La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar constancias a jueces y magistrados electos. Esta decisión se tomó con tres votos a favor y dos en contra.
Los candidatos ganaron sus cargos, pero no cumplieron con el requisito de tener un promedio de 9 en su especialidad, según la metodología del INE. Durante la sesión, se revisaron 15 juicios, aunque el INE declaró inelegibles a 45 personas por este motivo.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera propuso revocar la inelegibilidad, argumentando que el INE no tiene atribuciones para evaluar el promedio mínimo. Según él, esta función corresponde al Comité de Evaluación postulante.
Fuentes Barrera insistió en que el INE había revalorado criterios técnicos ya calificados por los comités de evaluación. La magistrada Mónica Soto y Felipe de la Mata apoyaron sus argumentos.
Por otro lado, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron al proyecto. Rodríguez Mondragón propuso anular las elecciones y realizar una elección extraordinaria. Otálora sugirió que el INE revisara nuevamente la elegibilidad de los ganadores, pero ambas propuestas fueron rechazadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE), está considerando aplicar una sanción al partido Movimiento Ciudadano (MC), por no cumplir en forma los lineamientos y obligaciones que tiene en materia de paridad sustantiva y violencia política contra las mujeres, a partir de los lineamientos establecidos por el Poder Legislativo y el consejo general del INE.
Ya pasó año y medio desde que el INE ordenó al partido la inclusión de una estructura para prevenir, atender y sancionar los casos de violencia política contra las mujeres. De igual forma, se solicitó que garantizara la postulación de candidatas en puestos competitivos, lo que el partido sólo ha cumplido de manera parcial.
Este martes fue aprobado el anteproyecto y será revisado por el consejo general. En él se establece la orden al partido Movimiento Ciudadano, de que en un plazo no mayor a 15 días, a partir de la aprobación del consejo, modifique sus reglas y estructura interna para garantizar la paridad sustantiva dentro del partido, además de establecer los lineamientos pertinentes contra la violencia política.
La consejera Carla Humpfrey, en sesión de la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se expresó respecto a la falta de acción del partido:
“Ya van casi seis años que un partido político, MC, ha sido reticente para cumplir con esta obligación para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres; no basta la referencia a leyes generales sino que tiene que estar expresa y concretamente recogida en sus documentos básicos”.
Y es que Movimiento Ciudadano sólo ha dado largas con respecto al tema, ya que esta modificación le fue solicitada desde enero del año pasado y hasta la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del INE, se lo recordó, a lo que el partido respondió que lo iban a hacer hasta su convención, en diciembre también del año pasado.
La encargada de despacho de la DEPPP, Yessica Alarcón, dijo que tanto en la declaración de principios como en el programa de acción de Movimiento Ciudadano, falta aclarar los mecanismos de promoción, acceso y sanción frente a los casos de violencia política contra las mujeres; el garantizar la paridad de género y la competitividad dentro del partido.
El senador Gerardo Fernández Noroña no se contuvo. Lanzó una fuerte advertencia al Instituto Nacional Electoral (INE) tras su negativa de cancelar 26 candidaturas del Poder Judicial. Estas candidaturas fueron calificadas como “impresentables” por diversas irregularidades.
Noroña expresó su descontento. Si el INE “se da por muerto”, llevarán el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Ya presentamos las impugnaciones”, dijo, y añadió que seguirán el debate en el Tribunal si el INE no actúa.
Cuando le cuestionaron si el Senado podía eliminar candidaturas, Noroña respondió que no tiene esa facultad. “Reto al INE a que nos diga dónde está esa atribución legal”, afirmó.
El INE, por su parte, justificó su negativa. Aseguró que no puede quitar registros y que se trata de 26 casos entre 3,314 candidaturas. La consejera Norma Irene de la Cruz pidió poner la situación en perspectiva.
Noroña y Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, solicitaron formalmente la cancelación de 18 candidaturas. Estas personas están involucradas en investigaciones por delitos graves como delincuencia organizada y abuso sexual. También pidieron la baja de otros ocho aspirantes por no cumplir con los promedios académicos requeridos.
El Congreso clasificó a los candidatos en tres rubros. Los considerados “no idóneos” para participar en la elección judicial son objeto de un fuerte debate.
La lista de los “impresentables” incluye nombres vinculados a delitos graves, mientras se acercan las elecciones del 1 de junio. Noroña aseguró que el pueblo decidirá de manera informada.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Lenia Batres Guadarrama, retirar publicaciones de su cuenta de Facebook, pues considera que estas atentan contra la equidad e imparcialidad de las próximas elecciones judiciales.
La denuncia fue realizada por Martín RamírezRamírez, quien sostiene que la ministra no debería participar en eventos organizados por instituciones educativas ni difundirlos a través de sus redes sociales, pues no está apegada a las reglas establecidas en el proceso.
EL INE recalca la participación de la ministra Lenia en 8 eventos en donde dio a conocer sus propuestas de campaña y justifica su acción diciendo que los eventos “podrían haber perdido su carácter académico, al convertirse en espacios de posible propaganda”.
Sin duda, Lenia Batres mostró su descontento, pues dice que la decisión del INE intenta “contener” la elección judicial, complicando su derecho a presentar propuestas y a entablar el diálogo con la población mexicana, reiterando que sus acciones, no representan un actuar proselitista.
“El INE debería ser el principal interesado en que se difunda el proceso, que la gente sepa, y por supuesto, debería estar permitiendo además que todo el mundo esté informando y pareciera que su función en este momento es contener el proceso”.
Y es que si con “posibilidades”, el INE limita la presentación de las propuestas de cualquier candidato, no se está sumando ni favoreciendo la participación democrática de cara a las próximas elecciones judiciales del 1 de junio. Las y los mexicanos merecen claridad en la información y las propuestas presentadas por los candidatos, para así emitir un voto informado, claro, justo y responsable.
Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE), cancelar 26 candidaturas a cargos judiciales, ya que se encuentran bajo investigación por posibles vínculos con el crimen organizado y por no haber obtenido la calificación mínima de 8, en su promedio de licenciatura.
Los presidentes de ambas cámaras, presentaron documentos donde muestran que seis candidatos se encuentran bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por delitos como abuso sexual; lesiones y amenazas; peculado; delincuencia organizada; órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud, y por fungir como abogados defensores de miembros del Cártel de Sinaloa. Los nombres de estos candidatos son: Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, candidato a magistrado de circuito en Puebla; Ángel Villegas Cortés, candidato a juez de distrito en Veracruz; Noel Castro Melgar, candidato a juez de distrito en Ciudad de México, Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado de circuito en CDMX; Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza de distrito en Sonora, y María de Jesús López Guzmán, candidata a jueza de distrito en Chiapas.
Doce candidatos más, son cuestionados por haber defendido a integrantes de grupos criminales, porque dieron libertad a narcotraficantes, porque son acusados de abuso sexual, por desaparición forzada, entre otros delitos. Los nombres que resaltan en estos casos son: Fernando Escamilla; Jesús Padilla; Diana Monserrat Partida; Julio Veredín; Aníbal Castro; Conrado Alcalá; Enrique Hernández; Francisco Herrera, Francisco Martín Hernández, Edgar Rodríguez; Andrés Montoya y Leopoldo Javier.
Los 8 restantes, no cumplen con el requisito de haber obtenido mínimo 8 en su promedio de licenciatura. Estos candidatos buscan ser magistrados de salas regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito.
Esta solicitud se da a menos de un mes de realizarse los comicios y en los documentos mencionados, se expresa que “de no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de interés y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, determinó que la revisión de la elegibilidad de los candidatos a la elección judicial, será realizada después de los comicios que se llevarán a cabo el próximo 1 de junio.
La funcionaria detalló que, al estar en plenas campañas electorales, el organismo no puede llevar a cabo la cancelación de candidaturas, pues la revisión de los perfiles es tarea del Senado y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En medio de la petición de revisar la candidatura de César Gutiérrez Priego a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE enfatizó que una vez concluidas las elecciones, será revisada la elegibilidad de los candidatos, apegándose a la normativa vigente y a la ley.
Aunado a lo anterior, el INE ha implementado filtros con los que es posible detectar a los candidatos que cuenten con antecedentes penales, entre ellos la violencia de género o el ser deudores alimenticios, lo que significaría la anulación de su triunfo, en caso de obtenerlo.
El Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), será ahora el encargado de revisar la candidatura de César Gutiérrez Priego, por órdenes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El candidato a Ministro de la Suprema Corte enfrenta una supuesta “impugnación ciudadana” que viene del ex sargento del Ejército, Ricardo Alejandro Vázquez, quien fue dado de baja y que asegura que Gutiérrez Priego no “goza de buena reputación”.
“Gutiérrez Priego es hijo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, condenado en 1997 por presunta delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico”. (César Huerta, Revista Polemón)
Cabe destacar que la Sala Superior, sólo dio pie a que el caso sea discutido a través del INE sin posicionarse respecto a si el candidato cumple o no los requisitos para dicho puesto.
Sumado a esto, es importante mencionar que el abogado César Gutiérrez Priego, señaló como responsable al expresidente Ernesto Zedillo por el encarcelamiento de su padre, el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo y que dio a conocer presuntos audios entre Nidia Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, y narcotraficantes del Cártel de Colima, ahora extinto. Tras estas declaraciones, afirmó que cualquier atentado a su seguridad, será culpa del expresidente.
César Gutiérrez Priego, se posiciona como uno de los candidatos más fuertes y favoritos de la ciudadanía para convertirse el Ministro de la Suprema Corte, a través de las próximas elecciones, ya que destaca su compromiso con los ciudadanos para mejorar la justicia colectiva, donde las resoluciones respondan a las necesidades sociales. También propone la digitalización de los procesos judiciales, para así optimizar los tiempos de resolución y reducir la burocracia, enfocando sus propuestas hacia juicios más justos.
No podrá revertir las resoluciones del INE, debido a que, una vez impresas las boletas, no se admitirán cambios ni reimpresiones.
Sin embargo, La ministra de la Corte, Lenia Batres, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para impugnar la decisión que le impide usar el sobrenombre “Ministra del Pueblo” en la boleta de la elección judicial.
“Ministra del Pueblo” es mucho más que un sobrenombre. Es una misión, una declaración de principios, un compromiso. Por eso impugné ante el @TEPJF_informa la decisión del @INEMexico de no permitirme usar ese nombre en la elección judicial. pic.twitter.com/cygjzWupkW
La autoridad electoral consideró que estos sobrenombres son propaganda electoral y prohibió su uso para evitar inequidad en la contienda.
En la sesión de este miércoles, los consejeros también rechazaron las solicitudes de otras 23 personas que desean aparecer en las boletas con apodos, entre los que se encuentran “Juez de AMLO”, “El Juez de la 4T” y “El Ángel de la Justicia”.
“Las expresiones propuestas como sobrenombre, en realidad constituyen propaganda electoral, son frases con las que pretender ser reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral”, reza el acuerdo.
En otros casos, las solicitudes serán rechazadas si el apodo solicitado es muy parecido al nombre que aparecerá en la boleta, ya que no hay suficiente espacio para incluir ambos.
“El espacio en la boleta es el mismo para todas las candidaturas, por lo que un nombre con más caracteres impreso implica un ajuste en el tamaño de la fuente a utilizarse, lo cual puede dificultar a la ciudadanía la lectura en la boleta y, por tanto, el ejercicio del voto”, sentencia el acuerdo.
Por otro lado el INE ya tiene aprobado los listados oficiales de candidaturas que se enviarán para la impresión de las boletas, a cargo de Talleres Gráficos de México, y estos no pueden ser alterados.
La impresión comenzará este viernes a las 11:00 horas, así que una vez impresas las boletas, no se podrán hacer cambios ni reimpresiones.
La emisión de boletas se pospone para el viernes, luego de que se realizarán correcciones en el listado este jueves se harán pruebas de impresión.
El Consejo General del INE aprobó la lista definitiva de candidatos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral, que se incluirán en las boletas de la elección judicial, tras realizar las correcciones pertinentes y recibir renuncias para estos puestos.
El listado aprobado por el INE será enviado a Talleres Gráficos de México para su impresión, que, aunque estaba programada para la noche de este jueves, se ha pospuesto hasta la mañana del viernes para llevar a cabo pruebas de impresión.
Foto: X Instituto Nacional Electoral de México @INEMexico
Las candidaturas quedarán de la siguiente manera: la Suprema Corte cuenta con 64 postulaciones, de las cuales 33 son mujeres y 31 hombres, algunas solicitudes por más de un poder. Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, hay 15 aspirantes para dos vacantes: 9 hombres y 6 mujeres.
Ante las críticas por la exclusión de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes no figuran en la primera lista pero fueron añadidas posteriormente, las consejerías afirmaron que esto está contemplado en la Constitución.
La consejera Dania Ravel indicó que los funcionarios en activo pueden figurar en la boleta a menos que declinen su candidatura de forma explícita, por lo que las ministras están incluidas.
“¿Es incorrecto que se les haya incluido para subsanar esa omisión? ¿El INE puede cancelar esas candidaturas? Considero que la finalidad última para realizar requerimientos es que las listas de las candidaturas no contengan errores y aparezcan quienes tienen derecho a ello. Desde mi perspectiva, al no haber renunciado a participar sí tienen derecho a ser incluidas en las boletas”, argumento Ravel.
La presidenta consejera, Guadalupe Taddei, destacó que se trata de un escenario inédito y mencionó que han recibido solicitudes para realizar correcciones y aclaraciones a fin de asegurar los listados.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, dio por concluido el proceso de insaculación de candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros que corresponden al Poder Judicial de la Federación (PJF), mecanismo, dijo, con el que se hicieron varios “actos de justicia”, para aquellas personas que se iban a quedar fuera de la elección por un “capricho” del PJF.
En total, participaron en el procedimiento de insaculación mil 239 aspirantes, de los cuales mil 46 corresponden al padrón original que entregó el Comité de Evaluación del Poder Judicial; 180 que les dio la razón el Tribunal Electoral tras impugnar su participación; tres que envió la Suprema Corte, y 10 más, que decidió incluir el Senado a solicitud del TEPJF, lo que da un total de mil 239.
Fernández Noroña agregó que también se retomaron a personas que impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que les dio la razón, por lo que fueron integrados al padrón.
Hemos demostrado que es falso que estemos determinando unilateralmente quiénes van a ir a las candidaturas del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí todo mundo ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, de que ha sido ciertamente al azar, con perfiles idóneos y de muy buen nivel, que irán a la elección del Poder Judicial”, expresó.
Fernández Noroña dijo que, tras siete horas y media de trabajo ininterrumpido, se cumplió con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó que el Senado realizará la insaculación correspondiente al Poder Judicial.
Afirmó que se trató de una jornada histórica e inédita, un paso importantísimo para la elección de las personas juzgadoras, que se llevará a cabo el domingo 1 de junio de 2025.
Estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad desde México. Seremos el primer pueblo del mundo que elijamos por voto universal, secreto, directo a las personas juzgadoras”, destacó.
El presidente del Senado refirió que la democratización del Poder Judicial será un hecho en unos meses más, “y yo me siento muy honrado de tener el privilegio de encabezar esta sesión. Larga vida a nuestra democracia y a la elección de las personas juzgadoras”, externó.
El listado de las candidaturas del Poder Judicial fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea validado, y a su vez lo hagan llegar al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en caso de no ser así, el Senado lo enviará directamente al órgano electoral.
