Esta semana pasada estuvo muy densa en cuanto a información y temas importantes. Entre ellas, destacó una solicitud de Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo Guzmán”) al presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la cual le pedía ser trasladado a una prisión en México, ya que en Estados Unidos no la está pasando nada bien.
Asegura, incluso, que pasan muchos días incluso sin ver la luz del sol. Todo esto dicho por su abogado en un programa de radio.
Ante esto, la senadora Lilly Téllez, aprovechó la ocasión, e indicó: “a México le urgen cárceles de máxima seguridad como las de EU, y que los presos vivan en las mismas condiciones que el Chapo Guzmán”.
Tal comentario lo hizo pasar como una propuesta en el caso hipotético de llegar a la presidencia en 2024; una iniciativa para controlar los índices delictivos, lo que en derecho se conoce como «teoría del miedo», es decir, penas más severas, equivale a menos delincuencia. Sin embargo, esto atrae algunos problemas que a la senadora le han pasado desapercibidos.
En primer lugar, las personas que se encuentran en calidad de preso, siguen siendo personas, es decir, en ningún momento se les debe de privar de sus derechos humanos. Sin embargo, la propuesta de la senadora va encaminada, precisamente, a violar y a no reconocer nada de eso. Para ella, ser preso es sinónimo de no ser sujeto de derechos, lo cual es un gran problema, ya que en los últimos años se ha luchado contra ese tipo de tabúes.
Por ejemplo, este año en particular, se prevé que 10 mil presos podrán votar en las elecciones para gobernador de Estado de México. Y esto no debería ser una sorpresa. Durante mucho tiempo se ha luchado para que a los presos dejen de ser objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos.
Sin embargo, este dato quizá se le ha pasado a la senadora y algunos otros más que piensan como ella ¿Por qué tendría derecho a votar un preso por sus gobernantes? Pues bien, quizá sea momento en que se pongan a revisar en qué consiste la teoría de los derechos fundamentales, lo cual es vital en esta época.
En segundo lugar, ningún sistema de justicia en el mundo garantiza nulificar el error. Esto ya lo señalaba Laudan: «no es posible evitar el error en el proceso penal». Pero ¿qué significa esto?
Pues significa que en el sistema penal incurren tres errores frecuentes: primero, en prisión hay personas que han sido declaradas culpables, sin serlo; segundo, también hay personas cuya situación jurídica no se conoce, es decir, que no se les ha dictado sentencia, por lo cual, jurídicamente, no se sabe si tienen o no responsabilidad penal; y, por último, hay personas que son culpables, pero que no son presos, sino que gozan de plena libertad.
Por tanto, ningún sistema de justicia penal puede garantizar que todas las personas en prisión son culpables, e incluso si existiera una forma para lograrlo, no es posible justificar que se violen derechos humanos.
Ser preso o tener esa condición no significa que deba ser un blanco fácil de abusos. En el sistema penitenciario se tiene como fin la reinserción social, por lo cual es deber de la autoridad brindar lo necesario para cumplir con ese objetivo. De otro modo, ya no se trata de eso, sino supervivencia (el estado de naturaleza de Hobbes).
En 2019, en una prisión federal en New York (Brooklyn), Estados Unidos, por ejemplo, varios presos llegaron a golpear paredes y ventanas de sus celdas como protesta, debido a que llevaban varios días sin calefacción. Si murió alguien o se enfermó debido a las bajas temperaturas, ya no es algo que se haya reportado.
Para 2021, en el mismo estado, entró en vigor una ley que prohíbe que un prisionero esté en confinamiento solitario por más de 15 días, lo cual es considerado como tortura, pues genera graves problemas psicológicos, e incluso se considera como una medida que induce al suicidio. Y, como tal, eso no parece importar.
Acá en México las condiciones penitenciarias tampoco son un lujo, ni deben por qué serlo. Simplemente, lo que se exige son condiciones mínimas para subsistir y que después de cumplir condena, no se sea objeto de discriminación. Anteriormente, si se recuerda, varias empresas requerían carta de no antecedentes penales para contratar a los solicitantes.
Todo esto es importante porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Debe recordarse que el sistema no está exento de errores. Recientemente, por ejemplo, acaba de pasar, en Guadalajara, con la detención y dictado de prisión preventiva en contra de tres estudiantes que participaron en una protesta.
En fin, este tema da para mucho más, por lo cual no es posible agotarlo en este espacio. Sin embargo, estos datos detallan cómo las propuestas de la senadora Téllez son un sin sentido y significan un gran retroceso en cuanto a materia de derechos humanos, pues están basados en creencias erróneas como pasó en la era de Calderón, donde todos los muertos se les trataba como delincuentes, pues «habrán estado metidos en lo que no debían».
Además, este tipo de tabú se puede traducir como una medida dictatorial. Aunque aquí, se prefiere usar el término «demagogia».
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