La Segunda Sala de la Corte concedió un amparo a Lorenzo Córdova, expresidente del INE, para eliminar su imagen de los libros de texto de la SEP.
La Corte argumenta que la SEP vulneró el derecho al honor de Córdova al señalarlo como discriminador. Sin embargo, esta resolución parece proteger a un funcionario de sus propias acciones pasadas.
Córdova había hecho comentarios ofensivos sobre pueblos originarios, lo cual motivó su inclusión en los libros como un ejemplo de discriminación. La decisión de la Corte no refleja un compromiso con la verdad ni con la justicia.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo tuvo que desempatar la votación, lo que resalta la falta de consenso sobre el tema. Mientras tanto, las voces críticas y las lecciones sobre discriminación quedan relegadas.
La inclusión de Córdova en los textos buscaba educar a los estudiantes sobre la discriminación. Ahora, la Corte parece priorizar el honor de un individuo sobre la conciencia social. Esta acción puede enviar un mensaje equivocado sobre la rendición de cuentas y la importancia de aprender del pasado.
Integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por el excanciller chileno, Heraldo Muñoz, se reunieron con Norma Piña, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuestamente para “conocer su opinión” sobre las próximas elecciones judiciales del 1° de junio.
Y es que realmente ¿qué tendrían que hablar?, si se han encargado de oponerse abiertamente al ejercicio democrático del próximo domingo. Ahora, también es de considerarse el hecho de que esta organización ha respaldado golpes de estado al rededor de Latinoamérica.
Sospechoso que los representantes de la #OEA se reúnan con los ministros golpeadores, Norma Piña, Javier Laynez, etc. Es históricamente conocido que está Organización de Estados Americanos, son desestabilizadores y al servicio de los intereses de EU ¿Que estarán planeando? pic.twitter.com/XUILBjGzki
¿Por qué una organización desestabilizadora se reúne con abiertos opositores de la democracia?: Norma Piña, quién quizo mover la ley a su antojo para tratar de remover la reforma judicial; Potisek que utilizó medios de comunicación para desacreditar el movimiento diciendo que “el pueblo de México es ‘incapaz’ de elegir a sus juzgadores”.
Cabe destacar que la OEA también se reunió con Guadalupe Taddei, presidenta del INE, y con Gerardo Fernández Noroña, titular del Senado, con el propósito de dialogar sobre el proceso electoral que está en puerta.
La solicitud del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para examinar la legitimidad democrática del Poder Judicial de la Federación (PJF) revela una preocupante realidad. La transformación en la elección de jueces, magistrados y ministros exige una revisión crítica del desempeño actual de la SCJN.
Durante la Cumbre Judicial Iberoamericana en Santo Domingo, se discutieron los desafíos que enfrentan los Poderes Judiciales. Sin embargo, los ministros de la SCJN parecen aferrarse a un modelo que ya no responde a las demandas sociales. La modernización y la inclusión son palabras que resuenan, pero la práctica parece distante.
Pardo Rebolledo mencionó la necesidad de reflexionar sobre el impacto del populismo y las crisis institucionales. Bajo ese mismo contexto, ¿realmente se están tomando acciones concretas para salvaguardar la independencia judicial? La respuesta sigue siendo incierta.
Durante la cumbre, México participó activamente en cuatro grupos de trabajo bajo el tema “Justicia al día para garantizar la Dignidad de las Personas”. Además, presentó un Reporte Estadístico sobre la participación de las mujeres en la estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2025.
La participación de México en la cumbre fue notable, pero no suficiente. Mientras se presentan reportes estadísticos sobre la participación de las mujeres, las decisiones críticas siguen siendo dominadas por una élite que no representa a la ciudadanía.
El magistrado Romer Saucedo Gómez advirtió sobre los peligros de la elección popular de jueces. Esta reflexión llega tarde, ya que el sistema actual ya está sufriendo las consecuencias de decisiones no democráticas.
Por su parte, el magistrado Teódulo Cifuentes Maldonado subrayó que la democracia no se sostiene solo con elecciones. La SCJN debe demostrar que entiende esta realidad y actúa en consecuencia.
El magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, de Colombia, alertó sobre la polarización política que deslegitima las instituciones. Sin embargo, los ministros de la SCJN parecen ignorar esta advertencia, continuando con su agenda sin cuestionamientos.
La Declaración en Santo Domingo, resultado de la cumbre, incluye postulados que suenan bien en papel. Pero, ¿se traducirán en acciones que fortalezcan la justicia en Iberoamérica? La historia reciente sugiere que la SCJN debe hacer mucho más que solo firmar documentos.
Los actuales ministros de la SCJN enfrentan un dilema: adaptarse a un entorno cambiante o arriesgarse a quedar obsoletos. La legitimidad democrática del PJF depende de su capacidad para responder a las verdaderas necesidades del pueblo.
El magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Elektra y Banco Azteca, ha logrado que 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no emitan sentencia definitiva sobre los 34 mil millones de pesos que el empresario debe como parte de sus impuestos vencidos.
De esta manera se suspendió el procedimiento por el cual se pretendía obligar al controvertido opositor a la Transformación de México, hasta que las nuevas ministras y los nuevos ministros de la SCJN sean elegidos por voto popular mediante la Elección Judicial de junio del 2025.
Grupo Elektra fue el que tramitó 3 amparos para protegerse y evitar cumplir con sus obligaciones fiscales, como el resto del Pueblo de México, quienes sí colaboran con el proceso de Transformación. En el caso de la cadena de tiendas y servicios financieros, deben más de 34 mil 805 millones 108 mil 782 pesos por créditos fiscales de los años 2008, 2012 y 2013.
Se trata de los amparos con número 6321/2024, 5654/2024 y 3842/2024, revisados por las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, y por el ministro Alberto Pérez Dayán, quienes resolverían en contra del millonario Salinas Pliego.
Sin embargo, los abogados de Grupo Salinas argumentaron que las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama están impedidas para conocer del amparo. Le corresponderá alministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de la Primera Sala resolver esta nueva controversia.
En el caso de la ministra Margarita Ríos Farjat, quedó impedida pues Grupo Elektra advirtió que podría haber conflicto de intereses debido a la gestión al frente del SAT que en su momento ejerció Ríos Farjat.
La reciente renuncia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia y suspicacia entre sectores políticos y ciudadanos. En su carta de renuncia dirigida al Senado, Pardo Rebolledo aludió a una “congruencia personal” y a su larga trayectoria judicial de 40 años para justificar su salida, misma que espera se haga efectiva en agosto del próximo año. Sin embargo, la renuncia de Pardo Rebolledo, sumada a la de su colega el Ministro Alfredo Ortiz Mena horas antes, se enmarca en un contexto de desacuerdos con la Reforma Judicial, lo cual plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones.
¿Decoro o Conveniencia?
Aunque en su carta Pardo Rebolledo subrayó que su renuncia “no es un acto de claudicación”, el contexto en que ocurre parece sugerir lo contrario. Su salida, junto a la de Ortiz Mena y otros ministros que planean dejar el cargo antes del fin de su mandato, ha levantado cuestionamientos sobre si estas decisiones responden a un rechazo oportunista a las nuevas disposiciones de la Reforma Judicial, las cuales proponen un modelo de designación de ministros mediante voto popular.
Lejos de presentarse como un acto de congruencia o compromiso con la democracia, las dimisiones recientes han sido interpretadas por algunos líderes como intentos por abandonar el cargo antes de enfrentar las posibles consecuencias de la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que estas renuncias podrían tener una intención financiera, pues permitirían a los ministros retirarse con cuantiosas liquidaciones, lo que él llamó “irse con las alforjas llenas”. Además, señaló que la renuncia masiva podría estar relacionada con un esfuerzo coordinado de resistencia en contra de los cambios constitucionales.
Ortiz Mena y Pardo Rebolledo: ¿Defensores de la Justicia o Adversarios de la Reforma?
Mensaje del Presidente del Senado, @fernandeznorona, en relación al proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. pic.twitter.com/STDquuYWxw
La renuncia del Ministro Ortiz Mena, anunciada casi al mismo tiempo que la de Pardo Rebolledo, fue particularmente polémica. Recientemente, Ortiz Mena viajó a Harvard, donde cuestionó públicamente los alcances de la Reforma Judicial, y en su carta de dimisión dejó entrever su rechazo al proceso de elección popular. La ironía de este acto, interpretado como una burla al principio democrático, no pasó desapercibida, pues él mismo admitió que no se considera “un candidato” para un puesto que depende del “apoyo popular”.
Tanto Ortiz Mena como Pardo Rebolledo justificaron su renuncia en una supuesta integridad y apego a los valores constitucionales. No obstante, para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta estrategia podría convertirse en un revés. La decisión final sobre la aceptación de estas renuncias está en manos del Senado, el cual podría optar por no validarlas, lo que dejaría a los ministros sin el retiro económico que actualmente está en riesgo debido a la reforma.
Un Futuro Judicial Bajo Lupa
La coyuntura actual en la SCJN evidencia una división profunda entre quienes defienden la supuesta independencia del Poder Judicial y aquellos que sostienen que la Reforma Judicial es necesaria para democratizar y transparentar la impartición de justicia. Los ministros que aún no han presentado su renuncia, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, mantienen sus posiciones, mientras que otros, como Luis María Aguilar Morales, concluirán su periodo en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio estructural sin precedentes en la Corte.
Con la controversia en pleno auge, los próximos pasos del Senado determinarán si los ministros renunciantes podrán seguir adelante con sus planes o si enfrentarán un proceso de revaloración de sus renuncias y de los beneficios asociados. En tanto, la percepción pública de estos eventos continúa polarizándose, alimentando una narrativa en la que el oportunismo y la conveniencia parecen superar cualquier compromiso de servicio público.
Este martes, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votaron para invalidad el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), pero ¿Quiénes fueron?
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Originario de Morelos, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votó a favor de invalidad la reforma propuesta por López Obrador.
Juan Luis González Alcántara Carrancá
Juan Luis González fue quien presentó el proyecto para invalidar la adscripción de la GN a la Sedena. Este señaló que la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López obrador viola la Constitución. Tras proponer este proyecto, el ministro fue el primero en darle la espalda al pueblo.
Luis María Aguilar
Luis María Aguilar es otro de los ministros que votó para invalidar la reforma del presidente López Obrador
El ministro se vio envuelto en una polémica tras publicar su proyecto en donde declaraba inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes.
En redes sociales se desató la discusión del porqué consideraba esta propuesta como una violación a los derechos humanos, muchos consideraban que se trataba por el hecho de que era cercano a los ex presidentes del país.
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Jorge Mario fue otro de los ministros en votar a favor de invalidar el traspaso y de estar en contra de la propuesta de AMLO.
Ana Margarita Ríos
La ministra originaria de Nuevo León, también votó a favor de invalidad la reforma de AMLO, lo que se consideraría traición al pueblo y a México.
Javier Laynez
No sorprende que el ministro Javier Laynez este nuevamente en contra de la propuesta de López Obrador ya que fue él quien frenó el Plan B de la reforma electoral; además, fue el segundo y último postulado por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
También participó en la redacción de la muy famosa “reforma energética”, razón por la que se le cuestionó su postulación a la Corte en ese entonces.
Alberto Peréz Dayán
El ministro, presidente de la segunda sala de la SCJN, Alberto Peréz Dayán también votó a favor de anular la fusión de la GN y la Sedena.
Peréz Dayán se vio envuelto en 2018 en una polémica tras aceptar a trámite la acción de insconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones. Con esta propuesta de López Obrador se buscaba prohibir que cualquier servidor púbico ganará más de 108,000 pesos mensuales.
Norma Lucía Piña Hernández
La presidenta de la SCJN es una persona más de la que no es sorpresa este en contra de la fusión de la Sedena y Guardia Nacional.
La ministra se ha enfrascado en diversas polémicas ya que desde que tomó el puesto en la Corte, esta solo ha tomado decisiones que favorecen a la oposición y crimen organizado.
