La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Gustavo Alfaro Rosas, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa y parte de la red que lavó más de 6 mil millones de pesos para Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El detenido es señalado como colaborador directo de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, quien ya cumple una sentencia por lavado de dinero y cuya estructura criminal operó entre 2013 y 2018 mediante el uso de empresas fantasma.
La detención de Alfaro se concretó el 18 de julio, en cumplimiento de una orden por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde se definirá su situación jurídica.
La investigación lleva más de cuatro años activa y ha derivado en al menos 30 órdenes de aprehensión. Aunque La Trilladora fue sentenciado a siete años y medio de prisión, la FGR apeló buscando una pena mayor, luego de que parte de la evidencia bancaria fuera desestimada por falta de orden judicial.
“La Trilladora”, detenido en 2015, movió más de 954 millones de pesos con identidades falsas y múltiples cuentas bancarias. Su vínculo con el Cártel de Sinaloa se remonta a 2001.
La FGR continúa las investigaciones para desarticular por completo la red financiera del cártel liderado por El Chapo.
La Fiscalía de Perú abrió una nueva investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presunta financiación ilegal en la campaña electoral de 2021, cuando fue electa vicepresidenta, según reportes de medios locales. La indagatoria se basa en la denuncia de un testigo que asegura que Boluarte solicitó 150 mil soles (42 mil dólares) a un empresario para financiar actos de campaña.
El Ministerio Público señala que la supuesta reunión ocurrió el 19 de mayo de 2021, antes de la segunda vuelta electoral, y que el dinero habría sido destinado a cubrir gastos de actividades musicales vinculadas a la campaña. El empresario involucrado negó la solicitud y calificó la acusación como falsa.
Esta investigación se suma a otras abiertas contra Boluarte, entre ellas por la muerte de al menos 49 personas en protestas tras su llegada al poder, presunto enriquecimiento ilícito y abandono del cargo. Además, es investigada por posible encubrimiento al líder prófugo del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón.
La presidenta deberá declarar ante la Fiscalía el 14 de octubre de 2025.
Bankaool, un banco mexicano con sede en Chihuahua, ha contratado al personal de la división cambiaria de Intercam. Esta decisión llega tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre preocupaciones de lavado de dinero.
La incorporación incluye a 250 promotores y colaboradores de Intercam, quienes se integrarán a la Mesa de Cambios de Bankaool. Héctor Andrés Ruiz López, también proveniente de Intercam, asumirá el cargo de director ejecutivo Comercial.
Bankaool destacó que este movimiento asegura la continuidad de las operaciones para los clientes de la división cambiaria, que enfrentaban incertidumbre por las investigaciones recientes.
La entidad financiera aclaró que esta contratación no implica la adquisición de cartera. Los clientes decidirán si trasladan sus operaciones a Bankaool.
Con el nuevo equipo, Bankaool ofrecerá servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales y pagos a proveedores en distintas monedas. Este enfoque busca aumentar su participación en el mercado cambiario.
Fitch Ratings informó que Intercam y CIBanco, otro banco señalado, tienen una participación del 18% en el mercado cambiario mexicano. La calificadora sugiere que otros bancos podrían absorber las actividades de corretaje cambiario de estas instituciones.
Las órdenes del Departamento del Tesoro prohíben a las instituciones financieras en Estados Unidos realizar transacciones con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa a partir del 4 de septiembre. La situación presenta desafíos para estas entidades en un entorno regulatorio complejo.
CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos.
En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se aplicaron 16 sanciones, 13 relacionadas con prevención de lavado, por un total de 53.6 millones de pesos.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a estas instituciones de facilitar el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a organizaciones criminales, señalamiento que México calificó de infundado por falta de pruebas.
CIBanco reafirmó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales, y su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
Fitch Ratings ha decidido dejar de calificar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta decisión surge tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre lavado de dinero.
La calificadora informó que el retiro de las calificaciones responde a “razones comerciales”. Antes de esta decisión, Fitch ya había reducido las notas a ‘CCC(mex)’ para riesgo a largo plazo y ‘C(mex)’ para corto plazo.
Fitch explicó que esta baja refleja un debilitamiento en los perfiles de negocio y financieros de las tres instituciones. Estos cambios están relacionados con el daño reputacional tras las acusaciones del Tesoro estadounidense, que vinculan a las entidades con el tráfico ilícito de opioides.
Este es el segundo recorte que Fitch realiza desde que el Tesoro emitió las órdenes contra estas entidades el 25 de junio. Desde entonces, Fitch ha notado tendencias negativas en la generación de ingresos de CIBanco, Intercam y Vector.
Las instituciones han enfrentado la salida de clientes y una disminución en sus volúmenes de operación. Además, Fitch ha observado un deterioro en la liquidez de CIBanco e Intercam.
A pesar de los esfuerzos para mantener sus operaciones, Fitch considera que la calidad crediticia de estas entidades podría seguir debilitándose. Esto se debe a la reacción de los clientes tras los anuncios del Tesoro.
La prohibición de instituciones financieras en EE.UU. Para realizar transacciones con estas entidades se aplazó hasta el 4 de septiembre de 2025. Fitch señala que, aunque estas instituciones cumplen con sus obligaciones, el riesgo de incumplimiento es muy alto en comparación con otros emisores en el país.
La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.
Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.
El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.
En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el CJNG.
Con base en una investigación de Karina Suárez para El País, el registro oficial de la CNBV indica que en junio se aplicaron 53 multas a los dos bancos y a la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo. En el caso de CIBanco, las sanciones ascienden a 67 millones de pesos, derivadas de fallas en la prevención de lavado de dinero y manejo irregular de grandes cantidades de dólares en efectivo.
Intercam, por su parte, fue multado con 92 millones, al no contar con registros automatizados de operaciones inusuales ni protocolos eficaces para clientes de alto riesgo. La firma respondió que las sanciones corresponden a datos de 2023 y aseguró que ha sido auditada con éxito por firmas como PwC y EY.
En cuanto a Vector, recibió 26 multas por más de 27 millones de pesos, aunque en este caso por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, y no por temas de blanqueo de capitales.
Las sanciones llegan en un contexto tenso, tras el endurecimiento de la política antidrogas de EE. UU. y los cuestionamientos del expresidente Donald Trump hacia México. Aunque las autoridades mexicanas han intentado transmitir calma, el escándalo ya provocó reacciones: intervenciones regulatorias temporales, retiros de inversionistas y la baja en la calificación crediticia de las tres instituciones por agencias como Fitch y S&P Global.
El mensaje del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro: habrá vigilancia estricta sobre el sistema financiero, incluso si ello implica asumir costos políticos y económicos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas multas surgen tras acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Intercam recibió la mayor cantidad de sanciones, acumulando 26 multas por un total de más de 92 millones de pesos. CIBanco fue multado con 66 millones de pesos, mientras que Vector Casa de Bolsa enfrentó sanciones por 26 millones de pesos.
Las multas fueron impuestas entre el 25 y 30 de junio, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro. Las instituciones fueron señaladas por no cumplir con diversas disposiciones para prevenir el lavado de dinero y por fallas operativas.
La CNBV identificó problemas en los sistemas de recepción y registro de órdenes de compra-venta de acciones. También hubo omisiones en la entrega de información a los inversionistas y en la actualización de prospectos de fondos de inversión.
Además, las tres entidades financieras no cumplieron con las políticas de comunicación con organismos autorregulatorios. Estas faltas generan preocupación entre los reguladores sobre los riesgos en el sistema financiero.
Las infracciones ocurrieron entre 2021 y 2024, y aún no han sido pagadas. Las instituciones pueden impugnar las multas mediante recursos de revisión o juicios de nulidad.
Si aceptan las infracciones, las instituciones pueden obtener un descuento del 20 por ciento si pagan en los siguientes quince días hábiles. Las sanciones se canalizan a la Tesorería de la Federación, el SAT o Banxico.
El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones para grupos delictivos. Ante esto, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de las instituciones, reemplazando a sus directivos.
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. ordenó a todos los bancos estadounidenses cortar transferencias que involucren a estas instituciones. Aunque se dio una prórroga, el nuevo plazo para cumplir con estas medidas es el 4 de septiembre.
Estados Unidos ha intensificado sus solicitudes de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México desde 2022, con 388 peticiones acumuladas entre 2020 y 2024, según reportes oficiales.
A través de la red Egmont, mecanismo internacional para el intercambio de inteligencia financiera, el gobierno estadounidense elevó su vigilancia sobre posibles operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en territorio mexicano. Tan solo en 2022 se realizaron 110 solicitudes, frente a las 45 de 2020.
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, aseguró que todas las peticiones han sido respondidas conforme a los compromisos internacionales. La dependencia rechazó que se haya reservado información en los reportes que recibe del extranjero.
La presión estadounidense coincide con recientes señalamientos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunta complicidad en operaciones relacionadas con el fentanilo. Las sanciones, previstas inicialmente para julio, se pospusieron hasta el 4 de septiembre.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
