resuelve el problema del narcotráfico.
Cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, cansados del hacinamiento y largos retrasos en sus trámites migratorios, iniciaron una caravana rumbo a la Ciudad de México, buscando empleo y continuar sus procesos. Este grupo, de unas 400 personas de países como Colombia, Venezuela, Cuba y Haití, muestra un cambio de ruta respecto a las caravanas previas que buscaban llegar a la frontera norte.
En una entrevista para Reporte índigo, Irineo Mujica, director de Pueblo Sin Fronteras, explica que el sistema migratorio mexicano ha convertido a Tapachula en una especie de “capital de la migración”, donde la corrupción en organismos como COMAR y el INM obliga a los migrantes a pagar hasta 20 mil pesos para agilizar citas y obtener documentos que les permitan trabajar o moverse libremente.
Las caravanas no solo son una forma de protesta y autodefensa ante la inseguridad y la falta de vías legales para migrar, sino también una estrategia para evitar la extorsión de traficantes y la violencia de grupos criminales. En estas marchas, predominan familias completas, mujeres y niños, quienes encuentran en la unión una protección vital.
El interés de muchos migrantes por llegar a Estados Unidos ha disminuido debido a políticas migratorias más estrictas y los crecientes riesgos en el camino. Muchos prefieren quedarse en México o buscar oportunidades en otros países latinoamericanos, donde el proceso es menos peligroso.
Por último, Mujica denuncia un ataque a los derechos humanos tras la detención del activista Luis García Villagrán, defensor de migrantes y bajo protección gubernamental, acusado de facilitar documentos para los migrantes. Este caso es visto como un intento de frenar el libre tránsito y la defensa de esta población vulnerable.
El presidente Donald Trump anunció un nuevo censo que excluirá a inmigrantes indocumentados. La orden llega cinco años antes del próximo censo oficial de 2030.
Trump pidió al Departamento de Comercio que inicie un censo de alta precisión, utilizando datos de las elecciones de 2024. Esto genera controversia, ya que el censo tradicional incluye a todos los habitantes del país.
Actualmente, el Congreso puede ordenar censos adicionales, pero solo para fines estadísticos. Estos no deben usarse para redistribuir distritos electorales.
La medida coincide con intentos en Texas de redibujar el mapa electoral. Los demócratas en Texas se oponen y han abandonado el estado para bloquear la propuesta.
