Después de casi 20 años preso por un montaje televisivo que lo vinculó falsamente con secuestros, Israel Vallarta recuperó su libertad el 1 de agosto de 2025. La Suprema Corte declaró ilegal la evidencia en su contra y confirmó la fabricación de culpables en uno de los casos más emblemáticos de corrupción judicial en México. Sin embargo, su lucha no termina: su hermano y sobrino aún permanecen en prisión bajo cargos similares.
En una entrevista para Milenio, Vallarta detalla que fue víctima de tortura y acusado como líder de la supuesta banda “Los Zodiaco”, grupo inexistente según la Fiscalía General de la República (FGR). Su abogado, Arturo Robles Feria, denunció las trabas y dilaciones de la Fiscalía para evitar la revisión completa del caso, pero la justicia finalmente reconoció la inocencia de Vallarta y ordenó su liberación absoluta.
Aunque ya libre, Israel apenas duerme por la presión mediática y la exigencia de continuar la lucha para liberar a su familia. Aceptó una beca universitaria para estudiar Derecho y busca recuperar su dignidad tras dos décadas de injusticia. Junto a su esposa Mary Sainz, activista clave en su caso, planea consolidar un nuevo proyecto de vida y seguir exigiendo justicia.
Israel también prepara la batalla para que el Estado mexicano repare el daño causado, aunque sabe que los años perdidos no tienen retorno. Su caso es un símbolo de resistencia contra la corrupción y la impunidad, y un llamado urgente a proteger los derechos humanos en el sistema judicial.
La historia de Vallarta no solo marca un precedente en la lucha por la libertad, sino que evidencia la necesidad de transformar un sistema que aún encierra inocentes por montajes y abusos.
Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano del blindaje vehicular. La decisión responde a sospechas de actividades ilícitas.
Margolis está vinculado a investigaciones sobre su empresa Epel LLC, que opera en Florida. Se sospecha que esta compañía transfería activos entre México y Estados Unidos de manera irregular.
En México, Margolis enfrenta indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la Fiscalía General de la República. Las investigaciones apuntan a contratos públicos y recursos de origen ilícito.
Desde 2019, su empresa Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales por más de 445 millones de pesos. Las autoridades analizan una posible red de empresas fachada.
Margolis ha sido mencionado en casos judiciales mediáticos, como el caso Wallace y el caso Vallarta-Cassez. Su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es notable.
A pesar de su deteriorada salud, Margolis mantiene influencia en entornos penitenciarios. La revocación de su visa destaca las conexiones entre corrupción y redes empresariales en México y Estados Unidos.
Israel Zaragoza Rico, actual subsecretario del C5i en Hidalgo, fue acusado públicamente por Israel Vallarta de haber participado en actos de tortura cuando formaba parte de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), junto a Genaro García Luna.
El señalamiento se dio durante una entrevista de Vallarta en el noticiario de Carmen Aristegui, donde mencionó a Zaragoza como uno de los funcionarios que habrían intervenido en los hechos ocurridos hace 20 años, en el caso del supuesto grupo de secuestradores conocido como “Los Zodiaco”.
Vallarta fue liberado la semana pasada, luego de casi dos décadas en prisión sin sentencia, y ha comenzado a nombrar a quienes —según él— participaron en el montaje y su detención arbitraria.
Ante ello, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, declaró que Zaragoza Rico deberá aclarar su situación, aunque hasta el momento no existe más que el testimonio de Vallarta. “Partimos de la presunción de inocencia”, dijo el mandatario estatal.
Menchaca dejó entrever que al funcionario se le dará tiempo para presentar pruebas, por lo que podría separarse temporalmente del cargo en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) mientras se investiga el caso.
La liberación de Israel Vallarta Cisneros el 1 de agosto de 2025 generó atención mediática. Una jueza federal determinó que la Fiscalía General de la República no comprobó su responsabilidad en varios delitos.
Florence Cassez, involucrada en el mismo caso, fue liberada en 2013 tras un amparo de la Suprema Corte de Justicia. Ella y Vallarta fueron detenidos en 2005 en un operativo organizado por Genaro García Luna.
Aunque Cassez no ha hecho declaraciones directas sobre la liberación de Vallarta, ha estado activa en redes sociales. Compartió publicaciones de Mary Sainz, esposa de Vallarta, quien celebró la noticia en X.
Cassez también publicó un cartón del caricaturista Helio Flores en sus redes. Este dibujo critica los montajes de García Luna y menciona a figuras como Carlos Loret de Mola y Felipe Calderón.
En X, Cassez retuiteó un mensaje que pide condenar a Calderón. El mensaje destaca que la liberación de Vallarta cierra un capítulo de injusticias que afectó a personas inocentes como ella.
Israel Vallarta salió de prisión después de casi 20 años en el Altiplano. En un video, envió un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola, quien participó en su montaje.
Vallarta dijo: “No te odio, porque todo cae por su propio peso”. También mencionó que les gustaría tener una conversación cara a cara.
El ex detenido invitó a Loret a su programa para hablar sobre su caso. “Me debes una plática, me debes una explicación”, afirmó Vallarta.
Israel Vallarta fue absuelto de cargos de delincuencia organizada y secuestro tras un fallo judicial. Al salir, agradeció a quienes no creyeron en las “verdades ocultas” de gobiernos pasados.
La detención de Vallarta en 2005 fue un montaje orquestado por el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Ahora, busca cerrar este capítulo de su vida.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno del usurpador Felipe Calderón, fue trasladado a la prisión ADMAX USP Florence en Colorado. Esta prisión, conocida como Super Max, también alberga a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
García Luna, cuyo número de registro es 59745-177, fue condenado el 16 de octubre a más de 38 años de prisión. Aunque los fiscales pedían cadena perpetua, evitó esa sentencia. Sin embargo, recibió casi el doble de la pena solicitada por sus abogados.
Joaquín Guzmán, sentenciado a cadena perpetua en 2019, se encuentra en la misma prisión de máxima seguridad. Según la oficina federal de prisiones de EE.UU., García Luna podrá salir de prisión el 19 de junio de 2052.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una compleja red de lavado de dinero orquestada por cárteles mexicanos a través de “mulas” que operaron desde bancos del sur de California, pero sin mencionar los nombres de las instituciones estadounidenses involucradas. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), más de 9.1 millones de dólares fueron enviados a México mediante depósitos en efectivo y transferencias electrónicas entre 2013 y 2024.
Los fondos, según el informe, llegaron principalmente a cuentas de Intercam y Vector, aunque también se involucra a CIBanco. Pese a la gravedad de las acusaciones, el gobierno de Estados Unidos no identificó públicamente a los bancos corresponsales en su territorio que facilitaron estas operaciones. Tampoco se informó si se iniciaron procesos legales o sanciones contra dichas entidades financieras.
La investigación menciona casos concretos. Una presunta mula del Cártel de Sinaloa transfirió más de 2 millones de dólares a Vector entre 2013 y 2021, mientras que otra realizó más de 600 depósitos por 2.6 millones de dólares a Intercam entre 2021 y 2024. En otro periodo, se documentaron 431 depósitos adicionales por 1.4 millones y 81 transferencias más por 1.2 millones, también hacia Intercam. Todas las operaciones ocurrieron desde cuentas abiertas en California.
Sin presentar pruebas directas, el Departamento del Tesoro señala a Vector como la vía para que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, recibiera sobornos del Cártel de Sinaloa. A pesar de que el exfuncionario ya fue condenado en EE. UU., el Tesoro apunta sin reservas que Vector “participó en transacciones que involucraron el producto de sobornos” de manera sistemática durante varios años.
Las autoridades mexicanas respondieron con cautela. La Secretaría de Hacienda informó que recibió la notificación del Tesoro, pero sin pruebas contundentes. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en la mañanera que no existen indicios claros que comprueben los vínculos de García Luna con Vector desde México, aunque aseguró que las investigaciones siguen su curso. Hacienda confirmó que las tres instituciones mexicanas serán intervenidas por las autoridades regulatorias nacionales.
Más allá del caso García Luna, el Tesoro también afirma que algunos empleados de CIBanco e Intercam sabían que participaban en esquemas de lavado. Según el informe, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación para negociar esquemas de lavado a través de transferencias desde China. En 2023, un trabajador de CIBanco habría ayudado, a sabiendas, a crear una cuenta para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un presunto miembro del Cártel del Golfo.
Mientras Estados Unidos omite señalar a sus propios bancos, el sistema financiero mexicano vuelve a colocarse en el centro de acusaciones internacionales por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades mexicanas ahora enfrentan el reto de investigar a fondo y sin simulaciones, y de exigir al gobierno estadounidense transparencia sobre el papel de sus bancos en el lavado global del narcotráfico.
El famoso Tequila Revolución se encuentra en medio de un escándalo de lavado de dinero. La marca de tequila está vinculada a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, acusado de desvío de fondos.
Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado como socio y prestanombres de García Luna, enfrenta una demanda de Blue Agave Imports, LLC. Esta compañía de Florida representa a Tequila Revolución y acusa a Weinberg de inducción fraudulenta e incumplimiento de contrato.
Según el documento legal, Weinberg habría utilizado Tequila Revolución para lavar al menos 150 mil dólares. Estos fondos provienen de contratos inflados durante la administración de Felipe Calderón. Las acusaciones sugieren que la empresa sirvió como un “alter ego” para canalizar recursos ilícitos hacia otras firmas administradas por él, como W. Gourmet Group LLC.
El conflicto se originó en agosto de 2015, cuando Blue Agave firmó un acuerdo para representar exclusivamente a Tequila Revolución en Estados Unidos. Sin embargo, la demanda indica que desde julio de 2013, Weinberg ya utilizaba las cuentas de la tequilera para realizar transferencias ilegales.
La denuncia sostiene que Weinberg formó parte de una conspiración para ocultar y blanquear más de 250 millones de dólares. Este dinero fue robado al gobierno mexicano por García Luna. Además, el documento revela que Weinberg ofreció a Blue Agave un financiamiento anual de 550 mil dólares y otros incentivos económicos para expandir la marca en Estados Unidos.
A pesar de las promesas, Weinberg no cumplió con los compromisos. Cuando surgieron los primeros problemas, él atribuyó la falta de recursos a una “escasez de efectivo temporal”. La situación incluso llevó a los empresarios estadounidenses a México en su jet privado, generando la ilusión de fondos ilimitados.
Después de la detención de García Luna en 2020, Weinberg intentó minimizar la relación. Afirmó que el exfuncionario era solo un amigo y que su situación legal no impactaba a la empresa. Sin embargo, Blue Agave sostiene que sus vínculos eran mucho más cercanos, lo que causó daños económicos significativos.
El caso sigue abierto y busca una compensación por daños que supera los 30 mil dólares, sin incluir honorarios legales e intereses. La situación de Tequila Revolución pone en evidencia las sombras que pueden esconderse detrás de una marca.
Después de años de juicios y escándalos, la familia Weinberg ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Este cambio de estrategia les permite pasar de acusados a testigos . El acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pone fin a un prolongado juicio civil en Miami, que buscaba recuperar 600 millones de dólares relacionados con contratos públicos fraudulentos.
Recientemente, los Weinberg notificaron a la Corte del Décimo Primer Circuito Judicial en Miami-Dade sobre el acuerdo confidencial. Por lo tanto, solicitaron desechar la demanda que nunca llegó a juicio con jurado.
Además, la UIF anunció que se habían programado audiencias ante un juez mexicano para implementar los términos del acuerdo. Sin embargo, estas audiencias se aplazaron para la próxima semana. Estaban relacionadas con el proceso penal que enfrentan los Weinberg en México.
El juicio civil se centró en 28 inmuebles en Florida, adquiridos a través de empresas de papel vinculadas a la familia. Hasta ahora, al menos dieciocho de estas propiedades se han vendido por más de 28 millones de dólares. Estos fondos forman parte de la reparación del daño que los Weinberg deberán cubrir.
En el marco del acuerdo, la familia Weinberg aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) como testigos. Este compromiso les permite enfrentar cargos penales con la posibilidad de una reducción de penas o incluso la exoneración, a cambio de su cooperación y el pago de la reparación del daño.
Este acuerdo marca un avance significativo en las investigaciones contra Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. Según la demanda civil, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y luego se asoció con ellos.
La colaboración de la familia Weinberg podría ser clave en la lucha contra la corrupción en México. Este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno mexicano por obtener justicia y desmantelar redes de corrupción vinculada.
