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Etiqueta: Hugo Aguilar

  • Grupo Salinas retrasó cinco años juicios fiscales ante la SCJN; adeuda más de 49 mil millones de pesos

    Grupo Salinas retrasó cinco años juicios fiscales ante la SCJN; adeuda más de 49 mil millones de pesos

    Más de 100 recursos interpuestos por Grupo Salinas han retrasado el pago de 49 mil millones de pesos en créditos fiscales; este jueves la Corte prevé zanjar siete de nueve juicios pendientes.

    Durante los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dilatando la resolución de nueve juicios relacionados con créditos fiscales por más de 49 mil millones de pesos, correspondientes a ISR, recargos y multas.

    Este jueves, la Corte tiene previsto resolver siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que incluyen amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos, los cuales podrían confirmar sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar 48,3 mil millones de pesos, por ejercicios de 2009 a 2015.

    El caso más complejo es el amparo 6321/2024 de Elektra, vinculado al crédito fiscal más elevado, originalmente calculado en 18,4 mil millones de pesos, pero que con recargos y multas asciende a 33,3 mil millones. La empresa interpuso 28 recursos, incluyendo solicitudes de atracción y recusaciones de ministros, principalmente contra Lenia Batres Guadarrama.

    El ministro ponente Arístides García Guerrero propone desechar el amparo, argumentando que carece de “interés excepcional”, ya que la Corte ha resuelto previamente los temas de constitucionalidad planteados. De aprobarse los proyectos, se desecharían al menos 15 recursos de recusación pendientes. Fuentes de la Corte advierten que podrían imponerse multas por estrategia dilatoria, conforme a la Ley de Amparo.

    Solo quedarían dos juicios pendientes, a cargo de Lenia Batres, por más de 712 millones de pesos.

    Paralelamente, en Nueva York, la Corte Suprema fijó hasta el 12 de noviembre el plazo para que Tv Azteca y 39 filiales presenten moción de desestimación o suspensión de acusaciones, en espera de un arbitraje privado con acreedores, liderados por The Bank of New York Mellon. La empresa enfrenta además adeudos por bonos emitidos en 2017, que hoy suman más de 10 mil millones de pesos por intereses y retrasos, y un procedimiento de arbitraje ante el Banco Mundial.

    El panorama para Ricardo Salinas Pliego y sus empresas combina juicios fiscales históricos y conflictos financieros internacionales, mientras la SCJN se prepara para resolver los casos que podrían marcar un antes y un después en la estrategia legal del conglomerado.

    Con información de La Jornada

  • Gilberto Bátiz asume liderazgo del TEPJF con un compromiso de unidad

    Gilberto Bátiz asume liderazgo del TEPJF con un compromiso de unidad

    El nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se compromete a cerrar divisiones internas y promover una justicia más accesible.

    Gilberto Bátiz García tomó protesta como presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En su ceremonia de asunción, prometió cerrar las divisiones que han marcado la institución desde 2019. Con el apoyo de destacados funcionarios y ministros, Bátiz lanzó cinco compromisos para su período, que va del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027.

    “Un tribunal dividido no sirve a México”, indicó Bátiz durante su discurso. Él buscará ser un facilitador de soluciones en lugar de un generador de conflictos. Para lograr sus objetivos, destacó la importancia de contar con el apoyo de sus colegas magistradas y magistrados.

    Los compromisos que Bátiz presentó incluyen el establecimiento de un tribunal cercano a la ciudadanía. Propone recorrer el país, explicar decisiones y fomentar la educación cívica. Además, busca tomar decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad del país. Otro de sus objetivos es implementar un manejo administrativo ordenado y racional, así como ofrecer una justicia más humana.

    Felipe Fuentes Barrera, magistrado del TEPJF, señaló que Bátiz es el primer magistrado en ocupar este cargo por mandato popular. Asimismo, enfatizó que su gestión estará marcada por la reforma electoral de 2026 y la compleja elección de 2027.

    “Debemos cuidar cada paso de la elección de 2027 y trabajar para construir un tribunal cercano y eficiente”, mencionó Fuentes. Durante la ceremonia, el ministro Hugo Aguilar también expresó su apoyo y resaltó que los magistrados ahora responderán a la ciudadanía, no a intereses de partidos o élites.

    Con este enfoque, Gilberto Bátiz García comienza su labor al frente del TEPJF, buscando avanzar en un sistema electoral más justo y equilibrado.

  • SCJN le corta el show a Salinas Pliego: no habrá aplazamiento de sus multimillonarios juicios

    SCJN le corta el show a Salinas Pliego: no habrá aplazamiento de sus multimillonarios juicios

    El máximo tribunal del país rechazó la petición de Grupo Elektra y TV Azteca de suspender siete litigios por más de 33 mil millones de pesos pese a la oferta de “ajuste” de deuda.

    El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, negó este martes la solicitud de Grupo Elektra y TV Azteca, empresas de Ricardo Salinas Pliego, para aplazar siete litigios fiscales que suman más de 33 mil millones de pesos, luego de que el empresario ofreciera “ajustar” sus adeudos ante el SAT.

    “No existe disposición legal que faculte al Ministro Presidente suspender el dictado del fallo”, resolvió Aguilar en los siete expedientes, dejando en claro que ni los millones ni los show de televisión detendrán la justicia fiscal.

    Las empresas pretendían frenar el proceso mientras el Gobierno analizaba una carta enviada el 16 de octubre con dos opciones de pago: 5 mil 691 millones de pesos o 8 mil 964 millones de pesos. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) rechazó la propuesta, señalando que podría ser una maniobra para dilatar los juicios.

    A pesar de ello, Elektra interpuso un amparo el 29 de octubre, admitido a trámite por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, mientras la SCJN aún no calendariza la discusión de los recursos. Cinco de los créditos fiscales corresponden a Elektra y dos a TV Azteca, todos confirmados previamente por tribunales colegiados en cuanto a legalidad, quedando la Corte únicamente con cuestiones de constitucionalidad.

    En un último intento por frenar los fallos, Salinas Pliego incluso quiso impedir que los nueve ministros analizaran los casos, alegando un supuesto “ambiente adverso” por críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitud que fue desechada de inmediato.

    El conflicto fiscal entre el SAT y las empresas de Salinas Pliego suma más de una década, con adeudos que el empresario califica de “excesivos” mientras el fisco los considera legítimos. Una resolución definitiva de la SCJN podría sentar un precedente histórico en litigios fiscales corporativos y, de paso, recordarle a Salinas Pliego que ni todos sus canales de TV pueden comprar tiempo ante la justicia.

  • SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.

    La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.

    El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.

    Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.

    Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.

  • SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    SCJN establece que condenas por feminicidio no podrán ser reducidas por reinserción social

    La Suprema Corte sienta jurisprudencia: ningún juez podrá disminuir la pena de feminicidas alegando derecho a la reinserción social.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio bajo el argumento de su derecho a la reinserción social. La resolución revoca un fallo que había reducido de 50 a 42 años y medio de prisión la pena de Diego Urik Mañón, condenado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, maestra asesinada en Morelia en 2020.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el caso involucró un homicidio brutal: “La víctima murió por traumatismo cráneo encefálico, su cuerpo fue abandonado en un lugar despoblado, lo que obliga a revisar el actuar de la autoridad que redujo la pena”.

    El caso llegó a la Corte mediante el amparo directo en revisión 4872/2024, promovido por la familia de Jessica. Los tribunales de Michoacán habían reducido inicialmente la sentencia, decisión que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito.

    El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue aprobado por unanimidad. Ortiz Ahlf subrayó que el derecho a la reinserción social, previsto en el artículo 18 constitucional, “no es un factor que los jueces deban considerar al individualizar la pena, incluida la determinación del grado de culpabilidad”. Agregó que el tribunal debió sancionar la conducta conforme al contexto de violencia del delito.

    Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa resaltó la importancia de la perspectiva de género en la impartición de justicia: los tribunales anteriores ponderaron la juventud del acusado sobre el derecho de la víctima a ser protegida, lo que “privó a la víctima de su derecho de ser mujer”.

    Ahora, el Pleno ampara a las víctimas indirectas y establece que la reinserción social no puede ser argumento para disminuir la pena en casos de feminicidio. Además, ordena devolver el expediente al Tribunal Colegiado para emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Ministro Aguilar advierte: la Ley de Amparo no debe aplicarse de forma retroactiva

    Ministro Aguilar advierte: la Ley de Amparo no debe aplicarse de forma retroactiva

    El presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó la modernización del sistema de amparo, pero advirtió que su retroactividad sería inconstitucional y debe corregirse.

    El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria para modernizar el sistema judicial, pero advirtió que no debe tener carácter retroactivo, ya que eso vulneraría principios constitucionales.

    Durante un encuentro con medios, Aguilar calificó como “inadecuado” el artículo transitorio de la enmienda que permite aplicar las nuevas disposiciones de forma retroactiva y señaló que el Congreso deberá ajustarlo antes de su implementación.

    El ministro explicó que el actual proceso de amparo está burocratizado y que los múltiples recursos de impugnación lo vuelven “interminable”. Por ello, respaldó la intención de simplificar los procedimientos y acelerar la ejecución de sentencias, en especial en casos de relevancia social.

    La reforma, aprobada esta semana por el Senado de la República, busca fortalecer el amparo como instrumento de defensa ciudadana y evitar abusos, principalmente en materia fiscal, donde algunos contribuyentes han utilizado este recurso para eludir obligaciones tributarias. Además, se establece que la suspensión podrá negarse cuando se afecte el interés social o el orden público.

    Aguilar Ortiz destacó también que, a un mes del inicio de la nueva administración en la Corte, se ha logrado reducir el rezago histórico de casos. “Pasamos de resolver entre uno y cinco asuntos por sesión a un promedio de 12, lo que representa 116 casos atendidos entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre”, informó.

    El titular de la SCJN sostuvo que esta productividad refleja “una Corte más ágil, moderna y enfocada en garantizar el acceso real a la justicia”, aunque insistió en que las reformas deben hacerse sin comprometer la seguridad jurídica ni los derechos fundamentales de los ciudadanos.

  • ¡Renuncié! No me removieron

    ¡Renuncié! No me removieron

    Exasesor de la SCJ sostiene que él se fue del máximo tribunal y nunca fue notificado de sanciones por hechos de corrupción ni de faltas administrativas graves.

    Roberto Moreno Herrera, exsecretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (Sesna), confirmó su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se desempeñaba como coordinador de asesores de la Unidad de Administración.

    Sin embargo, alega que él se fue por su propia decisión.

    En una carta dirigida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Roberto Moreno señaló que su decisión tiene efectos a partir del 1 de octubre y declaró que su salida busca evitar que la polémica que lo rodea “menoscabe la imagen de esta honorable instancia colegiada”.

    Pero dice eso y dice más.

    Moreno Herrera argumenta que durante su paso por el SNA jamás fue notificado por sanciones por hechos de corrupción ni por faltas administrativas graves.

    Incluso, aseguró que su renuncia en febrero pasado al Sistema Nacional Anticorrupción fue por “motivos personales y familiares” y que fue aceptada por unanimidad por el Comité Coordinador, “sin señalamiento alguno de corrupción”.

    También sostiene que cumplió con el acta de entrega-recepción en tiempo y forma, sin observaciones dentro del plazo legal. “No obstante que se ha cumplido con todas las cuestiones legales al respecto, he sido víctima de acoso mediático que ha resultado en afectaciones no solo en lo moral, sino también en lo familiar”, afirma en la misiva.

    La controversia en torno a su nombramiento estalló después de que se diera a conocer que, pese a los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión en la Sesna —viajes no autorizados, manejo discrecional de plazas y mala gestión de recursos—, había sido incorporado al equipo del nuevo presidente de la SCJN.

    De hecho, la actual presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, envió una advertencia formal al Máximo Tribunal.

    Ahora, Roberto Moreno Herrera dice que no lo echaron, que se fue por voluntad propia.

  • Norma Piña tenía 150 asesores y gastos ascendían a más de nueve millones de pesos: Lenia Batres 

    Norma Piña tenía 150 asesores y gastos ascendían a más de nueve millones de pesos: Lenia Batres 

    La ministra desmiente el supuesto despilfarro de su equipo y revela que la anterior presidenta tenía casi el doble de asesores, con un costo superior a nueve millones en seis meses.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama desmintió este martes que su equipo cuenta con 78 asesores y puntualizó que la ex presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, concentraba el mayor número de personal, con 150 personas, lo que representaba un gasto de más de nueve millones de pesos solo en el segundo semestre de 2024.

    Batres Guadarrama aclaró que los sueldos de su equipo no superan el salario de la Presidenta y detalló que la mayoría del personal de las antiguas ponencias eran abogados y abogadas con funciones jurisdiccionales, dedicados al estudio y proyección de sentencias, y no simples asesores. “La Ministra presidenta no presentaba proyectos de sentencias a discusión”, subrayó.

    En su mensaje, la ministra compartió una tabla con la nómina de las ponencias anteriores, en la que destacó que el resto de los ministros tenía entre 45 y 74 trabajadores, con un gasto individual de 4.3 a 5.3 millones de pesos en seis meses. En total, las ponencias representaban 644 plazas y un gasto superior a 58 millones de pesos. La SCJN contaba con 3 mil 594 empleados y un presupuesto global de 5 mil 787 millones de pesos.

    Recientemente, el Ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, luego de la controversia presentada, redujo su equipo de ponencia de 103 a 84 asesores, y ajustó la estructura de secretarios de estudio y auxiliares. De igual manera enfatizó que su gestión tendría un “carácter estrictamente jurisdiccional”, recibiendo directamente asuntos para análisis y presentación de proyectos ante el Pleno.

  • SCJN avala Ley Minera de AMLO y refuerza rectoría del Estado sobre recursos estratégicos

    SCJN avala Ley Minera de AMLO y refuerza rectoría del Estado sobre recursos estratégicos

    La Suprema Corte revocó amparos contra la reforma minera de 2023, validando que solicitudes de concesiones pendientes pueden desecharse sin trámite y que la soberanía del Estado prevalece sobre derechos no consolidados.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos presentados contra la reforma a la Ley Minera y otras leyes, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en mayo de 2023. La decisión valida la constitucionalidad de un transitorio que permite desechar solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración.

    Con siete votos a favor y dos en contra, el Pleno aprobó los proyectos de la ministra Lenia Batres Guadarrama en los amparos 583/2024 y 123/2025. La Corte determinó que quienes solicitaron permisos antes de la reforma no contaban con un derecho adquirido, sino con una expectativa de derechos, que no garantiza la entrega automática de la concesión.

    El fallo también declaró infundado el cuestionamiento sobre el proceso legislativo que aprobó la reforma el 28 de mayo de 2023, conocido por la oposición como el “viernes negro”. La Corte sostuvo que solo los grupos parlamentarios tienen legitimación para impugnar posibles vicios formales, en protección del principio de deliberación democrática.

    Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra, argumentando que desechar solicitudes en trámite podría vulnerar la irretroactividad de la ley. Sin embargo, el ministro presidente Hubo Aguilar Ortiz respaldó el proyecto, enfatizando que la soberanía del Estado sobre recursos estratégicos debe prevalecer.

    Por su parte, la ministra Loretta Ortiz recordó que la minería es propiedad originaria de la Nación, y que las concesiones pueden concluir automáticamente sin que se considere retroactividad, invocando el artículo 27 constitucional para sustentar la facultad del Estado de regular el régimen de concesiones.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Hugo Aguilar mantiene 97 asesores con nómina de más de 6 millones al mes

    Hugo Aguilar mantiene 97 asesores con nómina de más de 6 millones al mes

    La presidencia de la Suprema Corte bajo Hugo Aguilar Ortiz concentra 97 asesores entre su ponencia, la Coordinación General y la Oficina de la Presidencia, generando polémica por los altos salarios y el aumento de personal.

    La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con 97 asesores, quienes en conjunto perciben 6 millones 58 mil pesos mensuales, según una investigación de Jorge García Orozco para Eme Equis, con datos obtenidos del portal oficial del máximo tribunal

    El equipo está distribuido en tres áreas: 60 asesores en la ponencia del ministro presidente, 28 en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia y 9 en la Oficina de la Presidencia. Los 60 asesores de la ponencia cobran 3 millones 278 mil pesos, mientras que los 28 de la coordinación suman 2 millones 106 mil pesos, y los 9 de la oficina perciben 637 mil pesos al mes.

    Estos números representan un incremento significativo respecto a administraciones anteriores. La ministra Norma Piña, por ejemplo, tenía apenas seis asesores en la Oficina de la Presidencia. La ponencia de Aguilar también revisa proyectos para el Pleno de la Corte, lo que justifica parcialmente la ampliación de personal.

    Entre los asesores destacan Vidulfo Rosales Sierra, defensor de derechos humanos y exvocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora secretario de Estudio y Cuenta, con un salario bruto mensual de 167 mil 671 pesos. También figura Daniel Wong Ibarra, vinculado anteriormente a estrategias de evangelización de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien percibe 97 mil pesos mensuales como secretario auxiliar.

    Al ser cuestionado sobre el número total de asesores, Hugo Aguilar Ortiz negó que sean 97 y prometió proporcionar cifras exactas próximamente, aunque los datos del portal de la SCJN registran claramente la plantilla y los sueldos, muchos de ellos superiores a los 100 mil pesos mensuales.

    Este aumento de personal y los elevados salarios generan polémica y cuestionamientos sobre la administración de recursos en el máximo tribunal, mientras el tribunal busca justificar el crecimiento por sus nuevas funciones jurisdiccionales y de apoyo al Pleno.