La Policía Federal de Brasil presentará este jueves una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro en el marco de la investigación por su presunta participación en una conspiración para desestabilizar el gobierno democrático tras su derrota en las elecciones de 2022, según informaron fuentes policiales.
El informe policial, resultado de una extensa investigación de casi dos años, detalla la supuesta participación de Bolsonaro en un movimiento que buscaba desacreditar los resultados electorales y generar caos político. Dicho movimiento culminó en enero de 2023, cuando manifestantes afines al exmandatario irrumpieron violentamente en la capital, Brasilia, apenas una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.
Los disturbios tenían como objetivo justificar, según la investigación, un golpe militar. Además, se descubrieron indicios de un plan para asesinar a Lula antes de que tomara posesión del cargo. Según una fuente cercana al caso, Bolsonaro estaba al tanto de estas intenciones.
Implicaciones legales y políticas para Bolsonaro
La presentación del informe policial al Supremo Tribunal Federal podría derivar en cargos penales contra Bolsonaro y varios de sus antiguos colaboradores, incluidos el general retirado Walter Braga Netto, exministro de Defensa, y el general retirado Augusto Heleno, exasesor de seguridad nacional. Un total de 40 sospechosos, incluidos miembros de alto rango de su administración, han sido señalados por su presunta participación.
Bolsonaro ha negado cualquier implicación en las acusaciones y calificó la investigación como una persecución política. Sin embargo, estas acusaciones representan un duro golpe para sus planes de regresar como candidato presidencial en 2026.
El atentado contra Lula y Geraldo Alckmin
La trama golpista también incluye un intento de asesinato contra Lula y su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, días antes de que ambos asumieran sus respectivos cargos. El martes, la policía arrestó a cinco personas sospechosas de haber planeado este ataque.
“El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no funcionó, y aquí estamos”, comentó Lula desde el palacio nacional.
Decisión en manos del fiscal general
Tras la entrega del informe policial al Supremo Tribunal Federal, será la oficina del fiscal general quien determine si presenta cargos formales contra Bolsonaro y sus aliados. De ser así, el expresidente podría enfrentar un proceso judicial que lo pondría en el centro de uno de los mayores escándalos políticos de Brasil en los últimos años.
Este caso, que incluye la sospecha de intentos de asesinato, conspiración golpista y ataques a la legitimidad democrática, no solo podría redefinir el panorama político del país, sino también comprometer gravemente el legado de Bolsonaro.
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