En el Estado de México, la delincuencia organizada ya no solo extorsiona, también dicta precios. Integrantes de La Familia Michoacana controlan la venta y distribución de materiales de construcción en diversos municipios, imponiendo cuotas obligatorias a comerciantes y amenazando con cerrar negocios si no se alinean, de acuerdo con una investigación de Milenio.
Audios filtrados revelan cómo los criminales contactan a los vendedores con lenguaje intimidante pero “institucional”, donde establecen cuánto deben pagar por tonelada vendida, qué proveedores usar y qué márgenes de ganancia permitir. “Nadie es indispensable”, repiten en tono amenazante.
“Yo hago los cortes cada 30 o 31… me mandas tu nota y con eso te digo cuánto pagar”, se escucha en una de las llamadas obtenidas por la prensa.
El cártel impone una lista de precios en cemento, varilla, clavos, malla y más. Si algún distribuidor no respeta las reglas, se le amenaza con cerrar su negocio y reemplazarlo fácilmente.
Según la Fiscalía del Estado de México, este esquema ha provocado sobrecostos de hasta 140% en materiales esenciales para la construcción. El más afectado: el consumidor final.
El fenómeno fue identificado en el marco del Operativo Liberación, desplegado por el gobierno federal y estatal para desmantelar el control económico del crimen en la región. Más de 50 cateos y ocho detenciones han marcado el inicio de una estrategia que, según autoridades, buscará eliminar la red de extorsión y sus fuentes de financiamiento.
El secretario de Seguridad del Edomex, Cristóbal Castañeda, detalló que se trata de un operativo sin precedentes, que también busca la disposición anticipada de bienes decomisados.
Cinco de los ocho detenidos en la reciente Operación Liberación permanecerán recluidos, luego de que jueces del penal de Tenango dictaran prisión preventiva justificada por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, tipificado como grave en el Código Penal del Estado de México.
De acuerdo con información de La Jornada, entre los imputados se encuentran Gonzalo “N”, líder sindical; Jorge “N” y Antonio “N”, señalados por imponer cuotas a comerciantes de carne y pollo; así como José Fernando “N”, comerciante maderero; y Alicia “N”, presunta contadora de una célula de La Familia Michoacana. Esta última se encuentra recluida en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
#OperaciónLiberación. Como parte de las acciones contempladas dentro de la Operación “Liberación”, la #FiscalíaEdoméx solicitó la disposición anticipada de bienes ante un Juez del Poder Judicial, con respecto a semoviente, alimentos, materiales de construcción y otros productos… pic.twitter.com/Adl6IBM9sP
La Fiscalía del Estado de México aportó pruebas suficientes para que los jueces consideraran legal la detención y decretaran la medida cautelar contra los acusados. Las audiencias para definir su situación jurídica se realizarán este viernes 25 y sábado 26 de julio.
A estos se suma Yareli “N”, tercera regidora de Ixtapan de la Sal, a quien también se le impuso prisión preventiva por extorsionar a comerciantes de ese municipio.
Además, este jueves fue trasladado al penal de Tenango Bernardo Alejandro “N”, detenido en Quintana Roo, investigado por extorsión agravada por imponer cuotas y sobreprecios en la venta de pollo.
Más de 2 mil elementos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía estatal y fuerzas locales desplegaron una operación conjunta en 14 municipios del Estado de México para desmantelar la estructura operativa de La Familia Michoacana, responsable de actividades delictivas de tipo “gerencial” como extorsión, secuestro y delitos contra la salud.
Durante los cateos —realizados en 52 puntos, entre oficinas, comercios y domicilios— se logró la detención de ocho integrantes del grupo criminal, quienes, de acuerdo con las autoridades, controlaban precios y distribución de productos esenciales como carne, varilla, cemento y aluminio, elevando sus costos hasta en 70%.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta @Claudiashein, este 21 de julio se llevaron a cabo varias operaciones simultaneas en el Estado de México. Gracias a las acciones coordinadas de @Defensamx1 , @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_,… pic.twitter.com/t1s2nQK7md
La operación, denominada “Operación Liberación”, se llevó a cabo en zonas como Tejupilco, Valle de Bravo, Tenancingo, Texcaltitlán y Malinalco, con el objetivo de proteger la economía local y la tranquilidad de un millón de habitantes, señaló el titular de la SSPC, Omar García Harfuch.
El grupo delictivo imponía cuotas ilegales a comerciantes, productores y distribuidores. Si no se pagaban, las mercancías eran bloqueadas, generando un control absoluto sobre paquetería, construcción, ganadería y distribución de alimentos, explicó el fiscal mexiquense, José Luis Cervantes.
Esta ofensiva forma parte de la estrategia federal contra la extorsión que desde julio se ha intensificado en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde el crimen organizado ha diversificado sus ingresos afectando directamente a la población.
Cinco camiones de la minera Capela, filial de Peñoles, fueron incendiados la tarde del sábado en la carretera federal Iguala-Teloloapan, presuntamente por la organización criminal Familia Michoacana, como represalia por supuestos pagos incumplidos.
Tres camiones fueron quemados en Xalostoc, Ixcateopan de Cuauhtémoc, y dos más cerca del restaurante El Cazador, en Teloloapan. Las unidades, que transportaban maquinaria y materiales mineros, quedaron calcinadas, provocando alarma y cierre temporal de la vía.
Hasta la noche del sábado, ni el gobierno de Guerrero ni el federal habían emitido pronunciamiento sobre el ataque. Las autoridades locales y estatales mantienen vigilancia en la zona, mientras pobladores y trabajadores colaboraron para controlar el incendio. Este incidente refleja la persistente presión de grupos criminales sobre empresas mineras en Guerrero, que enfrentan extorsiones y amenazas que afectan sus operaciones y la seguridad regional.
La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó temporalmente a Miguel Ángel Berraza Villa, alias ‘La Troca’, a México. Es uno de los líderes de la Familia Michoacana.
La Troca cumplirá su condena en México tras ser sentenciado a 20 años por delincuencia organizada. Este traslado se realizó bajo el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.
Berraza Villa se destacó por traficar grandes cantidades de metanfetamina y cocaína a EE.UU. También se le acusa de lavar las ganancias de la venta de drogas.
En noviembre de 2024, las autoridades estadounidenses entregaron a La Troca para ser juzgado en Texas. Allí, fue sentenciado a 240 meses por delitos de asociación delictuosa, contra la salud y lavado de dinero.
Ahora, regresa a México para continuar cumpliendo su condena. La extradición refleja el compromiso de ambos países en la lucha contra el crimen organizado.
María del Rosario “N”, quien se desempeñó como presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, fue detenida por autoridades del Estado de México el pasado jueves por la noche en el municipio de Metepec.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la aprehensión de la exfuncionaria fue resultado de las acciones de la Operación Enjambre, en la cual colaboraron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad estatal. “
A la detenida le fue cumplimentada orden de aprehensión por el delito de extorsión y será ingresada a un penal estatal a disposición de la Autoridad Judicial quien resolverá su situación jurídica”, detalló la Fiscalía a través de sus redes sociales.
Además, en el marco de este operativo fue localizada la hija de la exalcaldesa, quien había sido reportada como desaparecida por su padre, agregando un desenlace positivo a la intervención de las autoridades.
De acuerdo con la FGJEM, María del Rosario “N” también es investigada por presuntos vínculos con la organización criminal La Familia Michoacana. Su detención se suma a las acciones de la Operación Enjambre, estrategia implementada por el Gobierno federal para desarticular redes de corrupción y nexos entre el crimen organizado y miembros de gobiernos locales en el Estado de México.
La alcaldesa de Amanalco, María Elena ‘N’, fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja, en agravio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer, Guillermo Jerónimo Roque. El juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses y 15 días y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar.
De acuerdo con la Fiscalía, “la presidenta municipal es investigada por la presunta comisión de diversos hechos delictivos”. Su detención ocurrió el pasado 22 de noviembre, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad como autora intelectual del asesinato del síndico y su chofer en enero de 2023.
Según la indagatoria, el 25 de enero de 2023, María Elena ‘N’ habría solicitado al síndico trasladarse al municipio de Zacazonapan para formalizar un acuerdo. Sin embargo, Lara de la Cruz desapareció ese mismo día. Posteriormente, se localizaron los cuerpos de las víctimas en una localidad de la carretera Temascaltepec-Luvianos.
Además de los cargos por homicidio, las autoridades han señalado que la alcaldesa presuntamente mantiene vínculos con La Familia Michoacana, organización delictiva que opera en la región. Durante una audiencia previa, se informó que María Elena ‘N’ habría sostenido comunicación directa con líderes del grupo criminal y que estas reuniones se llevaban a cabo en el municipio de Luvianos.
Este caso se ha convertido en un ejemplo reciente de la Estrategia Nacional de Seguridad liderada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que en coordinación con la Defensa, Marina y autoridades locales, ha desarrollado estos exitosos operativos contra el crimen infiltrado en los gobiernos municipales.
El día de hoy se llevan a cabo las audiencias de los 7 funcionarios municipales detenidos tras la Operación Enjambre cumplimentada en el Estado de México. A los ingresados se les informará de las imputaciones que existen en su contra.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México determinó hacer públicas las audiencias, principalmente debido al interés generado entre la sociedad.
En la Operación Enjambre participaron mil 500 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, así como las secretarías de Seguridad estatal y federal.
Los efectivos se desplazaron al mismo tiempo en los municipios mexiquenses de Amanalco, Texcaltitlán, Santo Tomás de los Plátanos, Tonatico, Tejupilco, Chicoloapan, Ixtapaluca, Naucalpan, Coacalco y Jilotzingo.
Los acusados enfrentan cargos por extorsión, secuestro exprés y homicidio. Principalmente se les señala por tener vínculos con el crimen organizado y facilitar las operaciones de grupos como La familia michoacana,cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
La presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, quien fuera candidata por Movimiento Ciudadano, fue ingresada al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de Seguridad Pública de Amanalco, y Eraclio Campuzano, titular de Seguridad y Tránsito de Tejupilco fueron enviados a la prisión de Tenango del Valle.
Omar Leyva, subdirector operativo de la Policía de Naucalpan fue ingresado a la cárcel de Cuautitlán; Rodolfo Chávez Torres, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, y Roberto Malpica, jefe de región de dicha dirección, permanecen en el centro de reclusión de Molino de las Flores, en Texcoco.
Finalmente Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, presidente honorífico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tonatico, fue ingresado en el único penal de máxima seguridad del estado, en Otumba; él fue alcalde de Pilcaya, Guerrero, entre 2018 y 2021, y actualmente es esposo de la munícipe de dicha demarcación, Marlem Ayala Sánchez (del PAN).
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) construirá un cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, con el fin de garantizar la seguridad de los mexiquenses tras los enfrentamientos entre habitantes y miembros de la Familia Michoacana que dejó un saldo de 14 personas muertas.
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional expresó que ya se busca un terreno para la construcción de esta base, la cual contará con 120 elementos, mientras que del mando especial están por definir cuántos miembros lo conformarán.
En la conferencia matutina de este miércoles, el dijo que la zona sur del Edomex, la cual colinda con Guerrero y Michoacán, contará con una presencia importante del Ejército y la Guardia Nacional que podría ir de los 500 a los mil elementos, dependiendo el resultado del estudio que realicen.
En este mismo contexto, confirmó que los criminales que, de acuerdo con los pobladores, exigían el cobro de piso a campesinos en Texcaltitlán sí son de la Familia Michoacana.
Tras estos hechos, los pobladores de Texcaltitlán solicitaron la presencia de la Guardia Nacional en su municipio por miedo a sufrir represalias por parte del grupo criminal.
Por otra parte, informó que tras el enfrentamiento los habitantes ya no han recibido amenazas y tampoco hay presencia del grupo criminal; sin embargo, se sigue con el operativo para su búsqueda y localización, para lo cual llamó a la población a denunciar.
