La violencia contra los trabajadores obligó a cancelar la jornada, evidenciando la ineficacia del modelo de seguridad universitaria y la prioridad institucional de aplazar vacunas antes que proteger a su comunidad.
El pasado viernes, la UNAM anunció la suspensión total de su jornada de vacunación en el Mega Centro del Estadio Olímpico Universitario, luego de que un grupo de personas que llegó fuera del horario establecido agrediera a trabajadores al exigir ser vacunados.
Lejos de reforzar protocolos de protección para su personal, la institución optó por cancelar la jornada completa, dejando sin inmunización a miles de personas programadas para el sábado. La propia UNAM informó que quienes quedaron pendientes serían contactados a partir del 18 de noviembre, es decir, cuatro días después.
El incidente expuso nuevamente la crisis de seguridad que atraviesa la Universidad.
Apenas semanas atrás, un aficionado murió en las inmediaciones del estadio, un hecho que ya había encendido alarmas internas. Ahora, la agresión contra personal de salud vuelve a evidenciar que las autoridades universitarias carecen de un modelo de prevención eficiente, incapaz de responder ante riesgos básicos y, peor aún, incapaz de proteger a quienes sostienen las labores más sensibles: los trabajadores.
A esta situación se suma la polémica decisión del rector Leonardo Lomelí, quien nombró a Manuel Palma Rangel como nuevo titular de seguridad universitaria.
Palma Rangel, exfuncionario del sistema penitenciario del Estado de México, ha sido señalado por presunta corrupción, cobros ilegales y prácticas de control punitivo en cárceles mexiquenses. Su expertise —centrado en poblaciones cautivas y esquemas de máxima seguridad— contrasta con lo que requiere una universidad pública, autónoma y abierta.
Mientras la UNAM reporta haber aplicado 73 mil 671 vacunas hasta el viernes 14 —entre influenza, neumococo, covid-19 y triple viral— la suspensión del sábado revela una prioridad cuestionable: detener la vacunación, pero no garantizar entornos seguros para sus trabajadores ni para la comunidad que atiende.
La institución calificó la violencia como “inadmisible”, pero no anunció medidas de protección adicionales ni acciones disciplinarias contra los agresores.
Con un nuevo responsable de seguridad vinculado a modelos penitenciarios y un megacentro suspendido por falta de control básico, la UNAM enfrenta una pregunta urgente: ¿puede garantizar la seguridad de su comunidad o seguirá respondiendo con improvisación?
