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Etiqueta: Lenia Batres

  • Ricardo Salinas Pliego retira de amparo por deuda fiscal

    Ricardo Salinas Pliego retira de amparo por deuda fiscal

    El Grupo Salinas logró un importante acuerdo con el SAT al desistirse de un amparo que cuestionaba una deuda fiscal de más de 645 millones de pesos.

    Este jueves 29 de enero de 2026, Total Play Telecomunicaciones, una empresa de Ricardo Salinas Pliego, dio un paso importante al desistirse de un amparo directo. Este amparo buscaba impugnar una deuda fiscal que superaba los 645 millones de pesos. Este acuerdo se produce tras años de disputas legales.

    La deuda fue determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 6 de septiembre de 2017. Desde entonces, Total Play ha presentado diversos amparos para combatirla. Uno de estos juicios llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En marzo de 2024, la extinta Segunda Sala de la SCJN ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anular una sentencia y ajustar la deuda de la empresa. Sin embargo, el TFJA no cuantificó la deducción correspondiente, lo que llevó a Total Play a solicitar una nueva revisión ante la SCJN.

    Hoy, el SAT anunció un pago inicial de más de 10 mil millones de pesos, parte de un total de 32 mil millones que el grupo empresarial ha decidido abonar. Lenia Batres, Ministra de la SCJN, celebró esta decisión como un hito en el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México. 

    El compromiso de Grupo Salinas con el pago de su deuda muestra una clara señal de que todas las empresas, sin importar su tamaño, deben cumplir con sus responsabilidades fiscales. Esto promueve la igualdad en el cumplimiento de obligaciones entre todos los ciudadanos. 

    Este desenlace marca un capítulo importante en el fortalecimiento del Estado de derecho en México. Al final, el compromiso de Total Play con sus responsabilidades fiscales refuerza la idea de que todos somos parte del mismo sistema, trabajando por un país más justo y equitativo.

  • No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    No se revisarán sentencias de salas extintas, dice SCJN; son cosa juzgada

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrentó a una encrucijada institucional: ¿puede el Pleno actual corregir o anular lo que las extintas Salas decidieron en el pasado? La respuesta fue un no rotundo. El caso detonante fue el de Juana Hilda González (Caso Wallace), quien tras 19 años en prisión obtuvo su libertad por un amparo de la Primera Sala. La FGR intentó revertir esta libertad, pero la Corte determinó que sus fallos son “Cosa Juzgada”, es decir: verdades legales inamovibles.

    Cabe mencionar que la impugnación de la FGR —promovida por el exfiscal Alejandro Gertz Manero— fue analizada mediante una consulta a trámite, en la que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó si procedía un recurso de revisión contra sentencias dictadas por las extintas Salas al ejercer la facultad de atracción en amparos directos.

    Aunque se votó por unanimidad que las sentencias no se revisan, quedó una “puerta entreabierta” en el Párrafo 52. Y es que la ministra Lenia Batres sugirió que en el futuro se podría discutir la “Cosa Juzgada Fraudulenta”. Esto significa que si un juicio fue un engaño total (fraude procesal), la historia podría ser distinta. No obstante, siete ministros se opusieron a mencionar esto, pero por un error de procedimiento o tiempos de votación, el texto quedó en el aire.

    Algunos especialistas sostienen que la sociedad necesita que las leyes sean predecibles. Y si una sentencia de la Corte pudiera cambiarse años después, el sistema colapsaría en una incertidumbre eterna. La “Cosa Juzgada”, en ese sentido, es el ancla que evita el caos jurídico.

    El rechazo de siete ministros al párrafo 52 muestra una resistencia interna contra la posibilidad de abrir juicios pasados.

  • La Corte avala la eliminación de 109 fideicomisos

    La Corte avala la eliminación de 109 fideicomisos

    La Suprema Corte valida el decreto que eliminó fideicomisos, destacando una gestión más transparente de los recursos públicos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante este lunes. La Corte validó el decreto del 6 de noviembre de 2020, que extinguió 109 fideicomisos y fondos públicos, como el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo Metropolitano. De esta manera, la Corte rechazó las impugnaciones de ocho gobernadores de oposición, quienes cuestionaban la medida.

    El ex presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la eliminación de estos instrumentos financieros. Su objetivo fue permitir al gobierno federal acceder a más de 68 mil millones de pesos. En la sesión, los ministros, por unanimidad, decidieron que el decreto no invadió las facultades de las entidades federativas ni vulneró el pacto federal.

    Los gobernadores de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán no lograron convencer a la Corte. En su argumento, la Corte señaló que las demandas de los gobernadores presentaron sólo opiniones generales sobre los beneficios de los fideicomisos. No demostraron que se afectara alguna atribución establecida en la Constitución.

    Aunque la Corte no abordó la constitucionalidad de cada fideicomiso en particular, sí concluyó que el Congreso simplemente cambió la forma en que se colaboraba entre el gobierno federal y los estados. Esto no limita las facultades de las entidades estatales.

    Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García presentó un análisis del proceso de las controversias. Criticó la falta de acción de la Corte anterior, que archivó los casos durante más de cuatro años. “Fue irresponsable no resolver estos asuntos”, agregó Guerrero.

    La ministra Lenia Batres enfatizó la opacidad en el manejo de los recursos. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación identificó muchas fallas en los fideicomisos, como desvíos y falta de rendición de cuentas. En sus palabras, los fideicomisos servían para evitar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

    Batres concluyó que la validación del decreto es un paso positivo hacia una gestión más clara y responsable de los recursos del país, alineada con la Constitución. Esto representa una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza en el gobierno.

  • Revocación para jueces

    Revocación para jueces

    La ministra Lenia Batres propone que la ciudadanía pueda revocar a jueces, magistrados y ministros por bajo desempeño, como medida de vigilancia y transparencia.

    La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, presentó la idea durante una entrevista con El Debate, pues aseguró que la nueva Corte debe sentir la vigilancia de la ciudadanía para dar resultados.

    Batres propone incorporar un mecanismo de revocación de mandato para corregir casos de bajo desempeño sin llegar a la destitución o a la inhabilitación. No es suficiente la buena voluntad, nunca. La transparencia y la vigilancia, que los juzgadores se sepan vigilados, afirmó.

    Batres pidió observar el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Señaló que aún falta ver si ese órgano cumple su tarea de supervisión. Por tanto, planteó analizar ajustes a la reforma judicial para fortalecer esa vigilancia.

    La ministra celebró que la Corte se formó con ministros electos por la ciudadanía, ya que asegura, esta medida reduce la politización y acerca al Poder Judicial a las preocupaciones sociales. “La Corte vive una etapa inédita”, comentó.

    Batres añadió que la Corte resuelve hoy casos que datan de 2008 a 2011, sobre todo asuntos de créditos fiscales. Además, la eliminación de dos Salas aumentó la carga de trabajo, lo que ha obligado a sesiones más largas y a debates más intensos.

    La ministra recordó que detrás de cada fallo hay personas afectadas, por lo que pidió que la sociedad mantenga la atención y la participación. A su juicio, la transparencia crea confianza y mejora la justicia.

  • SCJN revisará nuevo caso de crédito fiscal de FEMSA

    SCJN revisará nuevo caso de crédito fiscal de FEMSA

    La Suprema Corte reabre el caso de FEMSA por un adeudo fiscal millonario, cuestionando la aplicabilidad del principio de cosa juzgada.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar el crédito fiscal de FEMSA, el cual asciende a 2 mil 868 millones de pesos. La Corte considera que esta revisión no infringe el principio de cosa juzgada.

    Este anuncio llega después de que, el pasado 8 de noviembre, la Corte rechazara el mismo caso con una votación de ocho a uno. Sin embargo, la ministra Lenia Batres solicitó la atracción del asunto, lo que llevó a esta nueva evaluación.

    El caso de FEMSA podría sentar un precedente significativo en litigios fiscales de gran magnitud. Este nuevo enfoque permite a la Corte intervenir independientemente de si el análisis implica cuestiones constitucionales.

    Con esta decisión, la SCJN abre la puerta a un debate más amplio sobre el manejo de los créditos fiscales multimillonarios. La comunidad legal y fiscal estará atenta a cómo avanza este caso y a su posible impacto en futuros litigios.

  • SCJN aplica nueva sanción a Elektra y Salinas Pliego

    SCJN aplica nueva sanción a Elektra y Salinas Pliego

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el pago de 67 millones de pesos por adeudos fiscales a la empresa Nueva Elektra del Milenio, de Ricardo Salinas Pliego.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una decisión que afecta directamente a Ricardo Salinas Pliego y a su empresa Nueva Elektra del Milenio. El alto tribunal resolvió que la compañía debe pagar 67 millones 165 mil pesos a Hacienda por adeudos fiscales.  

    Estos adeudos se deben a una auditoría realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene la facultad de fiscalizar a empresas individuales, incluso si forman parte de un régimen de consolidación fiscal. Esta decisión es un claro revés para Salinas Pliego, quien había obtenido fallos favorables en instancias anteriores.  

    En una votación donde se pronunció a favor el Pleno de la SCJN con seis votos, el proyecto fue presentado por la ministra Lenia Batres, y la resolución revocó una decisión previa de un tribunal colegiado, que indicaba que solo la empresa controladora podía ser revisada. Con este fallo, el SAT podrá continuar su labor fiscalizadora sobre empresas individuales dentro de un grupo.  

    No fue el único desafío que enfrentó el grupo de Salinas Pliego, ya que también se discutió el adeudo de TotalPlay por 645.7 millones de pesos, aunque ese caso se dejará para un análisis más profundo. Motivo por el que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, pidió que no se discutiera aún.  

    La SCJN también ha enfrentado otros amparos presentados por Elektra y TV Azteca, pues recientemente rechazó la mayoría de estos recursos, lo que dejó firme un adeudo fiscal impresionante de más de 50 mil millones de pesos. Este monto es el más elevado enfrentado por Salinas Pliego hasta la fecha.  

    Los amparos que se desecharon incluyen casos que ascendieron a miles de millones de pesos. La Corte no encontró razones para considerarlos en el ámbito constitucional, y el intento de Elektra de evitar ciertas participaciones en el juicio tampoco tuvo éxito.  

    Esta serie de decisiones refuerza el papel del SAT en la fiscalización y establece un precedente claro ante casos similares en el futuro. La situación de Salinas Pliego y su conglomerado sigue siendo un tema de interés y debate en el ámbito fiscal mexicano.

  • La Corte confirma créditos fiscales contra Grupo Salinas

    La Corte confirma créditos fiscales contra Grupo Salinas

    La Suprema Corte de Justicia negará amparos de Total Play y Elektra, incrementando la presión fiscal sobre el imperio del evasor y usurero, Ricardo Salinas Pliego. 

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para un fallo crucial el próximo 19 de noviembre. Este dictamen afectará a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, incluido Total Play y su filial Elektra. El tribunal ya validó créditos fiscales por un monto actualizado de 47 mil 407 millones de pesos.

    Los casos a tratar incluyen una multa de 67 millones de pesos impuesta a Nueva Elektra del Milenio y un crédito fiscal de 645.7 millones de pesos dirigido a Total Play. Ambos casos se derivan de deducciones indebidas que, según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizaron para reducir el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

    Aunque estos procesos aún tienen caminos judiciales por recorrer, representan un desafío significativo para las empresas del magnate mexicano. En el caso de Elektra, la ministra Lenia Batres sugiere revocar un amparo que favoreció a la empresa. Este recurso fue otorgado bajo el argumento de que el SAT no puede verificar los datos financieros directamente en la sociedad controladora.

    En el caso de Total Play, el crédito fiscal se relaciona con deducciones que el tribunal ya ha discutido previamente. En marzo de 2024, la SCJN permitió que Total Play reconociera la validez de una deducción de 621.9 millones de pesos por pagos a distribuidores. Sin embargo, el tribunal también rechazó otras deducciones que intentó aplicar la empresa.

    El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha vuelto a evaluar el caso después de que la Corte lo revisara. Total Play argumenta la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero hasta ahora, sus esfuerzos han sido infructuosos.

    El debate en la Corte prevé ser intenso. Yasmín Esquivel propone desestimar los argumentos de Total Play, mientras que Batres plantea una revisión en profundidad, buscando declarar constitucional el artículo impugnado. Independientemente del resultado, la empresa tiene derecho a que el SAT realice un nuevo cálculo del crédito fiscal, lo que mantiene el litigio abierto y en curso.

    Con esta situación, las empresas de Salinas se enfrentan a una incómoda presión constante. La Corte y el SAT seguirán atentos a los movimientos de estas firmas, mientras los prontos pagos de impuestos adquieren cada vez más protagonismo en el debate público.

  • Grupo Salinas retrasó cinco años juicios fiscales ante la SCJN; adeuda más de 49 mil millones de pesos

    Grupo Salinas retrasó cinco años juicios fiscales ante la SCJN; adeuda más de 49 mil millones de pesos

    Más de 100 recursos interpuestos por Grupo Salinas han retrasado el pago de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales; este jueves la Corte prevé zanjar siete de nueve juicios pendientes.

    Durante los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dilatando la resolución de nueve juicios relacionados con créditos fiscales por más de 49 mil millones de pesos, correspondientes a ISR, recargos y multas.

    Este jueves, la Corte tiene previsto resolver siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que incluyen amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos, los cuales podrían confirmar sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar 48,3 mil millones de pesos, por ejercicios de 2009 a 2015.

    El caso más complejo es el amparo 6321/2024 de Elektra, vinculado al crédito fiscal más elevado, originalmente calculado en 18,4 mil millones de pesos, pero que con recargos y multas asciende a 33,3 mil millones. La empresa interpuso 28 recursos, incluyendo solicitudes de atracción y recusaciones de ministros, principalmente contra Lenia Batres Guadarrama.

    El ministro ponente Arístides García Guerrero propone desechar el amparo, argumentando que carece de “interés excepcional”, ya que la Corte ha resuelto previamente los temas de constitucionalidad planteados. De aprobarse los proyectos, se desecharían al menos 15 recursos de recusación pendientes. Fuentes de la Corte advierten que podrían imponerse multas por estrategia dilatoria, conforme a la Ley de Amparo.

    Solo quedarían dos juicios pendientes, a cargo de Lenia Batres, por más de 712 millones de pesos.

    Paralelamente, en Nueva York, la Corte Suprema fijó hasta el 12 de noviembre el plazo para que Tv Azteca y 39 filiales presenten moción de desestimación o suspensión de acusaciones, en espera de un arbitraje privado con acreedores, liderados por The Bank of New York Mellon. La empresa enfrenta además adeudos por bonos emitidos en 2017, que hoy suman más de 10 mil millones de pesos por intereses y retrasos, y un procedimiento de arbitraje ante el Banco Mundial.

    El panorama para Ricardo Salinas Pliego y sus empresas combina juicios fiscales históricos y conflictos financieros internacionales, mientras la SCJN se prepara para resolver los casos que podrían marcar un antes y un después en la estrategia legal del conglomerado.

    Con información de La Jornada

  • Norma Piña bajo la lupa: SCJN prevé revocar amparo que ella admitió

    Norma Piña bajo la lupa: SCJN prevé revocar amparo que ella admitió

    El pleno debatirá revocar la admisión ordenada por la entonces ministra presidenta Norma Piña; la minera involucrada está obligada a pagar 2 mil 868 millones de pesos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso para corregir lo que nuevos ministros califican como prácticas que alargan juicios fiscales: este jueves el pleno discutirá el proyecto de la ministra Lenia Batres para revocar la admisión de un amparo promovido por Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic. De confirmarse, quedará firme la sentencia que r a la minera a pagar 2,868,853,516.57 pesos por impuestos, recargos y multas del ejercicio 2012.

    El proyecto cuestiona directamente el acuerdo del 10 de febrero firmado por la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien admitió el amparo pese a que, según la SHCP, el caso no cumple con los requisitos de “interés excepcional” ni plantea una cuestión constitucional novedosa. La iniciativa de Batres avala la reclamación de Hacienda y apunta a que la admisión fue improcedente y facilitó maniobras dilatorias.

    La Corte ya empezó a sancionar esas tácticas: el 23 de octubre impuso 70 UMA a Primero Empresa Minera por un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel, y el 1 de octubre multó al Banco Actinver por un intento similar. Los ministros advirtieron que recursos sin fundamento sólo buscan prolongar litigios y obstaculizar la justicia.

    La discusión de este jueves no es solo técnica, ya que pone en entredicho decisiones administrativas de la presidencia pasada de la SCJN y obliga a revisar quiénes y por qué autorizaron reaperturas de amparos ya rechazados en instancias inferiores. Para la SHCP, y ahora para el pleno, se trata de cerrar las puertas a “argucias procesales” que erosionan la eficacia del sistema fiscal y la confianza ciudadana.

    Si el pleno avala el proyecto, la resolución enviará un mensaje claro: la Corte busca agotar las vías para que grandes deudores fiscales no usen trámites excepcionales para evitar responsabilidades económicas.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.

    La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.

    El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.

    Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.

    Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.