La jueza federal Jovita Vargas Alarcón ha rechazado el amparo solicitado por Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán. Este fallo se produce en medio de acusaciones graves que lo involucran en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La Fiscalía General de la República investiga a Aureoles y a cuatro de sus ex colaboradores por un supuesto quebranto financiero de 3 mil 412 millones de pesos. Este daño patrimonial se originó, según las autoridades, por la compra a sobreprecio de cuarteles destinados a la Guardia Civil en siete municipios de Michoacán. Las localidades afectadas incluyen Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
En su resolución, la jueza Alarcón decidió sobreseer parte de la demanda de garantías presentada por Aureoles. Con esta decisión, la protección de la justicia solicitada por el ex gobernador no prosperará.
Este desarrollo legal pone a Aureoles en una situación crítica, ya que la orden de captura sigue vigente. La atención pública se centra ahora en los próximos pasos que tomará el ex gobernador ante este revés judicial.
Una jueza federal ha ordenado al gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, devolver 1.3 millones de pesos al cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera. La decisión se basa en el cobro “desproporcionado” de impuestos tras la compra de dos departamentos en la exclusiva Torre Mitikah.
La jueza Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa, dictó la sentencia en mayo de 2024. Sin embargo, el gobierno capitalino no ha cumplido con la orden, a pesar de que el 11 de abril la jueza concedió una prórroga y le impuso una multa al gobierno.
Rivera adquirió los departamentos 4201 y 4205 en febrero de 2024, cada uno por 10 millones de pesos. Para registrar los contratos de compraventa, se le cobró una cuota de 23 mil 61 pesos por cada inscripción. Esto contrasta con la tarifa general de 2 mil 302 pesos para trámites similares.
En total, el cardenal pagó 46 mil 122 pesos por los registros. Además, el 6 de marzo de 2024, pagó 651 mil 101 pesos por el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles del primer departamento y 700 mil 150 pesos por el segundo.
Frente a estos cobros, Rivera interpuso un amparo, argumentando que la cuota de registro era excesiva. La jueza Lobo Domínguez concluyó que el costo del registro debería ser el mismo, independientemente del valor de los inmuebles.
La decisión de la jueza ha generado controversia y cuestionamientos sobre la equidad en el sistema fiscal. A medida que el gobierno impugna la resolución, muchos se preguntan si la justicia es realmente igual para todos los capitalinos.
El general brigadier José Rodríguez Pérez, quien es acusado de delincuencia organizada por su presuntos vínculos con el grupo criminal “Guerrero Unidos” y de presuntamente ser el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, recibió el cambio de medida cautelar para que siga su proceso penal en libertad.
El pasado seis de julio, Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, determinó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional al militar Rodríguez Pérez.
Foto vía CNN Español.
En ese sentido, la jueza federal concluyó que no hay razones fundadas para justificar la prisión preventiva en contra del general brigadier, ya que no se advierte que el militar pueda evadir la justicia mexicana.
Al respecto, la jueza determinó que el general brigadier José Rodríguez Pérez podrá llevar su proceso penal en libertad, aunque la juzgadora impuso una fianza de 50 mil pesos, deberá de asistir periódicamente al juzgado para firmar el libro de procesados, así como la prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas.
Cabe mencionar que. la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, señala a Rodríguez Pérez de presuntamente haber sido el responsable de ordenar el asesinato de seis de los 43 estudiantes.
Asimismo, con el beneficio otorgado al mando militar suma ya 11 elementos del Ejército mexicano que han logrado el cambio de medida cautelar para no llevar su proceso penal en prisión, en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el año de 2014.
Una Jueza federal ordenó la libertad provisional de ocho militares que son acusados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en el Caso Ayotzinapa.
Este jueves nueve de mayo, la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó la libertad de los elementos castrenses al considerar que “no hubo elementos de prueba que pudieran comprobar el tema de delincuencia organizada”.
Razón por la cual decidió conceder el cambio de la medida cautelar, además de pagar una garantía de 100 mil pesos y acudir a firmar cada 15 días ante el juzgado, así como la entrega obligatoria de sus pasaportes, la prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas o testigos.
A pesar de que representantes del Estado Mexicano señalaron que existía un “fuerte riesgo de fuga” al dejarlos salir del Campo Militar Número 1, donde están recluidos.
Cabe mencionar que, el pasado mes de febrero de este año la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de aprehensión en contra los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó tajantemente la determinación de la jueza federal del Estado de Méxicoal cambiar la medida cautelar y liberara ocho miembros de las Fuerzas Armadas relacionados con el caso Ayotzinapa.
Ante dichos hechos la FGR anunció que presentará de manera inmediata los recursos necesarios en contra de la impartidora de justicia, por los delitos cometidos en contra de la administración de justicia al considerar que se concedieron “ventajas indebidas a los acusados”.
Fueron concediendo ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa.
Indicó la FGR.
A través de un comunicado, la FGR acusó directamente a la Jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo y a los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio
Asimismo, la Fiscalía señaló que esa determinación genera una situación de injusticia para los “43 desaparecidos, sus familias, su seguridad y a la nación misma, dada la brutalidad de los abusos cometidos”.
La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que no devolverá la casa asegurada al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, pese al ordenamiento de una juez federal.
A través de un comunicado la FGR, sostuvo que dicho inmueble fue adquirido ilegalmente con recursos “provenientes de lavado de dinero”, por lo que “sigue asegurado y no será devuelto”.
El organismo autónomo federal consideró como “inaceptable”, el criterio expresado por la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo, esto al negar la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y alegar una retroactividad que es contraria a la misma.
Emilio Lozoya, director de PEMEX durante el sexenio de Peña Nieto. foto: antenanoticias.com.mx
La Jueza determinó que como la Ley Nacional de Extinción de Dominio fue aprobada en 2019 y la casa adquirida por Lozoya Austin en 2012, el inmueble debería de ser devuelta, de acuerdo con Osorno Arroyo, por el principio de retroactividad.
Ley Nacional de Extinción de Dominio establece, con toda contundencia, que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad.
Se lee en el comunicado de la FGR.
El pasado viernes, durante su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó la determinación de la Jueza Federal de Segundo Distrito en Materia de Extinción de Dominio al ordenar a la FGR devolver la lujosa mansión de Emilio Lozoya, que se encuentra valorada en 38 millones de pesos.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Gobierno de México.
Es una decisión de un juez, como las tenemos, lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad, presuntos, delincuentes y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia.
Indicó el presidente López Obrador.
La FGR informó que el recurso de apelación correspondiente se está presentando dentro del plazo legal, también reveló que la lujosa mansión de Lozoya Austin se encuentra legítimamente asegurada en otro procedimiento penal diferente a éste, por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
