La FGR judicializa nueva carpeta por desvío de recursos durante la gestión del ex gobernador veracruzano.
El gobierno de Guatemala autorizó a la justicia mexicana imputar nuevos cargos contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en un caso relacionado con desvíos de recursos federales entre diciembre de 2010 y octubre de 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya judicializó la nueva carpeta y fijó fecha para la audiencia inicial; sin embargo, la defensa del ex mandatario no se presentó, argumentando que Duarte se encontraba enfermo de COVID-19.
El expediente se integra a partir de denuncias recibidas desde 2016 sobre recursos destinados a obras públicas y adquisición de insumos de salud, entre otras actividades. Las autoridades federales confirmaron que el Ministerio Público Federal solicitó meses atrás a Guatemala la autorización para agregar cargos, conforme a los acuerdos internacionales que rigen la extradición.
Duarte fue considerado prófugo de la justicia en octubre de 2016, pocos días antes de concluir su mandato. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en el hotel La Riviera de Atitlán, en Panajachel, Guatemala, tras una orden internacional de localización y aprehensión. El ex gobernador rechazó la entrega voluntaria, y el 17 de julio de 2017 Guatemala aprobó su extradición a México, donde permanece en el Reclusorio Norte.
Semanas atrás, la defensa de Duarte solicitó que cumpliera los últimos cuatro meses de su condena bajo libertad vigilada, pero la jueza Ángela Zamorano Herrera desechó el recurso, argumentando que enfrenta un proceso por desaparición forzada que aún no concluye y no acreditó el cumplimiento de actividades culturales, educativas y recreativas dentro del Reclusorio.
Con información de Gustavo Castillo y César Arellano para La Jornada
Colectivos exigen que el exgobernador sea procesado antes de que termine su condena por corrupción; aplazamiento prolonga la incertidumbre para familias veracruzanas.
La audiencia para decidir si se persigue a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada en Veracruz fue aplazada por el Tribunal Superior de Justicia del estado. Inicialmente programada para este 26 de noviembre, la cita se reprogramó para el 16 de enero de 2026.
El caso, registrado como causa penal 103/2018, busca determinar si existen motivos suficientes para procesar al exgobernador, luego de que un juzgado sobreseyó el proceso en 2024 por considerar inválidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado. Tras la interposición de recursos de revisión, el Tribunal deberá evaluar nuevamente los datos de prueba.
Colectivos de búsqueda, como Solecito de Veracruz y Belén González, reclamaron que la resolución garantice los derechos de las víctimas y permita que Duarte sea procesado y condenado por las desapariciones forzadas ocurridas durante su administración. “La audiencia no solo revisa un dato de prueba. Revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad”, señalaron los colectivos.
Durante su gestión, Veracruz vivió episodios de violencia con centenares de desapariciones, fosas clandestinas y una crisis forense que persiste hasta hoy, recordaron los grupos de búsqueda. El Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda hizo un llamado al Tribunal para que la resolución proteja los derechos de las víctimas y establezca precedentes para la justicia en casos de desaparición.
Actualmente, Javier Duarte cumple condena por delitos de corrupción y malversación de fondos, la cual concluirá el próximo año. Las familias de personas desaparecidas advierten que es necesario que también sea imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, para garantizar que no quede impune el sufrimiento causado.
La jueza federal rechaza la solicitud del exgobernador priista de Veracruz, quien enfrenta un proceso pendiente.
El exgobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no podrá salir del Reclusorio Norte. Este viernes, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera rechazó su solicitud de libertad anticipada. Durante una audiencia que duró más de una hora, la jueza explicó que Duarte no cumplió con los requisitos necesarios establecidos en la Ley de Ejecución Penal.
La jueza mencionó que el argumento más relevante para su decisión fue que el expriista aún enfrenta un proceso penal. En particular, se trata de un caso relacionado con la desaparición forzada de un taxista. Aunque se dictó un auto de no vinculación a proceso, la Fiscalía de Veracruz ha impugnado esta resolución. Por lo tanto, la situación de Duarte permanece en un limbo legal, mientras se espera la decisión de un tribunal sobre el caso.
Esta negativa a la libertad anticipada llega en un momento crucial para el exgobernador, quien busca dejar atrás sus problemas legales. A pesar de sus intentos, la justicia sigue su curso, y Duarte deberá continuar en prisión mientras estos asuntos se resuelven.
La FGR pidió no ceder a la “petición navideña” del ex gobernador, mientras testigos señalaron presuntos intentos de entorpecer procesos por desaparición forzada.
La jueza Ángela Zamorano Herrera, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, aplazó para este viernes la resolución sobre la libertad anticipada de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz condenado por asociación delictuosa y lavado de dinero. La audiencia, que se prolongó casi 12 horas, estuvo marcada por confrontaciones entre la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la diligencia, el fiscal Manuel Granados Quiroz pidió a la juzgadora no conceder “esta petición navideña” al ex mandatario, mientras Duarte acusó a la FGR de convertir el proceso en un “circo mediático”, luego de que se mencionara un presunto desvío de 60 mil millones de pesos. “Es una falta de respeto para usted y para la institución”, reclamó.
El abogado del ex gobernador, Pablo Campuzano, insistió en que Duarte cumple los criterios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, como haber purgado más del 70% de su condena y mantener buena conducta. Sin embargo, este punto detonó el mayor debate de la jornada.
La FGR presentó a seis testigos, entre ellos cuatro funcionarios de la fiscalía de Veracruz, quienes afirmaron que Duarte entorpeció en diversas ocasiones la audiencia inicial por desaparición forzada. La fiscal Denisse Moreno Córdova relató que en seis ocasiones el ex gobernador retrasó la comparecencia; una de ellas en 2022, cuando abandonó la sala alegando náuseas y vómito, para luego ser regresado en una silla por personal penitenciario.
La defensa respondió acusando que Duarte fue forzado a comparecer pese a un episodio de presión baja y que incluso se le inyectó adrenalina para reingresarlo a la audiencia. Granados Quiroz sostuvo que estos episodios evidencian “una actitud que afecta directamente la evaluación de buena conducta”.
La determinación final se dará a conocer este viernes, en una audiencia que definirá si el ex gobernador obtiene o no el beneficio preliberacional.
La Fiscalía busca desacreditar los argumentos de buena conducta del ex gobernador y presentará a seis testigos clave para evitar que abandone el Reclusorio Norte antes de 2026.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentará este miércoles a seis testigos con los que busca impedir que Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, obtenga la libertad anticipada. Aunque su defensa afirma que ya cumplió más del 70% de su condena, mantiene buena conducta y no tiene prisión preventiva, la FGR intenta desmontar esos argumentos ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Tres de los testigos pertenecen a la Fiscalía de Veracruz, quienes no pudieron asistir a la diligencia anterior. La jueza Ángela Zamorano Herrera encabezará la audiencia que podría extenderse por más de ocho horas y definirá si Duarte permanece en prisión hasta abril de 2026, fecha en que concluye su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Hasta ahora, cinco testigos de la defensa —funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y uno federal— declararon en favor del ex mandatario para acreditar avances en su proceso de reinserción social. Sin embargo, durante las comparecencias también se revelaron faltas graves cometidas por Duarte en 2019 y 2020, cuando fue sorprendido con latas de alcohol, un Blu-Ray modificado como módem, un bolígrafo con cámara oculta y otros objetos prohibidos, lo que derivó en 15 días sin visitas.
La FGR insiste en que estos incidentes, sumados a nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Veracruz, justifican negar su salida anticipada. A ello se suma un recurso de apelación que aún podría reactivar un proceso por desaparición forzada, el cual también complicaría su liberación.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión y se le decretó el decomiso de 41 propiedades, entre ellas departamentos de lujo en Santa Fe valuados en más de 45 millones de pesos cada uno.
El exgobernador de Veracruz, condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca salir de prisión antes de cumplir su sentencia completa. La decisión fue pospuesta al 19 de noviembre.
La audiencia que definirá si Javier Duarte obtiene su libertad anticipada fue aplazada para el próximo 19 de noviembre, según determinó la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.
El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, solicitó este beneficio argumentando buena conducta, participación en actividades de reinserción y que incluso imparte cursos a otros internos. Duarte cumple su condena en el Reclusorio Norte, donde ya habría cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3 mil 125 de los 3 mil 285 días impuestos por la justicia federal.
De acuerdo con los abogados defensores, encabezados por Pablo Campuzano, Duarte no enfrenta ningún otro proceso penal vigente, luego de que cuatro causas adicionales —tres del fuero común y una federal— fueron canceladas o declaradas prescritas. Entre ellas figuraban delitos como peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada, este último cerrado en noviembre de 2024.
Durante la diligencia, la jueza Zamorano explicó que analiza 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR). Rechazó eliminar evidencia de alguna de las partes al señalar que “sería absurdo suprimir las pruebas, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”.
Si la resolución resulta favorable, Javier Duarte podría salir de prisión de manera inmediata, cinco meses antes de que concluya su condena formal, prevista para abril de 2026.
El exmandatario veracruzano fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México tras ser uno de los símbolos más notorios de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, su figura ha representado para muchos la impunidad del viejo régimen, que hoy parece intentar reinsertarse, al menos jurídicamente, en la vida pública.
A casi nueve años de su detención en Guatemala, el exgobernador priista Javier Duarte podría recuperar la libertad pese a ser uno de los mayores símbolos de corrupción política en México. La Fiscalía se opone, pero la jueza ya analiza su caso.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría salir de prisión en cuestión de semanas. A casi nueve años de su detención en Guatemala, el político priista busca obtener libertad anticipada tras cumplir con más del 70% de su condena y argumentar “buen comportamiento”.
La audiencia que definirá su futuro fue fijada para el 12 de noviembre, y estará a cargo de la jueza Ángela Zamorano Herrera, quien deberá resolver si procede su salida antes de abril de 2026, fecha en la que concluiría formalmente su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Aunque el beneficio legal podría concedérsele, la Fiscalía General de la República (FGR) ha impugnado la solicitud, al considerar la magnitud del daño económico y social causado durante su administración. Sin embargo, tras ser absuelto en 2024 del delito de desaparición forzada, Duarte ya no enfrenta procesos adicionales.
El símbolo de corrupción
Nacido en 1973, Javier Duarte pasó de ser un político con un currículum brillante a uno de los rostros más reconocibles de la impunidad mexicana. Gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, bajo el amparo del PRI y de su mentor Fidel Herrera, prometiendo modernidad y desarrollo. Pero en realidad construyó una de las redes de saqueo público más grandes en la historia reciente.
De acuerdo con investigaciones de la extinta PGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante su gobierno se desviaron más de 73 mil millones de pesos del erario estatal. El dinero circuló a través de 73 empresas fantasma creadas para simular contratos por obras y apoyos sociales inexistentes. En los domicilios fiscales se hallaron casas vacías, terrenos baldíos y pequeños locales falsos.
A esto se suman 35 mil millones de fondos federales y estatales desaparecidos, y más de 14 mil millones de daño patrimonial. Incluso la Cruz Roja fue afectada, al no recibir nueve millones de pesos recaudados mediante la tenencia vehicular.
Infancias: el precio de la corrupción
Durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se descubrió uno de los escándalos más indignantes de corrupción en el sistema de salud mexicano: el uso de agua destilada en lugar de medicamentos para niños con cáncer atendidos en hospitales públicos.
La denuncia fue hecha por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, quien calificó el hecho como un “pecado brutal”. Además, exfuncionarios de salud revelaron que la administración de Duarte también habría comprado miles de pruebas falsas de VIH y medicamentos pirata o caducados, lo que evidenció una red de negligencia y desvío multimillonario de recursos públicos en perjuicio de la población más vulnerable.
Las investigaciones señalaron que el propio Duarte estaba al tanto de las irregularidades, pese a que su gobierno intentó encubrirlas. Se comprobó que, desde 2010, durante el mandato de su antecesor Fidel Herrera, ya se habían adquirido lotes falsos de medicamentos a empresas vinculadas con operadores políticos del PRI. Aún cuando la farmacéutica Roche advirtió que los productos eran falsos, el gobierno de Duarte continuó comprando y suministrando los fármacos hasta 2013.
El daño, además del financiero —más de 2,500 millones de pesos desviados de hospitales y centros médicos—, dejó una profunda huella ética y humanitaria que convirtió a Duarte en símbolo del abuso político y la descomposición institucional en México.
Huida, captura y juicio negociado
En noviembre de 2016, cuando las investigaciones lo cercaban, Duarte huyó del país. Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala, junto a su esposa Karime Macías, recordada por su frase “Sí merezco abundancia”.
Tras su extradición, enfrentó cargos por delincuencia organizada, pero la acusación fue reclasificada a asociación delictuosa, permitiéndole un procedimiento abreviado. Fue condenado a nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos, sin obligación de reparar el daño.
Organizaciones civiles, como TOJIL, calificaron el acuerdo como un acto de corrupción judicial, ya que el exmandatario recibió un trato preferencial pese a la magnitud del desfalco.
La sombra de la impunidad
Si la jueza concede la libertad anticipada, Duarte saldría libre sin devolver un solo peso de los miles de millones desviados y sin enfrentar nuevos cargos. La mayoría de sus excolaboradores siguen prófugos o protegidos por el fuero legislativo.
El caso Duarte no solo representa uno de los mayores escándalos financieros del “Nuevo PRI”, sino también un símbolo de cómo la impunidad sigue marcando la vida política mexicana.
El Tribunal Superior de Justicia de Veracruz absolvió a Karime Macías de un presunto fraude de 114 millones de pesos en el DIF estatal. Esta decisión genera serias preocupaciones sobre la justicia en México.
La Tercera Sala del tribunal determinó que la Fiscalía no presentó pruebas sólidas para respaldar las acusaciones. Los magistrados invalidaron los contratos simulados que supuestamente sustentaban el desvío de recursos. Este fallo beneficia a Macías y a dos excolaboradores, dejando sin consecuencias a quienes pudieron haber perjudicado al DIF.
La decisión unánime de los magistrados parece ignorar el contexto de corrupción que rodeó a la gestión de Javier Duarte. Durante su mandato, Macías estuvo involucrada en prácticas que levantaron sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos.
Karime Macías se encuentra actualmente en Inglaterra y su absolución reaviva el debate sobre la impunidad en casos de corrupción en México. Muchos se preguntan cómo una figura tan polémica puede eludir la justicia de esta manera.
La falta de pruebas presentadas por la Fiscalía no debería ser excusa para cerrar este caso. La sociedad demanda responsabilidad y transparencia de sus líderes, especialmente en casos de corrupción de alto perfil.
La absolución de Macías no solo afecta a las víctimas potenciales de la corrupción, sino que también socava la confianza del público en el sistema judicial. Este desenlace plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para perseguir la corrupción de manera efectiva.
La situación refleja un panorama desalentador para los ciudadanos que buscan justicia en un país donde los poderosos parecen quedar exentos de las consecuencias de sus acciones.
Un juez federal ha ordenado la devolución inmediata de una casa a los hijos del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Esta casa fue asegurada desde 2017 en medio de investigaciones por presuntos delitos.
El Segúndo Tribunal Colegiado argumenta que el aseguramiento del inmueble fue ilegal. Esta decisión genera serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en México.
La defensa de Duarte alega que los delitos nunca se probaron y que la investigación fue una “farsa” promovida por el ex gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche. Según ellos, Corral engañó al pueblo de Chihuahua con la llamada “Operación Justicia”.
Esta operación no solo resultó en el despilfarro de recursos, sino que también dejó al estado con un legado de impunidad. La resolución del tribunal parece dar la razón a quienes critican la falta de transparencia y justicia en el caso Duarte.
El regreso de esta propiedad a los hijos de Duarte plantea preguntas incómodas sobre el uso del poder judicial para fines políticos. La ciudadanía merece un sistema que actúe con imparcialidad y que no se convierta en una herramienta de represalias.
La decisión del tribunal deja en evidencia la fragilidad del proceso judicial en casos de corrupción y abuso de poder. La sociedad chihuahuense sigue esperando justicia real y no decisiones que parezcan favorecer a los poderosos.
