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  • García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    García Harfuch emprende acciones contra extorsión en sector limonero de Michoacán

    Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se reunió con autoridades locales para abordar la extorsión que afecta a los productores de limón en Apatzingán. Se reforzarán las operaciones de seguridad y se buscará justicia por el asesinato de Bernardo Bravo.

    Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció nuevas medidas para proteger a los productores de limón en Michoacán. Esta decisión surge tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder del gremio de limoneros, un crimen que ha generado gran preocupación en la región. Durante una reunión en Apatzingán, García Harfuch, junto con el titular de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, escuchó las inquietudes de los agricultores.

    La extorsión y el cobro de piso son problemas graves que enfrentan los limoneros. En este contexto, García Harfuch destacó que se reforzarán las operaciones conjuntas entre la SSPC, la Fiscalía de Michoacán y otras autoridades locales. El objetivo es garantizar la seguridad de los productores y detener a quienes amenazan la paz en la región.

    El funcionario también mencionó que han realizado detenciones relacionadas con el crimen organizado,  acciones que son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la violencia y la impunidad en Michoacán. La comunidad limonera ha mostrado resistencia ante las amenazas, organizándose para hacer frente a la extorsión.

    García Harfuch se comprometió a que el homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune. Este caso es emblemático de una crisis más profunda que afecta a los agricultores en la región. Desde 2018, al menos siete líderes y productores han sido asesinados, lo que refleja la gravedad de la situación.

    La reunión en Apatzingán es un paso hacia la construcción de un entorno más seguro para los limoneros. Las autoridades buscan no solo escuchar, sino también implementar estrategias efectivas que frenen la violencia y protejan a quienes trabajan en el campo. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno es crucial para enfrentar este desafío.

  • CJF avala que jueces y magistrados extiendan paro de labores hasta el 2 de octubre

    CJF avala que jueces y magistrados extiendan paro de labores hasta el 2 de octubre

    La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, dobla las manos ante los jueces y magistrados que se encuentran en huelga en contra de la reforma al Poder Judicial y extiende la suspensión de labores hasta el dos de octubre.

    Luego de que los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y los representantes de los magistrados de circuito y jueces de distrito, así como de trabajadores del Poder Judicial, sostuvieron una reunión en la cual determinaron mantener el paro hasta el próximo dos de octubre.

    No existen las condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

    Indica una circular difundida por el CJF.

    También, los huelguistas acordaron que en dicha fecha se volverá a valorar si existen la condiciones para poder levantar la huelga, además por unanimidad de votos acordaron instalar una mesa de trabajo para tomar las decisiones con respecto a la implementación de la recién promulgada reforma al Poder Judicial.

    De acuerdo con información del diario La Jornada, en las mesas de trabajo los juzgadores analizarán el otorgar plazas a las personas que actualmente laboran por honorarios, así como la mejora salarial de los empleados del Poder Judicial, una vez que se inicie la implementación de la reforma constitucional.

    Cabe mencionar que, este nuevo acuerdo fue validada por votación dividida y que el consejero Bernardo Batíz Vázquez, las consejeras Eva Verónica De Gyvés Zárate y Celia Maya García votaron en contra de que se extendiera la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales  

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