Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, se encuentra en una situación crítica tras perder la protección que lo resguardaba de un arresto. La Fiscalía General de la República (FGR) tiene ahora la capacidad de detenerlo debido a su incumplimiento de comparecer ante un juez.
El pasado viernes, el plazo para que Aureoles se presentara ante la jueza Patricia Sánchez Nava venció sin que él cumpliera. Este acto llevó a la revocación automática de la suspensión que le protegía de ser arrestado. La FGR ahora tiene una orden de aprehensión en su contra por presunta corrupción.
Entre los cargos que enfrenta Aureoles se encuentran peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según las investigaciones, se le imputa el desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos durante su mandato. Además, varios de sus excolaboradores ya han sido detenidos y vinculados a proceso.
El incumplimiento de Aureoles provocó que el Ministerio Público Federal solicitara a la jueza Vargas Alarcón la revocación de su protección. De acuerdo con la Ley de Amparo, si el quejoso no cumple con las condiciones impuestas, la medida cautelar queda sin efecto. Por ello, la FGR espera que la jueza confirme su falta de comparecencia.
Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción ha obtenido una orden de aprehensión no solo contra Aureoles, sino también contra siete de sus excolaboradores. Hasta ahora, tres de ellos han sido detenidos. La situación legal de Aureoles se complica a medida que avanza el proceso penal en su contra.
La FGR busca llegar a un acuerdo reparatorio, pero el futuro del exgobernador parece incierto. La atención pública se centra ahora en este caso, que podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción.
