La defensa de Servando Gómez pidió aplazar 90 días la audiencia en Nueva York. Buscan negociar un acuerdo de culpabilidad con fiscales estadounidenses.
Servando Gómez, conocido como La Tuta, enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas, armas y extorsión. La defensa solicitó al juez John G. Koeltl postergar su audiencia, prevista para el 9 de diciembre. Los abogados pidieron 90 días más para avanzar en las negociaciones de un posible acuerdo de culpabilidad.
Esta sería la segunda prórroga del proceso. La fecha original, del 23 de octubre, ya se aplazó por acuerdo entre las partes. El juez aún no ha resuelto la petición.
Mientras tanto, Servando Gómez permanece en la cárcel metropolitana de Brooklyn. Allí están otros presos de alto perfil, como Rafael Caro Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Vicente Carrillo Fuentes. Además, México lo entregó a Estados Unidos como parte de una segunda entrega de presos con procesos pendientes.
Antes de involucrarse en el crimen organizado, trabajó como maestro de primaria. Por ese oficio le quedó el apodo de “El Profe”. La Policía Federal lo capturó en Morelia en febrero de 2015 durante un operativo sin disparos.
En México lo condenaron a más de 47 años por delitos contra la salud y delincuencia organizada. También recibió una sentencia por el secuestro de un empresario en 2011. Lo investigaron por el secuestro y el asesinato de 12 policías federales en Arteaga, Michoacán, en 2009.
Si acepta un acuerdo de culpabilidad, podría evitar un juicio largo y recibir una pena menor en Estados Unidos. El fiscal busca pruebas por tráfico de metanfetamina y por posesión de armas exclusivas del Ejército. El resultado del proceso también marcará la respuesta de las familias que aún buscan justicia.
Para muchos en Michoacán, el caso revive recuerdos de violencia y miedo. La corte fijará una nueva fecha si el juez acepta la solicitud. Mientras tanto, el proceso sigue y la decisión podría llegar en las próximas semanas.
Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, fue detenido por su presunta participación en la red de préstamos ilegales del Grupo Crecer, que ejercía violencia extrema contra deudores en el Estado de México.
Las autoridades del Estado de México detuvieron y vincularon a proceso a Pablo Jaciel “N”, alias “La Barbie”, presunto líder del Grupo Crecer, por su probable participación en una red de préstamos informales “gota a gota” que derivó en secuestros exprés, extorsiones y agresiones físicas en Tultitlán.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), La Barbie y Carlos Alberto “N” operaban a través de la empresa Crecer, S.A. de C.V., fachada utilizada para otorgar créditos sin regulación y presionar violentamente a quienes no podían cumplir con los pagos. Pablo Jaciel fue vinculado por secuestro exprés con fines de extorsión, mientras ambos enfrentan cargos por extorsión relacionada con los préstamos ilegales.
El modus operandi del Grupo Crecer consistía en ofrecer préstamos rápidos, de pocos miles a montos mayores, con tasas de interés excesivas y pagos diarios o semanales. Cuando los deudores se retrasaban, eran sometidos a llamadas intimidatorias, visitas constantes y amenazas, llegando incluso a ser trasladados a inmuebles donde eran golpeados y obligados a pagar cantidades adicionales bajo la figura de cobro de piso.
#AProceso OBTIENE #FiscalíaEdoméx VINCULACIÓN A PROCESO EN CONTRA DE DOS SUJETOS POR SU PROBABLE INTERVENCIÓN EN EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO Y EXTORSIÓN EN LA MODALIDAD “GOTA A GOTA”
La FGJEM identificó un domicilio en la colonia Las Rosas, Tultitlán, como lugar donde se ejercía la violencia contra deudores y empleados. En videos difundidos en octubre se observa a hombres golpeando a personas con tablas y patadas, con La Barbie presuntamente participando en las agresiones.
Uno de los casos clave que llevó a su detención involucra a una víctima a quien, tras rechazar un préstamo, se le privó de la libertad y fue golpeada para exigir el pago. Otro caso documentado incluye un préstamo inicial de 3 mil pesos que derivó en amenazas con arma de fuego y cobros semanales adicionales.
Tras su detención, el juez de control impuso prisión preventiva a La Barbie, mientras que Carlos Alberto “N” recibió medidas cautelares como garantía económica, brazalete electrónico y presentaciones periódicas ante la autoridad, mientras continúa la investigación.
La Policía de Yucatán arrestó a un hombre acusado de extorsionar a usuarios de una app de citas mediante un perfil falso.
La Policía Investigadora de Yucatán detuvo a Juan Pablo “N”, de 43 años, en la colonia Juan Pablo II de Mérida. Lo buscaban por extorsionar a usuarios que contactaba por aplicaciones de citas.
Según la denuncia, el hombre creaba perfiles falsos y se hacía pasar por mujer para ganar confianza. Contactaba a las víctimas, subía la conversación de tono y luego proponía verse en persona. Cuando la cita se cancelaba, él amenazaba con divulgar mensajes o material íntimo y exigía dinero.
La denuncia la presentó Marco Antonio “N”. Entre el 14 y el 20 de mayo, dice que pagó varias veces por miedo. Primero transfirió 3,000 pesos y luego 4,000. Cuando el extorsionador pidió 12,000, Marco Antonio envió 1,800 antes de bloquearlo y acudir a la Fiscalía.
Agentes rastrearon números telefónicos y cuentas vinculadas al sospechoso. Con apoyo del Ejército y de la Fiscalía de Yucatán montaron un operativo en Mérida. Los policías localizaron al hombre y lo detuvieron sin incidentes.
La Fiscalía trasladó al detenido a la agencia especializada en secuestro y extorsión, en avenida Huayacán. Un juez ordenó su aprehensión y la investigación sigue abierta para localizar a más víctimas.
Las autoridades pidieron a quien lo reconozca que acuda al Ministerio Público para presentar su denuncia. Advierten que estos engaños explotan la confianza y el miedo de las personas. Denunciar ayuda a frenar los casos y a proteger a otras posibles víctimas.
Jesús “N”, alias El Michoacano, fue detenido en Ecatepec tras un operativo que lo vincula con tráfico de armas, extorsiones y el reclutamiento de hombres en anexos para actividades ilícitas. Junto a él capturaron a otros tres sujetos por cohecho.
El gobierno municipal de Ecatepec confirmó la detención de Jesús “N”, identificado como El Michoacano, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona por su participación en extorsiones, cobro de piso, tráfico de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y el reclutamiento de personas con adicciones para integrarlas a células criminales que operaban en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tecámac.
La captura se derivó del seguimiento a un homicidio registrado en Izcalli Santa Clara, donde cámaras de vigilancia permitieron rastrear una motocicleta amarilla Bajaj vinculada con los probables responsables. El vehículo fue localizado afuera del anexo “Grupo Sur 24 horas”, en Alborada de Aragón.
Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal y de la Marina encontraron a cuatro hombres afuera del inmueble. Los agentes solicitaron una inspección y, al pedirles que se identificaran, los sujetos ofrecieron “juntar una lana” para que no hubiera “problemas con el padrino”, lo que derivó en su detención.
Fueron presentados ante el Ministerio Público Adrián “N” (27 años), Alexis “N” (23), Jesús “N” (48) y Raymundo “N” (51) por el delito de cohecho. Sin embargo, las autoridades identificaron que El Michoacano tenía vínculos más amplios con estructuras criminales dedicadas a la extorsión y la captación de hombres en anexos para integrarlos a actividades ilícitas.
Además, se informó que Raymundo “N” fungía como enlace para ofrecer pagos a autoridades con el objetivo de garantizar movilidad y protección a la célula delictiva.
El presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación permanece en prisión preventiva mientras se profundiza su vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.
Jaciel Antonio “N”, alias El Pelón, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La audiencia realizada este domingo determinó que existen elementos suficientes para procesarlo por extorsión, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal de Mil Cumbres, en Morelia.
De acuerdo con las investigaciones, El Pelón se dedicaba a reclutar jóvenes de centros de rehabilitación para adicciones, quienes luego eran usados como sicarios y distribuidores de droga en la región. Entre los reclutados se encuentran Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”, ambos muertos, quienes participaron directamente en el homicidio del funcionario público.
Además, se le atribuye un intento de extorsión contra la madre de Josué, hallado muerto el 10 de noviembre junto con otra persona identificada como Ramiro.
La detención se llevó a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Tras trabajos de inteligencia de gabinete y de campo, los agentes identificaron al hombre de 36 años, localizado en las inmediaciones de un hotel en Uruapan. Testigos lo describieron como “raro y peligroso”, hospedado desde el asesinato y recibiendo dinero por extorsiones.
El operativo se realizó con participación de la SEDENA, SEMAR, FGR, Guardia Nacional y SSPC, en coordinación con la Fiscalía y Policía de Michoacán. Al ser interceptado a las 02:05 de la madrugada, intentó sobornar a los agentes, pero fue trasladado sin resistencia a Morelia y se negó a declarar.
La vinculación a proceso de El Pelón refuerza las investigaciones sobre la estructura del CJNG en Michoacán y su participación en delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y reclutamiento de menores. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a otros miembros implicados en la red criminal.
El secretario de Seguridad reportó detenciones clave, aseguramientos históricos y un despliegue federal que busca recuperar la estabilidad en Michoacán.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó avances del Plan Michoacán, destacando la detención de 932 personas por delitos de alto impacto, así como el aseguramiento de casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y el desmantelamiento de 17 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina.
Durante una conferencia de prensa, García Harfuch subrayó que el operativo mantiene desplegados 2 mil 514 elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y SSPC, fortalecidos con equipos de investigación e inteligencia que han permitido golpes directos a estructuras criminales. Además, se reforzó a la Policía Estatal, la Fiscalía local y unidades especializadas mediante capacitación y nuevo equipamiento.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el gobierno instaló una subsede de la Unidad Antiextorsión en el estado y capacitó a operadores del 089, logrando 478 detenciones, de las cuales 180 ocurrieron en Michoacán. Entre los casos relevantes, se confirmó la captura de Pedro “N”, dedicado a la extorsión, y de “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En coordinación con Sedena y Semar, se ejecutaron operaciones aéreas, órdenes de investigación y la instalación de torres de inspección en zonas prioritarias como Morelia, Uruapan y Zamora. La Marina reportó el aseguramiento de armas, vehículos y precursores químicos en Jalisco, así como la neutralización de Pedro “N” alias “Pichón”, buscado por autoridades de Estados Unidos por delitos relacionados con fentanilo y cocaína.
García Harfuch enfatizó que estas acciones permiten debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos y reiteró que la seguridad de Michoacán seguirá siendo prioridad nacional.
El Gabinete de Seguridad acordó nuevas medidas con líderes transportistas tras una semana de bloqueos y protestas por mayor seguridad en las vías federales.
El Gabinete de Seguridad federal sostuvo una reunión privada con cámaras y asociaciones del autotransporte, donde se comprometió a reforzar la coordinación y las acciones operativas para avanzar hacia carreteras más seguras, luego de las protestas que durante la última semana incluyeron bloqueos en casetas, aduanas y tramos carreteros.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, escuchó directamente las demandas del sector y aseguró que serán atendidas de manera interinstitucional, incluyendo a todas las dependencias del gabinete de seguridad. Subrayó que se están fortaleciendo las áreas de inteligencia e investigación de la SSPC y que habrá seguimiento puntual a las carpetas de investigación por robo al autotransporte en las delegaciones de la Fiscalía General de la República.
El gabinete informó además que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se utilizará para mejorar el control y vigilancia en las vías federales, a fin de reducir los actos de extorsión que afectan a transportistas en distintos estados. Como parte de los acuerdos, se instalarán mesas de trabajo permanentes, donde también participarán autoridades estatales para revisar avances, ajustar estrategias y fortalecer la coordinación.
Durante el encuentro, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, destacó que la estrategia federal contra el robo en carreteras ha logrado una reducción del 54% en este delito entre 2018 y 2025. Identificó 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, donde ya se diseña una estrategia integral basada en corredores seguros, monitoreo tecnológico, acompañamiento de caravanas y despliegues operativos.
El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reafirmó que el Gobierno de México trabaja en soluciones estructurales para la seguridad del sector y mantendrá un diálogo permanente con los transportistas para atender sus necesidades y garantizar condiciones más seguras en todo el país.
El imputado enfrenta cargos por cohecho y extorsión agravada, mientras avanza la investigación por la red criminal vinculada al asesinato del alcalde de Uruapan.
Un juez federal en Michoacán dictó prisión preventiva oficiosa contra Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como operador del CJNG en Uruapan y presunto reclutador de adolescentes en centros de rehabilitación. Aunque su figura está relacionada con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la audiencia se centró únicamente en delitos de cohecho y extorsión agravada, sin imputaciones directas por homicidio.
Según la Fiscalía, “El Pelón” identificaba a jóvenes con adicciones para integrarlos como narcomenudistas o sicarios. Entre ellos estaban Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”, menores que habrían participado en el ataque contra el alcalde. La investigación reveló que, días antes del crimen, Jaciel exigió 10 mil pesos a María Esther “N”, madre de Fernando, asegurando haber “salvado” a su hijo de un conflicto interno. También pidió 5 mil pesos a la madre de Víctor Manuel. Ambas se negaron.
La fiscalía documentó amenazas constantes y agresiones, incluido un ataque con tijeras contra Fernando, cuya fotografía fue enviada a su madre como intimidación. En medio del acoso, el joven logró enviar un mensaje final: “Mami, no le vayas a dar dinero; es una extorsión”. Días después fue hallado sin vida en la carretera Uruapan–Paracho, junto con otro implicado en la red criminal.
La captura de Jaciel ocurrió el 23 de noviembre, tras ser ubicado en un hotel donde actuaba de forma sospechosa. Al salir del lugar, fuerzas federales y estatales lo detuvieron con 40 gramos de droga, e intentó sobornar a los agentes con 5 mil pesos. Autoridades confirmaron que operaba como reclutador del CJNG y mantenía contacto con responsables del asesinato de Manzo.
Aunque la Fiscalía investiga la estructura completa detrás del homicidio, el Ministerio Público aún no presenta cargos relacionados con el asesinato del edil ni por reclutamiento de menores con ese fin.
Vecinos frenan megaproyecto opaco de Janecarlo Lozano en la GAM y lo señalan por vínculos con la delincuencia organizada
Vecinos lograron frenar la remodelación del parque Corpus Cristie, emprendida por el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso, una obra de la que dependencias no tenían conocimiento ni habían autorizado presupuesto; además, lo acusan de proteger a bandas de extorsionadores como “Los Tanzanios”.
Mientras el gobierno local del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso presume una reducción histórica de los delitos cometidos en la Gustavo A. Madero, vecinos denuncian que es el propio alcalde el que estaría cometiendo ilícitos al, presuntamente, proteger a una banda delictiva denominada “Los Tanzanios” y desviar recursos en obras públicas no solicitadas.
En septiembre de 2025 comenzó una pugna legal entre vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac y el alcalde Janecarlo Lozano, quien ya había revelado sus aspiraciones para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX. El motivo de la disputa era una colosal remodelación al parque Corpus Christie, el cual tuvo una primera remodelación en 2014, y el cual, de acuerdo con testimonios de los propios vecinos, funcionaba correctamente, aunque carecía de mantenimiento como pintura y poda de pasto.
No obstante, sin consultar a los vecinos y sin informar a la Secretaría de Obras Públicas de la GAM, el alcalde inició una obra para enrejar el parque y construir un ojo de agua al interior.
Un día, los trabajadores de la alcaldía comenzaron a talar árboles, una acción que detonó la alerta entre los vecinos.
Tras solicitar explicaciones, el alcalde de Gustavo A. Madero aseguró que el parque sería revitalizado con una presunta inversión de 50 millones de pesos. La intención, aseguró, era construir un “Edén” similar al que Brugada inauguró en “El Mestizaje”, en la misma demarcación apenas en agosto.
Sin embargo, los vecinos objetaron que el parque “no necesitaba una remodelación, sino mantenimiento” y que tampoco estaban de acuerdo en que el espacio fuera enrejado.
Acusaron que, de inicio, se trataba de una estrategia de Janecarlo para acaparar los reflectores mediáticos que lo catapultarán a la contienda electoral por la jefatura de Gobierno de CDMX 2030. También acusaron que la alcaldía no pudo declarar de dónde procederían los recursos para la remodelación, pues desde 2014 el parque no ha tenido mantenimiento.
Una denuncia ciudadana alertó a las autoridades sobre la obra y la opacidad de los recursos con los que habría de construirse.
El 3 de septiembre de 2025, los vecinos presentaron una demanda de amparo para frenar la obra y, el 30 de octubre, un Juzgado de Distrito sobreseyó el caso, concluyendo la suspensión definitiva de las obras.
Sobre la procedencia de los recursos o el plan de desarrollo urbano, la alcaldía se negó a transparentarlo, al considerar que era información de tipo reservada.
Finalmente, el 4 de noviembre de 2025, la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano de la GAM notificó a los vecinos que no tenían conocimiento o autorización para llevar a cabo la remodelación del parque Corpus Cristie y se deslindó de las acciones que el alcalde realizaba.
Hasta el momento, la alcaldía solo accedió a responder que se habían talado 16 árboles y que la remodelación había sido consultada con “vecinos”, prueba de ello fue un video generado con IA en el que aparentemente se veía una reunión vecinal. Además, los propios habitantes de la colonia Gadalupe Tepeyac señalaron que los vecinos consultados por el alcalde “ni siquiera” vivían en la alcaldía.
Acusan vínculos con “Los Tanzanios”
Los señalamientos de incompetencia y corrupción contra el alcalde Janecarlo comenzaron meses después de que ganara la elección.
En julio de 2025, un Comité Vecinal presentó un informe ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que vinculó al alcalde expriísta y ahora morenista con “Los Tanzanios”, una banda de narcomenudistas y generadores de violencia oriundos de Iztapalapa, que han extendido el terror y la inseguridad sobre otras demarcaciones como la Gustavo A. Madero y Tláhuac.
El informe del Comité detalló que sujetos, vinculados a “Los Tanzanios”, subían a las unidades de transporte público de la GAM para extorsionar a los operadores.
Además, acusaban venta de droga y la organización de arrancones sobre las avenidas principales, generando inseguridad y violencia en la demarcación.
“Usan placas sin casco para escapar. (…) llevan armas de uso del ejército escondidas en las motos. (…) dejan subir a los extorsionadores de “Los Tanzanios” a pedir dinero. Visten sudaderas azules con estampados del Demonio de Tazmania.
Las cámaras de videovigilancia y los botones de auxilio fueron desactivados por miembros del Cártel de los Nazis, que operan de noche con autos color blanco sin placas… Son bandas protegidas por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso”, denuncia el escrito.
Bandas y delitos que aquejan a la segunda alcaldía más poblada de la CDMX, para la cual en 2024 se solicitó una partida adicional de 6 mil 400 millones.
Una alcaldía que hoy presume una reducción del 74% en los delitos, mientras los habitantes señalan al alcalde por opacidad y vínculos con el crimen organizado.
La nueva legislación busca atacar la extorsión con penas severas y medidas para proteger a las víctimas.
El Senado de México ha dado un paso importante hacia la creación de una nueva ley que combate la extorsión. La minuta de la iniciativa General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión avanzó en comisiones, siendo aprobada por unanimidad. Este esfuerzo busca establecer un tipo penal claro para este delito que afecta a muchos ciudadanos.
Este nuevo marco legal establece que la extorsión será perseguida de oficio, brindando así una mayor protección a las víctimas. Estas podrán presentar denuncias de manera anónima, lo cual es un avance significativo considerando que el 97% de los casos no son denunciados por miedo a represalias.
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, encabezadas por los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, introdujeron cambios en 25 artículos de la minuta. La pena principal por extorsión se incrementará de 15 a 25 años, con posibilidades de sumar más años debido a 34 agravantes, dependiendo de la gravedad del caso.
La prisión podría llegar hasta 42 años en casos extremos. Esto aplicaría a extorsionadores que operen desde prisiones, que se hagan pasar por miembros de organizaciones criminales, o que utilicen violencia física o psicológica. También se considera una severidad especial para aquellos que extorsionen a migrantes o que cobren “derechos de piso” a negocios de diferentes sectores.
Durante la discusión, los senadores resaltaron la importancia de que el Estado asuma la responsabilidad en la persecución de estos delitos.
Además, se estableció que los servidores públicos que no reporten casos de extorsión enfrentan penas de 10 a 20 años de prisión, lo que refleja el compromiso de la nueva legislación para frenar este delito desde todos los frentes.
Con la aprobación de esta reforma, se busca no solo castigar a los delincuentes, sino también garantizar la seguridad de quienes sufren en silencio. El Senado se prepara para discutir este tema en el pleno en una sesión convocada para mañana. La lucha contra la extorsión avanza, y con ello, la esperanza de un futuro más seguro para todos los mexicanos.
