La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un aumento salarial y de prestaciones para los nuevos ministros que asumirán en 2026. El incremento será del 12.7% en comparación con 2025.
La ministra Lenia Batres denunció que este aumento supera el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución. A pesar de que los actuales ministros dejarán sus cargos el 31 de agosto, decidieron aumentar el presupuesto.
Batres expresó su preocupación por estos incrementos, que no beneficiarán a la actual corte. “Esperamos que el nuevo Poder Judicial adopte una política de austeridad”, señaló.
La SCJN solicitará un presupuesto de cinco mil 869 millones de pesos, con un aumento global del 12.7%, que representa un 8.1% en términos reales. Batres votó en contra de asignar remuneraciones superiores a la presidenta de la República.
La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, anunció que solicitará que todos los asuntos fiscales pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aborden en sesiones públicas del Pleno. Criticó las sesiones privadas, donde considera que las causas para deducciones o exenciones fiscales son obscuras e injustificadas.
Este miércoles, la Segunda Sala discutirá un recurso que podría costar al erario federal 4 mil 442 millones de pesos. Este caso involucra a la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., que reclama una deducción fiscal considerable.
El ministro Javier Laynez Potisek, ponente del caso, propone desechar el amparo directo en revisión 1172/2025. Pegaso argumenta que el impuesto sobre la renta que se le cobró provino de otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en 2014.
La fusión cambió sus ingresos al eliminar el Contrato de Operación Delegada de Servicios de la empresa fusionada. Sin embargo, el grupo mantuvo la concesión, lo que continuó generando ingresos.
El proyecto del ministro Laynez no abordará el fondo del asunto y afirma que no hay temas de constitucionalidad. Esta decisión ha generado críticas, ya que el artículo 31 de la Constitución establece que contribuir a la hacienda pública es una obligación.
La sesión privada de hoy podría generar un debate sobre la transparencia en la votación de asuntos fiscales de alto costo. Además, se prevé que el próximo martes la ministra Lenia Batres proponga que todos estos casos se voten en el Pleno, buscando mayor transparencia ante el inminente cambio en la composición de la Corte.
Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió su constancia en el INE en un emotivo acto. Más de 100 invitados de las cuatro regiones de Oaxaca lo acompañaron, celebrando sus raíces mixtecas con trajes típicos y música de viento.
La ceremonia se realizó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) y formalizó el resultado de la inédita Elección Judicial. Esta elección permitió que el pueblo tuviera voz en la designación de ministros del máximo tribunal del país.
Aguilar llegó junto a su padre, Antolín Aguilar, un profesor normalista retirado. Antolín expresó su orgullo y recordó que los pueblos indígenas deben ser escuchados desde lo más alto del poder judicial. “Como Juárez, que también fue nuestro”, afirmó entre aplausos.
El evento también tuvo un significado de renovación. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, asistió para apoyar a su hermana, la ministra reelecta Lenia Batres. Martí destacó la importancia de una “justicia cercana al pueblo” y la necesidad de austeridad en la Corte.
Hugo Aguilar subrayó su compromiso con el pueblo, rechazando los privilegios de las élites. “No queremos más devoluciones millonarias a grandes empresarios que no pagan impuestos”, afirmó en referencia a casos controversiales.
Al finalizar el acto, Aguilar agradeció a las comunidades indígenas de México por su confianza. Luego, fue recibido con una calenda y música tradicional al norte de la Ciudad de México, donde sus simpatizantes celebraron lo que llaman “la hora del sur en la justicia nacional”.
Este evento marca un antes y un después en la historia del Poder Judicial, ya que por primera vez un líder con raíces indígenas encabezará la Suprema Corte. Este hecho simboliza el inicio de nuevos tiempos en la justicia mexicana.
Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compartió un video de agradecimiento en sus redes sociales. En él, enfatizó su compromiso con la democratización del Poder Judicial.
Desde su inclusión en la terna para la SCJN en 2023, Batres ha abogado por eliminar los privilegios de los ministros. “La democratización significa elegir a las personas juzgadoras mediante el voto popular”, afirmó. También destacó la importancia de tomar decisiones con un enfoque de justicia social.
La ministra presentó un diagnóstico del Poder Judicial en casi 100 eventos en todo el país. Desde el inicio de su campaña el 30 de marzo, ha conversado con cerca de 100 mil ciudadanos sobre la necesidad de reformar un sistema considerado elitista y corrupto.
Batres hizo hincapié en su compromiso de impulsar la justicia social. Propuso garantizar el acceso a la justicia para quienes no lo tienen, mejorando la defensoría pública y las comisiones de derechos humanos. También denunció la auto asignación de salarios desmedidos en el Poder Judicial, destacando que 2,377 servidores públicos ganan más que el presidente.
Durante su gestión, Batres ha ahorrado casi 15 millones de pesos al erario. Aseguró que, en un año y cuatro meses, devolvió 3.9 millones de pesos en ingresos. “El buen juez por su casa empieza”, comentó, refiriéndose a su ejemplo de austeridad.
La ministra también se pronunció en contra del paro de labores que afectó a miles de amparos. Defendió la reforma constitucional judicial y combatió intentos de invalidarla en la corte. Su enfoque ha estado en la justicia social y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables.
Batres agradeció a quienes depositaron su confianza en ella, mencionando que recibió más de 5.5 millones de votos. Prometió seguir defendiendo derechos fundamentales como la educación, la salud, y un medio ambiente sano. “Seguiré siendo una ministra del pueblo”, concluyó, reafirmando su compromiso con la transformación del sistema judicial.
La ministra Lenia Batres Guadarrama enfrenta un nuevo obstáculo en su carrera judicial. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió impedir su participación en un juicio de amparo. Este caso involucra a Grupo Elektra, que busca evadir el pago de un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
La decisión se tomó este 21 de mayo de 2025, a petición de la empresa. El voto fue de cuatro a uno a favor de la medida. Elektra argumenta que la ministra Batres tiene una aversión personal hacia su dueño. Sin embargo, ella asegura que esta afirmación carece de fundamento.
El crédito fiscal en cuestión se impuso a Elektra por omitir declarar ganancias derivadas de la venta de acciones de sus propias empresas en 2008. La empresa argumenta que no debería pagar impuestos sobre estos ingresos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda no está de acuerdo.
El impedimento contra Batres se basa en publicaciones de redes sociales. Elektra presentó estas publicaciones como evidencia de una supuesta animadversión. Sin embargo, la ministra sostiene que sus opiniones no afectan su objetividad. A lo largo de su carrera, ha expresado la importancia de que las empresas paguen impuestos.
La importancia de la elección del Poder Judicial cobra mayor relevancia, ya que este caso podría sentar un precedente. Sería el primero que resuelva el Tribunal de Disciplina Judicial y plantea interrogantes sobre la objetividad en la SCJN. La decisión de la Primera Sala contrasta con criterios previos; en otros casos, se ha permitido a ministros opinar sin que esto afecte su imparcialidad.
Lenia Batres sigue defendiendo su posición. Asegura que el conflicto de interés debe ser evaluado con criterios claros. La lucha contra la evasión fiscal es un asunto crucial en México. A medida que este caso avanza, la atención pública se centrará en sus implicaciones. La transparencia y la justicia fiscal están en juego.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Lenia Batres Guadarrama, retirar publicaciones de su cuenta de Facebook, pues considera que estas atentan contra la equidad e imparcialidad de las próximas elecciones judiciales.
La denuncia fue realizada por Martín RamírezRamírez, quien sostiene que la ministra no debería participar en eventos organizados por instituciones educativas ni difundirlos a través de sus redes sociales, pues no está apegada a las reglas establecidas en el proceso.
EL INE recalca la participación de la ministra Lenia en 8 eventos en donde dio a conocer sus propuestas de campaña y justifica su acción diciendo que los eventos “podrían haber perdido su carácter académico, al convertirse en espacios de posible propaganda”.
Sin duda, Lenia Batres mostró su descontento, pues dice que la decisión del INE intenta “contener” la elección judicial, complicando su derecho a presentar propuestas y a entablar el diálogo con la población mexicana, reiterando que sus acciones, no representan un actuar proselitista.
“El INE debería ser el principal interesado en que se difunda el proceso, que la gente sepa, y por supuesto, debería estar permitiendo además que todo el mundo esté informando y pareciera que su función en este momento es contener el proceso”.
Y es que si con “posibilidades”, el INE limita la presentación de las propuestas de cualquier candidato, no se está sumando ni favoreciendo la participación democrática de cara a las próximas elecciones judiciales del 1 de junio. Las y los mexicanos merecen claridad en la información y las propuestas presentadas por los candidatos, para así emitir un voto informado, claro, justo y responsable.
Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca ser ratificada en su cargo el próximo 1 de junio. Durante un recorrido en la alcaldía Tláhuac, Batres reveló que más de 2,000 trabajadores del Poder Judicial ganan más que la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Batres señaló que 2,377 funcionarios incumplen el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe a los empleados públicos recibir salarios más altos que los de la Presidenta. Entre ellos se encuentran miembros de la SCJN, con la excepción de Batres, quien este año vio limitadas sus percepciones conforme a la ley.
La ministra criticó los salarios excesivos y los privilegios que disfrutan algunos funcionarios. Afirmó que estos salarios reflejan una interpretación conveniente de la ley por parte del Poder Judicial. Además, mencionó que aún se deben recortar las prestaciones que superan lo que recibe la Presidenta.
Las prestaciones incluyen aguinaldo, prima vacacional, seguro médico y otros beneficios que se extienden a cónyuges e hijos. Batres enfatizó la necesidad de dar ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones salariales.
La Ministra también cuestionó el uso de un lenguaje técnico en las sentencias del Poder Judicial. Aseguró que este tipo de lenguaje aleja a la justicia del pueblo mexicano. Propuso que las sentencias sean claras y accesibles para todos.
Por último, Batres hizo un llamado a la ciudadanía para votar el 1 de junio. Según ella, esta elección representa una oportunidad histórica para transformar la justicia en México. “Es una oportunidad única para que el sistema judicial responda a los intereses del pueblo”, concluyó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, destacó que en los cinco juicios de amparo vinculados al empresario Ricardo Salinas Pliego, pendientes de resolución en el último año, se han presentado 47 medios de impugnación en lo que calificó como una “clara estrategia dilatoria”.
Batres detalló que, de estos recursos, se han interpuesto 22 solicitudes de impedimento (14 resueltas), 21 recursos de reclamación (9 atendidos) y 4 conflictos competenciales, ya resueltos. Subrayó que dichas acciones retrasan la conclusión de los procesos judiciales.
Foto: X de Lenia Batres @LeniaBatres
El único amparo resuelto hasta ahora corresponde a un caso relacionado con Totalplay, en el que la ministra votó en marzo de 2023 en contra de deducir una obligación fiscal de $621.9 millones de pesos al empresario, tras considerar que no existían impedimentos legales para su participación en el debate.
La ministra enfatizó que los cuatro amparos restantes continúan en análisis, mientras persiste el uso de recursos legales que prolongan su definición. Los casos mantienen bajo escrutinio aspectos fiscales y regulatorios vinculantes.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, subrayó la urgencia de una segunda etapa de reforma judicial para fortalecer la eficacia en la persecución de delitos y atender la demanda ciudadana de justicia.
Durante un foro en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Ecatepec, destacó que más del 95% de los delitos en México quedan impunes, ya que solo 4.7% de las denuncias derivan en un auto de vinculación a proceso.
Batres criticó que el sistema penal actual priorice los derechos humanos de los inculpados, dejando en desventaja a las víctimas y al derecho colectivo a la seguridad y la paz. Señaló que los jueces suelen descalificar al Ministerio Público por errores formales, en lugar de exigir que se corrijan para lograr investigaciones sólidas.
La magistrada Natalia Téllez Orozco, también participante, denunció vicios históricos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como nepotismo, corrupción y amiguismo. Resaltó que el PJF es un poder político cuyas decisiones —como los casos de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y Florence Cassez— reflejan intereses partidistas. Además, celebró avances en reformas para que la ciudadanía participe en la elección de integrantes del poder judicial.
El evento, moderado por la actuaria Mariana Monroy Marín, contó con la presencia de académicos y estudiantes de derecho, así como de la directora del centro universitario, Brenda Sarah Cervantes, y el magistrado Benjamín RubioChávez. Las intervenciones enfatizaron la necesidad de transparencia, combate a la impunidad y un equilibrio entre derechos individuales y colectivos en el sistema judicial.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, se pronunció sobre su reciente declaración de impedimento para participar en un caso relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha estado involucrado en una serie de litigios por adeudos fiscales.
En una entrevista para Los Reporteros MX, la ministra Batres expuso las irregularidades que, según ella, rodearon la decisión de la corte y el contexto político que podría estar influyendo en estas acciones.
Durante la conversación, Batres explicó que este miércoles, día de la votación, la mayoría de los ministros decidieron declararla impedida, a pesar de que ella había presentado un proyecto que respaldaba la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información sobre Salinas Pliego.
“Resolvimos que sí tiene facultad la UIF, además es justamente esa su facultad e investigar datos financieros en los que pueda estarse presentando lavado de dinero”, afirmó Batres.
La ministra también cuestionó la legalidad del proceso de recusación en su contra, señalando que se trató de una decisión “absolutamente irregular”. “Se decidió votar algo que no existe, un proyecto a favor de declararme impedida, un proyecto que no está escrito”, indicó, refiriéndose a la falta de motivación y fundamentación en la resolución.
Entre los puntos más controversiales de la entrevista, Batres destacó que la acusación de Salinas Pliego se basó en tuits de hace años, que no representan animadversión personal, sino una postura cívica sobre el pago de impuestos. “No hay animadversión en eso. ¿Qué ciudadano puede pensar que se le exijan los impuestos de mala fe del Estado?”, cuestionó.
La ministra también insinuó que el momento político actual podría estar influyendo en la decisión de la corte, sugiriendo que las ambiciones políticas de algunos involucrados están en juego. “Creo que tiene que ver con esas circunstancias y esas circunstancias se refieren al mes de junio de 2025”, afirmó Batres, refiriéndose a las futuras elecciones y la posible conclusión de una era en la Suprema Corte.
Batres expresó su frustración por el resultado de la votación y la falta de transparencia en el proceso. “Lamento que los ministros o las ministras se dejen presionar. Hay un acto totalmente abusivo y una actitud absolutamente servil con un personaje que se dedica a amedrentar”, añadió.
La ministra concluyó con un llamado a la reforma del Poder Judicial, enfatizando la necesidad de asegurar la independencia de los ministros y la transparencia en sus decisiones: “Si logramos la independencia de los poderes fácticos, podremos tener ministros que expliquen el porqué de sus decisiones”.
La controversia en torno a la recusación de la ministra Batres y la situación de Ricardo Salinas Pliego continúa generando debate sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en México.
