La Unidad de Inteligencia Financiera detectó ingresos millonarios que no corresponden a su salario, lo que ha desatado investigaciones por corrupción y operaciones con recursos ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó un patrón de lujo y gasto excesivo entre marinos y personal de aduanas presuntamente ligados a Los Primos, la organización dedicada al huachicol fiscal, supuestamente liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Sus ingresos no correspondían al estilo de vida que mantenían, razón que motivó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con información recopilada por Rubén Mosso para Milenio, entre los hallazgos destacan pólizas de seguro de vida superiores a 10 millones de pesos, apuestas por 52 millones y la compra de propiedades y vehículos de lujo. Manuel Roberto adquirió un inmueble para su esposa valuado en más de 5 millones de pesos, mientras que, por su parte, Fernando excedió en más de 5.6 millones sus ingresos oficiales de nómina entre 2020 y 2024. La UIF ha alertado que podría tratarse de simulaciones de operaciones y manejo de efectivo sin justificación legal.

El caso del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz también genera preocupación: de 2018 a 2025 gastó más de 6 millones en tarjetas de crédito y realizó apuestas que suman 52 millones de pesos, principalmente en efectivo. Por su parte, el capitán Climaco Aldape Utrera, enlace en la red de corrupción, registró movimientos inusuales por préstamos de terceros y compró vehículos de lujo por casi 2 millones de pesos.
Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas, presentó ingresos por más de 13 millones de pesos entre 2020 y 2024 provenientes de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, pero realizó compras en efectivo de divisas y adquirió un BMW por más de 590 mil pesos. La UIF advierte que estos movimientos no corresponden con su salario y podrían indicar recursos de procedencia ilícita.
Las investigaciones destacan un patrón de corrupción, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito entre servidores públicos, cuyas acciones podrían implicar delitos graves y poner en evidencia cómo las operaciones de huachicol fiscal han permitido mantener estilos de vida millonarios fuera de toda lógica salarial.