Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, respondió con un comunicado a las críticas por su viaje de vacaciones a Japón, calificando la cobertura mediática como una campaña de desprestigio orquestada por sectores conservadores.
López Beltrán aseguró que informó a su partido sobre el viaje realizado con recursos propios y denunció que la polémica se basa en prejuicios de clase y desinformación.
“No me extraña la agresividad del hampa del periodismo, equivalente a la mafia del poder económico y político que enfrentamos desde hace décadas”, afirmó, y pidió mantener la confianza en sus principios y valores.
El dirigente denunció que adversarios enviaron espías para fotografiarlo y acosarlo, con el fin de lanzar una campaña de linchamiento político. A pesar de ello, aseguró que “vale la pena pagar la cuota de humillación cuando se lucha por una causa justa”.
Finalmente, López Beltrán reiteró su compromiso de seguir el ejemplo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y mantener una vida pública íntegra.
Desde su creación, la CIA (1947) y la DEA (1973) han operado en México, principalmente tras la “guerra contra las drogas” declarada por Nixon en 1972. Durante décadas, estas agencias actuaron con la anuencia tácita de autoridades mexicanas, incluso portando armas y colaborando con fuerzas nacionales como la DFS, Ejército, Marina y Estado Mayor Presidencial.
En una investigación de Jorge Retana para Contralínea, se destaca que, pese a la influencia y operativos conjuntos, la relación se tensó con la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020 en Estados Unidos, marcando un antes y un después en la cooperación bilateral y el respeto a la soberanía mexicana.
Periodistas como Manuel Buendía y más recientemente José de Jesús Esquivel han documentado la intervención de estas agencias en el país, revelando vínculos con narcotráfico, corrupción y violencia. Buendía, asesinado en 1984, denunció la presencia de agentes de la CIA y el contrabando de armas, mientras que la DEA estuvo involucrada en casos como el asesinato del agente Enrique Camarena, que evidenció la compleja relación entre agencias y cárteles.
El arresto de Cienfuegos en la “Operación Padrino”, acusado de vínculos con el Cártel del H2, sacudió al Ejército Mexicano y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tensionando la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La exoneración posterior del general por la Fiscalía General de la República y la publicación parcial del expediente buscó restaurar la estabilidad política y militar nacional.
Este capítulo revela cómo la actividad de la CIA y la DEA en México no solo ha influido en la lucha contra el narcotráfico, sino que también ha generado crisis políticas, conflictos institucionales y un entramado complejo entre soberanía nacional y operaciones transnacionales.
China reforzará la lucha contra el contrabando y la exportación ilegal de minerales estratégicos, clave para su seguridad nacional y desarrollo tecnológico, informó este sábado el Ministerio de Comercio.
La medida se da tras denuncias del Ministerio de Seguridad del Estado sobre intentos de espionaje extranjero para robar tierras raras, fundamentales en sectores como la fabricación de chips, energía y defensa.
El gobierno chino señaló que el contrabando, impulsado por delincuentes y complicidad entre actores nacionales y extranjeros, utiliza métodos cada vez más sofisticados, como declaraciones falsas y transbordos a terceros países.
Con un enfoque de “tolerancia cero”, Pekín aplicará mano dura para frenar la salida ilegal de minerales estratégicos y tecnologías asociadas, reforzando controles en toda la cadena de suministro.
En 2023, China ya había impuesto restricciones a la exportación de estos materiales, incluyendo galio, germanio, antimonio, wolframio y tierras raras, pilares en su estrategia de seguridad y desarrollo industrial.
A cuatro meses de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto otorgó un contrato millonario a una empresa ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, quien recientemente confesó haber sobornado al exmandatario para vender el software espía Pegasus. La compañía beneficiada, Air Cap SA de CV, fue declarada empresa fantasma por el SAT en abril de 2025 y aún así recibió pagos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El contrato, por 4.2 millones de dólares, fue firmado el 31 de julio de 2018, cuando AMLO ya había ganado la elección. Air Cap acumuló adjudicaciones por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020, tanto con el gobierno federal como con el Estado de México. En 2021, una investigación internacional reveló que la empresa fue parte de la red usada para triangular la venta de Pegasus a dependencias mexicanas.
A pesar de los señalamientos, el gobierno de AMLO mantuvo a Air Cap en su padrón de contratistas y la Sedena incluso le envió invitaciones para cotizar servicios entre 2019 y 2020. La deuda por el contrato firmado al final del sexenio peñista se terminó de pagar hasta 2020, según documentos oficiales obtenidos por MCCI.
La empresa también recibió 784 millones de pesos en contratos del gobierno de Alfredo del Mazo, primo de Peña, para sistemas de videovigilancia, bloqueadores de señal y brazaletes electrónicos. Del Mazo, expulsado del PRI en 2024, fue señalado en su momento por ocultar una cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros.
Los domicilios registrados por Air Cap van desde oficinas virtuales hasta departamentos en Iztapalapa y Tepito, lo que refuerza su perfil como empresa fachada. Aun así, logró colarse a contratos clave en seguridad nacional, con adjudicaciones directas bajo el argumento de confidencialidad.
En Israel, la disputa legal entre Ansbacher y su socio Avishay Neriah destapó el presunto pago de 25 millones de dólares a Peña Nieto. Aunque el expresidente lo ha negado públicamente, la FGR ya abrió una carpeta de investigación. Mientras tanto, Air Cap se mantiene como símbolo de la impunidad en los negocios con el Estado.
El caso Pegasus vuelve a estar en el centro de la conversación nacional, luego de revelarse en un juicio en Israel que empresarios vinculados al software espía habrían pagado hasta 25 millones de dólares en sobornos para facilitar su entrada a México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las acusaciones, que ya han sido negadas por el expresidente, abren nuevamente el debate sobre el uso de tecnologías de vigilancia.
Las revelaciones se dan justo en el arranque del nuevo gobierno federal y en medio del análisis del paquete de reformas en seguridad impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del Estado en la investigación de delitos, diversas organizaciones de la sociedad civil han llamado a establecer mecanismos claros de supervisión y control.
Durante una reciente conferencia, la presidenta Sheinbaum expresó sorpresa ante lo publicado por medios internacionales, y respaldó que Peña Nieto haya dado su versión. No obstante, colectivos como Artículo 19, R3D y SocialTIC han solicitado una investigación independiente y transparente sobre la adquisición y el uso de Pegasus en administraciones anteriores.
El software fue utilizado durante el sexenio de Peña Nieto para intervenir comunicaciones de periodistas, activistas y figuras de oposición. También existen registros de su uso en los primeros meses del sexenio de López Obrador, pese a declaraciones oficiales que aseguraban lo contrario.
Las reformas en discusión prevén la creación de una Plataforma Central de Inteligencia, la integración de bases de datos públicas y privadas, y el uso de datos biométricos en documentos oficiales. El gobierno federal ha reiterado que cualquier intervención requerirá autorización judicial.
Organizaciones civiles señalan que es fundamental establecer garantías suficientes para evitar abusos. Si bien reconocen la necesidad de herramientas para combatir el crimen, advierten que el respeto a los derechos humanos y la privacidad debe estar en el centro de toda política de seguridad.
El caso Pegasus deja una lección importante: la tecnología debe estar al servicio de la justicia, no de la persecución. Por ello, expertos y defensores piden que el Estado mexicano avance con transparencia, legalidad y rendición de cuentas en el uso de estas herramientas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “medio tremendo” lo revelado por el diario israelí The Marker, que acusa a Enrique Peña Nieto de recibir 25 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos con el software Pegasus durante su sexenio.
En conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el exmandatario ya negó las acusaciones, y recordó que el escándalo surgió de un juicio entre empresarios israelíes con disputas mercantiles por negocios hechos en México.
“Es un juicio en Israel, entre dos personas que hicieron negocio en México, y en ese juicio salió esta información”, apuntó. Peña Nieto ha negado categóricamente haber recibido sobornos o haber intervenido en la asignación de contratos durante su administración.
El Departamento de Justicia de EE.UU. detuvo a Yuance Chen y Liren ‘Ryan’ Lai por presunto espionaje al servicio de China. Se les acusa de actuar como agentes no registrados del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) y de intentar reclutar a miembros de la Marina estadounidense.
Ambos habrían operado en secreto desde al menos 2021, recopilando datos sensibles y entregando información a Pekín a cambio de pagos. Entre sus acciones, está documentada una visita a un centro de reclutamiento naval en California, donde fotografiaron información personal de nuevos alistados, muchos de ellos de origen chino.
El FBI informó que los acusados pagaron al menos 10 mil dólares para obtener datos sobre seguridad nacional. La fiscal Pam Bondi advirtió que el caso evidencia los intentos agresivos del gobierno chino por infiltrarse en instituciones clave de EE.UU.
China respondió que no tiene conocimiento del caso, pero advirtió que tomará medidas para proteger los derechos de sus ciudadanos en el extranjero.
La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, rechazó las acusaciones de que la nueva Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión tenga fines de espionaje. Afirmó que se trata de una herramienta de justicia digital que busca cerrar la brecha tecnológica en el país, no de una medida de vigilancia.
Jiménez aseguró que la oposición pretende sembrar miedo y confusión para desacreditar el proyecto de la Cuarta Transformación, cuando en realidad los artículos más criticados —como el 182 y 183— mantienen lo aprobado por el propio bloque conservador en 2014. Estos artículos obligan a los operadores a colaborar con autoridades solo bajo orden judicial, y no autorizan ningún acceso a datos sin supervisión de un juez.
La legisladora también explicó que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente desde 2016, ya contempla la geolocalización en tiempo real con autorización judicial. “El debido proceso, los derechos humanos y los derechos digitales están garantizados en esta nueva ley”, afirmó.
Otro punto clave de la reforma es la creación de la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica y de gestión. Esta institución será responsable de promover el acceso universal al internet y la equidad digital.
Además, se establece que los datos no utilizados como prueba deberán ser destruidos, y que ningún operador podrá entregar información fuera del marco legal.
Gabriela Jiménez subrayó que la iniciativa fue construida a través de mesas de trabajo, con la participación de ciudadanía, especialistas, académicos y sectores sociales, a diferencia de leyes anteriores que se aprobaron al margen de la sociedad.
“La nueva ley busca que el internet y las telecomunicaciones sirvan al pueblo, no a las élites económicas ni a intereses privados. No es censura, es soberanía digital”, concluyó.
Científicos chinos han desarrollado un microdron con forma de mosquito, casi del tamaño de una uña humana, diseñado para misiones de espionaje y reconocimiento en zonas de difícil acceso. El dispositivo, presentado por medios estatales, cuenta con alas tipo hoja, cuerpo negro y patas finas, y es prácticamente indetectable.
El dron, creado en la provincia de Hunan, podría usarse en operaciones militares, vigilancia interior y recopilación de datos sensibles. Aunque su tamaño limita el alcance, la duración de la batería y la cantidad de sensores, expertos advierten que su discreción lo hace ideal para infiltrarse en espacios restringidos.
Investigadores en EE. UU. señalan que estos drones podrían emplearse en instalaciones gubernamentales, domicilios o empresas para espiar conversaciones, rastrear personas o robar contraseñas. Su uso también podría extenderse al ámbito civil, con potenciales riesgos en manos de particulares o delincuentes.
Este desarrollo se suma a otros proyectos similares, como el RoboBee de Harvard y los Black Hornet utilizados por fuerzas armadas occidentales, lo que confirma una carrera global por dominar el espionaje con tecnología inspirada en insectos.
El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que extiende el plazo para la empresa china ByteDance, dueña de TikTok, por 90 días. Esta decisión permitirá que la popular plataforma de videos continúe operando en Estados Unidos, según anunció el mandatario en su cuenta de Truth Social.
La nueva fecha límite para resolver la situación de TikTok será el 17 de septiembre. Trump, un defensor habitual de la red social, ya había prorrogado el plazo en dos ocasiones anteriores.
TikTok enfrenta una prohibición debido a una ley aprobada por el Congreso en 2024. Esta ley argumenta que la aplicación representa un riesgo de espionaje por parte del Gobierno de China. A pesar de estas acusaciones, ByteDance ha negado rotundamente cualquier vínculo con actividades de espionaje.
TikTok cuenta con aproximadamente 170 millones de usuarios en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las plataformas más populares del país. La prórroga otorgada por Trump ofrece un respiro a la empresa mientras se resuelve su futuro en el mercado estadounidense.
