El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que el narcotráfico y la impunidad continúan como los principales retos de México, al señalar que no hay cambios significativos en la política de seguridad y justicia.
En su informe anual de derechos humanos, citado por La Razón, Washington advirtió que los delitos del crimen organizado son la mayor amenaza, acompañados de altas tasas de impunidad, investigaciones inconclusas y ausencia de condenas.
El reporte, el primero bajo la presidencia de Donald Trump, también acusa la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, censura a medios y amenazas a periodistas.
Entre los casos documentados, mencionó la muerte de 25 personas en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado en Chiapas, donde sólo se reconocieron 10 fallecidos y ningún elemento fue procesado.
El informe denuncia que cinco periodistas fueron asesinados en 2024 y que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada y sistemática, con bases de datos incompletas y sistemas forenses saturados. También advierte que las familias buscadoras y organizaciones civiles enfrentan altos riesgos.
Washington retomó denuncias de ONG´s que acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estigmatizar periodistas y señaló que la censura y la autocensura siguen siendo prácticas frecuentes por amenazas de grupos criminales y autoridades.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció la existencia de un golpeteo interno en Morena, pero negó que haya una fractura dentro del movimiento. Aseguró que prestarse a ataques promovidos desde la oposición es un acto irresponsable que daña la unidad rumbo a las elecciones de 2027.
Durante una conferencia, el senador sostuvo que hablar de “fracturas insalvables” dentro de Morena, como lo advirtió Ricardo Monreal, es una postura desproporcionada, aunque sí reconoció que hay diferencias que deben abordarse con apertura y madurez política. “La unidad es clave. Prestarte al golpeteo que viene de la derecha es un error. No atacan personas, atacan al movimiento”, enfatizó.
Noroña defendió al senador Adán Augusto López Hernández, acusado de vínculos con exfuncionarios señalados por presuntos nexos criminales, y aseguró que no hay pactos de impunidad en Morena. También rechazó rumores sobre cambios en los liderazgos parlamentarios. “No está en la agenda ningún relevo. Lo que hay es politiquería y descalificación sin fundamentos”, afirmó.
Al responder a cuestionamientos, pidió que quienes critican den la cara y no actúen desde el anonimato. “Lo otro no es correcto”, reprochó. Además, negó cualquier conflicto con el gobernador de Tabasco, Javier May, a quien algunos acusan de promover ataques contra Adán Augusto.
Fernández Noroña también defendió los logros legislativos recientes, como la aprobación de la reforma al Poder Judicial, y llamó a cerrar filas dentro del movimiento:
“La oposición no representa nada. Si nosotros nos dividimos, cometeríamos un grave error. Hay que actuar con responsabilidad”, concluyó.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó una tercera reunión con colectivos de madres y padres buscadores. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de encontrar a las personas desaparecidas y de mantener la lucha hasta lograr resultados.
Armenta se reunió con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y organizaciones como Justicia para Paulina Camargo y Buscadores de Paz. En su discurso, destacó la importancia de la honestidad y la cero tolerancia a la corrupción en los procesos de búsqueda. “Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Todos los casos importan”, enfatizó.
El gobernador prometió mantener contacto constante con las familias y establecer reuniones mensuales. También aseguró que no permitirían más trabas burocráticas ni retrasos en la asignación de presupuestos para facilitar las acciones de búsqueda.
Desde el inicio de su administración, se han localizado a 99 personas, lo que refleja avances significativos en las búsquedas. “Estamos tomados de la mano en esta lucha”, aseguró Armenta.
La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, anunció un micrositio con un directorio de huellas dactilares, que estará disponible en 15 días. Esta herramienta será clave para identificar a personas desaparecidas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Rosa Isela Sánchez, reiteró el apoyo total de la institución, asegurando que no revictimizarán a las familias. “Damos acompañamiento y vigilamos que se respeten sus derechos humanos”, afirmó.
El Padre Arturo González, representante de la Red Nacional por la Paz, reconoció la voluntad política del gobierno estatal. Esta disposición genera esperanza para alcanzar los objetivos de búsqueda, comentó
El Comisionado Estatal de Búsqueda, Juan Enrique Rivera Reyes, reportó avances en casos desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025. Informó sobre dos casos activos en ficha amarilla de Interpol.
Familiares de desaparecidos, como María del Carmen González Camacho, agradecieron el esfuerzo institucional. También, solicitaron mayor apoyo económico para continuar con la búsqueda de sus seres queridos. “Mi hija lleva 8 años desaparecida, y cada día representa un esfuerzo para continuar”, expresó González Camacho.
Una jueza federal concedió suspensión definitiva a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, lo que impide su detención por tiempo indefinido a pesar de estar bajo investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión fue tomada por Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien resolvió otorgar la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión girada en su contra. No obstante, la medida quedó sujeta a una condición económica adicional, ya que Aureoles deberá exhibir un nuevo billete de depósito por un millón de pesos en un plazo de cinco días para mantener la protección judicial.
Aunque la jueza no especificó los actos que quedan fuera de la suspensión, señaló que esta no ampara otros posibles actos reclamados, lo que sugiere que existen investigaciones paralelas o medidas en curso que no han sido detalladas públicamente.
La FGR reaccionó de inmediato y acusó a la jueza Jovita Vargas de actuar con parcialidad, señalando que la decisión favorece de forma injustificada a Silvano Aureoles, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones por irregularidades financieras, desvío de recursos y manejo opaco de fondos públicos durante su gestión como gobernador de Michoacán bajo el amparo del PRD.
“Vamos a tomar medidas legales contra la jueza por brindar una protección que consideramos injustificada”, declaró una fuente de la FGR que solicitó anonimato, lo que anticipa una nueva confrontación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Federal.
Silvano Aureoles, exmilitante perredista y figura clave del bloque opositor en sexenios anteriores, ha sido objeto de señalamientos públicos por su presunto uso discrecional de recursos, represión de movimientos sociales y complicidad con grupos de poder económico y político durante su administración.
El exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anda “carrereando” a sus amigos en el Poder Judicial, para que se resuelvan sus asuntos legales antes del primero de septiembre, cuando entraría en funciones el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, como resultado de las elecciones del próximo primero de junio. ¿Por qué será que lleve tanta prisa?
Y se nos ocurre que podría ser por sus antecedentes de impunidad y todas las veces que ha escapado de la justicia, a través de sus redes de corrupción. Pero a lo mejor sólo es una ocurrencia… ¿o no?
Pues hagamos un recorrido por estas historias que seguro se cuenta con sus amigos de bares, gozando de una libertad comprada al actual pero saliente Poder Judicial: Cabeza de Vaca tiene varias acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito y ahí anda como si nada, con un expediente congelado desde hace más de 4 años.
En 2021, el entonces gobernador de Tamaulipas, fue desaforado por la Cámara de Diputados, por operaciones ilegales que incluyen la compra de un departamento en la Ciudad de México y que fue vendido en 4 veces su precio original. Con una orden de aprehensión en su contra, Cabeza de Vaca huyó al “gabacho” y el entonces juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Reynosa, le dijo: -tú tranquilo, mijito, que yo aquí detengo esa orden de aprehensión.
Pues este señor Faustino Gutiérrez, le ayudó varias veces y ya no es juez, pero sí es asesor legal de Francisco. Anda forrado de billetes y hasta inauguró una agencia automotriz. ¡Ay, qué casualidad! Y digo, que la esposa del “asesor legal” Gutierrez ande trabajando en el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, no es sospechoso, ¿verdad? cómo creen que va a ser una red familiar, profesionales de la impunidad, ¡nombre!
El año pasado, 2024, también se iniciaron procesos en contra de Cabeza de Vaca, por delitos considerados graves, pero la familia antes mencionada no son sus únicos “compas”, en esta ocasión está el Juez Juan Fernando Alvarado López, también de Reynosa que, aunque ya separado de sus funciones, dejó todo “planchadito” para seguir beneficiando al exgobernador.
Pues Cabeza de Vaca hizo todos los movimientos que quizo. Durante 2 años, trajo escoltas que son parte de un grupo asociado a temas de represión y violencia y ya ni era funcionario público.
Luego quizo ser diputado plurinominal, se le negó por ser prófugo de la justicia y oootro de sus amigos jueces, Alvarado López, dijo: ¡inscríbanlo! Y que lo corren.
Actualmente, desde marzo del presente 2025, la Fiscalía General de la República ordenó procesar a la extitular de Finanzas de su gobierno por desviar 180 millones de pesos del C5 a un banco quebrado y ¿qué creen? Así es, otro juez dijo que no procedía.
Así las historias al rededor de Cabeza de Vaca, que suponemos siente pasos por la entrada en vigor del reformado Poder Judicial, donde no va a tener amigos que lo protejan y muy probablemente, tendrá que responder ante la verdadera justicia.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con cerca de 100 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en un evento significativo . Durante tres días, grupos como la Red Nacional de Búsqueda y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México compartieron sus experiencias y propuestas.
El encuentro comenzó con un emotivo minuto de silencio por María del Carmen Morales y su hijo, víctimas de la violencia. Rodríguez reafirmó el compromiso del Gobierno de México para mejorar la coordinación en la búsqueda de personas. “No vamos a permitir la impunidad ni la discriminación”, aseguró.
La secretaría escuchó atentamente las preocupaciones sobre la falta de personal especializado y la necesidad de bases de datos confiables . Prometió trabajar de la mano con los colectivos y reportar sus inquietudes a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Las propuestas son viables y dignas de atención”, destacó.
Durante las mesas de diálogo, las madres buscadoras expresaron su frustración. “No queremos más palabras, queremos resultados” , fue uno de los reclamos más escuchados. Los asistentes exigieron un sistema de búsqueda más eficiente, con funcionarios capacitados y mecanismos ágiles.
La secretaria Rodríguez reconoció las fallas en el sistema actual. Comprometió a revisar cada propuesta y anunció medidas de protección para quienes integran los colectivos, especialmente en zonas de alto riesgo. “No están solas”, afirmó.
El evento se convirtió en un espacio de visibilización, donde las voces de las familias resonaron con fuerza. La transformación del sistema de búsqueda en México es un reto, pero Rodríguez confía en que, trabajando juntos, se pueden lograr cambios significativo.
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó duramente al Poder Judicial, señalando la liberación de ‘El Chuy’, un lugarteniente del cártel jalisciense, como un grave obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, Bedolla enfatizó que la reciente detención de este líder criminal se volvió inútil tras su liberación por un juez federal, lo que, según él, empodera a la delincuencia.
El gobernador hizo referencia a un ataque reciente en los límites de Jalisco y Michoacán, donde dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida a manos de agresores identificados, liderados por ‘El Chuy’. Bedolla advirtió que la impunidad y corrupción de los jueces federales complican los esfuerzos de pacificación en la región.
Ramírez Bedolla respaldó la necesidad de reformar el Poder Judicial, tal como lo propuso en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, argumentando que laliberación de delincuentes pone en riesgo la seguridad pública y debilita la lucha contra los grupos criminales. “Es necesario zarandear al Poder Judicial para erradicar la impunidad”, concluyó.
Héctor Alejandro Quintanar, maestro en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha hecho una contundente denuncia en X (antes Twitter) sobre el papel de Isabel Miranda de Wallace en un incidente ocurrido el 14 de enero de 2010, donde un grupo de agentes de la entonces Policía Federal irrumpió en su domicilio sin una orden judicial, supuestamente por error.
La señora Isabel Miranda de Wallace será siempre sinónimo de violencia e impunidad.
Siempre habrá que recordarlo.
No es ninguna “activista” ni “luchadora” de nada.
Aquí un relato para exhibirla:
(Hilo breve)
— Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) March 10, 2025
Quintanar narra que alrededor de una treintena de policías, armados y en un despliegue agresivo, encañonaron a él y a su familia mientras destruían bienes en su hogar, todo bajo la dirección de Miranda de Wallace, quien, según Quintanar, actuó como una civil al mando de la operación. Este hecho, según su relato, no solo resultó en un grave abuso de poder, sino que también puso en peligro la vida de personas inocentes.
El 14 de enero de 2010 un comando de la entonces existente policía federal irrumpió en nuestro domicilio.
Blandiendo Armas largas, una treintena de agentes nos encañonó mientras destruía cuanto podía; y en la calle estaba todo rodeado de patrullas y vehículos blindados.
— Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) March 10, 2025
El académico describe la experiencia como traumática, señalando que, a pesar de que los agentes reconocieron su error al confundir su casa con la del verdadero objetivo, mantuvieron una actitud hostil y amenazante durante las horas que duró la operación. “Nosotros estábamos en total estupor, sin saber qué pasaba o qué querían”, relata Quintanar.
Los agentes no traían ninguna orden judicial y entraron salvajemente con la intención de dañar.
Nosotros estábamos en total estupor, sin saber qué pasaba o qué querían, nos limitamos a levantar las manos y pedir explicaciones, mientras esculcaban y nos encañonaban con más fuerza
— Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) March 10, 2025
A lo largo de su hilo en X, Quintanar critica la figura de Miranda de Wallace, a quien califica de “sinónimo de violencia e impunidad”, y sostiene que su búsqueda de justicia por la desaparición de su hijo ha estado marcada por métodos ilegales y abusivos.
Me adelanto a los ciberporros inmundos y calderonistas:
Nosotros pusimos denuncia: CNDH/1/2010/427/Q, conforme al oficio 05448, en abril de 2010.
Documentamos TODO, con fotos y video nítidos.
Pese a eso, se desechó nuestra denuncia y todo quedó impune.
— Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) March 10, 2025
Quintanar también subraya que su denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue desechada sin que se tomaran medidas en contra de los responsables de este abuso. “La muerte no exculpa”, afirma Quintanar, haciendo un llamado a no olvidar los daños irreparables que, según él, Miranda de Wallace causó a muchos inocentes.
Es una vergüenza la serie de loas desvergonzadas que ese personaje violento y ruin que fue Miranda de Wallace hoy recibe.
La muerte no exculpa. Y siempre será necesario recordar que ella quedó impune en la serie de daños irreparables que causó a inocentes.
— Héctor Alejandro Quintanar (@hectoralexx) March 10, 2025
Este testimonio llega en un momento en que algunos sectores de la sociedad y medios de comunicación han comenzado a rendir homenaje a Miranda de Wallace tras su fallecimiento, lo que ha llevado a Quintanar a abogar por una reflexión crítica sobre su legado.
La situación expone la complejidad del debate sobre la justicia y los derechos humanos en México, así como la necesidad de una evaluación más profunda de las figuras que han sido emblemáticas en la lucha contra el crimen en el país.
Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre la reciente sentencia contra el influencer Fofo Márquez, quien fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión tras ser declarado culpable por tentativa de feminicidio contra la señora Edith “N”, en un hecho ocurrido en febrero de 2024.
Sheinbaum fue enfática en su postura contra la violencia de género y destacó la importancia de garantizar justicia en estos casos. “Cero impunidad al feminicidio”, declaró, subrayando que cualquier muerte violenta es lamentable, pero el feminicidio se distingue por ser un crimen perpetrado por el hecho de ser mujer.
#MañaneraDelPueblo | "Cero impunidad al feminicidio", refirió la presidenta @Claudiashein sobre la sentencia dictada a Rodolfo 'Fofo' Márquez por intento de feminicidio, y recordó que cuando fue jefa de Gobierno de la #CDMX le "tocó […] un debate con el Fiscal de Morelos, en… pic.twitter.com/BS6WiGtMYc
La mandataria recordó el caso de Ariadna Fernanda, en el que, cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, su administración denunció a la Fiscalía de Morelos por encubrir el crimen y clasificarlo erróneamente como suicidio. Explicó que esta práctica era recurrente en diversas fiscalías del país, donde la falta de investigaciones adecuadas resultaba en impunidad para los agresores.
Además, Sheinbaum enfatizó que las reformas constitucionales y las políticas impulsadas por su gobierno buscan proteger los derechos de las mujeres y garantizar una vida libre de violencia. Para ello, señaló que es fundamental fortalecer el trabajo de las fiscalías, el Poder Judicial y los centros de atención para mujeres en todo el país.
Después de que se llevará el Operación Enjambre, un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales que busca desarticular redes de apoyo a grupos criminales dentro de los gobiernos municipales en el Estado de México, en el que se detuvo a una alcaldesa y otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, este domingo se llevarán a cabo las audiencias iniciales para la formulación de imputación, entre los detenidos se encuentra un presidente honorífico del Sistema DIF.
Los detenidos enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones delictivas como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y grupos delictivos de Tepito.
Despliegue masivo de fuerzas de seguridad
El operativo movilizó a 1,500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre los detenidos el pasado viernes se encuentran:
Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de la policía de Amanalco.
Eraclio Campuzano, director de Seguridad y Tránsito de Tejupilco.
María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco.
Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan.
Ellery Guadalupe Figueroa, presidente honorífico del DIF de Tonatico.
El director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, se suicidó al momento de ser detenido. Según las autoridades, el funcionario se disparó en la cabeza mientras agentes cumplían con la orden de aprehensión en su contra.
Un operativo en desarrollo
De las 14 órdenes de aprehensión libradas, hasta el sábado faltaban por ejecutarse siete. Entre los funcionarios aún no localizados figuran Rosario Matías Esquivel, presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos (PRD), un comandante de Jilotzingo y dos funcionarios de Coacalco.
La FGJEM informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio, cometidos mientras facilitaban operaciones de grupos criminales.
Red de apoyo criminal en municipios mexiquenses
El despliegue de las fuerzas de seguridad se concentró en municipios estratégicos como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Tejupilco, Naucalpan y Texcaltitlán. Las autoridades buscan desmantelar estructuras municipales que habrían brindado apoyo logístico y operativo a organizaciones como La Familia Michoacana, el CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
Procedimientos legales en curso
Tras su detención, los implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ahora, será responsabilidad de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) determinar su situación legal en las próximas audiencias, mientras la FGJEM avanza en las investigaciones para fortalecer las pruebas presentadas.
El caso resalta la preocupación por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales municipales y pone en el centro del debate la necesidad de medidas contundentes para combatir esta problemática.
