Etiqueta: ICE

  • Redada migratoria en Nueva York desata caos y protestas en Canal Street

    Redada migratoria en Nueva York desata caos y protestas en Canal Street

    Una operación de control migratorio en la icónica Canal Street de Nueva York terminó en caos tras enfrentamientos entre agentes federales, vendedores y manifestantes. Mientras el DHS aseguró que sus fuerzas actuaban contra la venta de productos falsificados, testigos y autoridades locales denunciaron uso excesivo de la fuerza y una intervención “innecesaria” contra inmigrantes.


    Una redada migratoria encabezada por agentes federales en Canal Street, una de las zonas comerciales más concurridas y turísticas de Manhattan, se tornó violenta la tarde de este martes, luego de que manifestantes y transeúntes intentaron impedir la detención de varios vendedores ambulantes. La operación, que formaba parte de un “control contra la venta de productos falsificados”, derivó en empujones, uso de gas pimienta y enfrentamientos con civiles.

    De acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes “fueron agredidos por alborotadores que gritaban obscenidades e intentaron bloquear sus vehículos”. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran a los oficiales derribando a manifestantes al suelo y usando fuerza física para dispersarlos. Testigos relataron que los arrestos incluyeron a vendedores de origen latino que ofrecían artículos electrónicos y fundas decorativas para celulares.

    Un reportero de The Associated Press confirmó que al menos un vendedor y varios manifestantes fueron detenidos durante la redada. En las imágenes captadas, se observa a agentes encapuchados escoltando a los arrestados mientras un grupo de personas coreaba “Fuera el ICE de Nueva York” y exigía el fin de las operaciones migratorias en zonas comerciales.

    El alcalde Eric Adams se deslindó del operativo y aseguró que la ciudad no participó en la redada. “Nuestra administración ha sido clara: los neoyorquinos indocumentados que buscan ganarse la vida no deben ser blanco de las fuerzas del orden”, expresó en un comunicado. El edil pidió al DHS entregar un informe detallado del operativo y subrayó que los recursos policiales deberían concentrarse “en los verdaderos criminales, no en quienes venden para sobrevivir”.

    El DHS confirmó el arresto de al menos una persona por agredir a un agente, aunque evitó precisar cuántos vendedores fueron detenidos. Canal Street, conocida por su mercado de imitaciones de lujo, ha sido históricamente un punto de fricción entre las autoridades y los vendedores ambulantes, muchos de ellos migrantes, que ven en esas calles su única fuente de ingreso.

  • La “migra” justifica uso de violencia y brutalidad policial en la frontera

    La “migra” justifica uso de violencia y brutalidad policial en la frontera

    En plena era Trump, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) admitió haber usado fuerza excesiva contra 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, pero se justifica alegando que 474 de sus agentes fueron agredidos por hispanos durante operativos. La cifra confirma una política sistemática de violencia y control que se extiende por toda la frontera sur, mientras las redadas dejan un saldo creciente de abusos, muertes y denuncias por violaciones a los derechos humanos.


    “Sí pegamos, pero ellos pegan más”. Así resume el CBP su propio balance de violencia en la frontera. Mientras millones de personas protestan en el mundo contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump, la agencia fronteriza justifica el uso de la fuerza en sus redadas alegando que “la soberanía de Estados Unidos está bajo ataque”. En su más reciente informe, el organismo reconoce haber violentado a 351 migrantes entre febrero y agosto de 2025, aunque asegura que 474 agentes fueron agredidos por hispanos durante el mismo periodo.

    Los datos internos del CBP, obtenidos por MILENIO, revelan que 531 agentes participaron en actos de fuerza excesiva, lo que confirma una práctica constante y normalizada. Solo entre junio y agosto, los casos aumentaron 50%, con picos en la frontera sur, donde se concentran 278 de los incidentes registrados. Detrás de estas cifras hay un patrón operativo sostenido: intervenciones físicas, persecuciones y controles en zonas de cruce, que reflejan una política de “contención total” impuesta desde la declaratoria de emergencia nacional decretada por Trump a inicios de año.

    El panorama es más grave si se consideran las actuaciones del ICE, la otra cara del aparato migratorio estadounidense. Desde 2023, el organismo dejó de publicar sus estadísticas de uso de la fuerza, pese a los reportes de muertes bajo custodia y de prácticas inhumanas, como el uso del dispositivo WRAP para inmovilizar completamente a personas ya detenidas. Organizaciones civiles como Detention Watch Network contabilizan al menos 20 muertes bajo custodia del ICE desde que Trump asumió el poder, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2006.

    La narrativa oficial insiste en que los agentes enfrentan una amenaza creciente. El Departamento de Seguridad Nacional ha advertido sobre supuestos planes de cárteles mexicanos para atacar a personal fronterizo, ofreciendo recompensas de hasta 50 mil dólares por asesinatos de mandos de alto nivel. Sin embargo, defensores de derechos humanos y observadores internacionales señalan que esta retórica busca reforzar un clima de miedo y justificar la militarización del control migratorio.

    El saldo de esta política es alarmante: más muertos, más violencia institucional y una frontera que se transforma en zona de excepción permanente. Con la “emergencia nacional” como escudo, la administración Trump reaviva la guerra contra los migrantes, donde cada redada se ampara en la idea de una defensa patriótica y cada golpe se legitima como acto de soberanía.

    Con información de Laura Sánchez Ley para Milenio.

  • ICE despliega sistema de espionaje digital sin precedentes en Estados Unidos

    ICE despliega sistema de espionaje digital sin precedentes en Estados Unidos

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos amplió su infraestructura de vigilancia con nuevas tecnologías de reconocimiento facial, rastreo telefónico y monitoreo masivo de redes sociales. El plan, valorado en 1,400 millones de dólares, ha generado preocupación entre legisladores y defensores de derechos civiles, quienes advierten sobre el riesgo de un uso político e ideológico del espionaje.


    El ICE ha reforzado su capacidad de vigilancia con la adquisición de sistemas de reconocimiento facial, escaneo de iris, software espía y programas de rastreo digital capaces de monitorear casi todas las redes sociales. De acuerdo con el portal USASpending.gov, la agencia comprometió en septiembre más de 1,400 millones de dólares en contratos tecnológicos, el mayor gasto en este rubro en casi dos décadas. El objetivo, señalaron fuentes oficiales, es “proteger la seguridad nacional”, aunque críticos temen una expansión sin precedentes del espionaje interno.

    El plan contempla la creación de centros de monitoreo en Vermont y California para rastrear plataformas como Facebook, X, TikTok, Instagram, LinkedIn, Reddit y WhatsApp. La agencia sostiene que los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales son su principal objetivo, pero el contrato permite modificar las prioridades “según las necesidades del Gobierno”. Esto ha despertado sospechas de que las herramientas podrían usarse también contra activistas, sindicatos y opositores políticos.

    Tres de los sindicatos más grandes del país —Trabajadores del Automóvil Unidos, Trabajadores de Comunicaciones de América y la Federación Americana de Profesores— interpusieron una demanda contra el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional, acusándolos de ejercer una “vigilancia ideológica” basada en inteligencia artificial. En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió las medidas alegando que “grupos de izquierda han promovido disturbios y ataques contra agentes federales”.

    Entre las compras más polémicas figuran el reconocimiento facial de Clearview AI, el software espía Graphite —capaz de hackear teléfonos sin consentimiento— y la plataforma ImmigrationOS, desarrollada por Palantir, que rastrea los movimientos de inmigrantes dentro del país. Aún no se conocen los protocolos que regularán el uso de estas tecnologías, lo que ha encendido las alarmas sobre una posible deriva autoritaria en la política migratoria de Washington.

  • Camisas de fuerza y vuelos secretos: EUA deporta en secreto a migrantes hacia África bajo la Administración de Trump

    Camisas de fuerza y vuelos secretos: EUA deporta en secreto a migrantes hacia África bajo la Administración de Trump

    Una investigación reveló que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo deportaciones secretas de migrantes hacia países africanos, usando aviones militares y sin notificar a abogados ni familias. Los traslados, marcados por el secretismo y denuncias de abusos, forman parte de una estrategia para disuadir la migración irregular.

    La Administración de Donald Trump ha intensificado una política migratoria sumamente agresiva y opaca, la cual incluye la deportación de decenas de migrantes hacia países africanos donde no tienen vínculos ni garantías legales. De acuerdo con una investigación de El País y The New York Times, el gobierno estadounidense ha presionado a más de 30 naciones africanas para que acepten recibir migrantes, y al menos cinco (Ghana, Esuatini, Sudán del Sur, Ruanda y Uganda) ya han firmado acuerdos secretos con Washington.

    El caso de K. S., un ciudadano de Gambia que emplea un pseudónimo por razones de seguridad, refleja la crudeza de esta práctica. El pasado 4 de septiembre, fue sacado por sorpresa de un centro de detención en Luisiana, esposado de manos, cintura y tobillos, y subido a un avión militar junto con otras 13 personas. Cuatro de ellas fueron forzadas a portar camisas de fuerza por negarse a abordar sin hablar con sus abogados. El grupo fue trasladado a Ghana, donde quedó abandonado sin documentación ni recursos. Algunos, de acuerdo a testimonios, fueron deportados posteriormente a Togo, Malí o Nigeria, sin que se conozca su paradero actual.

    Los migrantes deportados incluyen personas con permisos humanitarios, como K. S., que había huido de Gambia por ser bisexual, una preferencia sexual penalizada con cadena perpetua en su país. Pese a ello, las autoridades estadounidenses lo entregaron con documentos falsos y fue devuelto al mismo lugar del que escapó. “Nos dieron 100 euros y nos abandonaron en la frontera”, declaró uno de los deportados a su abogado.

    Human Rights First documenta más de mil 500 vuelos de deportación ejecutados por EUA entre enero y septiembre, seis de los cuales tuvieron como destino países africanos a los que los migrantes no pertenecían. Las autoridades justifican estas acciones bajo el argumento legal de que la ley migratoria permite la deportación a terceros países cuando no es posible retornar al país de origen

    Los acuerdos, de los cuales poco se conoce oficialmente, incluyen incentivos económicos y políticos. Un documento filtrado por The Handbasket reveló que Ruanda solicitó concesiones diplomáticas y hasta 100 mil dólares por aceptar deportados. Esuatini habría recibido 5.1 millones de dólares a cambio de alojar a 160 migrantes.

    Diversas organizaciones humanitarias y abogados denuncian que los deportados permanecen detenidos en condiciones precarias, sin contacto con sus familias ni acceso a defensa legal. La Unión Africana ha criticado públicamente la práctica, al acusar a Estados Unidos de “exportar sus responsabilidades migratorias” y usar a los migrantes como moneda de cambio diplomática.

  • Trump refuerza maquinaria antiinmigración: ICE se expande y consolida su poder

    Trump refuerza maquinaria antiinmigración: ICE se expande y consolida su poder

    A diez meses del inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha convertido al ICE en la agencia más poderosa de su Gobierno. Con un presupuesto histórico, miles de nuevos agentes y centros de detención en expansión, el presidente republicano impulsa su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”, con un sistema que mezcla cooperación policial, privatización y denuncias por violaciones de derechos humanos.

    Durante los primeros meses de su segunda presidencia, Donald Trump ha transformado por completo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con un presupuesto de 75 mil millones de dólares para los próximos cuatro años, la agencia migratoria ha iniciado una de las mayores expansiones en la historia del país: más agentes, más cárceles y más redadas. Este crecimiento acelerado busca cumplir una meta ambiciosa y polémica: realizar 3 mil arrestos diarios, según el plan delineado por Stephen Miller, el arquitecto de la política migratoria trumpista.

    El ICE ha reforzado su presencia en todo el territorio, con más de 21 mil agentes activos y la meta de sumar otros 10 mil antes de finalizar el año. Como parte de su ofensiva, la agencia ha rehabilitado antiguas prisiones privadas clausuradas por abusos, además de inaugurar nuevos centros de detención como el temido Alligator Alcatraz en Florida. Sin embargo, las denuncias por hacinamiento, falta de atención médica y separación de familias han aumentado. Diversas organizaciones acusan al Gobierno de trasladar constantemente a los migrantes para obstaculizar su defensa legal y presionarlos a firmar su autodeportación.

    Otro eje de la expansión del ICE ha sido la reactivación del programa 287(g), que permite a policías estatales y locales ejercer funciones migratorias. Desde enero, más de mil acuerdos de cooperación se han firmado en todo el país, con Florida y Texas a la cabeza. Críticos del programa denuncian que fomenta el perfilamiento racial, erosiona la confianza en las autoridades locales y desvía recursos policiales de problemas comunitarios urgentes.

    La privatización también juega un papel central. Empresas como GEO Group y CoreCivic, con vínculos con altos funcionarios del Gobierno, controlan más del 90% de los centros de detención. Estas compañías, junto con contratistas de transporte, alimentación y vigilancia, reciben miles de millones en fondos públicos. Para los críticos, la política migratoria de Trump no sólo criminaliza la migración, sino que también alimenta una lucrativa industria de la detención, en la que los derechos humanos se subordinan al negocio.

    Con información de Cristobal Vásquez para El País.

  • Jueza de Chicago obliga a agentes migratorios usar cámaras corporales para evitar abuso policial

    Jueza de Chicago obliga a agentes migratorios usar cámaras corporales para evitar abuso policial

    Una jueza federal de Chicago ordenó que los agentes de inmigración desplegados en la ciudad usen cámaras corporales y se abstengan de emplear tácticas antidisturbios contra manifestantes pacíficos. La decisión surge tras semanas de enfrentamientos y acusaciones de que grupos criminales mexicanos ofrecen recompensas por atacar a oficiales federales, en medio del operativo migratorio “Midway Blitz” impulsado por la Administración de Trump.


    Chicago vive una nueva tensión entre fuerzas federales y residentes. Luego de casi dos meses de enfrentamientos en las calles, la jueza federal April Perry ordenó que los agentes de inmigración desplegados en la ciudad porten cámaras corporales y se abstengan de usar técnicas antidisturbios contra manifestantes pacíficos o periodistas. La medida representa un revés significativo para la ofensiva federal, que había intensificado su presencia en el marco del operativo “Midway Blitz”.

    El fallo llega en un contexto de creciente polémica. Las autoridades federales acusan a redes criminales mexicanas de ofrecer recompensas para atacar o asesinar a agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, con montos que irían desde los 2.000 hasta los 50.000 dólares, dependiendo del tipo de agresión. Aunque no se han presentado pruebas concluyentes, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la amenaza es real y que se trata de un intento de las pandillas por frenar los operativos migratorios.

    Entre los casos que han encendido las alarmas está el arresto de Juan Espinoza Martínez, presunto miembro de los Latin Kings, acusado de ofrecer una recompensa por el asesinato del jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino. El supuesto mensaje, difundido por Snapchat, habría sido el detonante de la nueva ofensiva federal y de las tensiones que ahora dominan la ciudad.

    Mientras tanto, las autoridades locales denuncian que el despliegue de fuerzas federales no ha traído seguridad, sino mayor confrontación. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusó al presidente Trump de “fomentar el caos y el temor” con fines políticos, mientras que la jueza Perry advirtió que la presencia militar podría “añadir leña al fuego”. La Guardia Nacional, cuya movilización había sido bloqueada temporalmente, podría volver a las calles si el Gobierno decide apelar la medida.

    Además del uso de cámaras corporales, los tribunales han impuesto nuevas restricciones al ICE: una orden reciente prohíbe arrestos de inmigrantes en juzgados y zonas aledañas. A pesar de los reveses judiciales, la Casa Blanca insiste en mantener la operación en Chicago, una ciudad que Trump ha señalado repetidamente como “fuera de control” y que ahora se ha convertido en símbolo de su estrategia de mano dura en vísperas electorales.

  • Cárteles mexicanos ofrecen recompensas por agentes del ICE

    Cárteles mexicanos ofrecen recompensas por agentes del ICE

    Los narcotraficantes han establecido un ‘tabulador’ de pagos por información y ataques contra agentes de inmigración en EUA, según el Departamento de Seguridad.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertó sobre una preocupante tendencia. Los cárteles mexicanos están ofreciendo hasta 50 mil dólares por la muerte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esta situación ha generado un clima de miedo y tensión entre los agentes que trabajan en la frontera.

    Según un comunicado oficial, los narcotraficantes han creado un “programa de recompensas”. Este incluye dos mil dólares por información sobre la identidad de los agentes, y entre cinco mil y diez mil dólares por secuestrar o asaltar a estos funcionarios de manera no letal. La recompensa máxima llega a los 50 mil dólares para quien asesine a un alto cargo del ICE.

    La violencia no solo proviene de los cárteles. Grupos como Antifa, conocidos por sus protestas en ciudades como Chicago y Portland, están supuestamente colaborando con los narcotraficantes. Se han reportado casos de miembros de estas bandas apostados en azoteas, equipados con armas y radios, para vigilar y reportar la ubicación de los agentes.

    Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, expresó la gravedad de la situación. “Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas y amenazas de muerte”, afirmó. Los ataques contra el ICE han aumentado un 1000%, lo que refleja un clima de extrema violencia.

    Este panorama se presenta en un contexto donde la lucha contra la inmigración ilegal es una prioridad para el gobierno estadounidense. Sin embargo, también ha generado un intenso debate entre las fuerzas políticas del país. Las acciones del ICE han sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona la efectividad y la ética de tales medidas.

    A medida que la violencia se intensifica, los agentes del ICE están más expuestos que nunca. La comunidad migrante y la sociedad en general observan con preocupación cómo se desarrolla esta peligrosa situación. La vida de muchos está en juego, y la solución a este conflicto parece lejana.

  • Migrante mexicano se ve obligado a abandonar EUA tras política de ‘autodeportación’

    Migrante mexicano se ve obligado a abandonar EUA tras política de ‘autodeportación’

    Ramón Rodríguez Vázquez, trabajador agrícola de 62 años en el estado de Washington, se vio obligado a salir de Estados Unidos tras ser detenido por Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su caso refleja la creciente política de “autodeportación” del gobierno de Donald Trump, que busca presionar a los migrantes para que abandonen el país voluntariamente, al ignorar a menudo procedimientos legales y circunstancias familiares. Durante su cautiverio, su salud y la atención a su nieta enferma se vieron gravemente afectadas.

    Ramón Rodríguez Vázquez trabajó durante 16 años en la agricultura del sureste de Washington y formaba parte de una comunidad muy unida. El 5 de febrero, agentes de ICE lo detuvieron por error mientras buscaban a otra persona. A pesar de cartas de apoyo de familiares, amigos, su empleador y un médico, le fue negada la libertad bajo fianza y fue enviado a un centro de detención en Tacoma, donde su salud se deterioró rápidamente por falta de medicación y la carga emocional de no poder cuidar a su familia ni a su nieta enferma.

    Finalmente, Rodríguez pidió en una audiencia de inmigración salir del país sin que constara una deportación formal en sus antecedentes, solicitud que fue aceptada. Su caso refleja la estrategia del gobierno de Trump de presionar a los migrantes a abandonar EUA voluntariamente, conocida como “autodeportación”. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, ICE realizó 319.980 deportaciones, mientras que la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración registró más de 15.000 salidas voluntarias en el mismo período.

    El impacto de estas políticas también se refleja en otros casos. Una mujer colombiana y un venezolano optaron por la salida voluntaria durante audiencias, señalaron que la presión de las autoridades los hizo sentir criminales pese a no haber cometido delito alguno. Expertos señalan que estas prácticas buscan resultados rápidos, dejando de lado años de procedimientos legales y garantías tradicionales para los migrantes.

    Rodríguez, quien llegó a EUA en 2009 y trabajaba para AG Management, se convirtió en el principal demandante de una demanda federal que buscaba permitir a los inmigrantes detenidos solicitar fianza. Aunque un juez federal declaró ilegal negar audiencias de fianza, Rodríguez ya se había marchado y es poco probable que regrese. Su ausencia ha dejado un vacío profundo en su familia y comunidad agrícola, que dependía de él para labores y cuidado de su nieta con problemas cardíacos.

  • “Esto no es seguridad, es persecución”: EUA destina 170 mil millones a deportaciones

    “Esto no es seguridad, es persecución”: EUA destina 170 mil millones a deportaciones

    Activistas migrantes advirtieron que la liberación de 170 mil millones de dólares para reforzar las deportaciones en EUA marca “el periodo más negro” en la historia migratoria del país. El presupuesto incluye fondos para el muro, centros de detención y miles de agentes del ICE.

    El nuevo presupuesto del gobierno de Donald Trump, que destina 170 mil millones de dólares a un plan de deportaciones masivas, ha encendido las alarmas entre defensores de migrantes en todo Estados Unidos. “El periodo más negro de la historia de la migración comenzó este mes”, advirtió María Elena Valdivia, integrante de la Coalición por los Derechos de Jornaleros en Florida, quien señaló que las redadas y detenciones se han intensificado en comunidades mexicanas y latinoamericanas.

    De acuerdo con Valdivia, el mensaje del presupuesto “no sólo es un número, es un aviso para toda la comunidad latina”, ya que destina un 27% más de recursos que el año fiscal anterior. El Congreso asignó 30 mil millones para contratar agentes del ICE, 45 mil millones para centros de detención, 46 mil millones para extender el muro fronterizo, además de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional y la compra de vehículos destinados a operativos.

    “El miedo es real. El ICE entra hasta los campos y los talleres, sin órdenes judiciales. Aquí de cada diez jornaleros, seis se han ido por miedo. Están limpiando su tierra, pero de trabajadores, no de delincuentes”, sostuvo la activista, al señalar que las detenciones se realizan incluso cuando existen amparos en curso. “Ninguno de los detenidos tiene cargos penales, muchos son mexicanos con simples infracciones de tránsito”, añadió.

    Según un estudio del Centro Pew, la población nacida en el extranjero en EUA cayó en 1.5 millones de personas en el primer semestre de 2025, y se espera que la cifra se duplique hacia fin de año. Patrick García, director de Embrace Carolinas, afirmó que familias enteras han optado por “autodeportarse” a México y Sudamérica. “La gente está ahorrando para irse antes de Navidad. Prefieren marcharse con algo, tras décadas de trabajo, antes que ser detenidos y expulsados sin nada”, dijo.

    Expertos del Centro Nacional para la Justicia de Inmigrantes advirtieron que el gobierno podría aplicar la “deportación acelerada”, un procedimiento que permite expulsar a migrantes sin audiencia judicial si llevan menos de dos años en el país. “Cualquier persona sin estatus seguro podría ser víctima. Esto no se veía desde los años cincuenta”, concluyó García.

    Con información de Claudia Arellano para La Razón.

  • “No es seguridad, es miedo”: Los Ángeles busca frenar redadas del ICE con estado de emergencia

    “No es seguridad, es miedo”: Los Ángeles busca frenar redadas del ICE con estado de emergencia

    La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles analiza declarar un estado de emergencia para enfrentar el impacto de las redadas migratorias del ICE, una medida que busca proteger a las comunidades afectadas, agilizar apoyos y reforzar servicios legales y financieros para familias migrantes.


    La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia como respuesta a las redadas del Servicio de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que desde junio han generado preocupación en las comunidades migrantes.

    La propuesta, impulsada por las supervisoras Lindsey P. Horvath y Janice Hahn, se someterá a votación el próximo martes 14 de octubre. De aprobarse, la medida otorgaría al condado facultades extraordinarias para atender las consecuencias de las detenciones y deportaciones, incluyendo la contratación urgente de personal, el ampliamiento de asistencia financiera y el fortalecimiento de servicios legales para las familias afectadas.

    “Estas redadas no se tratan de seguridad, sino de miedo (…) Declarar una emergencia local es nuestra forma de contraatacar: con cuidado, coordinación y todas las herramientas legales disponibles para proteger a nuestras comunidades migrantes”, señaló Horvath en un comunicado.

    Además, la declaración podría permitir la aplicación de nuevas protecciones para inquilinos, como una moratoria de desalojos dirigida a quienes hayan perdido ingresos a raíz de las operaciones del ICE. La Junta ya había solicitado, a finales de septiembre, un informe legal para explorar los mecanismos que respalden esta medida, con el objetivo de reforzar la protección de las familias ante la aplicación de leyes federales de migración.