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  • La Cámara Diputados aprueba Ley contra Extorsión

    La Cámara Diputados aprueba Ley contra Extorsión

    La Ley contra la extorsión propone endurecer penas y perseguir de oficio este delito; incluye denuncias anónimas y coordinación entre niveles de gobierno.

    Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio el primer paso para enfrentar la extorsión de forma más severa. Con 456 votos a favor, el pleno aprobó en lo general el proyecto de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. El objetivo es que el Estado persiga de oficio estos hechos y que las personas responsables enfrenten penas de hasta 25 años de prisión.

    Durante la sesión, los distintos grupos expresaron reservas para algunos artículos, pero mantuvieron la ruta para discutir detalles en lo particular. El dictamen fue fundamentado por la Comisión de Justicia y presentado por el diputado Julio César Moreno, de Morena. Moreno destacó que la nueva ley crea un tipo penal uniforme y eleva las penas para disuadir cualquier forma de extorsión.

    “Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades; protege la integridad de las víctimas y testigos, y permite denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo a la gente,” dijo Moreno. Subrayó que ya no bastan el miedo y la intimidación para que alguien ceda ante un cobro ilícito.

    Qué propone la ley contra extorsión

    El texto establece una pena básica de entre seis y 15 años de prisión, además de una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56,570 pesos). Esta multa aplica a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio.

    El proyecto contempla 34 agravantes que elevan la sanción. En casos de extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60, o contra mujeres embarazadas, la pena podría subir de ocho a 20 años. También hay aumentos cuando exista relación de confianza, laboral, parentesco o negocios entre el agresor y la víctima.

    Otra agravante eleva las penas cuando se aplique violencia física, o al exigir el pago de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de forma intencional, o relacionado con un daño en un objeto propio.

    La iniciativa propone coordinar a los tres órdenes de gobierno para perseguir este delito y sus delitos derivados. Busca instaurar un tipo penal único para toda la nación, con lo que se busca coherencia y claridad en la aplicación de la ley.

    Qué sigue

    El siguiente paso será la discusión en lo particular, donde los legisladores podrán proponer cambios a artículos específicos. Las y los diputados señalaron la necesidad de afinar el texto para evitar vacíos y garantizar que las víctimas puedan denunciar sin miedo.

    En resumen, la propuesta busca endurecer las penas y asegurar que el Estado tome cartas en el asunto de forma más proactiva. Más allá de la cifra de años de prisión, la idea central es frenar la extorsión en todas sus formas y proteger a las familias en su día a día. La decisión final aún está por venir, pero el mensaje es claro: la extorsión no puede seguir siendo un crimen tolerado.

  • Senado acelera la ley general contra la extorsión: comisiones citadas para dictamen

    Senado acelera la ley general contra la extorsión: comisiones citadas para dictamen

    La minuta enviada por la Cámara de Diputados establece un plazo máximo de 180 días para emitir la norma que unifique criterios y sanciones en todo el país.

    El Senado de la República decidió acelerar el proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión a expedir la ley general contra la extorsión, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos fueran citadas este miércoles para dictaminar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, de acuerdo con información recopilada por Leticia Robles para Excelsior.

    La reforma contempla que, en su régimen transitorio, el Congreso deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto. Mientras tanto, las leyes locales seguirán vigentes hasta que se emita la norma general, la cual establecerá los plazos y condiciones para la adecuación de la legislación estatal.

    El morenista Leonel Godoy, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que las extorsiones han crecido un 58% en seis años, pasando de 19 diarios en 2018 a 29 a enero de este año. Las modalidades principales son el cobro de piso, que afecta a comercios, carreteras y negocios, y la extorsión telefónica, generalmente operada desde centros penitenciarios.

    Godoy enfatizó que “enfrentar este flagelo exige considerarlo no solo como un riesgo a la seguridad personal, sino como un impacto al patrimonio, la esfera psicológica y emocional de las víctimas”.

    Desde el 6 de julio, la Estrategia Nacional contra la Extorsión busca fortalecer la coordinación interinstitucional entre la SSPC, Sedena, Semar, FGR, Guardia Nacional y CNI, junto con autoridades locales. Entre sus cinco ejes destacan: detenciones basadas en inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión, protocolos de atención a víctimas, capacitación del 089 y campañas de prevención ciudadana.

    Con esta reforma constitucional, se espera lograr la homologación de penas y criterios en todo el país, generando una política criminal unificada para enfrentar de manera más eficaz el delito de extorsión, que hasta ahora depende de leyes locales con criterios dispares.

  • Diputados avanzan en Ley General contra extorsión ante creciente amenaza a funcionarios

    Diputados avanzan en Ley General contra extorsión ante creciente amenaza a funcionarios

    La Cámara de Diputados impulsa una Ley General contra la extorsión para enfrentar un delito que supera las leyes actuales y que incluso amenaza a funcionarios públicos, quienes son blanco directo de grupos criminales. El dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales busca armonizar y unificar el marco legal para combatir esta grave problemática.

    De acuerdo con Excelsior, el proyecto reconoce que la extorsión ha aumentado en todos sus tipos: directa, telefónica, redes sociales y hasta pagos sexuales, afectando a víctimas de manera transversal, con daños patrimoniales, psicológicos y sociales. Entre 2022 y 2024, se registraron más de 32 mil 700 víctimas, con un incremento del 57.6% en seis años, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),

    Además, la delincuencia organizada utiliza la extorsión para coaccionar a autoridades y controlar mercados, lo que impacta no solo a individuos sino a empresas y sectores económicos. Actualmente, el 67% de los extorsionadores logra su objetivo, afectando al 27% de las unidades económicas del país.

    El nuevo marco legal buscará incluir sanciones claras, mecanismos efectivos de prevención y atención a víctimas. Se prevé que la legislación secundaria se formule en un máximo de seis meses tras la reforma constitucional que se votará en septiembre.