Hace ocho años, Peña Nieto propuso a los damnificados reconstruir sus casas mediante “tandas” comunitarias; hoy, ante las lluvias que afectan varios estados, el gobierno entrega apoyos directos y enseres básicos a familias afectadas.
En 2017, tras el sismo de septiembre en Chiapas, el entonces presidente Enrique Peña Nieto se presentó con una idea que bien podría haber salido de una junta de vecinos, no de un plan de reconstrucción nacional: la famosa “tanda”.
El jefe del ejecutivo, en lugar de desplegar recursos masivos y directos, sugirió a los damnificados que se organizaran en “tandas” comunitarias para levantar sus casas. La mecánica, según él, era que cuatro familias se unían, construían una casa, la sorteaban, y repetían el proceso hasta que a todos les tocara su vivienda.
Cómo olvidar el PRI daba solución a estas tragedias. Organícense y hagan TANDAS, hagan TANDAS. Esas sí eran grandes políticas de gobierno y alcanzaban para robarse completo el FONDEN. https://t.co/6nmUR5kY91pic.twitter.com/UdJNiKMVQJ
Peña Nieto, con una sonrisa optimista, explicaba que esta “joya de la autogestión” era una de tres opciones. Básicamente: se hacían arquitectos y albañiles, contrataban a “empresas sociales” o se metían a la tanda vecinal.
Hoy, los tiempos han cambiado. Ante las intensas lluvias que azotan el país, especialmente en San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum informó la entrega de apoyos directos.
La funcionaria detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) distribuirá un paquete con los siguientes enseres a los domicilios afectados: refrigerador, vajilla, estufa, ventilador y colchón.
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, enfatizo que “vamos a llegar a todas las viviendas las comunidades que aún están incomunicadas, hasta la última vivienda en cuanto pueda haber acceso, y si podemos entrar a pie, lo vamos a hacer”.
La presidenta Sheinbaum añadió que con base en los Censos del Bienestar también se analizará la posibilidad de reubicar las viviendas de las personas damnificadas en otros lugares.
Las y los damnificados palpan el apoyo, y no la sugerencia de unirse a un esquema de ahorro popular para no quedarse sin techo. Un progreso, sin duda, en la forma en que el gobierno asume su rol.
El Fonden no fue un fondo de ayuda, sino un latrocinio institucionalizado con sello de gobierno.
Por Ricardo Sevilla
Desde su creación, el Fonden representó auténticos actos de latrocinio institucionalizado.
Y, en su momento, la ASF Mexico señaló el mal uso de los recursos de ese fideicomiso.
Aquí unos ejemplos, para la derecha vil y desmemoriada.
En 2012, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 12-0-06100-02-0388, presentada en el Informe de la Cuenta Pública 2012, la ASF documentó un posible daño patrimonial por 74.19 mdp en Tabasco, por cancelación de obras, reducción de metas de obras y otros remanentes no reportados al Comité Técnico del Fonden.
Y no fue todo. En esa misma auditoría, la ASF Mexico identificó un posible daño patrimonial por 107.59 mdp, puesto que, en lugar de utilizar los recursos en acciones de reconstrucción, el dinero fue desviado para el pago de servicios en dependencias del gobierno del estado.
En esa ocasión, el dinero del Fonden se utilizó, entre otras cosas, para el pago de líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo e incluso compra de material de limpieza.
A esos desvíos se sumaron 27 millones 094 mil pesos por remanentes no reportados adecuadamente; y 15 mdp más por contratos cancelados y no reintegrados al Fonden.
Otro caso: En 2013, la ASF revisó la comprobación de recursos del Fonden aplicados en el estado de Guerrero, a causa de la “Tormenta Manuel”. Esta auditoría es la número 13-0-04100-07-0131. En este evento hubo más de 300,000 personas afectadas, en 73 municipios de dicho estado.
A pesar de que en esa auditoría se determinó que la entrega de apoyos del Fonden fue oportuna, una auditoría subsecuente financiera y de cumplimiento, la número 13-0-06100-02-0135, determinó que, “respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Al revisar el Informe de la ASF, nos damos cuenta de que el Fonden “no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en 52 contratos”, “la SEDATU inició obras y acciones con atrasos entre 113 y 119 días” y que de los “Apoyos Parciales Inmediatos” que autorizó el Fonden a la CONAGUA, por 289 millones 800 mil pesos, el fideicomiso no ejerció 99 millones 408 mil pesos, es decir: el 34.3 por ciento.
Antes, en 2006, diputados locales y federales señalaron, en varias ocasiones, el mal uso del presupuesto para resarcir los daños ocasionados por lluvias del “Huracán Stan” en Chiapas. En específico, denunciaron que mil 800 millones de pesos no fueron utilizados en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Veracruz también fue campeón en las declaratorias de emergencia. Sin embargo, los gobernantes solían utilizar dichas declaratorias de emergencia para desviar o robarse el dinero.
En 2014, la auditoría practicada al gobierno de Veracruz se determinó un probable daño patrimonial por más de 531 millones de pesos por recursos no ejercidos del Fonden.
En el Informe de la Cuenta Pública 2014 relativo al Fonden, se señala tajantemente: “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 4,413,747.09 pesos (cuatro millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.), sin IVA, incluyendo los rendimientos financieros por concepto de pago de obra no ejecutada, del contrato núm. SC-OP-PF-047/2013-DVCYSA-F7-181, con cargo al Fonden”.
El Fonden, que nació en 1996 con el pretexto de servir como programa del gobierno federal para atender los efectos generados por desastres naturales, siempre fue cuestionado (y con pruebas y datos duros) por la falta de transparencia y desvío del presupuesto.
Infelizmente, la corrupción, incluso cuando se trata de desastres naturales, nunca se ha detenido.
El ex funcionario de Sedesol logra suspender el proceso que lo señalaba por uso indebido de recursos públicos por más de 353 millones de pesos.
Ramón Sosamontes Herreramoro, ex jefe de comunicación social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio de 2012 a 2015 y cercano a Rosario Robles, obtuvo un amparo federal que deja sin efecto su vinculación a proceso por presunto uso indebido de atribuciones y facultades relacionado con la llamada ‘Estafa Maestra’.
El pasado 13 de febrero, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la vinculación dictada por un juez de control en el Reclusorio Norte en octubre de 2023. Según la Fiscalía General de la República (FGR), en 2014 Sosamontes habría contratado servicios con Radio y Televisión de Hidalgo con recursos públicos, los cuales nunca se realizaron, lo que significó un perjuicio al erario federal por 353 millones de pesos.
Sin embargo, la defensa del ex funcionario impugnó la decisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, donde el magistrado Alberto Torres Villanueva resolvió otorgarle la protección de la justicia federal. Esta medida obliga al Segundo Tribunal Colegiado a dejar insubsistente la resolución del 13 de febrero en el toca penal 819/2023 y emitir un nuevo fallo que considere los agravios planteados por la defensa.
El magistrado Torres Villanueva señaló que el tribunal anterior no fundó ni motivó adecuadamente su determinación al ratificar la vinculación a proceso, por lo que la protección otorgada garantiza que Sosamontes pueda defenderse con plena libertad de jurisdicción.
Con este amparo, Ramón Sosamontes ha quedado temporalmente fuera del proceso judicial que lo vinculaba a la Estafa Maestra, mientras el tribunal emite su nueva resolución.
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.
El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.
Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.
Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.
Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.
A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.
Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial
A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.
En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.
Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.
A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.
Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega.
Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.
Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.
Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:
No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.
El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.
A más de una década de los hechos en Iguala, las familias de los 43 estudiantes siguen buscando justicia mientras el caso ha atravesado tres gobiernos sin que se haya emitido sentencia contra los responsables.
La noche que marcó la historia de México
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados en Iguala, Guerrero, mientras viajaban en cinco autobuses rumbo a la marcha del 2 de octubre. Ese mismo día murieron seis personas y más de 40 resultaron heridas por ataques armados de policías municipales y miembros del cártel Guerreros Unidos. Según testimonios, algunos policías estaban al servicio de la organización criminal, que había recibido órdenes de “matarlos a todos”.
Los Avispones: víctimas colaterales
Esa noche, un equipo de fútbol local, Los Avispones, también fue atacado por error en Santa Teresa, Guerrero. Una ráfaga de balas impactó el autobús en el que viajaban 29 personas. Solo sobrevivieron algunos, mientras que un jugador y el chofer murieron. Este episodio evidencia que los autobuses eran confundidos con vehículos vinculados al tráfico de drogas, principal objetivo de Guerreros Unidos.
Guerreros Unidos y el tráfico de drogas
El cártel Guerreros Unidos surgió de la fragmentación del Cártel de los Beltrán Leyva y operaba con protección de autoridades locales. Entre sus líderes se encontraba José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, responsable directo de la desaparición de los estudiantes. Los investigadores revelaron que los autobuses utilizados por los normalistas transportaban heroína hacia Estados Unidos, especialmente a Chicago, lo que habría motivado el ataque.
Arrestos y controversias
De entre los detenidos destacan Jesús Murillo Karam, exprocurador acusado de fabricar la “verdad histórica”; José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, exalcaldes de Iguala; y miembros del cártel como El Cepillo, El Mochomo, El Pato y El Pajarraco. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha recibido una sentencia definitiva, y muchas detenciones fueron anuladas o cuestionadas.
Tortura y la “verdad histórica”
El proceso estuvo marcado por actos de tortura, especialmente a manos de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Videos y testimonios revelan interrogatorios violentos y presiones para declarar culpables a los implicados. La “verdad histórica” de Murillo Karam afirmaba que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero investigaciones posteriores y reportes del GIEI demostraron irregularidades, omisiones y la participación de autoridades en varios niveles.
Rol del GIEI y la lucha por justicia
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en noviembre de 2014, supervisó las investigaciones y elaboró planes de búsqueda, incluyendo fosas clandestinas y análisis de telefonía celular, recomendando nuevas líneas de investigación y reparación integral para las familias. A pesar de sus aportes, los padres consideran que el caso sigue estancado.
Vidulfo Rosales cambia Ayotzinapa por la SCJN
En agosto de 2025, Rosales anunció su retiro del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tras 24 años de labor. Alegó motivos personales y de salud, pero su “retirada con la frente en alto” ha dejado a las familias de los 43 normalistas en un vacío de justicia. No olvidemos que asumió un puesto en la Suprema Corte con un sueldo bruto mensual de 167 mil 671 pesos. ¿Un respiro conveniente? Las dudas persisten.
11 años de impunidad
El martirio empezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y, hasta hoy, después de 11 años las familias reclaman falta de avances. Solicitan acceso a información clave, como el análisis de telefonía celular, y denuncian la falta de justicia: ninguno de los responsables ha sido condenado. El voto de confianza a la actual administración se mantiene más que nunca, pero con frustración ante la falta de resultados.
Los 43 normalistas
1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Vázquez Penitén, 3. Adán Abraján De la Cruz, 4. Antonio Santana Maestro, 5. Alexander Mora Venancio, 6. Benjamín Ascencio Bautista, 7. Bernardo Flores Alcaraz, 8. Carlos Iván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10. César Manuel González Hernández, 11. Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Cristián Tomás Colón Garnica, 13. Cutberto Ortiz Ramos, 14. Doriam González Parral, 15. Emiliano Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindo Guerrero, 19. Israel Caballero Sánchez, 20. Israel Jacinto Lugardo, 21. Jhosivanni Guerrero De la Cruz, 22. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Álvarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 25. Jorge Antonio Tizapa Leguideño, 26. Jorge Luis González Parral, 27. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel Navarrete González, 29. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 30. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 31. José Luis Luna Torres, 32. Julio César López Patoltzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43. Saúl Bruno García.
A 11 años de los sucesos, sus familias continúan buscando justicia y respuestas sobre su paradero.
Banamex revela que la Presidenta mantiene más de 70% de aprobación, superando a AMLO, Fox, Calderón, Peña y Zedillo, mientras los mexicanos aseguran sentirse defendidos ante las amenazas de Donald Trump.
Claudia Sheinbaum se consolida como la Presidenta con mayor aprobación en la historia reciente de México, de acuerdo con un análisis del área de estudios económicos de Banamex, que la coloca por encima de sus cinco antecesores en el mismo periodo de gobierno.
El banco detalló que Sheinbaum registra más del 70% de aprobación ciudadana, un nivel récord que ningún mandatario había alcanzado desde que existen mediciones comparables a partir del sexenio de Ernesto Zedillo. En contraste, presidentes como Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox y Felipe Calderón promediaban alrededor del 60%, mientras que Enrique Peña Nieto y Zedillo se mantenían por debajo del 50%.
El estudio subraya que Sheinbaum “está por cerrar su primer año de gobierno con el mayor nivel de popularidad de los últimos sexenios”, lo que constituye un hito en la serie de encuestas elaboradas por firmas como Buendía & Márquez, Mitofsky y Enkoll.
Según Banamex, la mandataria capitaliza una percepción ciudadana que la describe como “preparada, honesta, con carácter y cercana a la gente”, atributos que coinciden con sus altos índices de popularidad. Sin embargo, el banco precisó que la inseguridad sigue siendo el aspecto más criticado de su gestión.
En el plano internacional, el informe resaltó que los mexicanos se sienten respaldados frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien recientemente firmó una orden para combatir a los cárteles incluso dentro del territorio mexicano. Frente a ello, Sheinbaum ha reiterado que “México no aceptará injerencias”, aunque mantiene la cooperación bilateral en distintos frentes, incluida la seguridad.
El documento concluye que, pese a la preocupación que genera la política de Trump hacia México, existe un amplio respaldo social a la manera en que Sheinbaum maneja la relación con Estados Unidos, lo que fortalece su imagen tanto a nivel interno como en el escenario internacional.
Entre 2013 y 2015, Jorge Roberto Avilés Vázquez, alias Callo de Hacha, recibió 47 millones 389 mil 776 pesos, de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con los recursos públicos que en ese momento le fueron destinados al youtuber, se podrían haber comprado 70 viviendas.
Y con esa misma cantidad de dinero, también se habrían podido comprar 447 autos compactos.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto prefirió entregarle esos 47 millones de pesos a un personaje dedicado a vender clickbaits y esparcir Fake News.
DATOS DUROS:
Cabe recordar que, en 2015, el precio medio nacional de una vivienda en México con crédito hipotecario fue de aproximadamente 676 mil pesos corrientes, mientras que en la Ciudad de México el precio promedio de una vivienda se situó en alrededor de 1 millón 500 pesos.
En 2015, el precio de un automóvil en México variaba ampliamente según la marca y modelo, pero se podía encontrar un auto de entrada como el Chevrolet Spark en el rango de los 79 mil 500 a 99 mil pesos, mientras que un auto compacto como el Volkswagen Gol costaba entre 101 mil y 111 mil pesos.
Los modelos de gamas más altas, como los sedanes de lujo o los SUVs, podían superar los 150 mil o 200 mil pesos.
El despliegue de tropas y la transición a drogas sintéticas reducen drásticamente el cultivo de amapola, debilitando al Cártel de Sinaloa y su control en el mercado de heroína.
La capacidad de producción de amapola en Sinaloa por parte del Cártel de Sinaloa ha experimentado un desplome histórico del 94% desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta la actual administración federal, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y citados en una investigación de Liliana Estevez para Milenio.
Durante el gobierno de Peña Nieto, se detectaban hasta 186 hectáreas de amapola en promedio mensual. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la superficie se redujo a 78 hectáreas, mientras que en el primer semestre de la gestión de Claudia Sheinbaum, la siembra cayó a apenas 11 hectáreas mensuales, gracias al despliegue de tropas, labores de inteligencia y estrategias coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El cambio de paradigma en el narcotráfico también influye: el cártel ha priorizado la producción de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, que tienen gran demanda en Estados Unidos, desplazando la amapola y la heroína.
Actualmente, Sinaloa cuenta con altos mandos militares en activo dentro de su estructura de seguridad, algo poco habitual: el secretario estatal de Seguridad Pública es un general y el de Culiacán un coronel en activo, fortaleciendo la vigilancia local.
El Cártel de Sinaloa sigue siendo responsabilizado por la DEA por la proliferación de fentanilo, implicado en 69% de las más de 107 mil muertes por drogas en 2023 en Estados Unidos. En paralelo, se mantiene la lucha interna entre La Mayiza y Los Chapitos, con una violencia que incluye narcobloqueos, ejecuciones y secuestros.
Para reforzar la seguridad, la Federación ha desplegado constantemente efectivos militares, incluyendo 1,500 elementos adicionales en agosto, y se reclutan 150 agentes estatales entrenados como élite por instructores especializados de la Guardia Nacional, mientras la policía local ha sido autorizada para portar armas de uso exclusivo del Ejército.
Esta estrategia integral combina operativos, inteligencia y cooperación bilateral con Estados Unidos, orientada a frenar la producción de amapola y mitigar el tráfico de drogas sintéticas que amenaza la región y la seguridad internacional.
