La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, con el objetivo de reforzar las herramientas del Estado mexicano en el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.
Con 349 votos a favor en lo particular y 297 en lo general, la ley incorpora nuevas disposiciones como el reconocimiento del delito de financiamiento al terrorismo y su encubrimiento, alineándose con estándares internacionales y reforzando el marco jurídico nacional frente a organizaciones criminales.
Entre los avances más destacados está la ampliación del catálogo de “actividades vulnerables” para una mejor detección de operaciones sospechosas en sectores clave como el inmobiliario, las criptomonedas y los fideicomisos. Además, se fortalecerá la supervisión sobre las llamadas “personas políticamente expuestas”, con el fin de cerrar espacios a la corrupción y al uso indebido de recursos públicos.
Con esta legislación, México da un paso firme hacia una mayor transparencia financiera, protección institucional y cooperación internacional para garantizar un país más seguro y con mayor rendición de cuentas.
Las reformas serán ahora enviadas al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Durante el primer trimestre de 2025, México registró 35 mil 200 millones de intentos de ciberataques, convirtiéndose en el segundo país más afectado en Latinoamérica. La firma de ciberseguridad Fortinet dio a conocer esta alarmante cifra en su último reporte sobre el Panorama Global de Amenazas 2025, elaborado por FortiGuard Labs.
Los cibercriminales emplean herramientas avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), para realizar labores de reconocimiento más específicas y difíciles de detectar. Este escenario representa uno de los mayores desafíos para las empresas mexicanas.
A nivel global, se han identificado 1.9 billones de intentos de ciberataques, un aumento del 16.7% en comparación con 2024. Fortinet señala que los delincuentes ahora utilizan sistemas automáticos para escanear y monitorear a sus posibles víctimas.
“El escaneo activo en el ciberespacio alcanzó niveles sin precedentes en 2024, con un aumento del 16.7% a nivel mundial”, destacó el informe. FortiGuard Labs observó miles de millones de intentos de escaneo cada mes, lo que equivale a 36 mil escaneos por segundo.
La IA se ha convertido en una herramienta clave para los cibercriminales, quienes la utilizan en técnicas como phishing, suplantación de identidad y extorsión. Los grupos de cibercrimen están especializándose, redoblando esfuerzos en segmentos específicos de la cadena de ataque.
Un informe de The Competitive Intelligence Unit revela que, en México, alrededor de 13 millones 500 mil internautas han sido víctimas de fraudes cibernéticos relacionados con phishing. En promedio, cada uno perdió ocho mil 750 pesos tras ser vulnerado.
Ante este panorama complejo, las empresas deben mejorar sus medidas de ciberseguridad. Fortinet advierte que la falta de habilidades en este campo es un problema creciente. Actualmente, existe una escasez global de 4.8 millones de profesionales en ciberseguridad, de los cuales 1.3 millones pertenecen a América Latina y el Caribe.
La inteligencia artificial, especialmente la generativa, se utiliza para complementar los equipos de ciberseguridad. Permite reaccionar rápidamente a los cambios en las redes y detectar amenazas potenciales más eficazmente que los humanos.
El error humano sigue siendo una puerta de entrada común para los cibercriminales. Fortinet recomienda crear una cultura sólida de ciberseguridad y capacitar a los empleados sobre las amenazas actuales. Esto puede convertir a los colaboradores en la primera línea de defensa contra ataques cibernéticos.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que administraciones anteriores dejaron “devastado” y “con enorme impacto en los servicios de salud”, actualmente se está salvando, según el gobierno federal.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), criticó a los directivos del instituto por haber comenzado a privatizar los servicios médicos en 2007 para favorecer a empresas privadas, algunas de las cuales eran propiedad de funcionarios públicos, políticos y personas reconocidas.
También se identificó un abandono de las unidades médicas y un desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras.
“El instituto estaba devastado. Las anteriores administraciones lo dejaron como un cascarón y con una enorme afectación a los servicios de salud, la privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al instituto sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención a los derechohabientes”.
La falta de medicamentos del instituto, según la titular de la SSPC, se debió a errores en la gestión de inventarios, robos y corrupción.
Fraude
Félix Medina Padilla, Fiscal Federal, reveló un esquema de fraude y hurto en el ISSSTE que afectó su patrimonio durante más de 12 años y costó alrededor de 15 mil millones de pesos.
En este esquema participaron extrabajadores y exdirectivos de la institución, quienes obtuvieron aumentos ilegales en sus pensiones.
Por estos hechos se han judicializado a 22 personas y vinculado a proceso a ocho, acusados de los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones y ejercicio ilícito del servicio público.
Por su parte, Pedro Zenteno, director del ISSSTE, indicó que se detectaron pensiones irregulares que “rebasan el monto establecido, que es el tope de alrededor de 31 mil pesos como máximo para la pensión de servidores públicos”.
“Hay cinco pensiones que están fuera de la norma, de 273 mil pesos, 236 mil pesos, 186 mil pesos, 138 mil pesos y 129 mil pesos que fueron otorgadas en el año 2000, 1995, 2000, 1999 y 2005, respectivamente. Son pensiones irregulares de exfuncionarios derivadas de sentencias de tribunales”.
El presidente de Morena Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, denunció que en la Alcaldía Benito Juárez no sólo reina la corrupción sino también la opacidad. Asimismo, señaló que Santiago Taboada y su equipo se han dedicado a ocultar información sobre las irregularidades cometidas en la demarcación durante más de 10 años de gobiernos panistas.
“Santiago Taboada está reprobado en materia de transparencia. En Benito Juárez hay una política sistemática de ocultamiento de información pública; acá estamos exponiendo como no transparentan la información que por ley deben de darle a la ciudadanía, pero no olvidemos que el mayor desastre de los últimos, quizá, 20 ó 30 años de destrucción de información pública sucedió en Benito Juárez en 2020, cuando misteriosamente se inundaron las bodegas con documentación de la Alcaldía Benito Juárez, por cierto documentación vinculada al Cártel Inmobiliario”.
-Sebastián Ramírez
En conferencia de prensa, el dirigente partidista destacó que en el Índice Global de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (IGOT), realizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Alcaldía Benito Juárez obtuvo 59.06 puntos, es decir, la peor calificación en la materia.
Ramírez Mendoza sostuvo que personajes tan oscuros como Taboada deberían de estar fuera de la política e indicó que es absurdo que el edil pretenda gobernar la Ciudad cuando esconde la información que se le solicita y que -en su mayoría- tiene que ver con los robos y fraudes cometidos por el Cártel Inmobiliario.
“Quiero expresar nuestra preocupación de que la información que se está ocultando nos lleve a recursos que se estén desviando para la campaña de Santiago Taboada. Vamos a seguir indagando en este tema, vamos a seguir dando a conocer sobre este asunto y preguntarle desde aquí a Taboda ¿Qué ocultas? ¿Estás sacando recursos de la Alcaldía Benito Juárez para tu campaña? Si es así ¡Detente… Detente Santiago Taboada! y exigirle a la Alcaldía que ya se ponga al día con los documentos y la documentación”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, Gonzalo Espina Miranda, lamentó que Benito Juárez sea un territorio en donde se esconde todo a todos.
Mencionó que Taboada ha sido un hombre poco transparente y prueba de ello es que sigue sin aclarar en dónde están los más de 8 millones de pesos destinados a los programas sociales de la demarcación.
“La falta de transparencia en todos los ámbitos es un asunto sumamente delicado, pero las acciones de Taboada dejan mucho que pensar y más ahora que ha hecho públicas sus aspiraciones políticas. O será que el alcalde está utilizando los recursos públicos destinados a las personas menos favorecidas de su alcaldía para formar un ejército electoral. Esto sería delicado, y podría constituir una falta a las disposiciones de las leyes electorales de la Ciudad”.
Por su parte, la secretaria general de Morena Ciudad de México y diputada local, Lourdes Paz, dijo que se pedirá a la Secretaría de la Contraloría General que investigue y, en su caso, sancione el incumplimiento a las obligaciones de transparencia que han tenido las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez.
“¿Qué esconde el alcalde Santiago Taboada y su administración? ¿Por qué no quieren hacer público nada de lo que hacen? Su página ni siquiera está actualizada; quiere representar a una Ciudad tan transparente, a ciudadanos tan comprometidos, y no puede pedir que su página de internet esté actualizada y con todo el acceso que requiere la ciudadanía”.
En tanto, la diputada local de Morena Nancy Núñez Reséndiz señaló que la ciudadanía tiene el derecho de conocer cómo y en qué se gastan los recursos públicos, por lo que exigió a Santiago Taboada entregue la información que se le solicita.
“Muestran una opacidad terrible, y con ello están negando el derecho a la información a los ciudadanos; además que esta acción, puede traer otras consecuencias como la corrupción ante la falta de transparencia”.
El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, por lo que -con sus acciones- Santiago Taboada viola flagrantemente la ley.
Un duro y severo castigo ha recibido Ernst & Young, los encargados, al menos en el futbol mexicano, de parte del proceso de certificación de los clubes para poder ascender a la Liga MX.
La misma firma Ernst & Young fue la encargada hace algunos años de las investigaciones en el caso del Club Veracruz y el polémico tema de los dobles contratos, en los tiempos en los que Fidel Kuri era el propietario del cuadro de los Tiburones Rojos.
Ernst & Young fue castigada por las autoridades de los Estados Unidos y ahora tendrán que pagar una multa de 100 millones de dólares, por las malas prácticas que les fueron encontradas hace poco.
Con este tema, en la Liga MX podrían decidir algún cambio en cuanto a buscar quiénes pueden llevar el tema de las certificaciones, con el objetivo puesto hace tiempo de aumentar los clubes en la primera división.
¿Por qué vino la sanción para Ernst & Young?
El gobierno de los Estados Unidos lanzó un comunicado en su sitio web donde explican que la multa para Ernst & Young se da por el siguiente tema:
“Por hacer trampa por parte de sus profesionales de auditoría en los exámenes requeridos para obtener y mantener las licencias de Contador Público Certificado”, mencionaron en la información publicada.
Además, especifican, ocultaron evidencia, que agravó más el caso: “Y por ocultar evidencia de esta mala conducta a la División de Cumplimiento de la SEC durante el mandato de la División”.
Ernst & Young aceptó la importante y fuerte multa impuesta
La firma Ernst & Young aceptó la fuerte multa impuesta por Estados Unidos por estas malas prácticas.
“EY (Ernst & Young) admite los hechos que subyacen a los cargos de la SEC y acepta pagar una multa de $100 millones y emprender amplias medidas correctivas para solucionar los problemas éticos de la empresa”, destacan en el comunicado ya mencionado.
Los fundamentos del gobierno estadounidense para la sanción a Ernst & Young
Estos fueron los fundamentos del gobierno estadounidense para la sanción a Ernst & Young.
EY violó una regla de la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) que exige que la empresa mantenga la integridad en el desempeño de un servicio profesional.
Cometió actos desacreditables para la profesión contable.
No mantuvo un sistema adecuado de control de calidad.
