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  • Quintana Roo refuerza políticas sociales en apoyo a la Estrategia Nacional

    Quintana Roo refuerza políticas sociales en apoyo a la Estrategia Nacional

    La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció el respaldo íntegro del estado a la Estrategia Nacional de Atención a las Causas, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante la Reunión de Planeación realizada en Cancún con la presencia de María del Rocío García Pérez, directora del DIF Nacional.

    El encuentro se enfocó en fortalecer programas sociales en colonias vulnerables de Cancún y Playa del Carmen, priorizando acciones en salud, educación, empleo y recuperación de espacios públicos. La estrategia busca atender de manera integral los factores que generan violencia, con un enfoque en justicia social y reconstrucción del tejido comunitario.

    La gobernadora resaltó que el crecimiento demográfico y la condición fronteriza de Quintana Roo, combinados con una industria turística de alto dinamismo, requieren políticas públicas con visión humanista para reducir desigualdades y promover la convivencia. Señaló que muchas familias provienen de sectores vulnerables, por lo que se necesita atención directa a niñas, niños, adolescentes y comunidades en expansión urbana.

    En el encuentro participaron presidentas municipales, titulares de los DIF municipales y funcionarios estatales, coordinados para implementar programas estratégicos en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen. Entre las acciones destacadas se encuentran jornadas por la paz, recuperación de espacios públicos, ferias comunitarias y conformación de consejos de paz.

    Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, destacó la creación de nuevos “DIF Pilares” en Villas Otoch Paraíso, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, como parte del fortalecimiento del apoyo social en territorio. Por su parte, María del Rocío García Pérez resaltó la coordinación entre los tres niveles de gobierno para llevar servicios a las zonas de mayor vulnerabilidad.

    Mara Lezama concluyó que este esfuerzo refleja un modelo de desarrollo más justo y humano, donde el crecimiento económico se traduzca en bienestar compartido y la atención a las causas estructurales permita construir una paz duradera.

  • Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    Gobierno federal activa plan nacional contra la extorsión y el cobro de piso rumbo a 2026

    La nueva estrategia obliga a estados y fiscalías a armonizar leyes, protocolos y registros para enfrentar uno de los delitos de mayor impacto en el país.

    El gobierno federal publicó de manera oficial la estrategia nacional para combatir la extorsión y el cobro de piso, un delito de alto impacto que ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2019. El plan entrará en vigor en 2026 y busca homologar criterios legales, operativos y estadísticos en todo el país para fortalecer su persecución.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundió el acuerdo 01/LII/2025, aprobado durante la 52ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada el 11 de diciembre pasado.

    Entre las medidas centrales, el Consejo emplazó a los gobernadores a presentar iniciativas de reforma ante los congresos locales para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva estrategia federal. Las entidades deberán informar al SESNSP, a más tardar el último día hábil de enero de 2026, sobre la presentación de dichas propuestas legislativas.

    Además, el acuerdo ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) elaborar y emitir un manual de operación que regule de forma unificada la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión, tanto para fiscalías como para unidades especializadas. Las autoridades estatales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar este protocolo.

    Con estas acciones, el gobierno federal pretende homologar los procesos jurídicos y operativos, mejorar la medición de la incidencia delictiva, y orientar recursos presupuestales específicos para combatir la extorsión en todo el territorio nacional.

    Asimismo, a partir de enero de 2026, las fiscalías estatales deberán registrar este delito conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva, lo que permitirá un seguimiento más preciso y transparente del fenómeno.