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Buenos Aires. Ayer, un tribunal condenó, sin pruebas, a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la “Causa Vialidad”. En ese contexto, la vicepresidenta afirmó que este fallo es grotesco y sustentado en planteos que fueron derrumbados durante los tres años de juicio. 

Y bueno, ustedes se preguntarán: ¿qué es la Causa Vialidad? Es la concesión de fondos para obras viales de Santa Cruz, provincia de Argentina, entre 2003 y 2015, periodo que gobernó el Kirchnerismo. Se le acusa a Cristina de favorecer con 51 licitaciones públicas provinciales al empresario (argentino) Lázaro Báez.  Según el poder judicial, Cristina beneficiaba a Báez con contratos por una relación de amistad, cuya hipótesis es descabellada porque no hay ninguna prueba de ello. 

La Causa Vialidad no está aislada de las guerras judiciales, también conocidas como lawfare, que se han dado en América Latina contra líderes populares de izquierda, como Lula da Silva (Brasil), Rafael Correa (Ecuador) y Pedro Castillo (Perú). Como ustedes ya conocen, los jueces, cercanos al expresidente Mauricio Macri y la oposición- encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich- están utilizando el lawfare para obstaculizar a Cristina para que no participe en las próximas elecciones presidenciales en 2023, dado que podría ganarlas. 

Quiero señalar que la vicepresidenta ha sido perseguida judicialmente desde 2015, empezando por el Caso de la AMIA -esto luego de la muerte del fiscal Nisman- pasando por el caso “Dólar Futuro” hasta llegar a la “Causa Vialidad.” Con la complicidad de los medios de comunicación, en particular del periódico Clarín- muy parecido al Diario Reforma de México-, han tratado de imponer a la opinión pública la misma narrativa de los jueces corruptos: Cristina es una “ladrona” y merece ir a la cárcel. En efecto, en su portada del 7 de diciembre de 2022, Clarín califica al fallo como histórico y presume que la vicepresidenta no será candidata en 2023. 

Y aunque Cristina ya anunció que no participará en las elecciones de 2023, la sentencia puede demorar varios años, ya que en estos momentos corre el plazo legal para las apelaciones anta la Cámara de Casación Penal. ¡Nada está perdido aún! Es momento que Sergio Massa, actual ministro de economía, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y Máximo Kirchner se pongan las pilas para comenzar el kirchnerismo sin Cristina. 

Por último, quiero enfatizar que América Latina es nuestro espejo, por lo tanto, el lawfare se puede aplicar, en México, para derrocar al gobierno del presidente López Obrador, incluso, en 2005, quisieron desaforarlo cuando era Jefe de Gobierno para que no participara en las elecciones presidenciales de 2006.

No podemos olvidar que el poder judicial en México está igual de corrompido como el argentino, un claro ejemplo fue cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron para eliminar la prisión preventiva para los delitos de evasión fiscal y con ello proteger a los ladrones de cuello blanco. 

Ahora bien, la oposición tratará de utilizar la guerra judicial para meter a la cárcel a AMLO, dado que su gobierno incomoda a la plutocracia y bancocracia mexicana. En ese sentido, el mandatario mexicano dijo, durante su mañanera, que si sus detractores lo quieren meter a prisión después de que termine su sexenio, estará en su rancho de Chiapas esperando. 

• Sigue a José Manuel Fuentes en Twitter como @JoseyyyJose

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