La visita de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a Madrid para participar en la XII Cumbre de Mujeres Juristas abre un amplio debate sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con el sistema judicial en México.
Mientras Piña aboga desde el extranjero por la defensa del Estado de Derecho, su presencia en una nación que se ha convertido en un refugio para exiliados políticos mexicanos plantea interrogantes sobre su autenticidad y la efectividad de su mensaje.
A pesar de su papel como líder del máximo tribunal en el país, Piña ha hecho de su misión pública una defensa constante de la independencia judicial, a menudo criticando la situación del sistema legal en México. Sin embargo, su participación en un foro internacional, en lugar de enfocarse en la problemática local, puede interpretarse como un intento de capitalizar su figura en el ámbito internacional mientras el país enfrenta una seria crisis seria judicial.
España un refugio para políticos mexicanos
La elección de España como destino no es trivial. Este país ha sido el hogar de varios políticos mexicanos que, tras enfrentarse a la justicia o a la opinión pública, han optado por el exilio. Figuras como Enrique Peña Nieto, Ricardo Anaya, Felipe Calderón entre otros han encontrado en la península ibérica un refugio, lo que pone en tela de juicio la credibilidad de quienes buscan soluciones desde lejos.
La presencia de Piña en este contexto puede ser vista como una contradicción: ¿cómo puede abogar por la independencia judicial y el Estado de Derecho en México mientras se encuentra en una nación que simboliza la fuga de políticos que eluden la rendición de cuentas?
Además, su mensaje sobre la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, aunque relevante, se diluye en el contexto de su ausencia en la Corte y las decisiones críticas que enfrenta el sistema judicial mexicano.
Falta dde compromiso de la ministra presidenta
La ministra destaca que la defensa de la independencia judicial es responsabilidad de toda la sociedad, pero al parecer, su compromiso se manifiesta más en foros internacionales que en acciones concretas en el país.
Es fundamental cuestionar si la defensa de la independencia judicial de Piña es una genuina preocupación por el bienestar de la ciudadanía o si es simplemente una estrategia para posicionarse en el ámbito internacional, sin abordar las complejidades y desafíos que enfrenta el sistema judicial en México.
La verdadera protección de los derechos fundamentales y la promoción de un Estado de Derecho sólido requieren no solo palabras, sino acciones decididas y un compromiso real desde el corazón del sistema judicial.
En un momento en que la confianza de la SCJN se encuentra en niveles críticos, la figura de Norma Piña debería ser un faro de esperanza y no una imagen que evoca la evasión. La independencia judicial debe defenderse en México, no desde España.
