En los últimos nueve años, los cinco funcionarios que hoy dejan sus puestos en el Instituto Nacional Electoral (INE) le costaron a México, 162 millones 043 mil 437 pesos por los salarios recibidos. Cada uno ganó más de 32 millones de pesos en ese periodo.
Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama, Adriana Favela, Roberto Ruiz Saldaña y Edmundo Jacobo Molina son los consejeros y el Secretario Ejecutivo que, de 2014 a 2022, recibieron 32 millones 963 mil 102 pesos y 30 millones 191 mil 029 pesos respectivamente por percepciones integradas por sus salarios y prestaciones.
La defensa de los salarios se hizo más evidente cuando en el año 2021 se hizo un recorte presupuestal al Instituto; fue el año en que se llevó a cabo la Consulta de Revocación de Mandato y en voz de Lorenzo Córdova se anunció que por la disminución de presupuesto, primero se cumpliría con la responsabilidad de los sueldos y después con el despliegue informativo y material de la consulta.
Para entonces y hasta la fecha, los altos salarios y prestaciones de quienes ocupan los principales puestos en el INE ya era un debate nacional: el Presidente Andrés Manuel López Obrador no dio descanso al tema desde la mañanera y a través una reforma constitucional que no fue aprobada y leyes secundarias, conocidas como el “Plan B” electoral que actualmente están en espera de ser discutidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por otro lado, Córdova y Ciro Murayama protagonizaron la defensa de los salarios bajo el argumento de defender al INE; la oposición encontró ahí un espacio para aglutinarse y en fechas recientes, en respuestas a las reformas anunciadas, salió a las calles para “defender la democracia”.
Hoy abandonan el puesto en el que recibieron como sueldo bruto hasta 362 mil 850 mensuales en su mejor momento, acompañados de hasta 11 asesores cada uno con sueldos mensuales de más de 70 mil pesos.
También se va, aunque por decisión propia, el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, un puesto clave desde donde se impulsaron los amparos en la reducción de los salarios y las impugnaciones a las reformas en la materia, por ejemplo. En esta posición, la cualidad principal de Jacobo Molina fue la discreción, como él mismo ha dicho.
Al presentar su renuncia, Jacobo Molina dijo que diseñó una Secretaría Ejecutiva discreta, con bajo protagonismo público “para aislar la operación institucional del trajín propio de las contiendas entre las distintas fuerzas partidistas”. No obstante, sus casi 15 años y su reelección, la cual fue señalada dentro del mismo instituto como irregular, le valieron cada vez más críticas. Desde esa posición percibió un sueldo mensual de hasta 340 mil 522 pesos.
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