Etiqueta: Hugo Aguilar

  • SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.

    La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.

    El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.

    Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.

    Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.

  • SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    La Suprema Corte sienta jurisprudencia: ningún juez podrá disminuir la pena de feminicidas alegando derecho a la reinserción social.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio bajo el argumento de su derecho a la reinserción social. La resolución revoca un fallo que había reducido de 50 a 42 años y medio de prisión la pena de Diego Urik Mañón, condenado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, maestra asesinada en Morelia en 2020.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el caso involucró un homicidio brutal: “La víctima murió por traumatismo cráneo encefálico, su cuerpo fue abandonado en un lugar despoblado, lo que obliga a revisar el actuar de la autoridad que redujo la pena”.

    El caso llegó a la Corte mediante el amparo directo en revisión 4872/2024, promovido por la familia de Jessica. Los tribunales de Michoacán habían reducido inicialmente la sentencia, decisión que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.

    El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue aprobado por unanimidad. Ortiz Ahlf subrayó que el derecho a la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional, “no es un factor que los jueces deban considerar al individualizar la pena, incluida la determinación del grado de culpabilidad”. Agregó que el tribunal debió sancionar la conducta conforme al contexto de violencia del delito.

    Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó la importancia de la perspectiva de género en la impartición de justicia: los tribunales anteriores ponderaron la juventud del acusado sobre el derecho de la víctima a ser protegida, lo que “privó a la víctima de su derecho de ser mujer”.

    Ahora, el Pleno ampara a las víctimas indirectas y establece que la reinserción social no puede ser argumento para disminuir la pena en casos de feminicidio. Además, ordena devolver el expediente al Tribunal Colegiado para emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Ministro Aguilar advierte: la Ley de Amparo no debe aplicarse de forma retroactiva

    Ministro Aguilar advierte: la Ley de Amparo no debe aplicarse de forma retroactiva

    El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó la modernización del sistema de amparo, pero advirtió que su retroactividad sería inconstitucional y debe corregirse.

    El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria para modernizar el sistema judicial, pero advirtió que no debe tener carácter retroactivo, ya que eso vulneraría principios constitucionales.

    Durante un encuentro con medios, Aguilar calificó como “inadecuado” el artículo transitorio de la enmienda que permite aplicar las nuevas disposiciones de forma retroactiva y señaló que el Congreso deberá ajustarlo antes de su implementación.

    El ministro explicó que el actual proceso de amparo está burocratizado y que los múltiples recursos de impugnación lo vuelven “interminable”. Por ello, respaldó la intención de simplificar los procedimientos y acelerar la ejecución de sentencias, en especial en casos de relevancia social.

    La reforma, aprobada esta semana por el Senado de la República, busca fortalecer el amparo como instrumento de defensa ciudadana y evitar abusos, principalmente en materia fiscal, donde algunos contribuyentes han utilizado este recurso para eludir obligaciones tributarias. Además, se establece que la suspensión podrá negarse cuando se afecte el interés social o el orden público.

    Aguilar Ortiz destacó también que, a un mes del inicio de la nueva administración en la Corte, se ha logrado reducir el rezago histórico de casos. “Pasamos de resolver entre uno y cinco asuntos por sesión a un promedio de 12, lo que representa 116 casos atendidos entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre”, informó.

    El titular de la SCJN sostuvo que esta productividad refleja “una Corte más ágil, moderna y enfocada en garantizar el acceso real a la justicia”, aunque insistió en que las reformas deben hacerse sin comprometer la seguridad jurídica ni los derechos fundamentales de los ciudadanos.

  • ¡Renuncié! No me removieron

    ¡Renuncié! No me removieron

    Exasesor de la SCJ sostiene que él se fue del máximo tribunal y nunca fue notificado de sanciones por hechos de corrupción ni de faltas administrativas graves.

    Roberto Moreno Herrera, exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), confirmó su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se desempeñaba como coordinador de asesores de la Unidad de Administración.

    Sin embargo, alega que él se fue por su propia decisión.

    En una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Roberto Moreno señaló que su decisión tiene efectos a partir del 1 de octubre y declaró que su salida busca evitar que la polémica que lo rodea “menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”.

    Pero dice eso y dice más.

    Moreno Herrera argumenta que durante su paso por el SNA jamás fue notificado por sanciones por hechos de corrupción ni por faltas administrativas graves.

    Incluso, aseguró que su renuncia en febrero pasado al Sistema Nacional Anticorrupción fue por “motivos personales y familiares” y que fue aceptada por unanimidad por el Comité Coordinador, “sin señalamiento alguno de corrupción”.

    También sostiene que cumplió con el acta de entrega-recepción en tiempo y forma, sin observaciones dentro del plazo legal. “No obstante que se ha cumplido con todas las cuestiones legales al respecto, he sido víctima de acoso mediático que ha resultado en afectaciones no solo en lo moral, sino también en lo familiar”, afirma en la misiva.

    La controversia en torno a su nombramiento estalló después de que se diera a conocer que, pese a los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión en la Sesna —viajes no autorizados, manejo discrecional de plazas y mala gestión de recursos—, había sido incorporado al equipo del nuevo presidente de la SCJN.

    De hecho, la actual presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, envió una advertencia formal al Máximo Tribunal.

    Ahora, Roberto Moreno Herrera dice que no lo echaron, que se fue por voluntad propia.

  • Norma Piña tenía 150 asesores y gastos ascendían a más de nueve millones de pesos: Lenia Batres 

    Norma Piña tenía 150 asesores y gastos ascendían a más de nueve millones de pesos: Lenia Batres 

    La ministra desmiente el supuesto despilfarro de su equipo y revela que la anterior presidenta tenía casi el doble de asesores, con un costo superior a nueve millones en seis meses.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama desmintió este martes que su equipo cuenta con 78 asesores y puntualizó que la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, concentraba el mayor número de personal, con 150 personas, lo que representaba un gasto de más de nueve millones de pesos solo en el segundo semestre de 2024.

    Batres Guadarrama aclaró que los sueldos de su equipo no superan el salario de la Presidenta y detalló que la mayoría del personal de las antiguas ponencias eran abogados y abogadas con funciones jurisdiccionales, dedicados al estudio y proyección de sentencias, y no simples asesores. “La Ministra presidenta no presentaba proyectos de sentencias a discusión”, subrayó.

    En su mensaje, la ministra compartió una tabla con la nómina de las ponencias anteriores, en la que destacó que el resto de los ministros tenía entre 45 y 74 trabajadores, con un gasto individual de 4.3 a 5.3 millones de pesos en seis meses. En total, las ponencias representaban 644 plazas y un gasto superior a 58 millones de pesos. La SCJN contaba con 3 mil 594 empleados y un presupuesto global de 5 mil 787 millones de pesos.

    Recientemente, el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, luego de la controversia presentada, redujo su equipo de ponencia de 103 a 84 asesores, y ajustó la estructura de secretarios de estudio y auxiliares. De igual manera enfatizó que su gestión tendría un “carácter estrictamente jurisdiccional”, recibiendo directamente asuntos para análisis y presentación de proyectos ante el Pleno.

  • SCJN avala Ley Minera de AMLO y refuerza rectoría del Estado sobre recursos estratégicos

    SCJN avala Ley Minera de AMLO y refuerza rectoría del Estado sobre recursos estratégicos

    La Suprema Corte revocó amparos contra la reforma minera de 2023, validando que solicitudes de concesiones pendientes pueden desecharse sin trámite y que la soberanía del Estado prevalece sobre derechos no consolidados.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos presentados contra la reforma a la Ley Minera y otras leyes, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023. La decisión valida la constitucionalidad de un transitorio que permite desechar solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración.

    Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó los proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama en los amparos 583/2024 y 123/2025. La Corte determinó que quienes solicitaron permisos antes de la reforma no contaban con un derecho adquirido, sino con una expectativa de derechos, que no garantiza la entrega automática de la concesión.

    El fallo también declaró infundado el cuestionamiento sobre el proceso legislativo que aprobó la reforma el 28 de mayo de 2023, conocido por la oposición como el “viernes negro”. La Corte sostuvo que solo los grupos parlamentarios tienen legitimación para impugnar posibles vicios formales, en protección del principio de deliberación democrática.

    Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, argumentando que desechar solicitudes en trámite podría vulnerar la irretroactividad de la ley. Sin embargo, el ministro presidente Hubo Aguilar Ortiz respaldó el proyecto, enfatizando que la soberanía del Estado sobre recursos estratégicos debe prevalecer.

    Por su parte, la ministra Loretta Ortiz recordó que la minería es propiedad originaria de la Nación, y que las concesiones pueden concluir automáticamente sin que se considere retroactividad, invocando el artículo 27 constitucional para sustentar la facultad del Estado de regular el régimen de concesiones.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Hugo Aguilar mantiene 97 asesores con nómina de más de 6 millones al mes

    Hugo Aguilar mantiene 97 asesores con nómina de más de 6 millones al mes

    La presidencia de la Suprema Corte bajo Hugo Aguilar Ortiz concentra 97 asesores entre su ponencia, la Coordinación General y la Oficina de la Presidencia, generando polémica por los altos salarios y el aumento de personal.

    La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con 97 asesores, quienes en conjunto perciben 6 millones 58 mil pesos mensuales, según una investigación de Jorge García Orozco para Eme Equis, con datos obtenidos del portal oficial del máximo tribunal

    El equipo está distribuido en tres áreas: 60 asesores en la ponencia del ministro presidente, 28 en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia y 9 en la Oficina de la Presidencia. Los 60 asesores de la ponencia cobran 3 millones 278 mil pesos, mientras que los 28 de la coordinación suman 2 millones 106 mil pesos, y los 9 de la oficina perciben 637 mil pesos al mes.

    Estos números representan un incremento significativo respecto a administraciones anteriores. La ministra Norma Piña, por ejemplo, tenía apenas seis asesores en la Oficina de la Presidencia. La ponencia de Aguilar también revisa proyectos para el Pleno de la Corte, lo que justifica parcialmente la ampliación de personal.

    Entre los asesores destacan Vidulfo Rosales Sierra, defensor de derechos humanos y exvocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora secretario de Estudio y Cuenta, con un salario bruto mensual de 167 mil 671 pesos. También figura Daniel Wong Ibarra, vinculado anteriormente a estrategias de evangelización de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien percibe 97 mil pesos mensuales como secretario auxiliar.

    Al ser cuestionado sobre el número total de asesores, Hugo Aguilar Ortiz negó que sean 97 y prometió proporcionar cifras exactas próximamente, aunque los datos del portal de la SCJN registran claramente la plantilla y los sueldos, muchos de ellos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

    Este aumento de personal y los elevados salarios generan polémica y cuestionamientos sobre la administración de recursos en el máximo tribunal, mientras el tribunal busca justificar el crecimiento por sus nuevas funciones jurisdiccionales y de apoyo al Pleno.

  • Nueva Suprema Corte inicia sesiones con resoluciones históricas y criterio más flexible

    Nueva Suprema Corte inicia sesiones con resoluciones históricas y criterio más flexible

    En su primer día, la nueva SCJN resolvió tres asuntos, estableciendo así un enfoque más justo en derechos de personas con discapacidad y mostrando apertura al público tras cuatro años de restricciones.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este jueves sus primeras sesiones con la nueva integración de ministros elegidos por voto popular. Durante cuatro horas, los magistrados resolvieron tres asuntos, entre ellos un caso que matizó el criterio previo que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta a personas con discapacidad. Esta decisión marca un cambio histórico, ya que prioriza el derecho sustantivo sobre el procedimiento formal.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz abrió la sesión en mixteco, su lengua natal, y presentó una postura conciliadora ante la diversidad de opiniones al promover soluciones que reflejan equilibrio y justicia. La ministra Lenia Batres Guadarrama celebró la resolución, destacó que la decisión protege los derechos de las personas con discapacidad sin limitar la capacidad de los legisladores para crear normas progresistas.

    En esta primera jornada, se permitió por primera vez el acceso del público y prensa al Salón de Plenos tras cuatro años de restricciones, lo  que refleja un símbolo de transparencia que reafirma el compromiso de la Corte con la ciudadanía. Los ministros mostraron disposición a adaptarse y priorizar el debate de fondo por sobre la forma.

    El nuevo enfoque, según Aguilar Ortiz, permitirá que la SCJN adopte criterios más justos y flexibles, ajuste las decisiones a cada caso concreto y fortalezca la protección de derechos. La sesión reflejó un ambiente de renovación, apertura y respeto a la pluralidad, lo que marca un inicio positivo para el nuevo poder judicial.

    Además de los asuntos resueltos se observó una participación activa y colaborativa, con propuestas conciliatorias y diálogo constructivo que sientan las bases para una Corte más cercana a la ciudadanía y atenta a los derechos fundamentales, incluyendo la defensa de grupos históricamente vulnerables.

  • SCJN revisará pensiones millonarias de ministros en retiro y viudas

    SCJN revisará pensiones millonarias de ministros en retiro y viudas

    Los haberes de ex ministros llegan hasta 297 mil pesos mensuales, sin contar beneficios como autos, personal de apoyo y seguros médicos. La Corte busca ajustar pagos “excesivos” y tabuladores para alinearlos con la Constitución.

    De acuerdo con información de Iván Evair Saldaña y Gustavo Castillo para La Jornada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la revisión de las pensiones de 37 ministros en retiro y viudas, cuyos ingresos mensuales brutos oscilan entre 72 mil 661 y 297 mil 403 pesos, sin contar prestaciones adicionales como vehículos de uso particular, personal de apoyo y seguros de gastos médicos mayores. De entre las viudas, algunas perciben hasta 158 mil 615 pesos brutos al mes.

    El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, anunció que solicitará ajustar estas remuneraciones “a lo que establece la Constitución” eliminando apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto de la SCJN, tales como los seguros privados, choferes, ayudantes y servicios de protección.

    Tambien, la ministra Lenia Batres Guadarrama detalló que los beneficios adicionales de los ministros en activo, incluyendo gastos médicos, alimentación y separación individualizada, superan en más de 2.6 millones de pesos los ingresos de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

    Ante ello, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó nuevos tabuladores para todo el personal del Poder Judicial, de manera que ministros, magistrados, jueces y altos mandos no perciban ingresos superiores a los de la Presidenta, buscando  de esta manera transparencia y equidad salarial en el sector.

  • Escándalo en la Corte: Pensiones de ministros retirados costarán más de 129 millones de pesos al año

    Escándalo en la Corte: Pensiones de ministros retirados costarán más de 129 millones de pesos al año

    El Poder Judicial destina recursos millonarios a exministros y familiares por concepto de pensiones, con montos que superan el salario presidencial y contradicen la política de austeridad.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reveló que 30 ministros retirados y 23 viudas de exministros recibirán pensiones que oscilan entre 62 mil y 389 mil pesos mensuales, según información revelada por la ministra Lenia Batres Guadarrama. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, calificó estos montos como “incongruentes con los principios de austeridad constitucional”.

    De acuerdo con información de Sin Línea, entre los beneficiarios se encuentran Luis María Aguilar Morales (389 mil 266 pesos), Jorge Mario Pardo Rebolledo (371 mil 614) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán (346 mil 667). Otros exministros, como Norma Piña y Javier Laynez, recibirán más de 300 mil pesos mensuales.

    Estos pagos incluyen pensiones vitalicias aprobadas en 2024 para ministros que renunciaron antes de la elección judicial de 2025, así como beneficios a exministros de décadas pasadas y tras la reforma judicial de Ernesto Zedillo, con montos de hasta 286 mil pesos al mes.

    La ministra Batres criticó que los cálculos se hicieron con base en el sueldo de 2025, pese a renuncias en 2024, calificando los montos como “excesivos” y contrarios a la Constitución. La revelación vuelve a colocar al Poder Judicial bajo la lupa, cuestionando privilegios frente a la austeridad vigente.