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  • Emiten ficha de búsqueda para localizar a Ceci Flores y Segob trabaja coordinadamente con diferentes niveles de gobierno; la madre buscadora ya había sido declarada como desaparecida y encontrada sana y salva en 2023

    Emiten ficha de búsqueda para localizar a Ceci Flores y Segob trabaja coordinadamente con diferentes niveles de gobierno; la madre buscadora ya había sido declarada como desaparecida y encontrada sana y salva en 2023

    La Secretaría de Gobernación (Segob) que encabeza Luisa Alcalde, informó que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y dependencias correspondientes para localizar a Ceci Flores, Aunque en 2023 también había sido reportada como desaparecida y fue hallada con vida.

    A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Segob compartió una ficha de búsqueda emitida por la Secretaría de Gobierno y la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, en donde se describen sus características físicas y señas particulares de Ceci Flores, quien fue vista por última vez el pasado 16 de junio en el estado de Querétaro.

    Esto luego de que, la líder del Colectivo de Madres Buscadoras en Sonora fue reportada como desaparecida este lunes por organizaciones sociales y activistas, luego de que sus familiares no pudieran comunicarse con ella.

    Cabe recordar que, ya había sido reportada como desaparecida el pasado domingo 16 de abril de 2023, en la comunidad de El Aparecido en Ahome, Sonora. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa del 17 de abril del 2023 que la madre buscadora, Ceci Flores, había sido encontrada con vida.

    Asimismo, horas antes la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora señaló que a la 11:20 horas se tuvo el reporte de la desaparición, quien la noche de este 16 de junio tuvo la última comunicación con su familia. 

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  • El Poder Judicial entorpece los trabajos de justicia: Jueza ordena a la FGR y a la Interpol cancelar de manera inmediata la ficha roja en contra Carlos Ahumada

    El Poder Judicial entorpece los trabajos de justicia: Jueza ordena a la FGR y a la Interpol cancelar de manera inmediata la ficha roja en contra Carlos Ahumada

    Una vez más el Poder Judicial entorpeciendo los trabajos de la justicia, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María del Carmen Sánchez, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) y Interpol México dejar sin efectos la ficha roja en contra de Carlos Ahumada Kurtz.

    El acuerdo resolvido por la jueza Sánchez Cisneros instruye al director general de Asuntos Policiales Internacionales y a la FGR, iniciar de manera inmediata con los trámites para dejar sin efecto la “notificación roja”, en contra de Ahumada Kurtz, quien es señalado por el delito de fraude genérico.

    Además, reiteró que las autoridades locales y federales no podrán detener al empresario de origen argentino una vez que ingrese a territorio nacional, esto a pesar de que exista otra investigación u orden de aprehensión, con el objetivo de mitigar los daños que se le pudieran ocasionar a Carlos Ahumada.

    Sin embargo, la juzgadora señaló que, una vez que el empresario se encuentra en territorio mexicano, deberá de presentarse ante los jueces que lo requieran y notificar al juzgado del amparo, porque de lo contrario la suspensión que impide su captura dejará de surtir efecto y podrá ser capturado.

    Carlos Ahumada. Foto vía La Octava.

    Asimismo, las autoridades judiciales de Argentina informaron que mantendrán detenido a Carlos Ahumada, hasta que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envíen un oficio sobre la suspensión formal de la ficha roja.

    Cabe mencionar que, el pasado siete de junio, el empresario también naturalizado mexicano fue detenido en Panamá acusado por el delito de fraude genérico cometido en contratos de obras públicas del entonces Distrito Federal en los años 2000 y 2005.

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  • Enrique Graue, ex rector de la UNAM es investigado por la FGR debido a una presunta defraudación fiscal en su declaración de 2018

    Enrique Graue, ex rector de la UNAM es investigado por la FGR debido a una presunta defraudación fiscal en su declaración de 2018

    La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Enrique Graue, ex rector de la UNAM, por presunta defraudación fiscal de 308,135 pesos correspondientes al impuesto sobre la renta del año 2018. Esta es la primera vez que la FGR investiga a un rector de la UNAM por un supuesto delito económico, según informa Reforma.

    La PFF, una entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, acusa a Graue de haber declarado ingresos por 7,229,104 pesos en 2018, cuando en realidad habrían sido 8,109,493 pesos. Esta discrepancia en las declaraciones sugiere una posible intención de evadir impuestos y engañar al fisco.

    La investigación de la PFF se inició a partir de una denuncia anónima, basada en “información ciudadana”, y no a través de una auditoría o procedimiento de comprobación fiscal tradicional. 

    Cabe mencionar que Grague, pese a sus rimbombantes títulos que presume no es doctorante, sino simplemente médico, y ha fungido como exdirector de la Facultad de Medicina y fue rector de la máxima casa de estudios de 2015 a 2018. 

    Esta reciente denuncia implica serias acusaciones en contra del alto funcionario de la elite de la UNAM y deja ver la corrupción que se mantiene y promueve entre las altas esferas universitarias.  

  • FGR vincula a proceso a funcionario de Gallardo por agresión y amenazas a periodista Omar Niño; el agresor podría enfrentar hasta 10 años de prisión

    FGR vincula a proceso a funcionario de Gallardo por agresión y amenazas a periodista Omar Niño; el agresor podría enfrentar hasta 10 años de prisión

    La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Juan Carlos “N”, quien se desempeñaba como Director de la Oficina de Prensa del Gobierno de San Luis Potosí, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona.

    A través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEALDE) se le acusó a Juan Carlos “N”  por delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad. En ese sentido, Juan Carlos “N”, funcionario del gobierno de Gallardo Cardona, tendrá 3 meses para aportar pruebas ante el Juez de Control del Poder Judicial de la Federación. 

    La vinculación se da después de que el juez analizó los datos de prueba, tras la denuncia del periodista Omar Niño, ello por  la agresión que sufrió el mes de marzo del 2022, cuando el trabajador de los medios de comunicación recibió un “cabezazo” por parte de Juan Carlos “N”, cercano al mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

    De acuerdo al Código Nacional Federal, el presunto agresor podría alcanzar una pena de más de 10 años de prisión de comprobarse los tres delitos que presuntamente cometió. 

    Asimismo, el juez federal dictó medidas cautelares al presunto responsable, para salvaguardar la integridad física del periodista Omar Niño y su familia. Además de que se espera que la autoridad federal se apegue a la legalidad y a la Protección de los derechos humanos del comunicador.

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  • Todo para que los mexicanos salgan a votar con libertad: La FGR ya se prepara para garantizar la seguridad y legalidad en las elecciones; se desplegarán más de 6 mil elementos en las 32 entidades del país

    Todo para que los mexicanos salgan a votar con libertad: La FGR ya se prepara para garantizar la seguridad y legalidad en las elecciones; se desplegarán más de 6 mil elementos en las 32 entidades del país

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado un despliegue masivo de más de 6 mil funcionarios en todo el país para garantizar la legalidad en las elecciones del próximo 2 de junio. El objetivo es prevenir y sancionar cualquier actividad ilícita que pueda comprometer la integridad del proceso electoral.

    Mario Antonio Domínguez, coordinador de Asesores de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), informó que estos funcionarios estarán atentos para evitar la compra de votos, el acarreo de votantes y el uso indebido de programas sociales con fines electorales. “Tenemos más de 6 mil funcionarios de la Fiscalía General de la República que estarán operando durante la jornada electoral en las 32 fiscalías federales del país. Estarán atentos para recibir las denuncias de la ciudadanía”, declaró Domínguez en una entrevista para Telediario Radio con Luis García.

    Además, Domínguez mencionó que la Fiscalía Electoral desplegará aproximadamente 73 servidores públicos especializados. “Estos servidores públicos son el marco legal que nos sirve de actuación. Vamos a estar vigilantes para evitar conductas como la compra de votos, el acarreo de votantes y el uso de programas sociales con fines electorales”, enfatizó.

    Es importante destacar que la fiscalía no solo aplica sanciones administrativas, sino que también tiene la facultad de imponer sanciones penales. Los delitos electorales, como la recolección injustificada de credenciales para votar, pueden ser castigados con penas de prisión que van de seis meses a tres años.

    Este operativo subraya el compromiso de la FGR de asegurar un proceso electoral transparente y justo, protegiendo así el derecho de los ciudadanos a emitir su voto libremente y sin coacciones.

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  • ¡Ahora sí se le acabaron los lujitos!: Mansión de Lozoya de 38 MDP pasa a manos de la federación

    ¡Ahora sí se le acabaron los lujitos!: Mansión de Lozoya de 38 MDP pasa a manos de la federación

    Un Tribunal Federal ha ordenado que la residencia de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, valuada en 38 millones de pesos, sea reintegrada a la Federación. Esta decisión se produjo tras una impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR), marcando una importante victoria judicial para la institución.

    Desde 2023, la jueza Ana Lilia Osorio había desestimado una demanda de la FGR para que la federación se apropiara de la residencia de Lozoya, ubicada en Lomas de Bezares. Sin embargo, la FGR apeló esta decisión ante un tribunal colegiado en materia civil. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la resolución inicial de la jueza. Finalmente, este jueves, el tribunal determinó que la impugnación de la FGR era procedente.

    La FGR argumentó que, según la Ley Nacional de Extinción de Dominio, sus normas se aplican retroactivamente, sin importar cuándo ocurrieron los hechos. Lozoya adquirió la mansión en 2012, y el inmueble está sujeto a dos aseguramientos federales: uno bajo la Ley de Extinción de Dominio y otro relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht, en el que presuntamente recibió sobornos a cambio de otorgar contratos a la constructora brasileña.

    A pesar de este fallo, el litigio podría no haber terminado, ya que Lozoya aún tiene la opción de presentar una demanda de amparo, su último recurso para intentar recuperar la mansión. La FGR sostiene que el inmueble fue adquirido con recursos provenientes del lavado de dinero y está asegurado en otro proceso penal por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    Ubicada en una exclusiva zona con solo 40 mansiones, la residencia de Lozoya Austin cuenta con:

    • Tres habitaciones en el primer nivel, cada una con walk-in closet y baño, y la posibilidad de agregar una cuarta recámara.
    • Un gimnasio.
    • Lavandería, dos cuartos de servicio y cuatro para conductores.
    • Espacio adicional para ampliar la construcción en 450 metros, con una zona de doble altura que podría convertirse en una cancha de baloncesto, piscina cubierta, spa, cine, o cualquier otra instalación deseada.

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  • PEMEX en camino a la justicia: FGR recibe segunda denuncia contra María Amparo Casar Pérez por falsedad en declaraciones para conservar su pensión ilegal

    PEMEX en camino a la justicia: FGR recibe segunda denuncia contra María Amparo Casar Pérez por falsedad en declaraciones para conservar su pensión ilegal

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido una segunda denuncia contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta denuncia solicita que se le investigue por el delito de falsedad en declaraciones relacionadas con la reactivación del pago de su pensión post mortem.

    Según documentos obtenidos por La Jornada, Casar Pérez afirmó ante un juez que, de no concedérsele la suspensión del impago de la pensión, se pondrían en riesgo sus posibilidades de subsistencia, afectando su acceso a una adecuada alimentación, vivienda digna y salud, entre otros derechos.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente informó que Casar Pérez percibe un salario mensual de 270 mil pesos por su trabajo en MCCI y también recibe recursos públicos por su participación en Canal 11.

    Fuentes ministeriales indicaron que la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc) recibió la denuncia presentada por representantes legales de Pemex. Esta se suma a otra denuncia de la petrolera que solicita investigar a funcionarios, a Casar Pérez y a sus dos hijos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la pensión y autorizaciones de contenido económico otorgadas por servidores públicos.

    En su demanda de amparo, Casar Pérez solicitó el apoyo de la justicia federal, afirmando bajo protesta de decir verdad que Pemex le otorgó una pensión post mortem en su carácter de viuda, así como pensiones a sus dos hijos hasta que cumplieran 25 años. Informó al juzgado sexto de distrito en materia del trabajo que ha recibido mensualmente la pensión de manera ininterrumpida desde enero de 2005, y que las pensiones de sus hijos también fueron pagadas de manera periódica hasta que cumplieron 25 años.

    La defensa de Casar argumentó ante el juez Ricardo Guzmán Wolffer que la suspensión del pago de la pensión afecta gravemente sus derechos al desarrollo de la familia, vivienda adecuada, alimentación, salud, seguridad social y dignidad humana. Casar reiteró en su demanda que la omisión en el pago de la pensión afecta directamente sus condiciones de subsistencia, ya que esta pensión sirve como sustento y garantía de una correcta manutención.

    El 9 de mayo, Guzmán Wolffer otorgó la suspensión de plano, señalando que la subsistencia de Casar se vería comprometida sin el pago de la pensión post mortem. Casar no mencionó en su escrito que recibe ingresos de 270 mil pesos mensuales por su trabajo en MCCI ni los provenientes de Canal 11, donde participa como analista.

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  • Tras la denuncia de Pemex, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra María Amparo Casar, familiares y diversos servidores públicos, por el presunto otorgamiento ilegal de la pensión millonaria

    Tras la denuncia de Pemex, la FGR abrió una carpeta de investigación en contra María Amparo Casar, familiares y diversos servidores públicos, por el presunto otorgamiento ilegal de la pensión millonaria

    La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex),  presentó una denuncia contra diversos servidores públicos de la paraestatal y contra María Amparo Casar, incluidos sus hijos, por el presunto otorgamiento ilegal de la pensión tras la muerte por suicidio de Márquez Padilla.

    A través de un comunicado el organismo autónomo señaló que Pemex presentó el pasado cinco de abril, una denuncia en contra de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), Casar Pérez, por el otorgamiento y las autorizaciones de la pensión millonaria.

    Con fecha 5 de abril de 2024, PEMEX presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de diversos servidores públicos de dicha empresa y de tres particulares: María “N”, Fernanda “N” y Carlos “N”, en razón de la presunta ilicitud en el otorgamiento de la pensión a particulares por la muerte de Carlos “N”, y por las autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto.

    Indicó la FGR.

    Además, la Fiscalía señaló que el pasado 12 de abril de 2024, fue citada María Amparo Casar para que “precisara circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos referidos”, comparecencia que ocurrió hasta el 15 de abril, cuando se abrió la carpeta de investigación. 

    Esto, luego de que el director de Pemex, Octavio Romero, señalara a María Amparo Casar de cobrar ilegalmente una pensión de más de 31 millones de pesos por hacer pasar el suicido de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, como un accidente.

    Cabe mencionar que, el pasado 10 mayo, un juez de distrito ordenó que Pemex debe restituir el pago de la pensión a Casar Pérez, al considerar que la vocera conservadora no ha sido notificada de la suspensión del pago de la millonaria pensión.

    Asumimos, el presidente López Obrador anunció que se litigará  la decisión del juez y evitar seguir pagando los 125 mil pesos que la académica conservadora recibe cada mes de parte de Pemex.

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  • El Poder Judicial lo vuelve hacer: Juez determinó aplazar la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, en el que se le imputaría por lavado de dinero

    El Poder Judicial lo vuelve hacer: Juez determinó aplazar la audiencia intermedia de Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados, en el que se le imputaría por lavado de dinero

    Un juez federal determinó posponer la audiencia intermedia del ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en la que sería imputado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

    Esto, luego de que representantes de la FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron una solicitud de impedimento para que el juez de control, Gerardo Alarcón, reunciara al proceso por ser parcial y de cometer ilegalidades en, tanto en este caso como el caso Odebrecht.

    Ante ello, el juez determinó el aplazamiento de la audiencia hasta que un Tribunal Colegiado de Apelación se pronuncie y resuelva si Gerardo Alarcón es competente o no para continuar en el proceso.

    Cabe recordar que, en septiembre pasado la FGR presentó una denuncia en contra del juez de control y de tres magistrados luego de que un Tribunal Federal ratificó la decisión de excluir las pruebas financieras contra de Lozoya Austin en el caso Odebrecht.

    La determinación legal del ex funcionario de Peña Nieto se mantendrá en vilo y continuará en prisión domiciliaria, gozando de lujos autos y costosos trajes de diseñador, como fue visto al llegar al Reclusorio Norte para la audiencia del Caso Agronitrogenados.

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  • FGR ejerció la acción penal en contra del presidente del Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, por supuesta defraudación fiscal de un monto de más de 17 mdp

    FGR ejerció la acción penal en contra del presidente del Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, por supuesta defraudación fiscal de un monto de más de 17 mdp

    La Fiscalía General de la República (FGR) decidió ejercer acción penal en contra el presidente del Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, por  una presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.

    De acuerdo con información del diario Reforma, la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía en Control Competencial (FECC)  solicitó una audiencia inicial para formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso de Irarragorri Gutiérrez.

    El directivo es señalado de incurrir en supuestos engaños para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna, en el periodo de enero a julio de 2017.

    Además, el diario señaló que el pasado 2 de mayo, Nallely Ramírez Sepúlveda, fiscal de la FECC, ingresó una solicitud por escrito al Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, para enviar un citatorio a Irarragorri para que comparezca a la diligencia judicial.

    Aunque Alejandro Irarragorri, podría llevar su proceso en libertad ya que el delito por el que es señalado no amerita la prisión preventiva, a menos que de que la FGR considere que existe un riesgo de fuga. 

    Cabe mencionar que, según el Código Fiscal de la Federación el delito de defraudación fiscal es sancionado de 3 a 9 años de prisión, además de que es señalado de haber cometido el delito de forma instantánea, dolosa y en calidad de autor material.

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