Tras meses de escuchar a víctimas y colectivos, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció este lunes 23 de junio, 30 propuestas de modificación a 23 artículos de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Estos cambios buscan fortalecer el marco legal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.
Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que estas propuestas son resultado directo de los foros realizados desde abril, donde participaron más de mil personas, incluyendo familiares de víctimas, organizaciones civiles, académicos y representantes religiosos. De estos encuentros, se recopilaron 570 propuestas que fueron sistematizadas para dar forma a los ajustes legales.
Rosa Icela Rodríguez enfatizó que esta es una prioridad nacional y un compromiso directo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó atender de manera urgente el tema de las desapariciones. La funcionaria también lanzó un mensaje claro: “no se trata de una promesa vacía, sino de cumplir con la obligación que tenemos todas las autoridades”.
Entre los principales cambios propuestos se encuentran:
Protección integral para las familias de personas desaparecidas, especialmente para hijas e hijos.
Acciones inmediatas por parte de las autoridades cuando se recibe un reporte, incluyendo el registro del caso, la apertura de carpeta de investigación y la entrega de su número a los familiares.
Sanciones por omisiones o negligencia en la atención de estos casos.
Plataforma Única de Identidad, que permitirá saber quién está siendo buscado, bajo lineamientos de seguridad y protección de datos.
Acceso controlado a bases de datos del INE para facilitar investigaciones.
Obligación a instituciones que resguardan cuerpos o restos humanos de mantener registros y realizar pruebas genéticas y dactiloscópicas antes de remitir restos a fosas.
Además, se elimina una propuesta inicial que preocupaba a colectivos, y se incluye la emisión obligatoria de una Alerta por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.
La consejera jurídica Ernestina Godoy reiteró que el tema no fue tratado con simulación. “Escuchamos y respondimos. Esta reforma es el reflejo de acuerdos reales con las familias”, afirmó.
Ahora, toca al Congreso discutir la iniciativa en el periodo extraordinario. El llamado del gobierno es claro: que todas las autoridades y niveles de gobierno cumplan su responsabilidad, con respeto y dignidad hacia las personas buscadoras.
