Familiares de víctimas de la guerra sucia en México exigieron verdad, justicia y reparación durante un evento en Chilpancingo. Activistas y defensores de derechos humanos presentaron la Lista Apresa, que incluye 183 nombres de desaparecidos.
La lista confirma la existencia de vuelos de la muerte, donde detenidos eran arrojados al mar. La periodista Marcela Turati, quien presentó la investigación, aseguró que el documento es auténtico y puede haber sido elaborado en 1975.
Turati destacó que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene más información sobre estos casos, pero no la ha entregado. La lista se detuvo en 1974, aunque los vuelos continuaron hasta 1979.
Los testimonios indican que las víctimas fueron detenidas por soldados y su rastro se pierde en instalaciones militares. La mayoría no fue vista después de 1975. La información presentada se suma a otros indicios que revelan la magnitud de las desapariciones durante este periodo oscuro de la historia de México.
Una presunta filtración masiva de más de cinco terabytes de archivos internos provenientes de Televisa ha destapado lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos mediáticos en la historia reciente de México. Conocida como Televisa Leaks, esta revelación realizada en el programa de Carmen Arisyegui, incluye chats, audios, guiones, documentos confidenciales y campañas diseñadas para atacar a periodistas, figuras públicas y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El caso comenzó con la denuncia de Germán Gómez García, exempleado de la televisora, quien reveló cómo el consorcio mediático diseñó campañas de difamación y desinformación, incluyendo el uso sistemático de cuentas falsas en redes sociales y la difusión de noticias manipuladas a través de múltiples plataformas.
Uno de los blancos más persistentes fue la misma Aristegui, contra quien se documentan más de 300 menciones internas en grupos de Telegram, además de estrategias de edición de video y campañas encubiertas para minar su credibilidad. La filtración también menciona cómo la gobernadora Layda Sansores fue blanco de campañas orquestadas, particularmente tras sus críticas a la relación entre Televisa y líderes del PRI.
Las revelaciones muestran además que, entre 2018 y 2024, un grupo interno identificado como Grupo Palomar presuntamente gestionó contenidos “a modo”, incluyendo perfiles positivos para ciertos personajes del ámbito judicial. Entre ellos figura el ministro Arturo Zaldívar, a quien se habría ofrecido apoyo en redes sociales y estrategia digital para reforzar su imagen como defensor de los derechos sociales. Si bien Zaldívar no es señalado como parte activa de estas campañas, el material filtrado lo muestra como beneficiario de una narrativa favorable que contrastaba con campañas negativas contra otros ministros.
Uno de los documentos más comprometedores expone un contrato por 47 millones de pesos adjudicado en 2019 a una empresa vinculada a la televisora para monitorear redes sociales y generar análisis de percepción pública hacia el Poder Judicial, firmado durante la gestión del exdirector de comunicación de la SCJN, César Castillejos Rangel.
La parte más oscura de la filtración apunta a la fabricación de denuncias falsas de abuso sexual infantil. El caso más grave: el del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, quien enfrentó un linchamiento mediático tras ser implicado falsamente mientras se encontraba enfermo de cáncer. Los materiales sugieren que los testimonios usados en su contra fueron grabados siguiendo guiones y editados para generar impacto mediático, con la participación de empleados de Televisa y la empresa Metrics.
Los documentos apuntan a una operación que no solo rebasó los límites éticos del periodismo, sino que puso en riesgo vidas y dañó profundamente la confianza en los medios. Si bien los documentos aún están en proceso de verificación independiente, la magnitud y el nivel de detalle han obligado ya a distintas figuras públicas a pronunciarse, mientras la televisora guarda silencio.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, se encuentra en el centro de la controversia tras revelaciones sobre una investigación en su contra por parte de la Security Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, relacionada con posible tráfico de influencias. Esta situación se desató en medio de su campaña para permanecer como Ministra del máximo tribunal del país.
Ortiz Ahlf respondió a las acusaciones asegurando que el expediente principal del litigio entre las hermanas Garza y Santander aún no ha sido formalmente admitido por la Suprema Corte. “Las actuaciones realizadas hasta ahora han sido exclusivamente de carácter procesal, no sustantivo”, afirmó la ministra, en respuesta a una nota publicada por el periódico El Financiero.
Sin embargo, la ministra no desmintió la denuncia en su contra y de su yerno, Abel Chávez, ante la SEC. En una carta publicada en sus redes sociales, destacó que su actuación en la Corte siempre se ha regido por un análisis jurídico riguroso, defendiendo su imparcialidad e independencia en el ejercicio de su función.
El caso en cuestión está relacionado con el amparo directo en revisión 3011/2021, que, según Ortiz Ahlf, aún no ha sido admitido ni resuelto por el pleno de la Corte. A pesar de esto, ha surgido preocupación entre algunos sectores sobre su intención de votar a favor de Rafael Zaga Tawil, quien enfrenta órdenes de aprehensión por delitos graves como lavado de dinero y delincuencia organizada, en un caso que involucra un desfalco al Infonavit por más de 5 mil millones de pesos.
En medio de estas controversias, la ministra se declaró como una mujer íntegra y afirmó que “la verdad prevalecerá”. Además, acusó a sus opositores de llevar a cabo una “guerra sucia” en su contra, intensificada por su búsqueda de permanecer en la SCJN.
Sin embargo, Ortiz Ahlf no abordó las inquietudes sobre la conexión de su yerno, Abel Chávez Salinas, con Santander y Zaga Tawil, ni sobre el abogado Jordi Oropeza y la posible asistencia financiera que pudo haber recibido para su campaña.
La situación genera un clima de incertidumbre en el ámbito judicial y político, mientras el país observa de cerca el desarrollo de este caso que podría tener repercusiones significativas en la confianza hacia la Suprema Corte.
Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen y la naturaleza de la campaña de guerra sucia que circula en redes sociales bajo las etiquetas #NarcoExPresidenteAMLO y #NarcoPresidentaClaudia. La mandataria rechazó rotundamente la veracidad de tales acusaciones, señalando que no existen fundamentos sólidos que respalden esos señalamientos.
Sheinbaum se mostró enfática al referirse a la falta de pruebas y calificó los ataques como meras especulaciones sin sustento, comparándolos incluso con relatos de ciencia ficción. Además, destacó que, pese al intento de generar un impacto mediático, las etiquetas no lograron influir en el resultado electoral, ya que su movimiento obtuvo más del 30% de los votos frente al segundo lugar.
La presidenta también denunció el financiamiento detrás de esta campaña de desinformación, señalando que se destinaron alrededor de 20 millones de pesos en cuatro días para impulsar tendencias falsas. Subrayó la importancia de investigar el origen de estos recursos y hacer responsables a quienes promueven el uso de cuentas automatizadas para manipular la conversación pública.
Campaña de bots y noticias falsas
Posteriormente, el periodista y analista Miguel Ángel Elorza, director de Infodemia, presentó un reporte sobre una campaña de desinformación vinculada al caso #Teuchitlán, donde se identificaron 87,866 cuentas bots que generaron aproximadamente 973,500 publicaciones en la red social ‘X’. Según Elorza, el análisis arrojó que el 48.26% de las cuentas emplearon hashtags en apoyo de la candidata del PRIAN 2024, mientras que el 59.2% participaron en ataques dirigidos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El informe evidencia cómo los recursos económicos y tecnológicos se emplean para intoxicar el debate político en las redes sociales, planteando dudas sobre la autenticidad de la conversación digital. La mandataria reiteró su compromiso con la transparencia y la verdad, destacando la necesidad de continuar investigando el origen de estos ataques sistemáticos y denunciando el uso de bots para distorsionar la opinión pública.
El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a causar controversia con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que arremetió contra Morena y lanzó duras críticas relacionadas con la inflación, los impuestos y la inseguridad en el país.
En su publicación, Salinas Pliego afirmó que “la inflación y los impuestos” son las herramientas que utilizan los políticos para empobrecer al pueblo, al mismo tiempo que acusó a las autoridades de “robar” y proteger a delincuentes. El empresario también cuestionó hasta cuándo el pueblo soportará estas condiciones o tomará acción para exigir una vida más segura.
😌😎 Inflación e impuestos: Las herramientas favoritas de los políticos para empobrecer a ese pueblo que dicen proteger… y del que no dejan de robar, al pueblo que el crimen organizado mata, envenena y extorsiona.
“¿Hasta cuándo aguantarán o cuándo se organizarán para pedir, a cambio de tanto impuesto, una vida más segura y que dejen de abrazar y proteger delincuentes?”, expresó.
Finalmente, remató con un mensaje dirigido directamente al partido político Morena: “Feliz Navidad y que Dios los cuide… porque Morena no los va a cuidar y les va a robar todo”.
Antes de que todos se ocupen con sus familias, les tengo un mensaje a todos mis colaboradores y sus familias, gracias por su entrega, por no rendirse y por dar la batalla junto conmigo frente a los abusos y errores del imperio!!!
Horas después, compartió un video acompañado de su esposa, dirigido a sus colaboradores y sus familias, en el que agradeció su apoyo y resistencia frente a lo que calificó como “abusos y errores del imperio”.
El mensaje de Salinas Pliego, cargado de críticas, generó reacciones encontradas en redes sociales, donde su postura polarizante volvió a quedar en evidencia.
En medio de una oleada de desinformación que busca desacreditar a la Cuarta Transformación (4T), el periodista Hans Salazar ha salido nuevamente al paso para desmentir una noticia falsa que circuló recientemente en redes sociales.
Un usuario que difunde noticias de Sinaloa publicó que “Usuarios reportan el ingreso de tanques militares a Culiacán, Sinaloa, ante la posible violencia tras la captura de Dámaso López Serrano, alias El Mini Lic, para evitar otro ‘Culiacanazo’”. Sin embargo, Hans Salazar desmintió categóricamente esta afirmación al señalar que el video usado para respaldar dicha noticia no corresponde a Culiacán ni a México. “¡Falso! Video de Turquía, de hace años”, apuntó Salazar, aclarando que las imágenes son del año 2016 y pertenecen a un evento completamente ajeno a la situación actual en Sinaloa.
La noticia falsa no solo pretendía sembrar el pánico, sino también desacreditar las estrategias de seguridad implementadas por la 4T. Este tipo de campañas, que forman parte de una estrategia de desinformación recurrente, buscan erosionar la confianza en el gobierno y en sus políticas de seguridad.
Pese a los intentos de desinformación, esta semana se destacó un mensaje alentador de la presidenta, quien subrayó los avances en seguridad logrados bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según las declaraciones, los esfuerzos coordinados han permitido controlar la situación de violencia derivada del operativo ilegal orquestado por Estados Unidos para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada.
El abogado penalista César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió públicamente a una declaraciones transmitidas por Noticieros Televisa, a cargo de la periodista Danielle Dithurbide. En la cápsula, se hizo referencia a su registro como aspirante al cargo, pero Gutiérrez Priego acusó a la televisora de omitir sus más de 25 años de trayectoria profesional y académica, y de presentarlo únicamente como el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, vinculado en el pasado a acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Gutiérrez Priego calificó como falsas las afirmaciones de que su padre habría protegido al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”. Según su versión, el general Gutiérrez Rebollo fue el único militar mexicano que arrestó al capo.
MI RESPUESTA A TELEVISA.
El día de hoy Noticieros Televisa a través de Danielle Dithurbide hicieron mención de mi registro como candidato a Ministro de la Suprema Corte, durante la cápsula mientras al panista Roberto Gil Zuarth resaltan su carrera política como secretario… pic.twitter.com/69GSQotTwj
El abogado denunció que su familia fue objeto de represalias durante el gobierno de Ernesto Zedillo, tras descubrir vínculos de la familia presidencial con el Cártel de Colima. “Mi padre notificó a las autoridades sobre esto y fue arrestado. Su familia fue asediada, mi madre y mi hermana amenazadas, y mi hermano y yo fuimos secuestrados y torturados para declarar en su contra. Éramos apenas unos jóvenes”, relató.
Gutiérrez Priego aseguró que estas circunstancias marcaron su decisión de dedicarse al derecho penal, con el objetivo de sacar a su padre de prisión y limpiar su reputación, lo cual logró tras años de litigio. Desde entonces, afirmó que se ha especializado en defender a personas inocentes injustamente encarceladas.
Respecto a los señalamientos de Televisa, el abogado exigió ejercer su derecho de réplica conforme a la Constitución, evidenciando a la televisora por omitir información clave sobre su carrera y su labor como abogado. “No soy ingenuo, sabía que al inscribirme como candidato se encendería la guerra sucia. Aun así, no tengo mayor orgullo que ser hijo de mi padre”, afirmó.
Una nueva ofensiva en redes sociales dirigida contra las mujeres líderes de MORENA y figuras pro-4T ha sido impulsada artificialmente a través del hashtag #MisoginiaVsMujeresMorena. Según una investigación de Carlos Augusto Jiménez, este ataque coordinado se ha realizado mayoritariamente por cuentas automatizadas y trolls al servicio de grupos conservadores, quienes buscan socavar la imagen de la Cuarta Transformación y sus figuras más visibles.
La cuenta @QueensRobot ha sido identificada como una de las más activas en la difusión del hashtag, misma que ya ha sido denunciada anteriormente por promover ataques contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La campaña digital comenzó el viernes 11 de octubre alrededor de las 8:00 p.m., alcanzando su punto más alto el 13 de octubre a las 9:00 p.m. Desde entonces, ha generado más de 20 mil interacciones, la mayoría de ellas con un tono altamente negativo.
Uno de los usuarios más activos de este hashtag es la cuenta @QueensRobot, que ya sido denunciada como cuenta propagadora de los ataques contra el expresidente #AMLO, lo cual celebra en su perfil (2/7). pic.twitter.com/vXJDmgtn7f
El perfil demográfico de quienes participaron en la difusión de esta campaña revela que el 48.4% son hombres de entre 25 y 34 años, mientras que un 28.6% son jóvenes de entre 18 y 24 años. Aunque las mujeres líderes de MORENA son el principal blanco, otras figuras clave de la 4T, como la presidenta Claudia Sheinbaum, AMLO y su hijo Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de organización del partido, también han sido objeto de ataques.
El perfil de las cuentas que participaron en el hashtag revela que son principalmente hombres de entre 25 y 34 años (48.4%) y hasta un 28.6% de entre 18 y 24 años (4/7). pic.twitter.com/8VERKsHwph
Jiménez señala que gran parte de las interacciones provienen del extranjero, en particular de países como España y Colombia. Sin embargo, en México, la campaña ha tenido una fuerte presencia en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, concentrando el 75.6% de la actividad. El investigador concluye que el liderazgo femenino dentro de la 4T y su creciente apoyo popular parecen incomodar profundamente a los sectores conservadores, quienes recurren a estrategias de desinformación y misoginia para intentar debilitarlos.
Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló un incidente que le relató la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle. Según López Obrador, durante la campaña a la gubernatura, Nahle fue contactada por una televisora que le exigió 200 millones de pesos, alegando tener información de corrupción relacionada con la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas.
Este no es el primer señalamiento que el presidente ha hecho sobre el tema. En mayo, López Obrador se dirigió públicamente a Emilio Azcárraga, pidiendo a Televisa que cesara su campaña de desprestigio contra Nahle. El presidente subrayó que, si existen pruebas de corrupción, deberían ser presentadas ante las autoridades competentes y no utilizarse para calumniar. “Es que sí calienta”, comentó, refiriéndose a las acusaciones infundadas que, según él, los medios han promovido en contra de su gobierno y sus colaboradores.
López Obrador instaba a los medios de comunicación a actuar con ética y respeto hacia los ciudadanos. Cuestionó la veracidad de las acusaciones de corrupción y desafió a los medios a demostrar sus afirmaciones. “¿Dónde están las pruebas?”, preguntó en mayo, refiriéndose a las campañas que, según él, intentan desacreditar su administración y a figuras clave como Rocío Nahle.
El presidente concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la transparencia y ética en el gobierno, y justificó su llamado a los medios como una defensa de la verdad y el respeto hacia los ciudadanos.
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González, destina entre 200 mil y 3.4 millones de pesos en cada una de sus investigaciones y proyectos, según reveló la periodista Nancy Flores para Contralínea.
Entre los gastos destacados se incluyen “litigios estratégicos” utilizados para oponerse a las principales obras de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como los más de cien juicios de amparo interpuestos contra el Aeropuerto de Santa Lucía y para evitar la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
En 2021, el proyecto que más recursos recibió fue el “C-13-21 Proyecto serie documental 3”, con un presupuesto de 3 millones 445 mil 864 pesos. Ese mismo año, el gobierno estadounidense entregó 14 millones 655 mil 257 pesos a la agrupación, mientras que el sector empresarial aportó 23 millones 236 mil 555 pesos.
Otros proyectos que superaron el millón de pesos en financiamiento incluyen:
“C-15-19 Proyecto serie documental 1”, con 3 millones 361 mil 175 pesos.
“IA-6-20 Programas de beneficio social 2”, con 1 millón 672 mil 358 pesos.
“IA-7-20 Programas de beneficio social 3”, con 1 millón 657 mil 238 pesos.
“IA-5-20 Guía para la defensa del estado de derecho”, con 1 millón 409 mil 473 pesos.
“IA-8-16 Investigación percepciones sobre corrupción en México 2021”, con 1 millón 385 mil 952 pesos.
“IA-3-20 Programas educativos de beneficio social 1”, con 1 millón 118 mil 974 pesos.
“IA-1-21 Integridad empresarial-videos”, con 1 millón 28 mil 961 pesos.
“C-10-21 Proyecto serie documental 2”, con 1 millón 28 mil 435 pesos.
Además de estos proyectos, MCCI destinó fondos significativos a diversas investigaciones específicas en 2021. Entre ellas se encuentran:
“IP-04-16 Investigación de contratos de construcción a personajes ligados con funcionarios públicos”, con un gasto de 363,962 pesos.
“IP-02-17 Investigación feminicidios”, con 368,058 pesos.
“IP-06-17 Investigación sobre casos de corrupción en América Latina y sus nexos con México”, con 679,583 pesos.
“IP-07-17 Investigación #Miedificio”, con 440,894 pesos.
“IP-15-19 Investigación inmobiliaria”, con 362,942 pesos.
“IP-21-19 Investigación Pegasus”, con 412,308 pesos.
“IP-12-20 Investigación salud 1”, con 447,148 pesos.
“IP-16-20 Investigación COVID infraestructura hospitalaria”, con 552,811 pesos.
“IP-22-20 Investigación energías limpias y seguridad zona este del país”, con 958,469 pesos.
“IP-04-21 Investigación manejo de vacunas”, con 706,330 pesos.
“IP-10-21 Investigación Segalmex”, con 523,766 pesos.
“IP-11-21 Investigación minera”, con 391,458 pesos.
“IP-23-21 Investigación obra aeropuerto”, con 454,051 pesos.
“IP-24-21 Investigación sector energético”, con 514,377 pesos.
“C-08-21 Investigación penitenciarias”, con 441,998 pesos.
MCCI destinó un total de 43 millones 28 mil 087 pesos en sus investigaciones en 2021. Según la organización, sus investigaciones más destacadas de ese año fueron:
“Remodelará gobierno de AMLO estadio para equipo de béisbol presidido por Pío López Obrador”.
“El ‘carrusel’ de dinero del secretario de López Obrador”.
“Análisis del paquete económico 2022: el presupuesto de un solo hombre”.
“Segalmex adjudicó 797 millones a red operada por ‘facturero’”.
“La SFP de Irma Eréndira pagó pruebas Covid caras a empresa sin empleados”.
“Revocación del mandato de AMLO: sus reglas”.
“El primer año de AMLO y la ASF: 100 mil millones de pesos de irregularidades”.
“Gobierno de AMLO descubre desvío de $500 millones de Manuel Velasco”.
“Ley Zaldívar: ¿inconstitucional?”.
“La mentira de Sheinbaum: recortes y subejercicios en el Metro”.
Estos proyectos y gastos reflejan la amplia inversión de MCCI en su guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
