La propiedad privada es un derecho que se convirtió en privilegio a través de las rentas de casas habitación, a grado tal de regresar a los tiempos de los latifundios. Hace más de 100 años, murieron en esta lucha millones de mexicanos en la revolución. El campo, las haciendas, los trabajadores, los hijos de los trabajadores, las mujeres de los trabajadores, tenían dueño.
Después de la Revolución, los herederos de los hacendados se mudaron a las ciudades y crearon su latifundio urbano, constituyeron casas al por mayor y las pusieron en renta, con la misma intención voraz de aquellas viejas haciendas y de ser posible, también se adueñaban de las vidas de los inquilinos y hasta de la voluntad.
Los actuales propietarios de cientos de kilómetros de casas y departamentos de renta, son, en muchos casos, sobrinos, hijos, nietos de los hacendados, quienes, desde luego, están instalados en las filas de los conservadores. Todo un grupo consolidado que tienen como ejemplo de su aparente vulnerabilidad decir que las casas y departamentos de renta poniendo el ejemplo de siempre, que son viudas que se sostienen de las rentas y nadie puede tocar la normatividad que los rige porque se afecta a los ancianos, los vulnerables y los desprotegidos.
El poseer inmuebles no es un delito, menos aún un riesgo para el dueño que cree que puede perder sus propiedades si vota por tal o cual partido, el conflicto surge cuando se explotan económicamente esos espacios y no se pagan impuestos por esa percepción, lo cual es cada vez más común.
En realidad, todo el proceso de obtener un lugar de renta para vivir, desde el principio, implica un gesto de sumisión de quien renta debido a que las condiciones son no sólo estrictas sino represivas, pero, sobre todo, obligatorias. Es la relación entre el amo y el sirvo, no se trata de un contrato entre iguales. Las condiciones las pone, de manera unilateral el que renta. Entonces no es un contrato es una imposición. La violación a la privacidad es costumbre a la hora de iniciar estos procesos de renta, la redacción y condiciones son incorporadas al arbitrio de quien posee el inmueble. de los contratos ni siquiera están supervisados por autoridades sino que los propietarios los redactan a su conveniencia y la gente los acepta sin reclamar ante la urgencia de vivienda.
Los contratos son leoninos, se exige intereses después de cinco días de tardanza del pago de la renta, se aumentan porcentajes desproporcionados, se dan el lujo de admitir o rechazar al inquilino incluso antes de la conclusión del contrato, hasta exigen que si hay un adeudo y los deudores mueren, sus hijos paguen la deuda al propietario.
Los recibos de renta son hojas sin membrete siquiera, sin folio, sin código de barras, sin código QR. Es decir, no pagan impuestos por el dinero recibido por rentas. Y cuando son descubiertos aseguran que tienen prestados los departamentos a familiares, por eso no les cobran renta, y los inquilinos por la necesidad de tener un lugar dónde vivir, aceptan todas las condiciones de los propietarios que son auténticos evasores fiscales y, por lo tanto, son delincuentes.
Así, condiciones, malos tratos, evasiones fiscales, complicidades se extienden a los inquilinos, quienes a los pocos meses de rentare al dueño evasor se convierten en sus cómplices y los intimidan los dueños diciéndoles que, si no denunciaron a tiempo, los inquilinos son tan culpables como los propietarios y la impunidad se consolida.
La renta se ha convertido en un pago de derecho de piso legaloide, donde el inquilino está a merced de los caprichos de los propietarios, quienes evaden varias leyes, cometiendo delitos que quedan en la impunidad.
Sin embargo, los arrendatarios tienen un grado más de transgresión porque chantajean a los inquilinos con echarlos. Así, los caseros se convierten en delincuentes con una labor muy parecida a la de quienes cobran derecho de piso, las diferencias son mínimas.
Los delincuentes que cobran derecho de piso lo hacen incluso arriesgando su vida, sin que eso deje de ser un delito, pero el casero lo hace con la mano en la cintura y con la impunidad garantizada, con el peor chantaje que puede hacerle alguien al prójimo, la amenaza permanente de dejarlo en la calle.
La consigna fantasiosa de la expropiación de la propiedad privada en vivienda está muy lejana. La explotación de los inquilinos es privilegio y monopolio de los caseros. Nadie quiere quitarle nada a nadie, simplemente que haya una normatividad humana en ese proceso de renta, y se paguen impuestos los caseros porque es su obligación pagar, de otra manera se está infringiendo la ley.
Se trata de una mafia organizada, apoyada por abogados, jueces y ministros, que se expande no sólo en influencia política sino en territorio porque hay quienes son propietarios de colonias enteras en la Ciudad de México, es decir, latifundios urbanos que pueden provocar movimientos como en ocurrido en 1910.
No se trata de quitarles las propiedades sino de gravar con impuestos sus ganancias improductivas, que obtienen sin despeinarse.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
