El decreto a la Ley General de Aguas representa una ruptura estructural con la lógica neoliberal que, desde los años ochenta, concibió el agua como una mercancía sujeta a concesiones privadas. En contraste con la política de desregulación promovida por gobiernos anteriores cuya mayor atrocidad se vivió con Enrique Peña Nieto, esta ley coloca al agua bajo la tutela del Estado y la considera como lo que es: un bien común y no un recurso comercial como lo estableció el enfoque neoliberal. Baste recordar la manera en que, bajo dicho enfoque, se redujo la gestión hídrica a un asunto de rentabilidad permitiendo la concentración del recurso en manos de políticos corruptos y corporaciones que lo explotaron con fines lucrativos (particularmente en industrias extractivas, refresqueras y agrícolas de exportación). El nuevo marco legal restituye al agua su carácter público y estratégico, prohibiendo su acaparamiento y estableciendo criterios de justicia ambiental y acceso equitativo.
Uno de los puntos destacables es que se reconoce explícitamente al agua como un bien estratégico y de seguridad nacional, lo que implica su protección. Es de destacarse porque se integra la visión ecológica con la soberanía: el agua es indispensable para la alimentación, la energía, la salud y la vida misma y siendo un bien estratégico, se prioriza su uso doméstico y agrícola sobre los intereses industriales además de que se promueve la gestión integral de cuencas y acuíferos con participación ciudadana y se consolida la autosuficiencia hídrica.
Por otra parte, contrario a diversas opiniones, casualmente vertidas por la oposición, este decreto representa un avance histórico para el campesinado mexicano, ya que establece el derecho preferente al uso del agua para actividades agrícolas de subsistencia y riego sustentable, lo que revierte décadas de despojo hídrico que marginaron a comunidades rurales en beneficio de grandes agroindustrias. A partir de este decreto, los campesinos se reconocen como actores fundamentales en la gestión del recurso; por si fuera poco, se impulsa la justicia hídrica y territorial, al vincular el acceso al agua con la soberanía alimentaria y la preservación de los ecosistemas. Más allá de la evidente ignorancia de la oposición en cuanto al campesinado, en la práctica, hoy los núcleos agrarios y comunidades indígenas tendrán prioridad en el manejo del agua y participación en los Consejos de Cuenca. También es de destacar la prohibición del acaparamiento del agua por empresas transnacionales y la revisión de concesiones otorgadas bajo regímenes neoliberales para romper al fin con el modelo privatizador impuesto durante el auge del neoliberalismo. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como las sanciones propuestas lograrán restituir el control soberano del agua a la nación y proteger los derechos de las comunidades.
Por último, el agua es un bien estratégico y pilar de la soberanía nacional, su planeación hídrica se vincula a la seguridad alimentaria, energética y territorial, con este decreto se fortalece la capacidad del Estado y se garantiza el derecho humano al agua reconocido por la Constitución y por la ONU; además, las organizaciones sociales, pueden desempeñar un papel esencial en la implementación de esta nueva política dado que el espíritu de este decreto fortalece a los actores sociales que articulan la lucha ambiental con la justicia social y la participación comunitaria. En este sentido y en el contexto de transición hacia lo que es la verdadera cuarta transformación, el papel de las organizaciones podría garantizar que la ley se aplique desde abajo y con sentido de justicia ambiental.
- Luis Tovar
Secretario General de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, FUDEMAH
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.