Documentos y testimonios vinculan a Javier Negre con narcos, campañas sucias y financiamiento de partidos conservadores, cuestionando su ética profesional.
Javier Negre, pseudoperiodista y director de La Derecha Diario, vuelve a poner en el ojo del huracán internacional su historial manchado por vínculos con el crimen organizado, manipulación mediática y campañas sistemáticas de desprestigio.
Lejos de ser un periodista independiente, Negre opera como un auténtico operador político que mezcla intereses económicos, ambiciones políticas y contactos peligrosos.
En España, fue despedido de El Mundo tras ser denunciado por coacción: inventó una entrevista, irrumpió en la casa de una familia y exigió declaraciones que jamás existieron. Un tribunal lo multó con 30 mil euros.
Desde entonces, su carrera se ha mantenido a flote gracias a la pauta estatal de partidos de derecha como el Partido Popular y Vox, quienes financiaron su medio digital EDA TV, cerrado varias veces por violar normas de YouTube.
Pero el escándalo no termina ahí.
En Marbella, Negre se vincula con Juan Carlos Peña “El Inmortal”, capo del narco, quien le habría pagado 6 millones de dólares para producir una serie glorificando su vida criminal.
Su participación como guionista no deja lugar a dudas: la cercanía con el crimen y la disposición a moldear narrativas favorables al narco están a la vista.
Hoy, Negre ha cruzado fronteras: en Argentina trabaja para Javier Milei y Fernando Cerimedo, lanzando campañas agresivas contra opositores políticos.
Mientras tanto, en México se dedica a difamar a la presidenta Claudia Sheinbaum, respaldado por granjas de bots financiadas por el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego.
Hay que recordar que la misma vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, bloqueó sus cuentas por hostigamiento y manipulación mediática, reflejo de un estilo que ya le costó escándalos en España.
Negre se ha consolidado como un periodista mercenario, donde la ética es moneda de cambio ante el poder y el dinero. Su información no busca informar: busca dañar, manipular y lucrar.
Es la prueba viviente de que la desinformación puede ser peligrosa… y altamente rentable.
Por Nathael Pérez La sentencia que condenó a Javier Negre por inventarse una entrevista en 2016 reveló un método de trabajo intrusivo, manipulador y contrario a cualquier estándar periodístico. El juez acreditó que mintió en el titular, fabricó declaraciones, obtuvo una foto sin permiso y presionó a la víctima incluso “rayando la coacción”. El fallo obliga a publicar la rectificación con la misma difusión que tuvo la pieza original.
La historia del reportaje que Javier Negre publicó en El Mundo, un diario de derecha, el 21 de febrero de 2016 titulado “Habla la primera mujer a la que torturó el asesino de Cuenca” terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más graves del periodismo español reciente. Lo que se presentó como una exclusiva pactada con una víctima del maltratador y asesino Sergio Morate resultó ser, de acuerdo con la justicia española, una construcción ficticia, una intromisión ilegítima y una maniobra que vulneró de forma directa los derechos fundamentales de la mujer involucrada.
La sentencia es contundente: “no se consintió en ningún momento entrevista alguna”. Lo que Negre narró como un encuentro acordado —“a condición, acordada, de que guardemos el secreto de su identidad… la joven accede” escribió en Crónica— nunca ocurrió. El juez desmontó por completo ese punto: la mujer jamás aceptó hablar.
En realidad, Negre apareció sin previo aviso en el domicilio familiar de la víctima, una mujer a la que la policía había recomendado mantener el anonimato por seguridad tras el crimen de Cuenca. De acuerdo con el fallo, “apareció en el domicilio de los padres” y trató de forzar una conversación. El abogado relató además que, para que le abrieran la puerta, se hizo pasar por un amigo de la chica. Dentro del rellano hubo varias discusiones: el padre le pidió repetidas veces que se marchara y “los dejase en paz”, pero el periodista insistió antes de retirarse.
La presión continuó después: Negre “comenzó vía WhatsApp a forzar a la actora a mantener una reunión en privado con él”, escribe el juez, llegando incluso a sugerir que le enviara fotos de manos o pies para evitar usar la imagen que ya tenía. Esta conducta, afirma la sentencia, “casi está rayando con una coacción”. La foto, obtenida sin permiso del perfil de Facebook de la mujer, terminó siendo publicada. Aunque en la edición impresa se aplicó un filtro, en la web se podía revertir fácilmente, exponiendo su identidad durante días en redes sociales.
El juzgado también desmontó el titular del reportaje: era falso. La mujer nunca fue víctima de “torturas”, sino de “delito de amenazas continuado y detención ilegal”. Aun así, El Mundo presentó el texto como si la víctima hubiese sido localizada, entrevistada y dispuesta a reconstruir episodios que jamás relató. Peor aún: la pieza sugería que ella pudo evitar el doble crimen si hubiera alertado a las fallecidas, insinuación que el juez califica de “inveraz” al no existir constancia de que se conocieran.
Por todo ello, la justicia condenó a Javier Negre y a Unidad Editorial a pagar 30 mil euros por vulnerar la intimidad, el honor y la propia imagen de la mujer. También ordenó publicar la sentencia “con al menos la misma extensión y la misma difusión pública que tuvo la intromisión”. El Mundo cumplió parcialmente: insertó una rectificación, aunque en un formato menor.
Las repercusiones no terminaron ahí, pues programas como Todo es mentira, donde Negre colaboraba, anunciaron que “ya no es bienvenido” tras negarse a ofrecer explicaciones. Y desde una cuenta anónima atribuida a un periodista de El Mundo, surgieron denuncias internas sobre supuestas prácticas habituales: “somos muchos en la redacción que llevamos años obligados a borrar el rastro de los reportajes ficticios de Negre cuando llegan denuncias”, escribió. También pidió que asociaciones profesionales revisaran su trayectoria para detectar otras informaciones fabricadas.
El caso expuso un patrón: métodos intrusivos, manipulación de hechos, obtención ilegítima de datos personales y un relato que presentaba a la víctima como una mujer que buscaba notoriedad. En palabras del fallo, Negre ofreció “una imagen completamente opuesta a la real”.
Lo ocurrido en 2016 quedó como prueba de la falta de profesionalismo y un ejemplo de cómo la ambición personal y la carencia de ética pueden convertir el periodismo en una herramienta de daño, lejos de su función social. Y también como un recordatorio de que las redacciones —y el público— deben exigir cuentas cuando un profesional cruza deliberadamente todas las líneas.
El empresario inmobiliario y colaborador de el diario La Derecha, Jorge O’Reilly, construyó su imperio sobre humedales del Gran Buenos Aires, Argentina. Sus desarrollos, en perjuicio del ecosistema y de comunidades originarias, muestran una conjunción de negocios opacos, privilegios y vulneraciones ambientales.Este texto revela cómo su firma avanza en terrenos regulados, desplaza a pobladores originarios y presiona a quienes se resisten.
En las vastas planicies del delta del Río Luján, en la zona de Tigre y Escobar, un fenómeno inmobiliario silencioso viene transformando humedales, zonas de inundación y costas hasta hace poco irrelevantes para el gran negocio del country de lujo. Al frente de esta avanzada está Jorge O’Reilly, colaborador de el diario argentino La Derecha y presidente de EIDICO S.A., desarrolladora especializada en emprendimientos de alto nivel para élites.
Su estrategia se apoya en un dato revelador: en esa cuenca baja del río Luján existían ya para 2010 más de 50 urbanizaciones cerradas acuáticas que ocupaban cerca del 10 % del territorio estudiado, muchas transformadas mediante rellenos, canales artificiales y elevación de suelo para evitar riesgos de inundación. EIDICO aparece como responsable directo del 30 % de esas urbanizaciones, de acuerdo un estudio de la Universidad Nacional de la Plata.
O’Reilly no se detuvo ahí. Fue sobre esos humedales —que funcionan como esponja natural ante lluvias y sudestadas— donde promovió desarrollos emblemáticos. Los mecanismos: rellenos de napas, terraplenes para elevar cotas edificables por debajo de los 8,5 m sobre el nivel del mar, cuando la normativa imponía elevaciones superiores para evitar inundaciones.
El impacto no es solo ambiental. Cuando esas estructuras urbanas borran humedales, provocan una externalidad directa: el agua va a otro lado. Vecinas y vecinos de la zona denuncian que cada Sudestada trae consigo un nuevo nivel de inundación. Un análisis lo confirma: “la alquimia entre suelos baratos, acceso a cursos de agua y carteles de lujo” explica el brutal avance inmobiliario en zonas reservadas hasta antes para “lo malo del paisaje urbano”.
El relato de O’Reilly –como que “desarrolla al costo” para pequeños inversores– no logra ocultar esta paradoja: transformó terrenos de alto riesgo ambiental en lotes de lujo, mientras evita someterse a los estándares de evaluación ambiental.
Pero el daño no acaba en los suelos: en el paraje conocido como Punta Querandí, entre Dique Luján y Maschwitz, un territorio ribereño ancestralmente habitado por comunidades querandíes, chanás y guaraníes, O’Reilly y su empresa mantienen un litigio que simboliza ese despojo silencioso.
La comunidad denunció que en 2017 la firma de O’Reilly solicitó el desalojo del Museo Autónomo de Gestión Indígena y de instalaciones productivas instaladas por la comunidad en la parcela 321‑f. En sus escritos, la empresa califica a los comuneros como “fuente de conflictos” y menciona “episodios de violencia, amenazas y robo de alambrados” para argumentar el desalojo.
Los relatos de quienes habitan la zona son aún más perturbadores: un albañil denunció que le ofrecieron dinero para incendiar “los ranchos” de Punta Querandí a fin de liberar al terreno para el barrio privado lindero. Una monja vinculada al entorno del Opus Dei, organización a la que pertenece O’Reilly, fue acusada de hostigar y calificar a los miembros de la comunidad como “indios truchos”.
Es difícil obviar el contraste: mientras O’Reilly promueve supuestas “valores tradicionales” y sostiene que sus desarrollos generan empleo y orden urbano, al mismo tiempo bloquea el acceso público a la ribera, valla espacios usados por la comunidad y opera desde una lógica de negocios que vulnera derechos colectivos y ecosistemas enteros.
El problema no es solo moral, es estructural: un modelo de negocio que se apoya en vacíos regulatorios, privilegios y una relativa impunidad ambiental. Los documentos lo confirman: la autorización del emprendimiento no implicaba permiso para construir, y sin embargo se vendían lotes antes de la factibilidad definitiva.
En este escenario queda claro que O’Reilly encarna más que un empresario inmobiliario: representa un poder que articula negocios, diplomacia, religión y urbanismo en una zona con índices crecientes de vulnerabilidad. Los humedales están bajo asedio, las comunidades bajo presión, y los vacíos legales se transforman en muros —literalmente— que delimitan quién pertenece al “parque” y quién queda inundado esperando respuesta.
Cuando el desarrollo se come los humedales y sepulta memorias comunitarias, el “país del progreso” se convierte en un espejo con muros altos donde algunos miran desde el jardín de lujo mientras otros luchan para no ahogarse en su patio trasero.
Fuentes principales:
“Countries sobre los humedales: la empresa que los construye” (archivoinfojus.gob.ar)
Se les acusa de ser meros “lacayos” del periodista ultraderechista español Javier Negre, dedicados al “golpeteo bajo” en lugar de al análisis serio. Destaca el activismo ruidoso y la grosería de Adler, la ideología radical de Bustos Thames y la ambición política de Santurio.
Qué fácil se les hace a ciertos personajes pasear su mediocridad con aires de sabelotodos.
Resulta que en el rincón más polvoriento del ecosistema digital, conocido como La Derecha Diario, se ha consolidado un grupo de periodistas “críticos” y “apegados a la verdad”, pero que de originales no tienen nada.
Hablamos de Juan Pablo Bustos Thames, Daniel Adler (el autodenominado “Gordo Dan”), y Santiago Santurio, tres figuras que más que escribir columnas o notas informativas, parecen operar como la brigada de utilería del verdadero jefe de la función: el mismísimo influencer ultra español, Javier Negre.
Es decir, son los lacayos con libreta, los monaguillos con megáfono de la cruzada libertaria.
Bustos Thames, Santurio y Adler no son pensadores; son meros repetidores de un libreto preestablecido. Sus escritos, lejos de ofrecer análisis profundos, son poco más que gritos destemplados envueltos en la bandera del “combate cultural”.
En lugar de proponer ideas, se dedican a la gimnasia del golpeteo bajo, la descalificación y el linchamiento digital, práctica que, no sorprende, aprendieron a la perfección de su mentor peninsular.
Bustos Thames, con su perfil casi anónimo, parece el más aplicado de los tres, escribiendo sin descanso sobre el dogma liberal y negando cualquier atisbo de complejidad social que no encaje en su ideología de derecha radical. No investiga, recita.
En 2018 fue detenido tras ser señalado como presunto integrante de una red dedicada a robar y vender información reservada de la AFIP. La Policía Federal allanó el estudio jurídico y el domicilio de Bustos en busca de soportes electrónicos y documentación vinculada al caso, quedando incomunicado tras los procedimientos.
Luego está el fenómeno Daniel Adler, personaje conocido por su activismo ruidoso en redes y su participación en eventos como “La Misa del stream Carajo”, no solo genera polémica sino que parece vivir de ella.
Su modus operandi es tan sutil como un martillazo: la burla homofóbica y el insulto como argumento principal. Si la ultraderecha argentina tuviera un jingle, probablemente lo cantaría entre un improperio y una arenga. Es la prueba viva de que la “libertad” que pregonan se reduce, en la práctica, a la libertad para ser grosero. Su rol no es informar, es arengar al bajo instinto.
Adler, conocido como “Gordo Hitman”, se presenta en redes y en canales de streaming como un especialista en seguridad y contraterrorismo con un pasado heroico en las fuerzas especiales israelíes, pero su biografía oficial está llena de inconsistencias: no hay registros de sus supuestas condecoraciones, misiones o cargos, y su trayectoria real se acerca más a la de un coach financiero devenido prestamista que administra empresas sin sustento comprobable.
Finalmente, encontramos a Santiago Santurio, quien utiliza La Derecha Diario no solo como plataforma de opinión, sino como pista de despegue para su carrera política dentro del espacio de La Libertad Avanza.
Santurio es la cara más visible de esta operación: el joven político ambicioso que, en lugar de debatir ideas serias, se alinea al circo mediático. Su principal escándalo no son los sobres con dinero, sino los sobres de lealtad incondicional que reparte a la dirigencia del partido, asegurando su lugar en la foto, aunque el costo sea el rigor intelectual y la decencia periodística.
El escándalo de los sobresueldos en el Ministerio de Capital Humano comprometió a Javier Milei a través del diputado Santiago Santurio, un dirigente cercano al Presidente cuya proyección había crecido tras la salida de Oscar Zago del bloque libertario.
Santurio, referente conservador y aliado de Martín Menem, fue señalado dentro de La Libertad Avanza por su presunto involucramiento en contratos irregulares con la OEI y por haber intentado posicionarse para reemplazar a Pettovello desde Educación, mientras mantenía vínculos con estructuras políticas y policiales cuestionadas por realizar inteligencia sobre vecinos en San Miguel.
Todo ello amplificó el malestar y las sospechas dentro y fuera del oficialismo.
Son estos tres, en el fondo, los que validan el chiste: que en La Derecha Diario, el único periodismo que importa es el que aplaude a sus jefes, sean estos españoles o locales. Son el coro griego del odio y la poca sustancia.
