El vicepresidente J. D. Vance rompió el empate para impedir que el Congreso limite el margen de maniobra bélica de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos bloquearon una iniciativa clave para limitar los “poderes de guerra” del presidente Donald Trump en Venezuela, luego de que el vicepresidente J. D. Vance interviniera para deshacer un empate 50-50 y frenar la resolución impulsada por el demócrata Tim Kaine.
La propuesta, conocida como Resolución sobre Poderes de Guerra, buscaba obligar a la Casa Blanca a solicitar autorización del Congreso antes de ordenar nuevas acciones militares en territorio venezolano. El debate se activó tras la operación del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses trasladaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo; Trump sostuvo que se trató de una acción policial, no militar.
El giro decisivo vino de los republicanos Josh Hawley y Todd Young, quienes retiraron su apoyo tras presiones directas de la Casa Blanca, dejando el tablero empatado y abriendo paso al voto de Vance. Aunque la resolución solo requería mayoría simple (51 votos), el liderazgo conservador cerró filas para bloquearla.
Desde la mayoría republicana, John Thune argumentó que Estados Unidos “no está en guerra” con Venezuela, pues no hay tropas desplegadas ni operaciones militares en curso. Aun así, Lisa Murkowski, Susan Collins y Rand Paul rompieron con su bancada y respaldaron la iniciativa.
El episodio evidenció tensiones internas en el Partido Republicano. Trump reaccionó con amenazas públicas contra los disidentes y defendió la autoridad presidencial como comandante en jefe. En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio prometió que cualquier acción futura respetará la Constitución, promesa que bastó para recomponer apoyos.
De haber avanzado, la ley habría pasado a una Cámara de Representantes con mayoría republicana mínima y, previsiblemente, a un veto presidencial, confirmando el pulso entre Congreso y Casa Blanca por el control del uso de la fuerza.
